Protección contra resolución que declaró la caducidad

nombre reservado, diez de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece Industrial Textil Mejillones S.A., sociedad del giro de su denominación, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, deduciendo recurso de protección contra el Sr. nombre reservado nombre reservado y la Antártica Chilena, don Jorge Flies Añon, médico cirujano, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, por estimarse infringidas las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N° 2, 3 inciso 5°, 21, 22 y 24 de la Constitución Política de la República, al haberse dictado las Resoluciones número 1187/2016 y 577/2017 que dispusieron la caducidad de un contrato suscrito entre el Fisco de Chile con Industria Textil Mejillones S.A., y la caducidad de los beneficios de acceso al régimen de franquicias de la Ley N°18.392.

Funda su presentación, exponiendo que su empresa se formó en el año 2007 para el desarrollo de la industria textil. El 12 de enero de 2009 la Intendencia de nombre reservado dictó una Resolución T.R.N°1-2009) que aprobó la instalación de la empresa, para desarrollarse en el rubro textil, debiendo incorporar a los bienes que produzca, a lo menos un 25% en mano de obra e insumos de la zona delimitada en el inciso 1° del artículo 1° de la Ley N°18.392. La autorización fue para el inmueble ubicado en domicilio reservado ubicado en el Cordón Baquedano, con una superficie de 42 Hás, precisándose los deslindes, y dispuso que se reduzca dicha Resolución a Escritura Pública, la que se suscribió el 16 de enero de 2009 en la Notaría de don nombre reservado.

Refiere que por resolución Ex. 1187 de fecha 20 de diciembre de 2016, dictada por el Asesor Jurídico de la Intendencia Regional, se dispuso la caducidad de pleno derecho del contrato donde se materializó el beneficio tributario, transcurridos dos años desde la suscripción de la resolución que aprobó la instalación de la empresa, por no haber iniciado las actividades. Se dispuso la caducidad de los beneficios otorgados en la Resolución, que concedió acceso al régimen de franquicias de la Ley N°18.392, a partir del 16 de enero de 2011. Luego, el 7 de agosto de 2017 se dictó la Resolución N°577 por nombre reservado, nombre reservado, que rechazó un recurso de reposición en contra de la resolución que declaró la caducidad.

Argumenta que la caducidad no pudo operar, relatando que fue el propio intendente de la época quien concurrió al lugar donde estaba emplazada la fábrica textil, recorrió sus instalaciones, constató las inversiones y procedió a inaugurarla. Agrega que durante 7 años todas las autoridades sectoriales y la intendencia han sabido que la fábrica funciona y el lugar específico en que lo hace sin formular cuestionamientos.

Sostiene que el intendente carece de facultades para declarar la caducidad, ya que la ley no lo autoriza en tal sentido, invocando los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, para sostener que una autoridad pública requiere mandato legal expreso para actuar, y no existe norma que le conceda la potestad para declarar la caducidad, desde ahí, que en la resolución impugnada no se invoca precepto alguno que lo faculte en tal sentido.

Acto seguido expresa que el intendente se arrogó de facto el ejercicio de facultades jurisdiccionales, constituyéndose en una comisión especial, ya que la franquicia se transforma en un contrato, y por tanto su caducidad sólo puede ser declarada por los tribunales de justicia, infringiéndose los artículos 76 y 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

Adiciona que no concurren los supuestos de hecho para declarar la caducidad, ya que el artículo 82 de la Ley N°18.591 sanciona la caducidad cuando no se hubiere concretado el inicio de las actividades, o éstas se descontinuaren por más de un año. De esta forma, como la caducidad es excepcional, dicha norma debe interpretarse de manera estricta y restrictiva, no pudiendo aplicarse la sanción por analogía.

