Protección contra Ilustre Municipalidad de Punta Arenas

Punta Arenas, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés.

VISTO:

nombre reservado, Profesora, domiciliada en domicilio reservado, de Punta Arenas, en calidad de presidenta del directorio comunal de la comuna de Punta Arenas del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, quien deduce por sí y en beneficio de los profesores colegiados, acción de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, representada legalmente por su Alcalde el Sr. nombre reservado, y como presidente del Directorio de la Corporación Municipal, ambos con domicilio en domicilio reservado y, en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, representada legalmente por su Secretaria General doña nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en el pago a los recurrentes de solo el sesenta por ciento de sus remuneraciones.

Indica que el motivo de la presente acción busca obtener un pronunciamiento rápido y efectivo a fin que se pueda ordenar a las recurridas de manera urgente e inmediata de no perseverar en estas conductas absolutamente arbitrarias e ilegales, y detener inmediatamente dichos actos para que no sea una nueva conducta normalizada impune y reiterada de no pagar las remuneraciones a los trabajadores.

Indica que este acto, constituye además una vulneración de la garantía constitucional del derecho de propiedad, por lo que solicita se ordene sin más trámites que las remuneraciones deben ser enteradas en los plazos establecidos en el contrato suscrito entre ambas partes.

Informó la recurrida Corporación Municipal de Punta Arenas a través de su abogada Patricia Jara Rojas, quien solicita el rechazo del recurso con expresa condena en costas, negando la existencia de afectación o vulneración del artículo 19 N° 24 de nuestra Carta Fundamental, encontrándonos en todo caso, en el incumplimiento de una obligación de carácter laboral, y no en la vulneración de la garantía constitucional del derecho de propiedad.

Explica que el 31 de enero de 2023, se informó que no se procedería al pago íntegro de las remuneraciones del personal que se desempeña en el área de educación (docentes y asistentes de la educación) y de la administración central, cuyas remuneraciones dependen directamente de la subvención general que el Ministerio de Educación entrega a la Corporación Municipal de Punta Arenas.

Agrega que, es un hecho públicamente conocido la difícil situación financiera por la que ha atravesado históricamente la educación pública, que afecta a las corporaciones municipales e incluso a las municipalidades que operan directamente a través de los departamentos de educación municipal (DAEM), atendido que el financiamiento de la educación depende en especial de la entrega de la subvención general que el Ministerio de Educación, cuyo monto se determina de acuerdo a la asistencia de los alumnos (artículos 3 y 13 del DFL Nº 2 de 1998, sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales).

Expone que se hicieron las respectivas gestiones por parte de la Secretaria General Sra. nombre reservado, quien solicitó aporte municipal para los meses de enero y febrero de 2023 a través de los Ord. N°024 de fecha 19 de enero de 2023 y Ord. N° 2 de 02 de febrero, aprobándose por el Concejo Municipal como aporte municipal en la suma de $845.397.000.- en una primera gestión, aprobándose en respuesta al segundo oficio la cantidad de $888.302.000.- Agrega que con fecha 31 de enero de 2023, se remitió a los correos personales y casillas electrónicas de los trabajadores, así como de los sindicatos y colegio comunal de profesores, un correo electrónico por del Director de Recursos Humanos don nombre reservado., en el cual se informó del pago del equivalente al 60% de las remuneraciones líquidas. Luego, el 02 de febrero pasado, igualmente se informó del pago de la diferencia del 40% restante. Indicando que se efectuó el pago íntegro de las remuneraciones el día 06 de febrero de 2023.

Finalmente, expone que, atendida la especial naturaleza cautelar y de urgencia del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, que estén debidamente comprobados, y que se esté actualmente produciendo una perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Carta Fundamental asegura a todos los ciudadanos, lo que no sucede en este caso, por cuanto las remuneraciones de los docentes en favor de quienes se ha interpuesto el presente arbitrio de protección, se encuentran íntegramente pagados, de modo que no existe medida alguna que esta Ilustrísima Corte de Apelaciones deba arbitrar para reestablecer el imperio del derecho, solicitando se desestime la acción constitucional formalizada, por haber perdido esta oportunidad.

Informó la recurrida Municipalidad de Punta Arenas, a través del abogado Cristian Patricio Navarro Kamann, quien solicita el rechazo de la presente acción constitucional, oponiendo en primer término la falta de legitimación activa de la recurrente nombre reservado, quien comparece en su calidad de presidenta del directorio comunal de la comuna de Punta Arenas del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, sin individualizar a ninguna de las personas que supuestamente estaría afectadas por el actuar municipal.

Alega como segunda excepción la omisión del libelo por cuanto no señala expresamente en qué consiste el acto arbitrario e ilegal reclamado.

Agrega, conjuntamente con lo expuesto, otro defecto del que adolece el presente recurso, por cuanto en el petitorio se solicita que las remuneraciones sean enteradas en los plazos establecidos en el contrato suscrito entre ambas, sin indicar a quienes se refiere, y las fechas de los mismos, sin considerar, además, que tampoco acompaña los contratos que permitan discutir la fecha que indica.

