nombre reservado con : CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Punta Arenas, veinticinco de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS:

nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de GENDARMERIA DE CHILE, representada por su Director Nacional don Christian Alveal Gutiérrez, con domicilio en domicilio reservado, y de CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHLENA, representada por doña nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, solicitando se deje sin efecto la Resolución Exenta RA N°1427120/2022, de 24 de enero de 2022, del Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, debiendo disponerse la inmediata reincorporación a sus funciones, con expresa continuidad de remuneraciones computadas desde el momento de la separación hasta la efectiva reincorporación, en las mismas condiciones en las que se desempeñaba al ser desvinculada, con costas.

Relata que ingresó a Gendarmería de chile el 08 de enero de 2013, en calidad jurídica de honorarios, hasta que posteriormente, fue designada contrata, desde el 12 de septiembre de 2013, la cual fue renovada continua y sucesivamente en forma anual, hasta el 31 de diciembre de cada año. A la fecha de la desvinculación, esto es, al 24 de enero del año en curso, estaba nombrada a contrata, asimilada al estamento profesional, grado 16° EUS, con desempeño en el Complejo Penitenciario.

Refiere que el día 14 de mayo de 2021 presentó carta de renuncia a su cargo de encargada de personal del Centro de Reinserción Social por cuanto se encontraba postulando a un trabajo en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, sin embargo, luego de presentarse a trabajar ante dicha institución el día 17 de mayo, y debido a una serie de situaciones con las que no estuvo de acuerdo, decide no aceptar el puesto y dejar sin efecto la renuncia presentada ante Gendarmería de Chile. Así las cosas, ese mismo día, se contacta con doña nombre reservado, Jefa de Unidad del CRS de Punta Arenas, para manifestar su intención de dejar sin efecto la renuncia, quien le señaló que no habría problema ya que desde el Departamento de Personal de la Dirección Regional de Gendarmería aún no se enviaba la documentación hacia Santiago. En ese contexto, la mencionada funcionaria se contactó con el Director Regional Subrogante, Sr. Dan Toro, quien aceptó la retractación y, por ende, su continuidad en la institución. En esa instancia, la Jefa de Unidad le solicitó enviara un correo electrónico solicitando permiso administrativo por aquel día, para regularizar la situación.

Señala que una vez que estaba todo regularizado en Gendarmería, la Directora Regional de JUNJU solicitó a aquella institución informar la situación contractual en la que se encontraba al día 17 de mayo de 2021. Por esta razón, se inició un procedimiento disciplinario que concluyó con la imposición de una multa del 5% de remuneración mensual.

Expresa que luego de lo anterior, continuó cumpliendo sus funciones en Gendarmería de Chile durante todo el año 2021, renovándose su contrata para el año 2022, hasta que el día 24 de enero del año en curso, se le cita a la Unidad Penal para notificarle la Resolución Exenta PA N°152/120/2022, que acepta la renuncia voluntaria presentada el 14 de mayo de 2021. Al leer la resolución, se entera que lo ocurrido había sido denunciado a la Contraloría recurrida por la funcionaria nombre reservado, quien se desempeña en la Dirección Regional y a quien había denunciado anteriormente por hostigamiento laboral. A partir de dicha denuncia, Contraloría emitió el oficio N°E153700, de 8 de noviembre de 2021, en que dispuso que la Dirección Regional de Gendarmería debía dictar el acto administrativo que acepta la renuncia voluntaria de la recurrente.

En razón de lo anterior, agrega, Gendarmería de Chile, con fecha 24 de enero del presente año, acepta la renuncia voluntaria presentada el 14 de mayo de 2021, aun cuando se presentó retractación antes de que se tramitara la aceptación de la primera e incluso cuando trabajó en Gendarmería durante todo el año 2021 y se había prorrogado su contrata para el 2022.

