Protección contra Instituto de Previsión Social

nombre reservado, veinticinco de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Don nombre reservado, abogado, cédula de identidad N°NUM000, domiciliado en domicilio reservado de nombre reservado, interpuso recurso de protección en contra del Instituto de Previsión Social, representado por don nombre reservado

nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expuso que el 4 de junio de 2025 presentó denuncia por acoso laboral bajo la Ley Nro. 21.643 (Ley Karin) en contra de la directora del Servicio, doña nombre reservado, a raíz de lo que califica como malos tratos, aumento injustificado de carga laboral y cambio de actitud hostil de dicha funcionaria.

Refirió que a los dos días de interpuesta su denuncia, la directora presentó, a su vez, otra en su contra por supuesto acoso sexual y que, al momento de prestar declaración en calidad de denunciante, la fiscal investigadora le informó de dicha imputación, pero no le otorgó instancia real de contradicción.

Relató que solicitó medidas de resguardo ─ particularmente, prohibición de acercamiento ─ las que fueron denegadas por la fiscal por estimarlas innecesarias.

Añadió que, sin que se lo citara para formular descargos respecto de la acusación de acoso sexual, con fecha 14 de enero de 2026 le fue notificado el sobreseimiento definitivo del sumario mediante la Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 12 de enero de 2026, que determinó que los hechos investigados no configuran conductas de acoso laboral ni sexual constitutivas de responsabilidad administrativa, considerándola ilegal y arbitraria, por cuanto: i) no se le otorgó instancia real de contradicción respecto de la imputación de acoso sexual; ii) se le denegaron medidas de resguardo; iii) la resolución de sobreseimiento sería internamente contradictoria, al descartar la configuración de acoso pero simultáneamente recomendar medidas correctivas en materia de distribución de cargas, trato respetuoso y límites en las interacciones laborales, lo que a su juicio evidenciaría la existencia de un problema real.

Invoca como garantías vulneradas las consagradas en el artículo 19 N°1, N°2, N°4 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Solicitó se declare ilegal y/o arbitraria la actuación del recurrido, ordenando la continuación del procedimiento disciplinario, con expresa condena en costas.

Informando, el Instituto de Previsión Social, a través de su abogada doña Susana Ximena Roa Gutiérrez, planteó que el procedimiento disciplinario se tramitó íntegramente conforme a los estándares de la Ley Nro. 21.643, respetando los principios de imparcialidad, objetividad e investigación diligente.

Indica que los antecedentes recopilados permitieron establecer que los hechos investigados no alcanzaban la entidad necesaria para ser calificados como acoso laboral ni sexual, lo que determinó el sobreseimiento del sumario sin necesidad de formular cargos.

Refiere que las recomendaciones preventivas contenidas en la resolución constituyen el cumplimiento del deber institucional de resguardar el clima organizacional, sin que importen reconocimiento de infracción ni sanción encubierta.

Alega que el recurrente no fue citado a formular descargos por la denuncia cruzada precisamente porque el procedimiento concluyó en sobreseimiento que también descartó responsabilidad disciplinaria en su contra, resultándole en definitiva favorable dicho resultado.

Agrega que los mismos hechos fueron objeto de acción de tutela laboral interpuesta por el recurrente ante el Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado (causa RIT T-156-2025), la que fue íntegramente rechazada por no haberse acreditado vulneración de derechos fundamentales. Solicitó el rechazo íntegro del recurso, con costas.

Mediante ampliación de informe, la recurrida proporciona los siguientes antecedentes de hecho y de derecho adicionales. En cuanto a los antecedentes del recurrente, señala que don nombre reservado ingresó al Instituto de Previsión Social en abril de 2012, desempeñándose desde el 18 de enero de 2021 como ejecutivo de atención OIRS en la sucursal de nombre reservado, cargo que corresponde al Grado 9° EUS, el más alto de la región después del Director Regional. Precisa que las funciones propias del cargo consisten en atención de usuarios de baja complejidad, despacho de correspondencia y gestión de felicitaciones y reclamos, con un promedio de seis atenciones diarias que finalizan a las 14:00 horas, sin generar trabajo administrativo en la jornada de tarde. Debido a dicha disponibilidad horaria y de su formación jurídica como abogado, se le asignó la función de administrador de contratos con el objeto de optimizar su jornada laboral, dependiendo directamente del jefe de sucursal señor nombre reservado

nombre reservado, y no de la Directora Regional.

