nombre reservado con CORPORACION NACIONAL FORESTAL

Punta Arenas, veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTO:

Comparece don Pablo Bussenius Cornejo, abogado, quien deduce acción constitucional de protección a favor de don nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la CORPORACION NACIONAL FORESTAL -en adelante CONAF-, representada por su Director Regional don Mauricio Vejar Carvajal o quien lo subrogue, con domicilio en domicilio reservado.

Explica que mediante Orden Interna N° 4241/2017, de fecha 21 de noviembre de 2017, el Jefe de Departamento de Finanzas y Administración de CONAF de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, don nombre reservado, solicita al Jefe de Sección Finanzas, don nombre reservado, se proceda a cobrar Póliza de Garantía de contrato de la concesión entregada por CONAF a la Sociedad Hotelera Pehoé Limitada. Con fecha 22 de noviembre de 2017, nombre reservado, funcionaria de CONAF, envía mail a la empresa aseguradora CESCE, consultando los pasos a seguir para efectuar el cobro de la referida Póliza. El día 23 de noviembre vía mail, Joceyn Valenzuela, abogada de la Unidad de Siniestros de la Aseguradora CESCE, responde señalando que la Sociedad Hotelera Pehoé Limitada no está registrada como cliente de la Compañía.

En razón de lo anterior, mediante Orden Interna N° 4286/2017, de 23 de noviembre de 2017, el Jefe de Departamento de Finanzas y Administración de la Región de Magallanes, don nombre reservado, comunica a la Directora Regional Subrogante de CONAF, doña Marcela Riquelme, los antecedentes respecto a las irregularidades de la póliza señaladas por la abogada de la Compañía de Seguros, indicando también que ante lo informado solicitó la verificación de dicho documento a la Unidad de Tesorería, quienes indicaron haber recepcionado una copia del mismo vía correo electrónico y que no cuentan con el documento original, por lo que se solicita se instruya los procedimientos a seguir. Con fecha 24 de noviembre de 2017, Mediante Resolución N° 628, don nombre reservado, en su calidad de Director Regional Subrogante, instruye poner en conocimiento del Ministerio Público, los antecedentes respecto a Póliza de Seguro del concesionario.

Señala que mediante Resolución N° 677, de fecha 07 de diciembre 2017, la Directora Regional, doña María Elisabeth Muñoz González, instruye investigación administrativa a raíz de la Póliza de Seguro del concesionario Sociedad Hotelera Pehoé Limitada, designando en ese acto a don nombre reservado, Jefe de Sección de Evaluación Ambiental, como investigador. Con fecha 07 de diciembre de 2017, el funcionario antes individualizado solicita a la Directora Regional, la postergación del inicio de la investigación administrativa, debido al uso de feriado legal durante los días 11 al 15 de diciembre. Mediante Resolución N° 687, de fecha 08 de diciembre de 2017, dicha Directora Regional, resuelve suspender la tramitación de la investigación administrativa, entre los días 11 y 15, debiendo retomarse el día 16 de diciembre de 2017. Con fecha 19 de diciembre de 2017, a través de Orden Interna N° 4702, el investigador designado, don nombre reservado, solicita a la Directora Regional, su inhabilidad para ejercer designación de investigador. Mediante Resolución N° 718, de fecha 22 de diciembre de 2017, la Directora Regional, acoge la solicitud de inhabilidad planteada y designa a don nombre reservado como investigador a cargo. El 05 de abril de 2018, mediante Memorándum N° 254, el investigador remite informe final, haciendo presente su designación, con fecha 10 de marzo, como Director Regional Interino, por lo que solicita al fiscal de la época resolver, ya que tiene condición de investigador y Director Regional. El 16 del mismo mes y año, el Fiscal de la época, mediante Resolución N° 329, rechaza informe final y solicita nuevas diligencias a investigador, y el 30 de abril, el Investigador mediante Memorándum N° 329, remite informe final complementario. De esta forma, por Resolución N°425/2018 de 18 de mayo de 2018, el Fiscal de CONAF resuelve investigación por irregularidades en pólizas de seguro del concesionario Sociedad Hotelera Pehoé Limitada, respecto de don nombre reservado, quien posteriormente apela, recurso que es fallado por Resolución N°492/2018 de 19 de junio de 2018, del Director Ejecutivo de CONAF, notificada el día 25 de junio de 2018. A su vez, por Resolución N°423/2018 de 18 de mayo de 2018, del Fiscal de CONAF, se resuelve investigación por irregularidades en pólizas de seguro del concesionario Sociedad Hotelera Pehoé Limitada, respecto de don nombre reservado, quien posteriormente apela, recurso que es fallado por Resolución N°49872018 de 20 de junio de 2018, del Director Ejecutivo de CONAF, notificada el día 10 de julio de 2018. Por último, por Resolución N°424/2018 de 18 de mayo de 2018, del Fiscal de CONAF resuelve investigación por irregularidades en pólizas de seguro del concesionario Sociedad Hotelera Pehoé Limitada, respecto de don nombre reservado, quien apela, recurso que es fallado por Resolución N°495/2018 de 20 de junio 2018, del Director Ejecutivo de CONAF, notificada el día 25 de junio de 2018, y materia de impugnación por esta acción de protección.

