nombre reservado con INSTITUTO PROFESIONAL SANTO TOMÁS LIMITADA

Punta Arenas, cinco de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos;

Que comparece ante esta Corte doña nombre reservado, cédula de identidad NºRUT reservado, chilena, soltera, estudiante regular del Instituto Profesional Santo Tomás, con domicilio para estos efectos en domicilio reservado deduciendo un recurso de protección en contra del Instituto Profesional Santo Tomás, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la resolución de fecha 2 de diciembre de 2025 que confirmó una sanción disciplinaria de suspensión académica por un semestre impuesta en su contra vulnerando las garantías fundamentales consagradas en el artículo 19 N.º1, Nº2, Nº3 y Nº10 de la Constitución Política de la República, así como diversas normas legales e internacionales.

Solicita se deje sin efecto dicha resolución sancionatoria por carecer de fundamento legal y haberse dictado con infracción de derechos esenciales, restableciendo el imperio del derecho y asegurando la debida protección que ordena nuestra Carta Fundamental.

Expone que inició sus estudios en la carrera de Servicio Social en el Instituto Profesional Santo Tomás, Sede Punta Arenas, siendo desde ese momento víctima de un hostigamiento sistemático y discriminatorio por parte de varios de sus compañeros de curso, acoso que habría tenido su origen en diversas razones, tales como su condición de alumna foránea (proveniente de Puerto Natales), vinculación familiar con Carabineros de Chile y, su ascendencia indígena mapuche. A lo largo de estos meses, habría sido objeto de burlas y comentarios despectivos, como “la india”, “la Carmela de San Rosendo” y “huasa”, con el fin de ridiculizar su origen y su identidad social y étnica.

Indica haber presentado la primera denuncia formal ante la Directora de Carrera, Sra. nombre reservado, en junio de 2024, el Instituto Santo Tomas no adoptó medidas efectivas para intervenir ni sancionar a los responsables. El acoso y hostigamiento continuaron sin que se tomaran acciones adecuadas hasta diciembre de 2024. Durante ese tiempo, se vio obligada a intentar que la situación se resolviera de manera formal en varias ocasiones, pero la respuesta institucional fue insuficiente. Dicho “bullying” continuó, efectuando entonces una denuncia ante la Superintendencia de Educación Superior en junio de 2025, siendo ella registrada con el número 2025-02734, siendo terminada debido a que dicha institución de educación no presentó la información requerida; también y a raíz de amenazas de que señala haber sido víctima interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía de Punta Arenas contra dos de sus compañeros, nombre reservado y nombre reservado, quienes fueron identificados como los principales agresores. Esta denuncia quedó registrada con el RUC 2500845506-9 e ID 28262020. Sin embargo, el 26 de junio de 2025, la Fiscalía decidió no iniciar la investigación. Refiere también que el continuo hostigamiento ha tenido un impacto en su salud señalando padecimientos y prescripciones farmacológicas derivadas.

Indica que el Instituto Santo Tomás en lugar de investigar adecuadamente el hostigamiento que denunció, adoptó una postura persecutoria hacia su persona, aplicándole una sanción disciplinaria que considera desproporcionada e injustificada.

Al respecto refiere que con fecha 06 de junio de 2025, fue sometida a un procedimiento disciplinario instruido por autoridades del Instituto Profesional Santo Tomás, en virtud del Reglamento de Disciplina de la Comunidad Educativa vigente (aprobado el año 2024) presentándose cargos en su contra y siguiéndosele un sumario interno que culminó con la resolución de fecha 7 de noviembre de 2025 por la cual se le sancionó con suspensión académica por un semestre. Presentó recurso de apelación no obstante la Comisión de Apelación confirmó íntegramente la sanción con fecha 2 de diciembre de 2025, siendo notificada de lo anterior vía correo electrónico el día siguiente, quedando así agotado el proceso disciplinario y la sanción a firme.

