nombre reservado con CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL DE LA REGION METROPOLITANA

Punta Arenas, veintiséis de octubre de dos mil diecisiete.

Vistos:

En los autos Rol N°713-2017 del ingreso de esta Corte de Apelaciones, comparece nombre reservado, quien recurre de protección en contra de la Corporación de Asistencia Judicial, representada por don nombre reservado, Director XII Región, para solicitar se declare ilegal y arbitrario el descuento de $1.206.882 de su remuneración de agosto de 2017, bajo la glosa contenida en la liquidación de remuneraciones: “Des. Lic. Pagada Func. Cuota 1/1”, u ordenar sea dejado sin efecto.

Expone que es empleado de la Corporación de Asistencia Judicial desde el 06 de diciembre de 2010, abogado de la Oficina de Defensa Laboral de esta ciudad.

Expresa que desde el año 2014, la recurrida ha desplegado una abierta conducta de acoso laboral en su contra, razón por la cual ha presentado dos demandas de Tutela Laboral en su contra, tramitadas ante el Tribunal Laboral de esta ciudad: la primera, correspondiente al RIT T-24-2015, que se encuentra en actual tramitación; y la segunda, la causa RIT T-17-2016, en la cual la demandada fue condenada a pagarle la suma de $5.000.000.- por daño moral y costas por $1.000.000, circunstancias, en que la demandada, inconstitucionalmente, ha realizado el acto impugnado, sin especificar de manera entendible la naturaleza del descuento, pues sólo usa siglas internas ininteligibles. Opina que la empleadora está usando este descuento como represalia por haberle ganado el juicio.

Concluye que los hechos descritos constituyen vulneración de la garantía constitucional establecida en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, haber pasado a llevar el derecho de propiedad sobre su remuneración de agosto de 2017, ya que descontó el 59% de su remuneración de manera ilegal toda vez que de acuerdo al artículo 58 inciso primero del Código del Trabajo, sólo si existe acuerdo entre trabajador y empleador, que debe constar por escrito, este último puede descontar sumas o porcentajes determinados destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Ilegalidad de proceder que igualmente surge al analizar el inciso cuarto del artículo citado. Agrava la conducta la ausencia de fundamento.

En su informe la recurrida Corporación de Asistencia Judicial, solicita el rechazo del recurso, en primer término, porque niega la existencia de una conducta ilegal que afecte garantías constitucionales del recurrente, en razón de que los montos descontados, lo son como resultado de licencias impagas de parte de aquél, cuyo pago fue percibido por él, sin que lo hubiere restituido, hechos que le fueron informados, el 03 de marzo de 2016, mediante carta remitida por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la institución, a su domicilio. Los fondos a esa fecha, ascendían a $5.314.759 solicitándosele ponerse en contacto, derecho y/o oportunidad que aparentemente el recurrente no ejerció en el plazo que le fuere indicado.

Por otra parte, agrega, es obligación del empleador recuperar los montos correspondientes a subsidios por enfermedad percibidos por el trabajador. En la especie, en su calidad de funcionario público, el recurrente percibe la totalidad de sus remuneraciones aun cuando se encuentre gozando de descanso por enfermedad y corresponde que se proceda a la restitución de los fondos en aquellos casos en que la institución de salud no tenga convenio vigente con la Corporación de Asistencia Judicial; de lo contrario, implicaría un enriquecimiento ilícito por parte del funcionario, al percibir sus remuneraciones íntegras y además el subsidio por enfermedad, obteniendo un doble pago. En este sentido se ha manifestado la Contraloría General de la República, la cual mediante invariable jurisprudencia -cuyo carácter es obligatorio para la institución- ha sostenido la obligación del servicio de proceder a recuperar los montos pagados en exceso, como resultado de los subsidios por enfermedad en su carácter de empleador.

En segundo lugar, refiere, tampoco existe acto arbitrario alguno en el proceso de descuento de licencias médicas aplicado al recurrente, ya que no es el único funcionario de la Corporación al que se le han hecho efectivos estos descuentos por concepto de licencia médicas impagas o rechazadas. De esta forma, la conducta desplegada por la Corporación de Asistencia Judicial, se enmarca dentro de una política institucional destinada al recupero de fondos fiscales, no como pretende el recurrente.

Argumenta que no existe una garantía constitucional incuestionable del recurrente respecto a la imposibilidad de descontar de sus remuneraciones montos indebidamente pagados o pagados en exceso por parte de la Corporación de Asistencia Judicial en su carácter de empleador, hecho reconocido por el propio recurrente, desde el momento que recurre al artículo 58 del Código del Trabajo, el cual establece la posibilidad de descontar montos determinados de las remuneraciones. En el caso de autos, frente al desconocimiento de un derecho que debe revestir el carácter de indubitable para que prospere la acción cautelar, no es posible obtener por esta vía el reconocimiento del derecho que se reclama, pues la controversia que de ello se sigue ha de resolverse en un juicio de lato conocimiento que permita el esclarecimiento de los hechos, como de forma previa a la interposición del este recurso, accionó el actor, ante el Juzgado del Trabajo de esta ciudad, en causas RIT O-142-2017 y M-114-2017.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, el objetivo del presente recurso es obtener la declaración de ilegalidad y arbitrariedad respecto el acto del empleador de descontar la suma de $1.206.882.- de las remuneraciones de agosto de 2017, del actor.

TERCERO: Que, es un hecho de la causa pero aun así se verificó a través de medida para mejor resolver, la existencia de un procedimiento de aplicación general, RIT O 142-2017, caratulado nombre reservado, contra Corporación de Asistencia Judicial, en el cual, se solicitó medida prejudicial precautoria para dejar sin efecto el descuento en cuestión, cuya argumentación en lo substancial contiene el tema que se plantea por vía de protección, ingresada el 24 de agosto de 2017 al Juzgado del trabajo de esta ciudad.

En la vía prejudicial, obtuvo su propósito, en cuanto, en el curso de su tramitación se le otorgó la precautoria por el mecanismo de limitar la deducción.

CUARTO: Que, el recurso de protección ingresó a la Corte de apelaciones el 30 de agosto de 2017, por ende ha perdido oportunidad, sin perjuicio de lo que corresponda resolver en dicho procedimiento.

Fundamento por el cual visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra la Corporación de Asistencia Judicial, representada por don nombre reservado, Director XII Región.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº713-2017. PROTECCIÓN.