Complementa su argumento, refiriendo que el año 2009 el Servicio de Impuestos Internos autorizó el timbraje de las primeras facturas, tras haber constatado que las actividades fueron efectivamente iniciadas, indicando que el Servicio de Impuestos Internos ha autorizado toda la documentación que da cuenta de sus actividades textiles, puntualizando que las propias resoluciones dan cuenta que la caducidad no se había producido, ya que lo cuestionado por la Intendencia recurrida es que las actividades se iniciaron en un lugar ubicado dentro de la zona favorecida por la franquicia, pero distinto al indicado en la resolución, agregando que la inversión fue inferior a la comprometida, y que no se ha cumplido con contratar al personal comprometido, haciendo una interpretación extensiva del artículo 82 de la Ley N°18.591 lo que le está vedado, sosteniendo que lo sancionado por la ley es que “no se haya concretado el inicio de actividades”, de manera que su actuación es ilegal.

Sostiene una vulneración a los principios de buena fe y confianza legítima, ya que fue la misma autoridad quien mediante actos positivos generó la confianza de que los requisitos se habían cumplido y que la franquicia estuvo vigente, al inaugurar la fábrica, viendo por sí mismo el lugar donde se encontraba, el número de trabajadores y las inversiones que se habían realizado, funcionando de esa forma por siete años, sin formular reproche alguno. Asimismo, acusa transgredidos los principios de eficacia, eficiencia y probidad de la Ley N°18.757, insistiendo en que sólo un tribunal puede declarar la caducidad, la que no puede declararse en cualquier tiempo, y la tardanza de su declaración afecta los referidos principios, agregando, finalmente, que los actos recurridos son arbitrarios por la manifiesta injusticia que importa el acto, ya que hace siete años que se inauguró la fábrica y ahora se pretende caducarle un beneficio, solicitando en su recurso que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°577/2017 y N°1187/2016, con costas.

Evacuando el informe de rigor, la Intendencia recurrida explica que Ley N°18.392 “Ley Navarino” estableció un régimen preferencial aduanero y tributario en favor de los contribuyentes radicados en el territorio de la XII nombre reservado y la Antártica Chilena. Entre sus beneficios más trascendentes se encuentra el derecho a una bonificación equivalente al 20% del valor de venta (efectuadas desde la zona preferencial al resto del país, exceptuado el territorio de extensión de Zona nombre reservado) de las mercaderías producidas o del valor de los servicios prestados, según corresponda, deducido el Impuesto al Valor Agregado que les haya afectado.

Indica que el beneficio apuntado se encuentra sujeto a diversos presupuestos, a saber: 1. Debe efectuarse una solicitud de bonificación; 2. El Impuesto al Valor Agregado repercutido sobre las ventas debe estar declarado y pagado; 3. Debe emitirse una declaración jurada ante notario, de cumplir con el porcentaje de integración en las mercaderías que produzcan del 25% de insumos y mano de obra locales,(Art.3) y 4. El producto debe haber salido de la zona preferente, situación que es constatada mediante los correspondientes timbres del Servicio Nacional de Aduanas. Así, cumplidos que sean los requisitos, la bonificación es pagada dentro de los 5 días siguientes a la presentación de la solicitud. Adicionalmente, se exige un proyecto de instalación de la empresa beneficiaria, que debe ser aprobado por el Intendente Regional, tras lo cual se firma un contrato, entre la empresa y el Tesorero Regional.

Manifiesta que a mediados del año 2016 se determinó en la ntendencia una fiscalización de los beneficios de la Ley Navarino, iniciándose procedimientos administrativos de la Ley N°18.880 contra 5 empresas, por comercializar y obtener bonificaciones de productos distintos a los autorizados en su proyecto empresarial. En el caso de la actora, cobró la bonificación del 20% ya aludida por la suma de $884.830.812 entre los años 2009 a 2015, precisando que sólo la empresa Mejillones judicializó el caso. Expresa que cuando se postuló a la empresa para este sistema, el año 2009, se aportó el proyecto que desarrollaría, precisando la ubicación y deslindes del terreno de su establecimiento.