Indica, además, que doña nombre reservado se desempeñó como Directora Regional de IPS Magallanes entre el 4 de noviembre de 2024 y el 25 de septiembre de 2025, fecha en que su renuncia voluntaria se hizo efectiva.

En materia de medidas de resguardo, precisa que la Sucursal de nombre reservado funciona en el primer piso del edificio y la Dirección Regional en el segundo piso, con acceso y escaleras independientes, de modo que existía separación física efectiva en el desempeño de los respectivos cargos y funciones. Agrega que las jornadas horarias eran distintas: el recurrente se desempeñaba de 08:00 a 17:00 horas, mientras que la ex Directora Regional tenía jornada de 09:00 a 18:00 horas, con rutinas de ingreso por sectores diferentes.

Señala que, desde la fecha de la denuncia y hasta el 24 de agosto de 2025, el recurrente se encontró con licencia médica, lo que hizo innecesaria cualquier medida de separación física durante dicho período. Refiere que el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas del Servicio intentó, en diversas oportunidades —con fecha 12 y 26 de junio y 2 y 17 de septiembre de 2025—, ofrecer contención psicológica al recurrente a través del protocolo MALS, sin que éste concretara la atención ofrecida pese a ser contactado telefónicamente y quedar en devolver el llamado al psicólogo.

Por lo expuesto, la no materialización del apoyo psicológico obedeció a la falta de interés del propio recurrente. Por su parte, la enfermedad que motivó las licencias médicas fue calificada como de origen común, tanto por el Instituto de Seguridad Laboral como por la Superintendencia de Seguridad Social, la que mediante Resolución N°NUM002 de 10 de noviembre de 2025 rechazó el reclamo del recurrente y confirmó dicha calificación.

En cuanto a la idoneidad de la vía, la ampliación de informe hace presente que el recurrente no ha impugnado la Resolución Exenta N°NUM001 de 12 de enero de 2026 mediante los recursos ordinarios que contempla el ordenamiento jurídico, esto es, el recurso jerárquico ante el Director Nacional ni la representación ante la Contraloría General de la República, habiendo transcurrido los plazos correspondientes sin ejercer dichas acciones.

Del mismo modo, la sentencia del Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado en causa RIT T-156-2025, de 6 de febrero de 2026, rechazó íntegramente la denuncia de tutela laboral interpuesta por los mismos hechos, y no fue impugnada mediante el recurso de nulidad previsto en el artículo 477 del Código del Trabajo, encontrándose actualmente firme y ejecutoriada.

Dicha sentencia estableció, en sus considerandos Décimo Quinto a Décimo Noveno, que los hechos acreditados dan cuenta de un conflicto laboral circunscrito a discrepancias funcionales y comunicacionales, sin que se configurara un proceso sistemático, reiterado y objetivamente verificable de hostilidad, ni se acreditara que las actuaciones de la jefatura hayan tenido por finalidad aislar, denigrar o forzar la desvinculación del trabajador; que el empleador activó el protocolo institucional de protección y gestionó medidas de apoyo psicosocial; y que no existe nexo causal jurídicamente relevante entre la conducta del empleador y el daño alegado, razones por las que se desestimaron tanto la acción de tutela como la indemnización por daño moral solicitada.

Finalmente, hace presente que el Instituto de Previsión Social, como continuador legal del Servicio de Seguro Social, goza de privilegio de pobreza en virtud del artículo 183 del Decreto N°615 de 1956, en relación con el Decreto Ley N°3.502 de 1980 y el artículo 54 de la Ley N°20.255, por lo que solicita que, en caso de acogerse el recurso, no se le imponga condena en costas, lo que ha sido reconocido uniformemente por la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que, como cuestión previa, debe señalarse que el recurso de protección no constituye una instancia revisora del mérito de decisiones adoptadas en procedimientos administrativos disciplinarios, ni un mecanismo de impugnación de la valoración probatoria efectuada por el órgano administrativo competente.

