Protección contra CAJA DE COMPRESNACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA y de la CAJA DE COMPENS

Punta Arenas, quince de abril de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparecen ante esta corte de Apelaciones Javiera Andrea Quelín Montaña, abogada e interpone acción de protección en favor de nombre reservado, chileno, empleado, domiciliado en domicilio reservado en contra de la CAJA DE COMPRESNACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA y de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, la primera con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, Región Metropolitana y la segunda en calle General Calderón, comuna de Providencia de la ciudad de Santiago, Región Metropolitana.

Expone que en los años 2007 y 2008, su representado adquirió un crédito otorgado por la recurrida, el cual fue pactado en una serie de cuotas y cuyos pagos se harían conforme a lo establecido en el artículo 22 de la ley Nº18.833.

Durante un tiempo, el recurrente quedó sin trabajo por razones ajenas a su voluntad, pero siendo consciente de la deuda que tenía con la Caja de Compensación.

Agrega que han transcurrido más de diez (10) años desde que su representado cayó en mora, sin que durante todo este tiempo la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA haya efectuado algún tipo de gestión judicial con el fin de perseguir el cobro de la deuda acorde a las herramientas contempladas en la misma Ley Nº18.833.

Sostiene que al momento en que le fue pagada su remuneración correspondiente al mes de enero 2025, se percata que percibe menos de lo que correspondía, y para el momento en que recibe su liquidación (06/02/2025), observa que entre las imposiciones, está un descuento destinado a Caja Los Andes, por la cantidad de $531.396 (quinientos treinta y un mil trescientos noventa y seis pesos).

Reconoce que se encuentra pagando un crédito otorgado por la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, donde se pactó el pago del mismo a través de cuotas fijadas en la cantidad de $228.725 (doscientos veintiocho mil setecientos veinticinco pesos).

Sin embargo, existe una diferencia de $302.603 (trescientos dos mil seiscientos tres pesos), por lo que fue en fecha siete (07) de febrero a consultar a la SUSESO y le informaron que tales descuentos venían de las deudas anteriores que tenía con LA ARAUCANA.

Entiende que el actuar de parte de las recurridas vulnera claramente el derecho de propiedad de su representado, con respecto a su remuneración, lo cual implica una violación al numeral 24º del artículo 19 de nuestra Carta Magna.

Reitera que los créditos que fueron adquiridos en el 2007 y 2008, y hace más de cinco (5) años que no recibió ningún tipo de descuento por las deudas asumidas ni tampoco notificación alguna por parte de la Caja de Compensación acreedora.

Considera que por el tiempo transcurrido, puede entenderse que las mismas se encuentran ya totalmente prescritas, resultando irracional, abusivo y arbitrario que las recurridas en uso de su sistema integrado hagan valer lo contemplado en el artículo 22, vulnerando inclusive el derecho a la defensa y al debido proceso con el fin de hacer el cobro de estas deudas.

Solicita se acoja la acción y se reestablezca el imperio de la ley en los siguientes términos:

1) Que las recurridas se abstengan de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos por remuneraciones;

2) Que deberá reembolsar los montos que indebidamente pudiesen ser descontados en un plazo máximo de 5 días hábiles o el que SSI., mejor estime;

3) Que se condene expresamente en costas a la recurrida.

Acompaña, 1. Liquidación correspondiente al mes de enero de 2025; 2. Liquidación correspondiente al mes de febrero de 2025.

Informa Ines Riquelme Arao abogada, en representación de la recurrida, CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES solicitando el rechazo del recurso.

Hace presente que con fecha 25.10.2022, se otorgó a don nombre reservado el crédito código 021CON103212329, por la suma de $5.659.536.- a una tasa de 2.05%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota $228.725.-, cuyo primer vencimiento fue el 31.12.2022 y, con fecha 14.10.2024, otorgó a don nombre reservado el crédito código 041CON104250664, por la suma de $1.265.468.- a una tasa de 2.88%, pagadero en un plazo de 12 meses, con una cuota de $130.272.- , cuyo primer vencimiento fue el 31.12.2024.

En consecuencia, entiende que en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Arguye que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Reitera que mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Da cuenta de jurisprudencia que es conteste con su planteamiento.

Acompaña, expediente de los créditos a los que hace referencia.

Informa Julio César Villalobos Villarroel, abogado, en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo de la acción.

Plantea que efectivamente el señor nombre reservado, en el año 2007, solicitó 2 créditos y sirvió de aval en otro.