Sostiene que la actuación de los recurridos es ilegal y arbitraria, pues pretende ignorar la circunstancia de que, si bien el 17 de mayo 2021 no se presentó a trabajar en Gendarmería de Chile, fue la propia institución la que una vez que manifestó su retractación, a instancia de su Jefatura, le autorizó un día de permiso administrativo para justificar la ausencia y, a partir de dicha fecha, permitió que se desempeñara normalmente en sus funciones, habiendo incluso prorrogado su nombramiento para el año en curso. En cuanto a la norma aplicable, el artículo 147 del DFL N° 29 DE 2004, dispone expresamente “La renuncia deberá presentarse por escrito y no producirá efecto sino desde la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto o resolución que la acepte, a menos que en la renuncia se indicare una fecha determinada y así lo disponga la autoridad”. Por tanto, al no estar totalmente tramitada la resolución que aceptaba la renuncia presentada, la retractación fue oportuna, no existiendo irregularidad alguna en que Gendarmería haya aceptado la continuidad de funciones.

Así, concluye, la Resolución que se impugna constituye una decisión extemporánea, configurándose una ilegalidad y arbitrariedad que vulnera la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, al brindar a la recurrente un tratamiento diverso al que exige el ordenamiento jurídico vigencia. Se vulnera también el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24, en relación con el empleo a contrata en que se encontraba designada para el año 2022, las remuneraciones y demás beneficios asociados a dicho empleo.

Evacuó informe la recurrida Gendarmería de Chile, manifestando que efectivamente la recurrente ingresó a la institución el 03 de septiembre de 2013, culminando sus funciones el 16 de mayo de 2021. Durante su carretea funcionaria, se ordenó incoar en su contra la investigación administrativa dispuesta por Resolución Exenta N° 291 de 01 de junio de 2021, destinada a establecer el grado de responsabilidad administrativa que le pudiere asistir en razón de haber sido seleccionada e incorporándose a trabajar de manera presencial el día lunes 17 de mayo de 2021 en la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región de Magallanes. El proceso sumarial, se consolidó mediante Resolución Exenta N°688 del 23 de septiembre de 2021, que sancionó a la ex funcionaria con la medida disciplinaria de multa del 5% de su remuneración mensual, establecido en la letra b) del artículo 121 en concordancia con el 123 del cuerpo legal funcionario, proceso que se encuentra en Contraloría Regional de Punta Arenas, para su debido registro.

Expresa que resulta necesario señalar que por medio del oficio ordinario N°81, de 15 de noviembre de 2021, la Jefatura Regional del Servicio, informó al Ente Contralor Regional respecto de la situación antes aludida, en respuesta al Oficio N° E153700/2021, de 08 de mayo de 2021, cuyo apartado “III. Análisis y conclusiones” consigna:

“Al respecto, de los antecedentes consultados aparece que con fecha 14 de mayo de 2021, la funcionaria presentó su renuncia voluntaria, a contar del 16 de mayo del mismo año, retractándose de ella verbalmente el 17 de mayo de esa anualidad.

Ahora bien, en lo que atañe la segunda exigencia, es menester anotar que de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que la señora nombre reservado, no se encontraba ejerciendo sus labores al momento de desistirse verbalmente de su renuncia, ya que como se desprende del Oficio Ordinario de JUNJI, esta prestó funciones en el citado servicio el día 17 de mayo de 2021.

Igualmente, se advierte del informe emanado por la Dirección Regional de Gendarmería, que el desistimiento de la renuncia fue manifestado antes de la tramitación de la aceptación de la misma por el servicio.

En este contexto, el aludido organismo deberá regularizar a la brevedad la situación de la especie, procediendo a dictar el correspondiente acto administrativo que acepte la dimisión de la señora nombre reservado, a contar de la fecha antes señalada, considerando para estos efectos la carta presentada de fecha 14 de mayo de 2021.

(…) Asimismo, se solicita remitir dentro del mismos plazo, copia del acto administrativo que afina el procedimiento disciplinario iniciado mediante Resolución Exenta N°291 de 1° de junio de 2021”.

Señala que lo expuesto, fue refrendado por la entidad contralora en el Oficio N° 164106/2021, de 10 de diciembre de 2021, en el sentido que, realizado un nuevo análisis en relación al caso de marras, concluye que en la especie no se configuraron los presupuestos contemplados en jurisprudencia administrativa en el Dictamen N° 24.258 de 2012, en razón del cumplimiento de los supuestos establecidos para que la retractación voluntaria a la dimisión presentada surtiera efectos, de manera que “es dable concluir que no se configura el desistimiento de la renuncia por no verificarse uno de los requisitos necesarios para que esta tenga lugar”.