En todos estos procedimientos, las resoluciones impugnadas condenaron a los recurrentes, con el establecimiento de la sanción de multa, correspondiente a la cuarta parte de su remuneración diaria.

Hace presente que por medio del presente recurso se impugnan los referidos procedimientos investigativos y las resoluciones que los resuelven, en particular: Resolución N°492/2018, de 19 de junio de 2018; Resolución N°498/2018, de 20 de junio de 2018 y Resolución N°495/2018, de 20 de junio 2018, todas del Director Ejecutivo de CONAF que afinan los procedimientos sancionatorios descritos anteriormente. Ello, por cuanto a través de ellos, se han transgredido las garantías del debido proceso y derecho de propiedad, consagradas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En efecto, sostiene, en cuanto a la primera garantía invocada, en el caso en comento no se cumplió en el procedimiento sancionatorio las premisas del debido proceso por lo siguiente:

a) Falta de tipificación Tanto las resoluciones sancionatorias, como aquellas que resolvieron las respectivas apelaciones, establecen como motivación que la conducta de los recurrentes no cumple con el Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad de CONAF en su artículo Nº74 numeral 11 "Cumplir los procedimientos y normas internas que la Corporación han puesto en su conocimiento", Sin embargo, en este razonamiento yerran las resoluciones impugnadas, al hacer aplicación de las normas de un Manual que no es aplicable en la especie, ya que la conducta que describe, que es la supuestamente transgredida o incumplida, se refiere a una situación absolutamente diversa, esto es, no a concesiones, sino a la adquisición de bienes o servicios. Es decir, dicho Manual reglamenta las garantías que son solicitadas por CONAF cuando en virtud de un contrato adquiere bienes o servicios de un tercero. Las Garantías que solicita CONAF, en el caso de concesiones, son para garantizar su fiel cumplimiento o las inversiones, no están referidas a la adquisición de bienes o servicios, como es la materia tratada en el Manual que se pretende aplicar. Es decir, el Manual citado no describe la conducta que se dice infringida por el acto administrativo sancionatorio en el procedimiento investigativo.

Explica que en este sentido cabe hacer hincapié que no existía un procedimiento para el resguardo de Pólizas de Seguro de Garantía de Fiel Cumplimiento de Concesiones, ni menos aún de verificación de la autenticidad de tales documentos. De los antecedentes de los expedientes investigativos, puede observarse que, en este caso, lo habitual era que CONAF, las recepcionara en copia, a través de correo electrónico, y fuera ingresada a una caja fuerte. Lo cierto es que el señalado Manual no indica que el resguardo deba hacerse, en el caso de las pólizas, en original, por lo que el investigador y más tarde el juzgador, no puede inferir que este caso deba tener tal condición. La custodia fue efectuada por los recurrentes en copia, como lo reconoce la investigación, por las razones ya expuestas. Lo más llamativo es que el propio investigador reconoce en su investigación que "no encontró en el procedimiento institucional algo referido a que la custodia de documentos incluya la verificación de la validez de los mismos", y que posteriormente el juzgador invoque como argumento de la sanción, que no se verificaron los documentos, ni se cuestionó su validez, situación que en su concepto claramente dejaría en evidencia -la falta de diligencia- y la infracción a los procedimientos de la Corporación.