Los créditos solicitados corresponden a los folios N° 122-000329032 por la suma de $2.278.340 en 60 cuotas, solicitado con fecha 31/12/2007, del cual pago sólo 1 cuota; folio 122-000325006 por la suma de $336.269 en 10 cuotas, solicitado el 14/12/2007, del cual pago 5 cuotas. Finalmente, en calidad de aval solicito el crédito folio N° 122-000327575 por la suma de $2.947.803 el 21/12/2007 en 48 cuotas pagando sólo 7.

Reconoce que en el mes de marzo de 2025 en el sistema respecto de los créditos Folios 122-000329032 existe un pago por la suma de $90.537 pesos y respecto del folio N°122-000355006 existe en el mismo mes de marzo, un pago por la suma de $45.539. montos que en total suman la cantidad de $136.076 pesos.

Hace presente lo dispuesto en los artículos 1°, 22 de la Ley N°18.833 y 1.546 del Código Civil, por lo que en virtud de aquello, entiende que C.C.A.F. La Araucana, no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales del actor, ya que, en todo momento, ha obrado conforme a derecho y salvaguardando además la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de su remuneración, por cuanto el cobro de lo adeudado se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales que tiene evidente carácter social al ser una prestación se seguridad social y cuya modalidad de descuento no es otra que la de facilitar el cobro de los dineros dados en préstamo contra un fondo social, en virtud del Orden Público Económico.

Concluye que los pagos realizados, no son arbitrarios o injustificados, en atención de que las obligaciones existen y se mantienen vigentes, al no existir una sentencia que declare que los mismos se encuentran extintos.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, al evacuar su informe la recurrida insta por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

CUARTO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el recurrente lo hace consistir en el descuento de su remuneración de los créditos que indica, fueron otorgados por las recurridas.

QUINTO: Que, es menester tener presente que el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone que lo adeudado por concepto de prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por parte de un trabajador afiliado debe ser deducido directamente de sus remuneraciones por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, conforme a las normas de pago y cobro aplicables a las cotizaciones previsionales. Cuestión que no se encuentra discutida por la recurrente.

SEXTO: Que, en tal contexto, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad en el proceder la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar los Andes, al disponer el descuento de las remuneraciones del recurrente, toda vez que se limitó a hacer uso del derecho de prenda general del acreedor, conforme al mandato legal expreso del artículo 22 citado. No existe una duplicidad de cobro, sino un ejercicio de los mecanismos legales disponibles para obtener el cumplimiento de una obligación contractual vigente y exigible, considerando que el propio recurrente expone en su libelo que cuenta con créditos otorgados por aquella institución, no desconociéndose el descuento por parte del actor.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, no se configura en la especie un acto ilegal o arbitrario que vulnere la garantía constitucional invocada por el actor, desde que la conducta de la recurrida -Caja de Compensación de Asignación Familiar los Andes- se enmarca dentro de sus atribuciones legales.

OCTAVO: Que, por otro lado, la recurrida Caja de Compensación La Araucana, entiende esta Corte que ha actuado de manera caprichosa e injustificada al revivir y forzar de manera unilateral un beneficio que el artículo 22 de la Ley N°18.833 concede a las Cajas de Compensación para cobrar oportunamente los créditos sociales que otorgan.

Tal beneficio, en la especie, resultaba improcedente, considerando el extenso lapso que alcanzó a transcurrir desde la época de la mora en el pago de la obligación, hasta la fecha del reinicio de los descuentos sin que se hubieren llevado a cabo por la acreedora otras gestiones pertinentes y oportunas para dicho fin, conforme le habilita la ley; con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de la vía especial estatuida por el artículo previamente citado deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios.

NOVENO: Que, este proceder de la recurrida anteriormente individualizada, resulta manifiestamente arbitrario, desde que, por su intermedio, la Caja de Compensación soslaya la existencia de los medios procesales idóneos para obtener la satisfacción de su crédito, por lo que corresponde que se otorgue amparo a la actora. De lo contrario, la institución recurrida obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción, que afirma un método abusivo de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

DECIMO: Que, de esta manera, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera el derecho de propiedad de la parte recurrente sobre sus remuneraciones, privándole de beneficios económicos, los que están amparados por la garantía prescrita en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, por lo que la acción debe ser acogida de la manera que expondrá.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara que SE ACOGE, el recurso interpuesto en favor de nombre reservado, solamente en contra de la Caja de Asignación Familiar de los Andes, sólo en cuanto se ordena a la recurrida individualizada de abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social otorgado al actor vía descuentos de sus remuneraciones, reconocidas en su informe, como asimismo deberá proceder a la devolución de los montos indebidamente descontados, sin perjuicio del derecho de la recurrida a perseguir el cobro por la vía jurisdiccional pertinente.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°74-2025- PROTECCIÓN