Así, el inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos tiene como domicilio domicilio reservado, que corresponde al Lote 125-C de la Parcela Srdanovic, comuna de Porvenir, que acreditó mediante un Contrato de Arrendamiento celebrado con el propietario, don nombre reservado, el cual corresponde al área rural de Porvenir, siendo autorizado a instalarse únicamente en dicha zona, donde levantaría la infraestructura para el desarrollo de su actividad, invirtiendo la suma comprometida de U.F. 72.174, equivalente a USD RUT reservado, incluyendo, dentro de otros, la adquisición del terreno, la construcción de un galpón de 2.500m2 y el proyecto de arquitectura, contratando una dotación de 26 operarios y 8 administrativos, totalizando 34 personas para la operación de su planta industrial del rubro textil, al entrar en funcionamiento.

Sin apego a su solicitud, se instaló en el sector industrial de la Comuna de Porvenir, en calle nombre reservado°0595, donde ya existía una infraestructura levantada, sin invertir, en consecuencia, la totalidad de las partidas comprometidas, además de no completar la dotación prometida, todo lo cual ha sido expresamente declarado en el Procedimiento Administrativo. Al comienzo del proceso fiscalizador, luego de 7 años de la concesión otorgada, la actora ingresó una carta, el 19 de mayo de 2016, explicando que no se estableció en el terreno que le fue autorizado, sino que lo hizo en calle nombre reservado" 0595, del sector industrial de la Comuna de Porvenir, solicitando rectificar el domicilio indicado en la Resolución IR N°01 de 2009. El procedimiento administrativo culminó con la resolución que se impugna en autos.

En un capítulo denominado “Posición estatal” vierte los siguientes argumentos: 1. Extemporaneidad: Consta que la resolución que pone fin al procedimiento es de fecha 20 de diciembre de 2016, recurriendo de reposición y notificándose a lo menos tácitamente con fecha 28 del mismo mes y año. La reposición fue rechazada el 7 de agosto de 2017, por lo que el pazo de 30 días culminaba el 6 de septiembre de 2017. 2. Legalidad del actuar administrativo: Cita una serie de cuerpos normativos en virtud de los cuales descansa la investidura y los procedimientos de la autoridad. En cuanto a las atribuciones de la Intendencia Regional, señala que los cuestionamientos carecen de fundamentos, ya que su actuación se enmarca en la Ley N°18.392 y en especial el artículo 82 de la ley N°18.591 que faculta al intendente, y determina el supuesto de procedencia de la caducidad. De esta forma, mediante un procedimiento, se determinó sin discusión que la empresa estaba en la situación de incumplimiento de su propio proyecto.

Estima que Mejillones comprometió un proyecto con un domicilio, inversión y mano de obra determinados, y tal proyecto en la forma a que se obligó nunca concretó su inicio de actividades, entendiendo que la ley no hace referencia a la sola puesta en mancha de la empresa, sino al perfeccionamiento cabal de la actividad comprometida. La ley habla de concretar el inicio de actividades, sin reducirse únicamente al inicio de actividades, como equivocadamente lo entiende el recurrente. Por ello, la obligación no se refiere al control tributario, no se puede considerar el inicio de actividades como suficiente, porque ello es un requisito previo a la concreción de la actividad. Asimilar inicio de actividades al hito tributario de declarar el comienzo del funcionamiento para fines de facturación es erróneo, pues nada indica en la ley que a ello se refiera y además porque las leyes administrativas, tributarias y de franquicias, no admiten la analogía. Negando la existencia de arbitrariedad en los actos recurridos, y desestimando la concurrencia de los principios de confianza legítima, buena fe y proporcionalidad.

En el intertanto, Industrial textil Mejillones recurrió al Tribunal Constitucional, ejerciendo un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso 2° del artículo 82 de la Ley N°18.591, en el marco del presente recurso de protección, por vulnerar los artículos 5, 6, 7, 19 N°s 2, 3 y 26 de la Constitución Política de la República, el que fue desestimado, por sentencia de fecha 23 de abril último.