Asevera que concordante con lo anterior, en mérito de lo razonado por la jurisprudencia administrativa en Dictamen N° 1298, de 2021, que establece que, en las materias de su competencia, son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, el Servicio procedió a regularizar la situación de la recurrente, dictando para tal efecto la Resolución Exenta RA N°142/120/2022, de 24 de enero de 2022, mediante la cual se aceptó su renuncia voluntaria a Gendarmería de Chile a contar del 16 de mayo de 2021.

Finalmente, en cuanto a las supuestas vulneraciones citadas por la recurrente, menciona que la medida adoptada se aplicó en igual forma que al resto de las pares de la Sra. nombre reservado que se han encontrado en la misma condición la normativa estatutaria vigente que permite aceptar su dimisión al cargo, no imponiendo ningún tipo de obligación adicional que pudiera beneficiar o perjudicar su permanencia en la institución. Por otra parte, la calidad de funcionario público no es un derecho adquirido ni forma parte del patrimonio de la recurrente; y en lo referente a la protección a su patrimonio por concepto de aquellas remuneraciones que, en concepto de la recurrente le hubiese correspondido percibir mientras ha permanecido alejada de las filas de Gendarmería, la Sra. nombre reservado en momento alguna ha estado en ejercicio legítimo del derecho de propiedad sobre los montos que reclama, razón por la cual no puede alegar haber estado en calidad de dueña de tales estipendios económicos que no ha percibido y sobre los cuales únicamente mantenía una mera expectativa.

De lo expuesto precedentemente, concluye, queda en evidencia que no ha existido actuación u omisión arbitraria o ilegal por parte del Director Nacional de Gendarmería de Chile al dictar el acto administrativo que regularizó la situación funcionaria de la recurrente, mediante el que se aceptó su renuncia a prestar funciones en Gendarmería, y en modo alguno ello significa vulnerar las garantías constitucionales aludidas por la peticionaria, razones por las que el recurso debe ser rechazado de plano, con costas.

Evacuó informe la recurrida Contraloría Regional de Magallanes alegando, en primer término, falta de legitimación pasiva, fundado en que según da cuenta el libelo, lo impugnado por la recurrente es exclusivamente la resolución exenta RA Nº 142/120/2022, de 24 de enero 2022, la que fue emitida por Gendarmería de Chile. Por su parte, del petitorio del recurso queda de manifiesto que la recurrente aspira a que se efectúen gestiones administrativas que son de cargo de ese servicio y no de esta Entidad de Control, las que dicen relación con dejar sin efecto la resolución impugnada, reincorporarla en sus funciones y pagarle las remuneraciones desde el momento que se produjo la separación. De este modo, en el supuesto de ser procedente la impugnación de la referida determinación administrativa por la vía del recurso de protección, en ningún caso debería dirigirse en contra de este Órgano Fiscalizador.

Por otra parte, el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, por cuanto lo pretendido es que, por medio de esta acción cautelar se decida sobre la relación laboral entre la recurrente y Gendarmería, en cuanto a que ésta continúe desempeñando funciones en ese organismo, controversia que excede el ámbito del recurso de protección de garantías constitucionales previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, no siendo procedente que tal discusión pueda zanjarse por la presente vía. En consecuencia, la acción cautelar no es la vía procesal idónea para impugnar decisiones administrativas adoptadas con sujeción a una competencia y procedimiento de la Administración del Estado o para resolver cuestiones de lato conocimiento.

