Protección contra Servicio Local de Educación Pública Magallanes

Punta Arenas, seis de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que con fecha 30 de diciembre de 2025, comparece doña nombre reservado y deduce recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, representado legalmente por don nombre reservado, en razón del acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la omisión atribuida al recurrido en la tramitación del procedimiento administrativo asociado a la Denuncia Ley Karin presentada con fecha 7 de noviembre de 2025, lo que, a su juicio, vulnera las garantías de los numerales 1, 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política.

Señala que ejerce labores desde marzo de 2023 como educadora diferencial especialista en el programa PIE del Liceo Polivalente Sara Braun, con una antigüedad de 24 años en el servicio. Afirma que, producto de hechos de maltrato laboral ocurridos durante 2025, interpuso una denuncia VALS (violencia en el trabajo, acoso laboral y sexual).

Señala que el empleador recibió el 7 de noviembre de 2025, personalmente y por escrito, la denuncia por Ley Karin o denuncia VALS, exponiendo que fue entregada en recepción del SLEP, donde se le timbró una copia, sin embargo, desde entonces no habría existido ningún tipo de respuesta. Señala que concurrió a la Mutual de Seguridad y que allí se le indicó que no existía información enviada por la recurrida para ser atendida, agregando que, según el protocolo VALS, se debía entregar contención psicológica dentro de cinco días de recibida la denuncia y otorgar medidas de resguardo mientras dura el proceso de investigación.

Afirma que, transcurrido un mes sin respuesta, concurrió nuevamente al SLEP y solicitó entrevistarse con el abogado don Pablo Molina Makuc, quien, a su petición, remite un oficio al director del establecimiento para informar medidas de resguardo, precisando que dicho oficio es de 9 de diciembre de 2025 y que, desde esa fecha, no ha tenido ningún movimiento o actividad, sin ejecutarse en la práctica ninguna de las medidas ordenadas ni tampoco obtener contención psicológica.

Sostiene que, hasta la fecha de presentación del recurso, no habría recibido en concreto dichas medidas de resguardo ni contención psicológica temprana, y que habría debido concurrir a médicos del ámbito privado a su costa, encontrándose aun trabajando con las personas denunciadas.

Indica que existiría infracción al principio de celeridad.

Refiere como derechos conculcados la garantía del artículo 19 N°1, 2 y 4 de la de la Constitución Política de la República, señalando afectaciones a su integridad psíquica por diversas situaciones de vulneración de derechos a lo largo de los años; que de manera constante se le ha negado la posibilidad de acceder a una mejor posición laboral y por haberse inmiscuido en su vida privada, orientación sexual y vida amorosa, con acusaciones falsas.

Por lo expuesto pide, que se ordene dar curso al proceso de investigación en el plazo de 30 días, que se entregue contención psicológica por la entidad de seguridad social, que la recurrida informe a la Corte la implementación de medidas de resguardo en el plazo de cinco días, y costas.

Que a folio 5, informa el recurso don Pablo Molina Makuc, abogado, en representación del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, pidiendo que se rechace el recurso.

Señala que la acción sería manifiestamente improcedente por carecer de presupuestos constitucionales, indicando que la recurrente funda el recurso en una supuesta omisión ilegal y arbitraria vinculada a la tramitación de una denuncia al amparo de la Ley 21.643, alegando afectación de garantías del artículo 19 N°1, N°2 y N°4.

Afirma que tales alegaciones carecerían de sustento, pues los hechos se encontrarían siendo conocidos por la vía administrativa, mediante un procedimiento sumarial regularmente instruido y en curso, tornando improcedente el arbitrio.

Señala como hechos no controvertidos que, por Resolución Exenta NUM000, de 4 de diciembre de 2025, se dispuso instruir investigación sumaria y se designó investigador, lo que dio inicio formal al procedimiento disciplinario. Agrega que, en cumplimiento del artículo 136 del Estatuto Administrativo y lineamientos del Manual VALS, el investigador dictó Resolución Fiscal NUM001, de 9 de diciembre de 2025, decretando medidas de resguardo preventivas, consistentes, entre otras, en derivación a Mutual de Seguridad para apoyo psicológico y contención temprana, eximición de asistir a reuniones con las personas denunciadas, canalización de comunicaciones por correo institucional y reubicación funcional dentro del establecimiento.

Afirma que dichas medidas fueron notificadas a la denunciante por correo electrónico de 9 de diciembre de 2025, constando acuse de recibo; que se notificó al director del establecimiento educacional y se ofició a la Subdirección de Desarrollo y Gestión de Personas para ejecución de medidas.

Indica que, por lo mismo, el procedimiento se hallaría en tramitación efectiva, sin paralización ni omisión. Sostiene que la afirmación de la recurrente sobre falta de movimiento desconocería la naturaleza del procedimiento, y agrega que no existiría plazo fatal de término del procedimiento, sin perjuicio del deber de impulso razonable.

Descarta la vulneración de garantías que señala la recurrente y solicita el rechaza el recurso.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que a través del presente recurso se reclama respecto de la omisión que la recurrente atribuye al recurrido en la tramitación del procedimiento administrativo asociado a la Denuncia Ley Karin presentada el 7 de noviembre de 2025, invocando la vulneración de las garantías de los numerales 1, 2 y 4 del artículo 19 de la Constitución Política, solicitando que se ordene dar curso a la investigación en un plazo determinado, que se otorgue contención psicológica por la entidad correspondiente y que se informe a esta Corte la implementación de las medidas de resguardo, con costas.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados por la recurrida, aparece que por Resolución Exenta NUM000, de 4 de diciembre de 2025, se dispuso instruir investigación sumaria con el objeto de verificar la eventual existencia de los hechos denunciados y determinar responsabilidades administrativas.

SEXTO: Que, asimismo, consta que el investigador dictó la Resolución Fiscal NUM001, de 9 de diciembre de 2025, decretando medidas de resguardo de carácter preventivo, disponiendo, entre otras, la derivación de la denunciante a la Mutual de Seguridad para apoyo psicológico y contención temprana, la eximición de asistir a reuniones con participación de denunciados, la canalización de comunicaciones por correo institucional mediada por la dirección o equipo directivo, y la reubicación funcional dentro del establecimiento.

SÉPTIMO: Que, en lo atingente a las medidas de resguardo y su ejecución, consta que el propio órgano recurrido adoptó formalmente tales medidas oficiando el 9 de diciembre de 2025 al nombre reservado y Gestión de Personas para su ejecución, por lo que no queda suficientemente acreditado la efectividad de las alegaciones efectuadas por la recurrente al momento de interponer el recurso.

OCTAVO: Que, en consecuencia, del mérito de lo expuesto en los motivos precedentes no se avizora una actuación ilegal o arbitraria ejecutada por la recurrida que tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales resguardados mediante este recurso de naturaleza cautelar, lo que lleva a rechazar el recurso según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Servicio Local de Educación Pública Magallanes.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referido Auto Acordado.

ROL N°680-2025 PROTECCIÓN.