Indica que el procedimiento disciplinario adoleció de graves irregularidades que afectaron su derecho a defensa y a un trato igualitario, entre ellas: No se le proporcionó acceso completo al expediente investigativo oportunamente, dificultando la preparación de descargos. La resolución sancionatoria de primera instancia carece de una fundamentación clara y suficiente en cuanto a la proporcionalidad de la sanción aplicada, limitándose a enunciar genéricamente la infracción, sin valorar adecuadamente sus pruebas descargos. Se excluyó una prueba relevante, como las grabaciones de las cámaras de seguridad del establecimiento, que se encontraban ubicadas frente a la sala de clases, el lugar donde supuestamente ocurrieron los incidentes de malos tratos denunciados en su contra. La Comisión de Apelación se limitó a ratificar la sanción sin dar respuesta a varios de los argumentos de su apelación, en un acto meramente formal y con ausencia de motivación circunstanciada. Se le impuso una sanción desmedida si se considera la naturaleza de los hechos imputados y la ausencia de antecedentes disciplinarios previos de su parte, lo que evidencia arbitrariedad. Estas falencias configuran una vulneración al debido proceso consagrado tanto constitucionalmente como en el propio reglamento interno, y revelan un ejercicio arbitrario de la potestad disciplinaria.

Afirma que la suspensión académica por un semestre acarrea un grave e irreparable perjuicio a su derecho a la educación. De ejecutarse, se vería impedida de cursar sus estudios durante el semestre académico 2026, interrumpiendo abruptamente la continuidad de su formación profesional. Dicha medida no solo retrasa su proceso de titulación, sino que además afecta negativamente su historial académico, comprometiendo potenciales beneficios estudiantiles tales como becas, reconocimientos académicos y futuras oportunidades laborales.

Señala que la sanción excede con creces el ámbito estrictamente académico incidiendo de manera directa y profunda en sus expectativas de vida y subsistencia; argumentando ser madre de tres hijos y trabajadora, además de tener que arrendar una vivienda en Punta Arenas, pues ella es originaria de Puerto Natales.

Las garantías constitucionales afectadas por los actos descritos que estima ilegales y arbitrarios, son el derecho a la integridad física y psíquica (artículo 19 Nº1 de la Constitución) pues ha sufrido estrés, ansiedad y angustia continuos los que señala son una consecuencia cierta y tangible de la violencia institucional y actos arbitrarios lo que contraviene la garantía constitucional de no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La igualdad ante la ley (artículo 19 Nº2 de la Constitución) se vio afectado debido a lo que sería un trato desigual y carente de razonabilidad en comparación con otros integrantes de la comunidad educativa, al imponérsele una sanción desproporcionada y sin fundamento suficiente, lo cual implica una discriminación arbitraria. La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos/debido proceso (artículo 19 Nº3 de la Constitución) la que habría sido conculcada durante el proceso sancionatorio, abarcando el derecho a una investigación objetiva e imparcial, a ser notificada claramente de los cargos, a presentar descargos y pruebas en igualdad de condiciones, a que se valoren racionalmente esa prueba, a obtener una decisión fundada y a contar con instancias recursivas efectivas. El derecho a la educación (artículo 19 Nº10 de la Constitución) afirma que al vedársele la continuidad de estudios por un semestre completo se está perturbando gravemente su derecho a recibir educación en igualdad de oportunidades.

Refiere además vulneradas la Ley Nº21,091 sobre educación superior cuyo artículo 1º declara que “la educación superior es un derecho, cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo con sus capacidades...”, y cuyo artículo 2° (de acuerdo a la interpretación jurisprudencial) delimita la potestad disciplinaria de las instituciones a hechos ocurridos dentro del ámbito educacional; Ley Nº19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos, que consagra principios de imparcialidad, objetividad, debida motivación y derecho a defensa en todo procedimiento sancionatorio de la Administración (principios que, por extensión de la garantía de debido proceso, deben inspirar también los procedimientos disciplinarios en entidades educacionales); y Ley N.º 21.369, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior, la cual impone exigencias de debido proceso en las investigaciones y sanciones de las conductas que indica. Esta Ley 21.369 demandó actualizar los reglamentos disciplinarios de las instituciones de educación superior para asegurar el respeto de derechos y la participación equitativa en dichos procesos. También se habría violentado el reglamento de disciplina de la comunidad educativa del Instituto Santo Tomás (2024) que rige contractualmente la relación entre la estudiante y la institución, establece derechos y deberes que no han sido respetados. Como ya se indicó, dicho Reglamento asegura expresamente que “todo investigado tiene derecho a un debido proceso y a que la investigación sea objetiva, a ser oído, presentar pruebas, efectuar alegaciones e interponer los recursos” previstos en el mismo. Asimismo, contempla principios de proporcionalidad en la determinación de sanciones y procedimientos de apelación imparciales. Al haberse desarrollado el proceso en forma contraria a estos mandatos reglamentarios (falta de objetividad e imparcialidad, restricción probatoria en la defensa, desproporción en la sanción), la actuación de la recurrida es ilegal por infringir también su propia normativa interna, la cual tiene rango vinculante para ella por imperativo de la Ley de Educación Superior (que exige a las instituciones dictar y cumplir sus reglamentos en ejercicio de su autonomía. Finalmente señala vulnerados tratados internacionales sobre derechos humanos al afectarse obligaciones internacionales asumidas por Chile en materia de debido proceso e igualdad, aplicables como criterios interpretativos de los derechos antes mencionados (art. 5º inc. 2º de la Constitución). En especial, se cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San nombre reservado Rica), cuyo artículo 8.1 consagra el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable para la determinación de sus derechos de cualquier naturaleza, y cuyo artículo 24 asegura la igualdad ante la ley y protección igual por la ley. Igualmente, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14) protege el derecho a un proceso equitativo ante la determinación de derechos u obligaciones. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 13 el derecho de toda persona a la educación, estableciendo que la enseñanza superior debe hacerse “igualmente accesible a todos, en función de los méritos respectivos”, lo que se vincula con garantizar que ningún estudiante sea privado arbitrariamente de continuar sus estudios. Del mismo modo, la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama en su artículo 26 que el acceso a la educación superior será igual para todos sobre la base del mérito, principio que resulta vulnerado si una sanción desproporcionada e infundada excluye a un estudiante temporalmente del sistema educativo. En suma, el estándar internacional refuerza la exigencia de que las sanciones educacionales respeten el debido proceso, la no discriminación y el objetivo último de la educación como derecho fundamental.