b) Falta imparcialidad del instructor y de quien resuelve El Sr. nombre reservado el día 05 de abril de 2018, remitió su informe final de investigación haciendo presente que en virtud de la Resolución N°267/2018, de 10 de marzo de 2018, fue nombrado Director Regional Interino de Magallanes, y en virtud de ello, tendría la calidad de investigador y Director Regional, por lo que solicitó al fiscal de la época resolver las investigaciones, para así no vulnerar la imparcialidad en el procedimiento de investigación interna. Mediante Resolución, el fiscal rechazó dicho informe final, por considerar que existían antecedentes y diligencias pendientes, las cuales eran necesarias para poder resolver de manera imparcial y para el esclarecimiento de los hechos, sin pronunciarse acerca de la inhabilidad planteada. De lo anotado se evidencia que el Sr. nombre reservado se encontraba inhabilitado para llevar a cabo la investigación, porque así lo dispone el artículo 77 Nº2 del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, por ser jefatura directa de quienes pudieran ser responsables, inhabilidad que también fue solicitada por los recurrentes, pero no fue concedida.

Sin perjuicio de lo anterior, el funcionario en cuestión se encontraba también afecto a inhabilidad por haber comunicado al Ministerio Público un hecho ilegal, del cual más tarde se hizo cargo como investigador.

A mayor abundamiento, la imparcialidad del funcionario se ve afectada, ya que conforme al Nº22 del señalado artículo 77, si el investigador o investigadora y/o el o la Fiscal, Dirección Ejecutiva o Dirección Regional, según corresponda, no se pronunciare en los plazos establecidos, como ocurrió en la especie, la investigación interna queda sin efecto, y la Dirección Ejecutiva de CONAF podrá ordenar una investigación interna con el objeto de determinar responsabilidades administrativas. A la par, en los descargos respectivos, se hizo presente el incumplimiento de los plazos establecidos en el procedimiento de investigación, y el investigador y el fiscal, omitieron pronunciarse sobre el particular.

c) Derecho de reclamación afectado por no señalamiento de fundamentación Las resoluciones sancionatorias no cumplieron con un estándar mínimo de la debida fundamentación fáctica, ni tampoco se hicieron de las defensas de los inculpados, tales como: incumplimiento reglamentario de plazos, inhabilidades, responsabilidades o funciones ajenas a los funcionarios, entre otras.

d) No cumplimiento de los plazos del procedimiento. Violación del principio del debido proceso. Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de CONAF, reconoce tal vulneración por incumplimiento de plazos.

El artículo 77 del Reglamento Interno estable que el procedimiento de investigación se desarrollará con los plazos que allí se señalan, particularmente para su instrucción, desarrollo, descargos, informes, etc. Por su parte, el numeral 22, establece: "Si el investigador o investigadora y/o el o la fiscal, Dirección Ejecutiva o Dirección Regional, según corresponda, no se pronunciare en los plazos establecidos, la investigación interna queda sin efecto para aquellos trabajadores y trabajadoras o quienes no se les ha notificado lo resolución, informando de ello por escrito o todos los involucrados en el proceso. Cuando esta situación ocurra, la Dirección Ejecutiva, podrá ordenar una investigación interna con el objeto de determinar responsabilidades administrativas".

Desde el día 07 de diciembre de 2017, donde se instruyó la investigación administrativa, hasta el 05 de abril de 2018, fecha en la que el investigador remitió su informe final, existe un período de 81 días hábiles. A esos 81 días, se debem restar los períodos en que la investigación fue suspendida, que suman un total de 24 días, lo que da como resultado la cantidad de 57 días. De esos 57 días, 35 corresponden al plazo establecido en el Reglamento Interno que considera el plazo original de la investigación de 20 días, más 15 días de ampliación, lo que lleva a concluir que existió un retraso en la investigación de un total de 22 días hábiles.