Finalmente expone que, a la fecha de interposición del presente recurso, las remuneraciones que se alegan, se encontraban ya pagadas.

Encontrándose en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a los recurrentes.

SEGUNDO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente consiste en el no pago íntegro de las remuneraciones de los docentes pertenecientes al Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, pertenecientes a la comuna de Punta Arenas, solicitando que se ordene a la recurrida el pago de las remuneraciones en los plazos establecidos en el contrato suscrito entre ambas partes.

TERCERO: Que, al evacuar informe la recurrida Corporación Municipal insta por el rechazo del recurso señalando –en lo sustancial- que el recurso ha perdido oportunidad por cuanto, se efectuaron las gestiones respectivas y a la fecha las remuneraciones se encuentran íntegramente pagadas.

CUARTO: Que, por su parte, la también recurrida I. Municipalidad de Punta Arenas, opone la excepción de falta de legitimación activa de la recurrente quien lo hace en su calidad de presidenta comunal del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile de la comuna de Punta Arenas; denunciando a continuación, defectos formales del libelo; para concluir indicando que las remuneraciones se encontraban pagadas a la fecha de interposición del recurso.

QUINTO: Que el numeral 2 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales establece: “El recurso se interpondrá por el afectado o por cualquiera otra persona en su nombre, capaz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, por escrito en papel simple o por cualquier medio electrónico…” por lo que se desestimará la alegación de falta de legitimación activa formulada por la recurrida I. Municipalidad de Punta Arenas.

SEXTO: Que, teniendo en consideración el tenor de las alegaciones formuladas por la recurrida I. Municipalidad de Punta Arenas, en cuanto a defectos formales del recurso, es posible observar un hecho denunciado como arbitrario e ilegal, que vulneran -en principio- garantías constitucionales amparadas por el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, habiendo superado la admisibilidad, cumple con los requisitos básicos para su interposición y tramitación, sin perjuicio de lo que pueda resolverse en cuanto al fondo, se desestimará esta alegación.

SÉPTIMO: Que para la acertada resolución de la presente acción constitucional es preciso consignar que las remuneraciones se encuentran definidas por el Código del Trabajo como “la contraprestación en dinero o especies que recibe el trabajador por causa del contrato de trabajo”, constituye un derecho del trabajador por el servicio realizado en virtud de un vínculo de subordinación y dependencia.

Que es un hecho no discutido que los recurrentes y las recurridas se encuentran vinculadas por normas establecidas en el denominado Estatuto Docente.

OCTAVO: Que lo reclamado por la recurrente es el cumplimiento imperfecto en el pago íntegro de las remuneraciones, hecho que, no ha sido controvertido por las recurridas, quienes han manifestado en sus respectivos informes que existió un incumplimiento en el pago íntegro de las remuneraciones de los docentes.

NOVENO: Que, constituyen requisitos para impetrar la subvención escolar: estar al día en los pagos por concepto de remuneraciones y de cotizaciones previsionales respecto de su personal. Así mismo, se debe velar porque el ambiente en que se desenvuelvan los profesionales de la educación, sea tolerante y respetuoso, del mismo modo se deben resguardar la integridad física y psíquica de los trabajadores y dar espacio para que promuevan iniciativas que favorezcan los procesos que involucran a la comunidad escolar, conforme a la Ley General de Educación.

DÉCIMO: Que en el caso de la recurrida, es la Superintendencia de Educación la que tiene facultades fiscalizadoras en cuanto al cumplimiento imperfecto de la obligación de pagar las remuneraciones, para lo cual se deberá formalizar una denuncia a fin de que el establecimiento educacional sea fiscalizado. Sin embargo, la Superintendencia de Educación, no tiene facultades para exigir el pago inmediato de los montos adeudados, para lo cual, los afectados deberán efectuar la denuncia ante la respectiva Inspección del Trabajo o los Tribunales especializados en materia laboral.

UNDÉCIMO: Que conforme a lo razonado precedentemente la presente acción no resulta ser el procedimiento idóneo para resolver el conflicto planteado, desde que la naturaleza de éste corresponde a la de un asunto que no puede ser dilucidado por medio de una acción cautelar de derechos constitucionales, ya que ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

DUODÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo razonado, cabe consignar que conforme a lo expuesto por las recurridas, el incumplimiento en el pago íntegro de las remuneraciones ha resultado íntegramente satisfecho y, no existiendo medidas de resguardo que deban abordarse ante la existencia de un acto arbitrario o ilegal, que cautelen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que por esta vía se tutelan, es que el recurso tampoco podría prosperar.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, lo dispuesto en DFL 1 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº19.070, DFL 2 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado DEL DFL Nº 2 de 1996, artículos 420 y siguientes del Código del Trabajo, se declara:

I.- Que SE RECHAZAN las excepciones opuestas por la recurrida I. Municipalidad de Punta Arenas.

II.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en calidad de presidenta del directorio comunal de la comuna de Punta Arenas del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile en contra de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas y en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°: 68-2023.Protección