Encontrándose la presente causa en estado, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que el hecho que el recurrente estima arbitrario e ilegal lo hace consistir en que mediante resolución EX. 1187 de fecha 20 de diciembre de 2016, dictada por el Asesor Jurídico de la Intendencia Regional, se dispuso la caducidad de pleno derecho del contrato donde se materializó el beneficio tributario, transcurridos dos años desde la suscripción de la resolución que aprobó la instalación de la empresa, por no haber iniciado las actividades, ordenándose la caducidad de los beneficios otorgados en la Resolución, que concedió acceso al régimen de franquicias de la Ley N°18.392, a partir del 16 de enero de 2011. Con fecha 7 de agosto de 2017 se dictó la Resolución N°577 por don nombre reservado, nombre reservado, que rechazó un recurso de reposición en contra de la resolución que declaró la caducidad.

TERCERO: Que se ha evacuado informe por parte de la recurrida en los términos consignados en la parte expositiva del presente fallo.

CUARTO: Que en primer término la parte recurrida ha solicitado se declare la extemporaneidad del presente arbitrio, indicando que de acuerdo a los antecedentes administrativos consta que la resolución que pone fin al procedimiento es de fecha 20 de diciembre de 2016, recurriendo de reposición y notificándose al menos tácitamente con fecha 28 del mismo mes y año. A su vez el recurso de reposición fue fallado por la autoridad administrativa con fecha 7 de agosto de 2017, luego de terminada una reclamación administrativa en la Contraloría General de la República interpuesta por la misma recurrente de autos. Indica que al contrario de otros reclamos contenciosos –como los de ilegalidad municipal o los que se establecen en contra de los actos de los Gobiernos Regionales-, la procedencia del recurso de protección no está limitada por una obligación de agotamiento de la vía administrativa y en ese sentido por su naturaleza, la interposición sólo puede hacerse en el plazo de treinta días de dictado el acto que amenaza o perturba un derecho fundamental que se requiere proteger sin que la interposición del recurso administrativo genere un nuevo plazo para la cautelar constitucional. Concluye que en razón de ello al 6 de septiembre del año 2017, el término que concede el Auto Acordado para interposición del presente recurso se encontraba precluido, debiendo así declararse.

QUINTO: Que de conformidad con lo establecido en artículo 54 de la Ley 19.880, y habiéndose interpuesto por el recurrente recurso de reposición en contra de la resolución de fecha 20 de diciembre de 2016, la que fue fallada con fecha 7 de agosto de 2017 por la autoridad administrativa, debe entenderse interrumpido el plazo para interponer el recurso de protección, el que fue deducido con fecha 6 de septiembre de 2017, esto es dentro del plazo establecido en el artículo 1° del Auto Acordado, por lo que se procederá a rechazar la petición de extemporaneidad planteada.

SEXTO: Que son hechos no discutidos en el presente recurso de protección:

1.- Que mediante resolución TR. N° 01 de fecha 12 de enero de 2009, la Intendencia Regional de nombre reservado y Antártica Chilena aprobó la instalación de la Empresa Industrial Textil Mejillones S.A., Rut RUT reservado, para acceder a los beneficios de la Ley 18.392; resolución que se redujo a escritura pública con fecha 16 de enero de 2009 ante el Notario Público don nombre reservado.

2.- Que mediante resolución Exenta N° 1187, de fecha 20 de diciembre de 2016, suscrita por el Asesor Jurídico de la Intendencia Regional don nombre reservado, se declaró que el contrato suscrito entre el Tesorero Regional en representación del Fisco de Chile e Industria Textil Mejillones S.A. nacido de la reducción a Escritura Pública de la resolución T.R. N° 01 de 12.01.2009, ha caducado de pleno derecho transcurrido dos años desde su suscripción, por no haber iniciado las actividades y se declaró igualmente la caducidad de los beneficios otorgados por intermedio de la resolución N° 01 de la Intendencia Regional que concedió acceso al régimen de franquicias de la Ley N° 18.392 a Industria Textil Mejillones S.A., Rut N° RUT reservadoa partir del 16.01.2011; también se ordena pasar los antecedentes en copia a la Procuradoría Fiscal de nombre reservado del Consejo de Defensa del Estado y a las Direcciones Regionales del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República, a fin que determine la procedencia de acciones destinadas a obtener la restitución de los beneficios invocados por Industria Textil Mejillones S.A., al amparo de las franquicias que otorga la Ley 18.392. La aludida resolución resolvió el procedimiento administrativo iniciado a través de Resolución Exenta N° 600, de 2016.