En cuanto al fondo propiamente tal, expresa que el retracto de la renuncia que presentó la recurrente carece de eficacia para revertir la dimisión. En este sentido, el artículo 146 del Estatuto Administrativo dispone que el funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales: a) Aceptación de renuncia. A su turno, el artículo 147 previene, en su inciso 1°, que “La renuncia es el acto en virtud del cual el funcionario manifiesta a la autoridad que lo nombró la voluntad de hacer dejación del cargo” y, su inciso 2º añade que “La renuncia deberá presentarse por escrito y no producirá efecto sino desde la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto o resolución que la acepte, a menos que en la renuncia se indicare una fecha determinada y así lo disponga la autoridad”. Por su parte, el artículo 86 de la ley N° 18.834 contempla la regla general en materia de incompatibilidades disponiendo que todos los empleos a que se refiere tal cuerpo normativo son incompatibles entre sí. De este modo, los empleos a que se refiere el Estatuto Administrativo son incompatibles entre sí, cesando por el solo ministerio de la ley –de acuerdo con lo prescrito en el inciso segundo del citado artículo 86– la relación estatutaria anterior por el hecho de asumir una nueva designación, sin necesidad de formalidad, ya que el referido término opera por expreso mandato legal. Al respecto, la disposición indicada contempla una causal de cese de funciones de pleno derecho por aceptación de un cargo incompatible, independiente de las comprendidas en la enumeración que efectúa el citado artículo 146 del mismo cuerpo legal. Luego, el referido Estatuto Administrativo permite a los funcionarios ejercer cargos compatibles, siempre que el horario fijado a los dos cargos no coincida total o parcialmente, puesto que, en tal caso, serían incompatibles por existir imposibilidad física de desempeñarlos. De los artículos citados es posible desprender que, para que la retractación de la renuncia voluntaria produzca sus efectos, ésta deber ser oportuna y el funcionario no debe haber abandonado la institución en el período respectivo (Dictámenes Nos 25.258 de 2012, 29.024 de 2014, 4.592 de 2015, todos de este origen).

Refiere que en relación con el primer requisito, un funcionario puede desistirse oportunamente de su renuncia voluntaria si lo hace con anterioridad a la fecha en que ésta debe producir sus efectos -data que corresponde indicar en el acto que acepta la renuncia-; asimismo, procederá aún después de dictarse el acto administrativo que la acepta, pero sólo hasta antes que se le notifique el total trámite del acto. Al respecto, de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que con fecha 14 de mayo de 2021, la recurrente presentó por escrito su renuncia voluntaria a contar del 16 de mayo de ese año, según consta en la carta de dimisión respectiva; luego, el día 17 de mayo, se desistió verbalmente de su renuncia, pero al hacerlo no se encontraba ejerciendo funciones en Gendarmería. En efecto, el día 17 de mayo de 2021, tras haberse adjudicado en concurso público el cargo de asesora asistente social en la Junta de Jardines Infantiles (JUNJI) Magallanes, concurrió a dicha entidad, incorporándose presencialmente a esa nueva función, en la que firmó el libro de asistencia -al comienzo de la jornada-, y la documentación requerida para el ingreso a la Administración del Estado, a saber, declaración jurada simple para los efectos de lo establecido en los artículos 11, letras a), e) y f) del Estatuto Administrativo; 54, 55 y 56 de la ley N° 18.575, y artículo 10 de la ley N° 19.882, circunstancia que pretende ser ignorada por la recurrente al señalar que ese día seguía conservando la calidad de funcionaria pública de Gendarmería, por habérsele tramitado con posterioridad un día de permiso administrativo para justificar su ausencia durante ese día.

En cuanto al segundo requisito, agrega, tal como se precisó en los oficios Nos E153700 y E164106, ambos de 2021, de este origen, de los antecedentes tenidos a la vista, figuraba que la señora nombre reservado no se encontraba ejerciendo sus labores en Gendarmería al momento de desistirse verbalmente de su renuncia, por tanto, dicha retractación no podía producir sus efectos, puesto que al haber aceptado el cargo al que concursó en la JUNJI, y haber concurrido a dicho servicio a prestar funciones, se produjo por el solo ministerio de la ley, la incompatibilidad de ambos empleos, de modo que Gendarmería de Chile debía proceder a regularizar la situación de doña nombre reservado y aceptar su renuncia desde el 16 de mayo, fecha que por lo demás había sido indicada expresamente por ésta como término de sus funciones.