Solicita se acoja el recurso declarándose que el acto de la recurrida consistente en la resolución de la Comisión de Apelación de 02/12/2025, que confirmó la sanción de suspensión por un semestre en su contra, es arbitrario e ilegal y, en consecuencia, se deje sin efecto dicha sanción, restituyéndole plenamente en el ejercicio de sus derechos como estudiante regular del Instituto Profesional Santo Tomás y en virtud de lo anterior, se ordene a la institución recurrida reanudar la participación académica normal de la recurrente, permitiéndole inscribir ramos y continuar sus estudios sin la traba de la suspensión indebida, en las mismas condiciones en que me encontraba antes del acto impugnado, restableciendo el estado de derecho al momento previo a la sanción. Asimismo, que se disponga la eliminación de todo registro interno de dicha sanción, para evitar eventuales efectos adversos en mi trayectoria académica, condenándose en costas a la recurrida.

A Folio 10 comparece Paulina Fuentes Fuentealba, abogado, domiciliada en domicilio reservado, en representación de la recurrida Instituto Profesional Santo Tomás, informando que no han existido actos ilegales o arbitrarios que vulneren las garantías fundamentales de la Srta. nombre reservado, por el contrario, ha sido la recurrente quien ha actuado en abierta infracción a las disposiciones disciplinarias del Instituto Profesional Santo Tomás y es por tal motivo que ha resultado sancionada en proceso de investigación disciplinaria.

Señala que su representada es una institución de educación superior que, en el marco de sus objetivos y principios, brinda servicios educacionales de nivel superior a su gran masa de alumnos, tanto en carreras de pregrado, así como de postgrado. Por lo anterior, resulta fundamental considerar que la Ley N°21.091 sobre Educación Superior, reconoce en el artículo 2° que el Sistema de Educación Superior se inspira, entre otros, en el principio de autonomía, el cual es definido por el mismo legislador cuando señala, a continuación: “entendida ésta como la potestad para determinar y conducir sus fines y proyectos institucionales en la dimensión académica, económica y administrativa, dentro del marco establecido por la Constitución y la Ley. Asimismo, las instituciones de educación superior deben ser independientes de limitaciones a la libertad académica y de cátedra, en el marco de cada proyecto educativo, orientando su ejercicio al cumplimiento de los fines y demás principios de la educación superior, buscando la consecución del bien común y el desarrollo del país y sus regiones.”

Indica que todos y todas las integrantes de la comunidad educativa están llamados a promover y asegurar una sana convivencia y realizar sus actividades de acuerdo con los valores que nos inspiran: la fraternidad y solidaridad, en el marco del respeto mutuo la aceptación y acogida a las diferencias individuales. Quienes forman parte de la Comunidad Académica, deben actuar apegándose siempre a la normativa interna, contenida principalmente y, en lo que nos ocupa, en el Reglamento de Disciplina de la Comunidad Educativa del Instituto Profesional Santo Tomás, aprobado por Decreto N°058/2024 de Rectoría Nacional.