3.- Que mediante Resolución Exenta N° 577 de fecha 7 de agosto de 2017, de la Intendencia Regional de nombre reservado y Antártica Chilena suscrita por el Asesor Jurídico don nombre reservado, se dispuso no dar lugar al recurso de reposición interpuesto por Industria Textil Mejillones S.A., en contra de la Resolución Exenta N° 1187 de 20.12.2016.

4.- Que interpuesto el presente recurso de protección, la recurrente dedujo requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad respecto del artículo 82 de la Ley 18.591, el que fue desechado por sentencia dictada con fecha 24 de abril del presente año por 6 votos a favor y 2 en contra.

SEPTIMO: Que el caso de autos es indiscutible que estamos en presencia del llamado “contrato ley” suscrito por las partes, el que es un convenio que pueden suscribir los contratantes con el Estado, en los casos y sobre las materias que mediante ley se autorice. Por medio de él, el Estado puede generar garantías y otorgar seguridades, dándole a ambas la calidad de intangibles. Es decir, mediante tales contratos-ley, el Estado en ejercicio de su ius imperium, crea garantías y otorga seguridades y, al suscribir el contrato-ley, se somete plenamente al régimen jurídico previsto en el contrato y a las disposiciones legales a cuyo amparo se suscribió éste.

Respecto al objeto de este contrato se debe tener presente que éste está compuesto por el conjunto de obligaciones que se generan como consecuencia de su celebración. Las obligaciones de este contrato son básicamente dos: para el inversionista, la obligación de realizar cierto monto de inversión en un plazo determinado, y para el Estado una obligación omisiva consistente en no aplicar a este contrato las eventuales modificaciones que se pudieran dar a las normas que fueron determinantes para la inversión.

En esta perspectiva, el “contrato ley” es un contrato de derecho público, porque uno de los elementos subjetivos del contrato necesariamente deberá ser el Estado, quien es el único que puede establecer garantías y seguridades que tienden al beneficio de toda la comunidad, la otra parte, como se ha señalado, es el inversionista privado. Pero estos contratos por mandato legal en su ejecución deberán regularse por el Código Civil.

El Estado al comprometerse a una obligación de no afectar mediante leyes futuras los alcances de los contratos de ley, está realizando un acto de poder y no un acto privado. Fallo de la Corte de Apelaciones de nombre reservado, Rol N° 3-2015 Tributario, de fecha 6 de julio de 2015.