Por su parte, con fecha 05 de abril de 2018, el Fiscal de la época, recepciona informe final, rechazándolo, dentro del plazo de 10 días establecido en el Reglamento Interno, solicitando nuevas diligencias, respecto de las cuales, el Reglamento, en el numeral 17 del artículo N°77, establece un plazo de 10 días, plazo que es cumplido por el investigador, quien remite su informe final complementario con fecha 30 de abril del presente año. Una vez recepcionado este informe final complementario, en virtud del mismo artículo, el fiscal posee un plazo de 10 días para dictar su resolución, plazo que correspondería al día 15 de mayo de 2018, generándose en los hechos un retraso de tres días hábiles.

De lo señalado se concluye que no se dio cumplimiento a los plazos establecidos, situación que fue reclamada por los recurrentes en su oportunidad y respecto de la cual, tanto el investigador como el fiscal, no se pronunciaron. Situación absolutamente irregular, ya que, en virtud de la normativa vigente, lo que correspondía era haber dejado sin efecto la investigación y facultativamente instruir una investigación interna, la que afectaría eventualmente al investigador-Director.

e) Perfil de cargo y responsabilidades y funciones asociadas a funcionarios sancionados Las resoluciones impugnadas argumentan que la Unidad de Finanzas tiene como obligación revisar los documentos recibidos para su custodia y debe mantenerlo en resguardo, hasta su devolución, ello en consideración del Manual Financiero. Cabe entonces preguntarse si conforme al cargo que poseían los funcionarios sancionados, era parte de sus funciones u obligaciones, el resguardo de garantías y la verificación de su autenticidad. La respuesta es clara: de acuerdo al artículo 16 del Reglamento Interno, se incorpora un registro de cargos de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional y sus características técnicas esenciales, en el anexo 1, donde se describe en la página 81, el perfil del cargo de Jefe de Sección de Finanzas, que ocupa el recurrente don nombre reservado, no se hace referencia a resguardo de documentación; algo similar ocurre con los funcionarios nombre reservado y nombre reservado, quienes ejercen el cargo de Jefe de Departamento de Finanzas y Administración. Ergo, no puede atribuirse responsabilidad haciendo una imputación caprichosa de funciones, cuando la misma entidad acusadora, no ha delimitado el contenido de cada cargo, de una manera algo más específica, que la declaración genérica y abierta que efectúa.

Por último, añade, se ha vulnerado la garantía del derecho de propiedad de los recurrentes, por cuanto la sanción impuesta corresponde a una de las más graves establecidas en la normativa interna de CONAF, siendo previa al término de contrato, según lo señala el artículo 76 del Reglamento Interno. Esta situación afecta gravemente a los funcionarios, quienes en promedio llevan más de 25 años desempeñándose en dicha Corporación.

En razón de lo expuesto, solicita se acoja el recurso y se adopten las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la parte afectada, en particular, declarar como arbitrario e ilegal los procedimientos investigativos y las resoluciones que los resuelven, ordenando se dejen sin efecto tanto dichos actos, como las sanciones que imponen a los recurrentes; o bien lo que se estime que en derecho corresponda.

Evacuó informe la recurrida CORPORACION NACIONAL FORESTAL, representada por la abogada doña Marcela Riquelme Contreras, solicita el rechazo del recurso interpuesto, con expresa condenación en costas.