Su naturaleza cautelar y urgente le impide transformarse en un sucedáneo de los recursos administrativos y jurisdiccionales que el ordenamiento jurídico contempla para cuestionar actos de la Administración. En este sentido, la jurisprudencia uniforme de la Excma. Corte Suprema ha precisado que el control constitucional que procede en esta sede se limita a examinar si el acto recurrido adolece de ilegalidad o arbitrariedad manifiestas, sin que sea posible revisar las conclusiones atingentes a la responsabilidad funcionaria ni sustituir la apreciación técnica de la Administración.

TERCERO: Que el acto impugnado es la Resolución Exenta N°NUM001 de fecha 12 de enero de 2026, dictada por el Instituto de Previsión Social, mediante la cual se determinó el sobreseimiento definitivo del sumario administrativo instruido en virtud de denuncias recíprocas formuladas entre el recurrente y la entonces directora regional del Servicio, en el marco de un procedimiento disciplinario tramitado al amparo de la Ley Nro. 21.643. Dicha resolución determinó la inexistencia de conductas constitutivas de acoso laboral o sexual que acarrearan responsabilidad administrativa, e incorporó recomendaciones preventivas de carácter organizacional.

El recurrente no impugna la resolución por vicios formales de tramitación que resulten objetivamente acreditados, sino que cuestiona el resultado sustantivo del procedimiento, pretendiendo que este Tribunal ordene la continuación del sumario y la determinación de responsabilidades, cuestión que escapa manifiestamente al ámbito cautelar de la acción deducida.

CUARTO: Que, en cuanto a los reproches específicos formulados por el recurrente, corresponde examinarlos en el orden planteado.

En lo que hace a la alegación relativa a la falta de instancia de contradicción frente a la denuncia cruzada de acoso sexual, cabe precisar que el procedimiento disciplinario regulado por la Ley Nro. 21.643 contempla la formulación de cargos como etapa posterior a la investigación, cuando los antecedentes recopilados permiten estimar que los hechos investigados configuran conductas sancionables.

En la especie, la resolución impugnada determinó que los hechos investigados en ambas denuncias no alcanzaban a configurar conductas constitutivas de acoso laboral ni sexual, por lo que el sumario fue sobreseído sin formulación de cargos respecto de ninguno de los involucrados. En consecuencia, el recurrente no fue citado a formular descargos precisamente porque tampoco fue objeto de formulación de cargos, dado que el procedimiento concluyó con anterioridad a esa etapa, descartando igualmente responsabilidad disciplinaria en su contra. El resultado le fue, en este aspecto, favorable.

Que, en cuanto a la denegación de medidas de resguardo solicitadas durante la tramitación del procedimiento, dicha determinación constituye una decisión adoptada por la fiscal investigadora en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la normativa aplicable, la que realizó una ponderación de los antecedentes existentes para concluir su improcedencia.

El eventual desacuerdo del recurrente con dicha determinación no configura, por sí solo, un acto ilegal o arbitrario susceptible de ser corregido por la presente vía constitucional, máxime cuando el procedimiento ya concluyó mediante sobreseimiento definitivo, desapareciendo toda relevancia práctica del punto.

Que, en lo que concierne a la alegada contradicción interna de la resolución de sobreseimiento ─en cuanto descarta la configuración de acoso, pero incorpora recomendaciones preventivas─, esta Corte advierte que tal argumento no logra demostrar la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en los términos que el recurso de protección exige.

Las recomendaciones de carácter preventivo en materia de convivencia laboral, distribución de cargas y trato respetuoso entre funcionarios constituyen una facultad propia de la Administración en el cumplimiento de su deber de resguardar el clima organizacional, expresamente reconocida por la Ley Nro. 21.643, aun cuando la investigación concluya sin establecer responsabilidad disciplinaria. La coexistencia de un sobreseimiento por inexistencia de conductas constitutivas de acoso con recomendaciones de mejora del ambiente laboral no configura una contradicción lógica insalvable, sino el ejercicio de una potestad preventiva que el ordenamiento impone a la Administración con independencia del resultado sancionatorio del procedimiento.