Por medio de Resolución de Rectoría IPST Sede Punta Arenas N°05/2024 de fecha 27 de septiembre de 2024, se ordenó instruir un procedimiento de determinación de responsabilidad en razón de los hechos denunciados por la Srta. nombre reservado, los que se vinculaban a malos tratos y faltas de respecto de las cuales había sido objeto por parte de sus compañeros. Una vez finalizada la investigación disciplinaria, la Fiscal a cargo de la investigación, Sra. nombre reservado, propuso el sobreseimiento definitivo de la investigación, por no ser posible reunir antecedentes que, de manera seria, permitieran formular cargos a uno o más de los involucrados. Posteriormente, por medio de Resolución de Rectoría IPST Sede Punta Arenas N°007-2024 de 13 de noviembre de 2024 se resolvió el Sobreseimiento Definitivo de los hechos, en razón de lo dispuesto en el Artículo 65 letra a) del Reglamento de Convivencia y Responsabilidad Disciplinaria, vigente en tal época. Esta sentencia fue notificada a los intervinientes por medio de correo electrónico de miércoles, 13 de noviembre de 2024 17:42, sin que se presentara recurso alguno destinado a impugnar la misma, por lo cual, por Resolución de Rectoría IPST Sede Punta Arenas N°01-2025 de 06 de febrero de 2025 se dispuso el archivo de los antecedentes.

Sin perjuicio de lo anterior, la institución adoptó medidas destinadas a mejorar la convivencia en el curso, específicamente: a) Reunión de curso general sobre respeto y convivencia (02/10/2024), sin hacer alusión directa al caso, según la propia alumna. b) Facilitación de canal psicológico para la estudiante, con respeto al principio de autodeterminación.

La institución siguió los protocolos disponibles, respetando la privacidad y la autodeterminación de la estudiante.

En consecuencia, constatado que la actuación de la institución se ajustó a la normativa vigente y que se otorgó respuesta efectiva a los hechos oportunamente expuestos por la recurrente, se descarta la existencia de una falta de respuesta efectiva en los términos planteados en la acción de protección.

Sobre los hechos específicos que motivan la acción de protección que nos ocupa, con fecha 06 de junio de 2025 se ordenó instruir una investigación disciplinaria para determinar la existencia de responsabilidades al tenor de la denuncia formulada el día 04 de junio de 2025, por el Sr. nombre reservado, estudiante de la carrera de Servicio Social, del Instituto Profesional Santo Tomás, Sede Punta Arenas, en contra de doña nombre reservado. El día 10 de junio de 2025 se recibieron dos nuevas denuncias, presentadas por Sr. nombre reservado y por la Srta. nombre reservado, ambas en contra de la Srta. nombre reservado. Estos hechos se acumularon al procedimiento ya iniciado, según fue resuelto por Resolución de Rectoría IPST Sede Punta Arenas N°006/2025 de fecha 11 de junio de 2025. Luego, el día 12 de junio de 2025 la Srta. nombre reservado presentó una denuncia en contra de la Srta. nombre reservado. Esta nueva denuncia se acumuló al procedimiento ya iniciado por resolución de Rectoría IPST Sede Punta Arenas N°007/2025 de fecha 18 de junio de 2025. En tal escenario, el actuar del Instituto Profesional Santo Tomás, a través de los distintos órganos e instancias (Fiscal a cargo de la investigación, nombre reservado y Comisión de Apelación) ha velado en todo momento por efectuar una adecuada ponderación entre los hechos denunciados e investigados y los derechos de las personas involucradas en el proceso.