Hace presente que conforme al Dictamen N°3363 de la Dirección del Trabajo se establece: "La Corporación Nacional Forestal constituye una entidad de derecho privado que se rige por sus estatutos y en lo no contemplado en ellos por el título XXXIII del Libro I del Código Civil y por las disposiciones del Decreto 110, de 1979, del Ministerio de Justicia. El personal que se desempeña para la referida Corporación, en general se rige por las normas del Código del Trabajo y sus leyes complementarias, a excepción de aquel que tiene el carácter de permanente, que en algunas materias, como remuneraciones y jornada de trabajo, se encuentran afectos al Decreto Ley N° 249, de 1973, pero a quienes también se aplican las disposiciones del referido Código, en todo lo no previsto en dicho decreto ley." Por tanto, en materia disciplinaria CONAF debe ajustarse a las normas que al respecto contiene el Código del Trabajo, debiendo confeccionar, en conformidad al artículo 153, un Reglamento nombre reservado, Higiene Y Seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la respectiva empresa o establecimiento. Por consiguiente, no cabe sino concluir que CONAF puede ejercer su potestad disciplinaria y, consecuencialmente, aplicar sanciones a sus trabajadores en conformidad al Reglamento Interno, no encontrándose facultada, por ende, para ejercer dicha potestad a través de la instrucción de sumarios administrativos o investigaciones sumarias. Así las cosas, a CONAF -a diferencia de otros servicios públicos- no le es aplicable el Estatuto Administrativo Ley N°18.334, el que contempla la investigación sumaria y sumario administrativo; confirma ello el Dictamen N°3363/203, de fecha 20 de agosto de 2003, de la Dirección del Trabajo, por el cual señala que la Corporación Nacional Forestal no aplica sumarios sino investigaciones administrativas.

Dicho esto, explica que el contexto por los cuales se instruyó una investigación sumaria es el siguiente: Que CONAF mantuvo con la empresa actualmente denominada "Sociedad Hotelera Pehoé Limitada" un contrato de Concesión en el Parque Nacional Torres del Payne. Así, durante el año 2017, el ahora ex concesionario solicitó al jefe DEFA de la época, don nombre reservado -recurrente-, el otorgamiento de mayores plazos para el pago de los derechos de concesión correspondiente al año 2016, el cual accedió a tal solicitud recibiendo los documentos según detalle de Orden Interna N° 4712/2017; posteriormente durante todo el año 2017, se vuelve a solicitar numerosas prórrogas de plazo para pagar los derechos de concesión, entregando y cambiando cheques, a los que nuevamente el jefe DEFA accedía, comunicándose vía correo electrónico. Debido a los incumplimientos de la ex concesionaria, la Dirección Regional de CONAF comenzó en el mes de noviembre de 2017 a realizar las gestiones para proceder al cobro de la Póliza de Seguro y, del mismo modo el Jefe (S) del Departamento de Finanzas y Administración de CONAF, don nombre reservado, por medio de la Orden Interna N° 4241/2017, instruyó al Jefe de Sección Finanzas don nombre reservado -recurrente- para el cobro de la Póliza de Seguro equivalente al periodo 2017-2018 de la ex concesionaria.

Sostiene que se puede constatar que, en todo este relato de prórrogas de pago, cambios de cheques, pólizas de seguros, que el ex concesionario se dirigía y contactaba directamente al jefe DEFA, don nombre reservado, quien además accedió a estas prórrogas, a pesar de no tener las facultades para ello, toda vez que las eventuales prórrogas en el pago de los contratos sólo puede ser autorizado por el Director Regional de la Corporación, tal como lo establece el Manual de Procedimientos Financieros.

Agrega que es importante considerar que en el curso de la investigación administrativa contra la cual se recurre, el investigador encontró una segunda póliza de garantía del mismo ex concesionario, equivalente al período 2016-2017, la cual igualmente fue consultada a la Compañía Ces ce Chile Aseguradora S.A., quien nuevamente informó que se trataba de una falsificación.

Refiere que en cuanto a la garantía del debido proceso que se invoca como conculcado, cabe recordar que ella se encuentra integrada a su vez por una serie de garantías que son relativas a este mismo derecho, pero que no se confunden unas con otras, sino que cada una de ellas son independientes y resguardan distintas facetas de lo que finalmente se compone el debido proceso. Por tanto, los recurrentes confunden esta situación, al punto de alegar de manera general infracción al Debido Proceso, pero sin entrar a detallar de qué forma se verifica ésta, y en cambio lo que hacen es enunciar el inciso 7° del articulo 19 N° 3° de la Constitución, que contempla lo que se conoce en la doctrina como "Legalidad del Tribunal", el cual no se encuentra protegido por la Constitución, siendo así, los recurrentes lo que hacen es forzar la expresión “debido proceso”.