OCTAVO: Que el artículo 1° de la Ley 18.392 que establece un Régimen Preferencial Aduanero y Tributario para el Territorio de la XII nombre reservado y de la Antártica Chilena, Por un Plazo de 25 Años, dispone: “A contar de la fecha de publicación de la presente ley y por el plazo de 50 años, establécese un régimen preferencial aduanero y tributario para el territorio de la XII nombre reservado y de la Antártica Chilena, ubicado al Sur del siguiente límite: la costa sur del Estrecho de nombre reservado, definida por las líneas de base rectas, desde el Cabo Pilar en su boca occidental, con inclusión de la isla nombre reservado, islotes Rupert, Monmouth, Wren y Wood e islas Charles, hasta tocar en el seno Magdalena, el límite entre las provincias de nombre reservado y Tierra del Fuego; el límite interprovincial referido, desde el seno Magdalena, hasta el límite internacional con la República Argentina. La zona preferencial indicada comprende todo el territorio nacional ubicado al sur del deslinde anteriormente señalado, hasta el Polo Sur. Gozarán de las franquicias que se establecen en la presente ley las empresas que desarrollen exclusivamente actividades industriales, mineras, de explotación de las riquezas del mar, de transporte y de turismo, que se instalen físicamente en terrenos ubicados dentro de los límites de la porción del territorio nacional indicado en el inciso anterior, siempre que su establecimiento y actividad signifique la racional utilización de los recursos naturales y que asegure la preservación de la naturaleza y del medio ambiente. No gozarán de estas franquicias las industrias extractivas de hidrocarburos, como tampoco las procesadoras de éstos en cualquiera de sus estados. Para los efectos de esta ley se entenderá por empresas industriales aquellas que desarrollan un conjunto de actividades en fábricas, plantas o talleres destinados a la elaboración, conservación, transformación, armaduría y confección de sustancias, productos o artículos en estado natural o ya elaborados, o para la prestación de servicios industriales, tales como molienda, tintorería y acabado o terminación de artículos y otros que sean necesarios directamente para la realización de los procesos productivos de las empresas señaladas en el inciso anterior, incorporen en las mercancías que produzcan, a los menos, un 25% en mano de obra e insumos de la a) zona delimitada en el inciso primero de este artículo. Será competente para pronunciarse, en caso de duda, acerca del porcentaje de integración en el producto final, de los conceptos referidos precedentemente, la Secretaría Regional de Planificación y Coordinación. El Intendente Regional aprobará por resolución la instalación de las empresas señaladas en el inciso segundo, con indicación precisa de la ubicación y deslindes de los terrenos de su establecimiento, y dicha resolución será reducida a escritura pública que firmarán el Tesorero Regional o Provincial respectivo, en representación del Estado, y el interesado. Esta escritura tendrá el carácter de un contrato en el cual se entenderán incorporadas de pleno derecho las franquicias, exenciones y beneficios de la presente ley y, en consecuencia, la persona natural o jurídica acogida a sus disposiciones, así como sus sucesores o causa habientes a cualquier título, continuarán gozando de los privilegios indicados hasta le extinción del plazo expresado en el inciso primero, no obstante cualquier modificación posterior que puedan sufrir, parcial o totalmente, sus disposiciones. A estas mismas normas se sujetará la ampliación de las referidas empresas. La resolución a que se refiere el inciso precedente, para su dictación, requerirá el informe favorable del Secretario Regional Ministerial de Hacienda”.

A su turno el artículo 10 señala: “El Estado de Chile otorgará una bonificación a las empresas referidas en el artículo 1° de la presente ley, equivalente al 20% del valor de las ventas de los bienes producidos por ellas o del valor de los servicios, según se trate, deducido el impuesto al Valor Agregado que las haya afectado, que se efectúen o se presten desde el territorio de la zona descrita en el mismo artículo, al resto del país, que no sea la Zona de Extensión de la Zona nombre reservado. Facúltase al Servicio de Tesorerías para que pague la bonificación a que se refiere el inciso anterior, una vez cumplida la obligación del Impuesto al Valor Agregado que les haya afectado y se haya acompañado declaración jurada ante notario en el sentido de que las mercancías por las cuales se solicita la bonificación han cumplido con la exigencia de integración a que se refiere el inciso tercero del artículo 1° de esta Ley. El Servicio de Tesorerías pagará este beneficio en el plazo de cinco días contados desde la presentación de la solicitud de bonificación por el contribuyente y se acredite el cumplimiento de las obligaciones señaladas.

Igualmente los incisos segundo y tercero del artículo 82 de la Ley N° 18.591 disponen: “Los contratos a que se refiere el inciso cuarto del artículo 1° de la ley N° 18.392, que se pacten a contar de la fecha de esta ley, caducarán de pleno derecho al vencimiento de dos años, contados desde la fecha de la escritura pública a que se reduzca la resolución del Intendente Regional que autorice la instalación de la respectiva empresa, si dentro de dicho plazo no se hubiere concretado el inicio de sus actividades o éstas se descontinuaren por más de un año, en cualquier tiempo.