Por último, la señora nombre reservado indica que habría sido vulnerada su garantía de igualdad ante la ley, sin embargo, la recurrente no ha acreditado la existencia de alguna diferencia arbitraria, cometida por este Órgano de Control, que lesione su derecho de igualdad ante la ley, toda vez que en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, se limitó a interpretar la normativa existente en la materia. Sin perjuicio de lo ello, debe reiterarse que la emisión del oficio por el cual se reclama, se produjo en el contexto del ejercicio de las facultades fiscalizadoras que posee la Contraloría General respecto de los organismos públicos, materializada en este caso, en la atención de una denuncia que solicitaba un pronunciamiento que permita determinar si se ajustaba a derecho o no que la recurrente continuará ejerciendo funciones en Gendarmería. Respecto a la garantía consagrada en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución, la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha puntualizado que no es posible concebir su privación, perturbación o amenaza tratándose de derechos y deberes que vinculan a los servidores públicos con los organismos de la Administración. La función pública proviene de una relación jurídica de naturaleza estatutaria y, en consecuencia, el cargo a través del cual se desempeña no es posible incluir en el campo del derecho privado en el que la propiedad se inserta, y respecto del cual se establece la respectiva garantía constitucional, ni puede enmarcarse dentro de la concepción patrimonial que involucra el dominio, que no otorga al funcionario ninguna forma de propiedad sobre el empleo, el que se mantendrá mientras no opere una causal legal de cesación de funciones, lo que, precisamente ocurrió en la especie.

Atendidos los antecedentes y consideraciones expuestas, teniendo presentes las disposiciones constitucionales y legales mencionadas, así como las atribuciones de Contraloría General, corresponde que se desestime en todas sus partes el recurso deducido.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en los afectados una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a los ofendidos.

SEGUNDO: Que el hecho que motiva el presente recurso se hace consistir en la dictación de la Resolución Exenta RA Nº142/120/2022, de fecha 24 de enero de 2022, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, en que por instrucción del ente contralor se aceptó retroactivamente su renuncia voluntaria, no obstante haber manifestado retractación de la misma previo a que la citada renuncia fuera tramitada y aceptada por la autoridad, y aun cuando se encontraba ejerciendo funciones y prorrogado su designación a contrata para el año 2022.

TERCERO: Que, respecto de la falta de legitimación pasiva reclamada por la Contraloría Regional de Magallanes, se debe tener presente que si bien la Resolución Exenta RA Nº142/120/2022, de fecha 24 de enero de 2022, emana del Director Nacional de Gendarmería de Chile, la misma ha sido dictada por instrucción directa del órgano Contralor, de manera que debe considerarse que éste ha tenido intervención directa en la génesis de la decisión y, por consiguiente, participación en los hechos que motivan el recurso, por lo que la alegación debe ser rechazada.

CUARTO: Que, en cuanto a que la presente acción no sería la vía idónea para conocer de las alegaciones formuladas, también será desestimado, teniendo presente para ello que las instancias administrativas referidas al caso se encuentran agotadas y que el artículo 20 de la Constitución Política de la República establece expresamente que el recurso de protección lo es sin perjuicio de los demás derechos que se pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

QUINTO: Que se debe dejar establecido que es un hecho no discutido la circunstancia que la recurrente presentó su renuncia voluntaria a Gendarmería de Chile el día 14 de mayo de 2021, para hacerse efectiva a contar del 16 de mayo de ese año y que, sin embargo, el día 17 de mayo presentó retractación de la misma ante la autoridad respectiva.

SEXTO: Que, previo a resolver la cuestión sometida a la decisión de esta Corte mediante el presente recurso de protección, se hace necesario entrar a hacer un análisis sobre la legislación vigente en esta materia.

SEPTIMO: Que el artículo 86 de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo dispone que “Todos los empleos a que se refiere el presente Estatuto serán incompatibles entre sí. Lo serán también con todo otro empleo o toda otra función que se preste al Estado, aun cuando los empleados o funcionarios de que se trate se encuentren regidos por normas distintas de las contenidas en este Estatuto. Se incluyen en esta incompatibilidad las funciones o cargos de elección popular.

Sin embargo, puede un empleado ser nombrado para un empleo incompatible, en cuyo caso, si asumiere el nuevo empleo, cesará por el solo ministerio de la ley en el cargo anterior.

Lo dispuesto en los incisos precedentes, será aplicable a los cargos de jornada parcial en los casos que, en conjunto, excedan de cuarenta y cuatro horas semanales”.