Afirma que, en relación al proceso investigativo interno, dicho procedimiento se ajustó en todas sus partes a la legislación nacional vigente, atendido a que a todos los trabajadores de CONAF les aplica el Código del Trabajo y no el Estatuto Administrativo, por lo que no procede en esta institución la realización de sumarios administrativos. Para los casos de contravención a lo establecido en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación Nacional Forestal, procede la realización de una investigación interna, como lo dispone el citado reglamento.

En cuanto a la investigación administrativa propiamente tal a) Falta de tipicidad Las resoluciones de la Dirección Ejecutiva de CONAF N° 423/2018, N° 424/2018 y N° 425/2018, por las cuales se aplican las sanciones a los funcionarios recurrentes, señalan expresamente la sanción de multa correspondiente a la cuarta parte de su remuneración diaria, establecida en el artículo 76 letra e) del Reglamento Interno de CONAF, por no dar cumplimiento al procedimiento para resguardo y control de Garantías, establecido en el Manual de Procedimientos Financieros de CONAF, y por infracción al artículo 74, número 11 del Reglamento Interno "Cumplir con los procedimientos y normas que la Corporación haya puesto en su conocimiento". Lo que hacen los recurrentes, no es más que desvirtuar a su favor lo expresado en dichos actos administrativos, puesto que el sentido literal del artículo 77, número 11 del Reglamento es bastante claro, de acuerdo al informe final de investigación administrativa, cumpliéndose al efecto la tipificación. A mayor abundamiento, las resoluciones de la Dirección Ejecutiva de CONAF N° 498/2018; N° 495/2018 Y N° 492/2018, por las cuales se rechazan las apelaciones de los recurrentes y se ratifican las sanciones impuestas, confirman que se ha cumplido con el debido proceso.

Lo que plantean los recurrentes al indicar que "Las Garantías que solicita CONAF, en el caso de concesiones, son para garantizar su fiel cumplimiento o las inversiones, pero no están referidas a la adquisición de bienes o servicios como es la materia tratada en el manual que se pretende aplicar" sólo busca confundir al tribunal, pues es, el mismo documento de Manual de Procedimientos Financieros el que contempla un procedimiento para el resguardo de Pólizas de Seguro de Garantía de Fiel Cumplimiento y de otras similares. El Manual de Procedimientos Financieros de CONAF, es aplicable a todos los trabajadores que son dependientes del Área de Finanzas y Administración -como los recurrentes-, tal como consta en memorándum N° 3444, de 4 de agosto de 2011, del Director Ejecutivo de la Corporación y dirigido a los Directores Regionales y a los Jefes de Departamento de Finanzas y Administración del Parque, entre otros, y orden N° 3396 de 5 de agosto de 2011, de la Jefa del Depto. de Finanzas y Administración de la época a todos los funcionarios de dicho Departamento en la Región. Dicho Manual es aplicable para -todas las garantías- que CONAF necesite resguardar en virtud de un contrato, no es exclusivo para licitaciones públicas.

Los recurrentes intentan demostrar que es habitual en CONAF, que las Pólizas se reciban en copias o fotocopias, situación que claramente es falsa, ya que al ser profesionales con experiencia saben que existen documentos que -sólo- tienen validez si son en originales y por sobre todo cuando se intenta garantizar obligaciones de terceros, ya que no se podrá hacer nunca efectiva una garantía en fotocopia simple o correo electrónico, como ocurrió en este caso. En el asunto particular la Boleta de Garantía fue extendida por dos años, en los que los recurrentes no tuvieron la diligencia mínima para cumplir dicha labor, ya que se permitió que el ex concesionario hiciera llegar estos documentos de manera digital, ocasionando un grave perjuicio patrimonial para el Fisco de Chile, como ocurrió en definitiva al pretender cobrar la póliza correspondiente al periodo 2017-2018, por incumplimiento grave del contrato de concesión.

b) Falta de imparcialidad de instructor y quien resuelve Consigna que designado como investigador primeramente don nombre reservado, manifestó su inhabilidad conforme al Reglamento, por lo que la Dirección Regional debió designar otro investigador que cumpliera con el requisito de jerarquía, en este caso, don nombre reservado.