“Las empresas a las que se les hubiere caducado el respectivo contrato, podrán solicitar su renovación, ajustándose a las prescripciones de la ley antes mencionada y a las de esta disposición”.

NOVENO: Que como consecuencia de lo analizado precedentemente y conforme a lo dispuesto en inciso cuarto del artículo 1º de la Ley Nº 18.392 que rige la materia, el Intendente Regional aprobará por resolución la instalación de las empresas señaladas en el inciso 2, con indicación precisa y deslindes de los terrenos de su establecimiento, y dicha resolución será reducida a escritura pública que firmaran el Tesorero Regional o Provincial respectivo, en representación del Estado, y el interesado. Esta escritura tendrá el carácter de un contrato en el cual se entenderán incorporadas de pleno derecho las franquicias, exenciones y beneficios de la Ley N° 18.392 y, en consecuencia, la persona natural o jurídica acogida a sus disposiciones, así como sus sucesores o causa habientes a cualquier título, continuarán gozando de los privilegios indicados hasta la extinción del plazo expresado en el inciso 1º, no obstante cualquier modificación posterior que puedan sufrir, parcial o totalmente, sus disposiciones. A estas mismas normas se sujetará la ampliación de las referidas empresas.

DECIMO: Que la cuestión sometida a la decisión de esta Corte consiste por un lado en determinar si la empresa recurrente se encuentra o no en la situación de incumplimiento de su propio proyecto en el que Mejillones fijó un domicilio, inversión y mano de obras determinados y en caso de ser efectivo concluir que nunca concretó su inicio de actividades y que como consecuencia de lo anterior le es aplicable la sanción de caducidad establecida en el inciso segundo del artículo 82 de la Ley N° 18.591, por lo que en definitiva no sería acreedora a los beneficios establecidos en la Ley N° 18.392. Por otro lado el recurrente alega estar en presencia de un contrato en el que se entienden incorporadas de pleno derecho las franquicias, exenciones y beneficios de la Ley 18.392 y que la principal obligación que asume el beneficiario en este contrato es dar inicio a las actividades industriales dentro del plazo de dos años, y una vez que las haya iniciado a no discontinuarlas por más de un año, obligación que en su parecer, en su calidad de beneficiario el recurrente estima haber dado cumplimiento, por lo que no le afectaría la causal de caducidad a que se refiere el citado artículo 82. Por otro lado cuestiona la facultad del Intendente para declarar la caducidad, estimando que se arrogó facultades jurisdiccionales privativas de los tribunales de justicia, infringiendo el artículo 76 de la Constitución y estimando que no se dan los supuestos de hecho para declararla, infringiendo la mencionada autoridad la doctrina de los actos propios y los principios de buena fe, confianza legítima y eficiencia, eficacia y probidad.

UNDECIMO: Que en estas circunstancias, habiendo el legislador reglamentado la forma como deben las partes cumplir las obligaciones que emanan de estos concursos reales de voluntad y los derechos que nacen para ellas cuando la otra lo incumple, y la forma de hacerlos efectivos, cuestión que es de lato conocimiento, no corresponde por esta vía, el recurso de protección, entrar a resolver el incumplimiento o no de una de las obligaciones que contrajo el recurrente al contratar, esto es haber iniciado las actividades ni la aplicación de eventual sanción de caducidad, concordando de esta forma con lo alegado por la propia actora en su arbitrio constitucional.

DUODECIMO: Que de la forma razonada precedentemente, se hace innecesario entrar a analizar la existencia de un posible acto arbitrario o ilegal, ni menos aún una eventual conculcación de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20° de la Constitución Política de la República, y lo establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por Industrial Textil Mejillones S.A. en contra el Sr. nombre reservado nombre reservado y la Antártica Chilena, don Jorge Flies Añon.

Redacción de la Ministra Srta. San Martín.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº 728-2017. PROTECCIÓN.