En efecto, la normativa vigente no exige la acreditación de responsabilidad disciplinaria para que la Administración adopte medidas preventivas, toda vez que su finalidad radica en resguardar ambientes laborales libres de conductas potencialmente perturbadoras, aun cuando éstas no alcancen a configurar infracciones disciplinarias sancionables.

QUINTO: En adición a las reflexiones plasmadas en el motivo precedente, resulta un presupuesto básico para la interposición de la acción en estudio, la existencia de un derecho de carácter indubitado, susceptible de ser amparado por esta vía según lo expuesto en el motivo primero. A su turno, no resulta baladí recordar que ésta, se trata de una acción cautelar y de emergencia. Al respecto, del mérito de los antecedentes, resulta dudoso que la recurrente tenga de un derecho indubitado, en la manera que propone el recurso, susceptible de ser amparado por esta vía, de la manera que se analiza a continuación:

En primer lugar, respecto del derecho a la integridad psíquica consagrado en el artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental, el recurrente no ha aportado antecedentes objetivos que permitan establecer una relación causal directa entre el acto administrativo impugnado y una afectación verificable de dicha garantía. La instrucción de un procedimiento disciplinario y su conclusión mediante sobreseimiento constituyen el ejercicio legítimo de potestades administrativas, sin que su mera existencia configure, por sí sola, un menoscabo a la integridad psíquica del funcionario involucrado.

En lo que atañe al derecho a la igualdad ante la ley, el recurrente no identifica en el texto de su recurso, un trato diferenciado, arbitrario e injustificado, respecto de otros funcionarios en situación comparable. La resolución de sobreseimiento abarcó ambas denuncias bajo criterios investigativos uniformes, sin que se advierta distinción caprichosa o irracional alguna.

Respecto del derecho a la honra y vida privada del artículo 19 N°4, la resolución impugnada concluyó precisamente descartando responsabilidad disciplinaria del recurrente en la denuncia formulada en su contra, resultado que, lejos de afectar su reputación, lo exoneró de toda imputación de acoso sexual. No puede configurarse lesión reputacional derivada de un acto administrativo que concluye en favor del interesado en cuanto a la imputación que sobre él pesaba.

Finalmente, en lo que refiere al derecho de propiedad del artículo 19 N°24, el recurrente no identifica un derecho patrimonial concreto, preexistente e indubitado que haya sido objeto de privación, perturbación o amenaza directa como consecuencia del sobreseimiento impugnado. El sumario concluyó sin aplicación de sanciones ni alteración de la situación funcionaria del recurrente, descartándose cualquier impacto patrimonial susceptible de tutela constitucional por esta vía.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, los mismos hechos en que se funda el presente recurso fueron objeto de una acción de tutela laboral interpuesta por el propio recurrente ante el Juzgado de Letras del Trabajo de nombre reservado, causa RIT T-156-2025, la que fue íntegramente rechazada y se encuentra ejecutoriada, estableciéndose que los antecedentes aportados no lograron demostrar vulneración de derechos fundamentales, correspondiendo los hechos alegados a conflictos interpersonales carentes de entidad constitucional.

Este pronunciamiento judicial previo, emanado de la judicatura especializada en la materia, robustece la conclusión de que los hechos invocados no configuran la vulneración de garantías fundamentales que habilitaría la procedencia de la presente acción cautelar.

SÉPTIMO: Que, en definitiva, la pretensión del recurrente se reduce, en esencia, a cuestionar la valoración probatoria y el mérito de las conclusiones adoptadas en un procedimiento disciplinario válidamente tramitado, solicitando que se ordene su continuación y la determinación de responsabilidades, lo que excede manifiestamente el ámbito del recurso, pues la mera disconformidad del actor con el resultado del procedimiento administrativo no configura, por sí sola, ilegalidad ni arbitrariedad en los términos que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Siendo dudosa entonces la mera existencia de un derecho indubitado, y de existir, resultando improcedente que esta Corte sustituya la apreciación técnica y disciplinaria de la Administración mediante esta acción constitucional, corresponde su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado en contra del Instituto de Previsión Social.

Dése cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Fiscal Judicial Subrigante Sra.

nombre reservado.

Rol Nro. 71-2026. PROTECCIÓN.