El nuevo investigador designado no se encontraba inhabilitado, ya que ejerció en todo el transcurso de la investigación interna su labor conforme al Reglamento Interno, y así cuando fue designado en el cargo de Director Subrogante procedió a inhabilitarse y solicitó al Fiscal de la época, resolver el asunto para no ser el mismo quien resolviera, situación que está debidamente acreditada en las resoluciones respectivas. Luego, con fecha 05 de abril de 2018, el investigador remitió su informe final de investigación y atendido al cambio de administración de la CONAF, fue designado como Director interino, razón por la cual el informe final fue enviado al Fiscal Interino de CONAF a objeto de que se resuelva por la Dirección Ejecutiva de esta Corporación. Con este accionar y conforme al Reglamento, el investigador quiso resguardar los derechos de los trabajadores y tal como señala en su Memorándum N°254/2018, de fecha 05 de abril de 2018, no vulnerar la imparcialidad y que ésta sea sometida a la revisión y decisión de la máxima autoridad de CONAF.

Debido a lo anterior, no es efectivo lo expuesto por los recurrentes al señalar que el funcionario investigador nombre reservado estuviera inhabilitado de poder efectuar la investigación siendo Director Regional en calidad de Interino. En ningún numeral del artículo 77 del citado Reglamento se encuentra fundamento alguno que sustancie la inhabilidad que se alude, todo lo contrario, no fue el Sr. nombre reservado quien resolvió la investigación administrativa, ya que ésta fue derivada a la Fiscalía de CONAF para que sea resuelta por ésta, tal como consta en la Resolución N° 423; N° 424 y N° 425, que establecieron las sanciones, y Resolución N° 492; N° 495 y N° 498 de la Dirección Ejecutiva en las cuales se resolvió las apelaciones de los recurrentes.

Los recurrentes aluden en sus descargos que el funcionario investigador "tenía interés en el resultado de la investigación" señalando que el investigador en su calidad de Director Subrogante puso en conocimiento al Ministerio Público de esta ciudad los antecedentes sobre la falsificación de la póliza de garantía presentada por el ex concesionario. No es efectivo "el interés en el resultado de la investigación", puesto que el funcionario investigador derivó los antecedentes y su informe final junto al expediente investigativo para la resolución definitiva dirigido hacia la Fiscalía de CONAF y Dirección Ejecutiva, las dos más altas autoridades de la institución.

c) Derecho de reclamación afectado por no señalamiento de fundamentación Sostiene en este punto que no es efectivo lo que señalan los recurrentes al indicar que "no tuvieron la oportunidad de defenderse de las acusaciones y cargos que le fueron formulados, y, en consecuencia, no existió un procedimiento que permitió a los afectados una adecuada defensa de sus derechos". Lo que hacen los recurrentes es confundir y faltar a la verdad, ya que los trabajadores sancionados tuvieron derecho a defenderse, pero no aportaron nuevos antecedentes sobre los hechos investigados, ni en la primera instancia correspondiente a sus descargos ni posteriormente en las apelaciones presentadas.

Además, el investigador cumplió cabalmente con lo establecido en el artículo 77 número 12 del Reglamento, puesto que es el mismo número 6 de la citada disposición que contempla que la duración de la investigación será de 20 días hábiles, ampliables en 15 días hábiles. Además, el número 2 del artículo 77 señala que en caso de inhabilitarse un funcionario investigador -como ocurre en la especie​- se puede designar a otro trabajador como investigador a cargo. Al efecto, no se puede pretender darle un plazo no completo a otro funcionario que se hace cargo del proceso investigativo, es decir, el plazo referido es la esencia de un justo proceso y, que, por lo tanto un plazo distinto para el trabajador a cargo de la investigación iría en desmedro del mismo y de los sancionados, que es lo que los recurrentes alegan.