Por su parte, el artículo 147, en su inciso primero, dispone que “La renuncia es el acto en virtud del cual el funcionario manifiesta a la autoridad que lo nombró la voluntad de hacer dejación de su cargo”. A su vez, el inciso segundo previene: “La renuncia deberá presentarse por escrito y no producirá efecto sino desde la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto o resolución que la acepte, a menos que en la renuncia se indicare una fecha determinada y así lo disponga la autoridad”.

OCTAVO: Que, entre los documentos acompañados por la recurrida Contraloría Regional de Magallanes, consta el Ordinario N° 0229, de 24 de mayo de 2021, de la Directora Regional (S) de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Región, al Director Regional (S) de Gendarmería, que da cuenta que “…la Sra. nombre reservado participó de concurso público para proveer el cargo de asesora asistente social en JUNJI Magallanes, siendo seleccionada a través de proceso e incorporándose a trabajar de manera presencial el día lunes 17 de mayo, desde las 08:30 horas y hasta las 17:30, firmando libro de asistencia (solo al ingreso) y firmando la documentación requerida para el ingreso a la administración pública. Además de esto se le elaboró un permiso único colectivo, para que pueda trasladarse a la oficina durante la semana y se hizo la solicitud de la creación de su correo electrónico institucional. Durante su jornada laboral, ella participó en reuniones con su equipo de trabajo y se le informó de manera general el trabajo a realizar, además de las condiciones en las que nuestra institución se encuentra trabajando en fase 1. Al final de la jornada, se acerca a la unidad de personal, para informar que ya no se volvería a presentar a trabajar porque siente que no es la persona que la institución busca y que no le otorgamos la flexibilidad que en Gendarmería si tiene, razón por la cual, solicitó se le devuelva su título original y se retiró sin informar a quien fuera su jefatura en el área donde se desempeñaría, ni tampoco informando a la directora regional (s) sobre su decisión”. Se adjunta al efecto Libro de Asistencia de la recurrente.

NOVENO: Que, del mérito de los antecedentes, en especial, los documentos antes referidos, queda en evidencia que si bien la recurrente, doña nombre reservado, presentó retractación de su renuncia voluntaria ante Gendarmería de Chile, con fecha 17 de mayo de 2021 –cuando aún no se encontraba tramitada la misma- lo cierto es que ese mismo día se presentó a la Junta Nacional de Jardines Infantiles a desempeñar las labores para las cuales había sido seleccionada a través de concurso público –como ella misma reconoce en su libelo- configurándose de esta forma la hipótesis de incompatibilidad prevista en el artículo 86 del Estatuto Administrativo, cesando por el solo ministerio de la ley, tal como lo establece la norma, en su cargo anterior.

DECIMO: Que, habiéndose constatado las circunstancias anteriores, por parte de la autoridad administrativa competente, en este caso Contraloría Regional de Magallanes –quien conoció de los mismos a través de requerimiento particular- sólo resultaba procedente que se regularizara la situación de la Sra. nombre reservado en orden a aceptar su renuncia voluntaria, instruyendo al servicio respectivo –Gendarmería de Chile- para que se dicte el acto administrativo correspondiente, conforme a las facultades fiscalizadoras que se le confieren a dicho ente contralor en su Ley Orgánica Constitucional.

De esta forma, no se advierte ilegalidad alguna en la dictación de la resolución impugnada, toda vez que las recurridas procedieron conforme a la normativa vigente y en el ámbito de sus atribuciones.

Por otra parte, de la lectura de la Resolución Exenta RA N°1427120/2022, de 24 de enero de 2022, se observa que se está frente a un acto administrativo debidamente fundado, pues contiene todos los antecedentes de hecho y de derecho que sirven de sustento a la decisión que se reclama, por lo que tampoco se puede concluir arbitrariedad alguna en el actuar de Gendarmería de Chile y Contraloría Regional de Magallanes.

En definitiva, habiéndose descartado la existencia de un acto ilegal o arbitrario de parte de las recurridas, no resulta procedente analizar la vulneración de garantías constitucionales reclamadas por la recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA la acción constitucional deducida por doña nombre reservado en contra de GENDARMERIA DE CHILE y de CONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA.

Dése cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Se deja constancia que no firma el Fiscal Judicial Sr. nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción del Ministro suplente sr. Claudio Jara Inostroza.

Rol Protección Nº69-2022.-