Del mismo modo, la sanción aplicada a los recurrentes, en ningún caso es la más grave establecida en el Reglamento, ya que tal como establece el artículo 76 letra d), esto es, el término del contrato de trabajo, sin lugar a dudas, es la sanción más grave que pudiese aplicarse por tal Reglamento.

d) Perfiles de los recurrentes Añade que los funcionarios sancionados tienen más de 20 años de trabajo en la Corporación, laborando en el Departamento de Finanzas y Administración. Se trata, por tanto, de profesionales con experiencia, que deben conocer el Manual y los procedimientos internos de CONAF, por lo que argumentar que no les resulta aplicable, sólo da cuenta de su falta de control, poco conocimiento de la normativa interna y poca prolijidad en el resguardo de los bienes institucionales, desconociendo parte esencial de sus propias funciones.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las Garantías Constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

SEGUNDO: Que el hecho que los recurrentes califican como arbitrario e ilegal lo hacen consistir en los procedimientos investigativos iniciados en su contra y las resoluciones que resuelven los mismos, en particular: Resolución N°492/2018, de 19 de junio de 2018; Resolución N°498/2018, de 20 de junio de 2018 y Resolución N°495/2018, de 20 de junio 2018, todas del Director Ejecutivo de CONAF que afinan los procedimientos sancionatorios antes descritos. A través de ellos, se han transgredido las garantías del debido proceso y derecho de propiedad, consagradas en los numerales 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

TERCERO: En efecto, sostiene, en cuanto a la primera garantía invocada, que en este caso no se cumplió en el procedimiento sancionatorio las premisas del debido proceso por lo siguiente: a)Falta de tipificación; b) Falta imparcialidad del instructor y de quien resuelve; c) Derecho de reclamación afectado por no señalamiento de fundamentación; d) No cumplimiento de los plazos del procedimiento, violación del principio del debido proceso y del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad de CONAF, reconoce tal vulneración por incumplimiento de plazos: e) Perfil de cargo y responsabilidades y funciones asociadas a funcionarios sancionados.

CUARTO: Que para resolver esta primera cuestión planteada se debe tener presente que el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental expresa: “ El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.

QUINTO: Que del tenor de las causales que invoca la parte recurrente - las que sintéticamente se aluden en el capítulo tercero de este fallo- relativas a la trasgresión de las normas del debido proceso, se hace necesario puntualizar que del tenor literal del artículo 20 del Código Político queda claro que esta materia no está sujeta al control de la presente acción constitucional, razón por la que, careciendo este tribunal de competencia para resolver esta materia no se entrará al estudio detallado de las diversas posiciones de las partes.

Cabe hacer presente, además que tanto la falta de tipificación alegada como el Perfil de cargo y responsabilidades y funciones asociadas a funcionarios sancionados, en el caso de no insertarse en infracciones al debido proceso, son cuestiones discutidas por las partes derivando en debates controvertidos que deben solucionarse en un procedimiento de lato conocimiento, en el que las partes respalden sus posiciones con las pruebas de rigor.

SEXTO: Que por último, añade, se ha vulnerado la garantía del derecho de propiedad de los recurrentes, por cuanto la sanción impuesta corresponde a una de las más graves establecidas en la normativa interna de CONAF, siendo previa al término de contrato, según lo señala el artículo 76 del Reglamento Interno. Esta situación afecta gravemente a los funcionarios, quienes en promedio llevan más de 25 años desempeñándose en dicha Corporación.

SÉPTIMO: Que, como ya se dijo, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las Garantías Constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

OCTAVO: Que, de los antecedentes que obran en autos no se avizora ningún acto u omisión ilegal y arbitraria por parte de la recurrida -Corporación Nacional Forestal- en contra de los recurrentes al aplicar, como consecuencia de los procedimientos administrativos incoados en su contra, la sanción de multa, correspondiente a la cuarta parte de su remuneración diaria, al estar contemplada la condena en la normativa legal que regula las irregularidades que castigan – artículo 76 letra e) del Reglamento Interno de CONAF-, sin que al efecto pueda estimarse vulnerado el derecho de propiedad de los recurrentes.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA la acción constitucional deducida por don Pablo Bussenius Cornejo, abogado, a favor de don nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, EN CONTRA DE LA CORPORACION NACIONAL FORESTAL, sin costas.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción del Ministro Sr. Stenger.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Rol Protección Nº 685-2018.-