En particular, cabe destacar que, durante la etapa de investigación preliminar, con fecha 16 de junio de 2025, se citó a declarar a la Srta. nombre reservado mediante correo electrónico enviado a la dirección registrada en la base de datos de la institución, indicándose expresamente que la diligencia se llevaría a cabo el día martes 17 de junio de 2025, a las 17:30 horas, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams. Sin embargo, llegada la hora fijada, y siendo las 17:40 horas del mismo día, encontrándose reunidos el Fiscal y la Actuaria, se aguardó la comparecencia de la Srta. nombre reservado, quien no se presentó a prestar declaración ni formuló justificación alguna por su inasistencia, circunstancia que fue debidamente certificada y dejada constancia en el expediente de investigación. Luego de haberse agotado razonablemente todas las instancias para investigar los hechos denunciados en su etapa preliminar, por Resolución Fiscal N°09/2025, de fecha de fecha 03 de septiembre de 2025, se procedió a formular cargos en contra de la Srta. nombre reservado, por las siguientes infracciones: 1° Cargo: Infracción grave, del artículo 12 letra j) del Reglamento, “Infringir los principios generales de la Institución, contenidos en su Misión, Visión o Valores, afectando su imagen o prestigio, sea que se cometa al interior de sus recintos o fuera de ellos (mientras desarrolle actividades en calidad de miembro de la Comunidad Educativa), sin que cause conmoción o notoriedad pública.”, lo que se configura porque de la prueba recabada durante la investigación ha sido posible establecer que la Srta. nombre reservado, el día 04 de junio de 2025, aproximadamente entre las 20:15 y las 20:30 horas en la asignatura de Legislación impartida por la profesora Verónica, la estudiante denunciada increpó al Sr. nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, de manera hostil, instándolo a conversar fuera de la sala. Una vez afuera, lo amenazó con expresiones tales como: “deja de webearme”, “respétame o te voy a dejar la cagá” y “no sabes con quién te estás metiendo”, todas proferidas en tono agresivo. Al regresar a la sala, la estudiante empujó a su compañero para ingresar antes que él, y en voz alta comentó: “Así me gusta, que estén todos en silencio”. La infracción descrita trae aparejada una de las sanciones contempladas en el Artículo 22 del Reglamento de Disciplina. 2° Cargo: Infracción grave, del artículo 12 letra j) del Reglamento, “Infringir los principios generales de la Institución, contenidos en su Misión, Visión o Valores, afectando su imagen o prestigio, sea que se cometa al interior de sus recintos o fuera de ellos (mientras desarrolle actividades en calidad de miembro de la Comunidad Educativa), sin que cause conmoción o notoriedad pública.”, lo que se configura porque de la prueba recabada durante la investigación ha sido posible establecer que la Srta. nombre reservado, el día 9 de junio de 2025, aproximadamente a las 20:00 horas, en la sala 3 de la biblioteca institucional, la estudiante denunciada ingresó sin autorización mientras un grupo de compañeros realizaba un trabajo académico de la asignatura TVL Salud Pública. Una vez dentro, en tono desafiante, exigió que los presentes “hablaran con la verdad” respecto de las denuncias de acoso que ella ha interpuesto, advirtiéndoles que, en caso contrario, “les iba a arruinar la vida y la carrera” y que “sus papeles se iban a manchar”. La estudiante reiteró estas expresiones de manera intimidante, condicionando la conducta de sus compañeros bajo amenaza, lo que generó en ellos sentimientos de hostigamiento y temor. Finalmente, abandonó la sala de manera abrupta, dejando claro que esperaba su apoyo en el conflicto que ella mantiene con otros miembros del curso. La infracción descrita trae aparejada una de las sanciones contempladas en el Artículo 22 del Reglamento de Disciplina. 3° Cargo: Infracción menos grave, del artículo 11 letra a) del Reglamento, “Toda expresión oral u escrita, o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de algún miembro de la Comunidad Educativa o de cualquier persona que desarrolle labores o se encuentre en dependencias de la Institución y/o de terceros, cuando -en este último caso- se afecte la imagen o prestigio de la Institución.” lo que se configura porque de la prueba recabada durante la investigación ha sido posible establecer que la Srta. nombre reservado, el día 5 de junio de 2025, formuló acusaciones infundadas contra su compañera Srta. nombre reservado, atribuyéndole supuestos actos de “bullying” y hostigamiento. Dichas imputaciones carecen de sustento, pues se constató que la relación entre ambas se reduce únicamente a interacciones puntuales y menores, como el episodio en que la denunciada ingresó tardíamente al aula moviendo bruscamente las sillas y solicitó a la denunciante que se corriera, lo que esta última accedió sin confrontación ni expresiones ofensivas. No existe antecedente alguno que acredite la existencia de actos de acoso, hostigamiento o maltrato por parte de la denunciante hacia nombre reservado, quedando en evidencia que la imputación realizada por esta última constituye una acusación injustificada que afecta directamente la honra y buen nombre de su compañera. La infracción descrita trae aparejada una de las sanciones contempladas en el Artículo 21 del Reglamento de Disciplina.

La precitada resolución de formulación de cargos fue notificada a la estudiante por medio de correo electrónico de miércoles 03 de septiembre de 2025 17:01 y se citó a los intervinientes a una audiencia única de descargos y de prueba para el miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 15:00 horas. En la misma resolución se fijaron como puntos de prueba, los siguientes: Primer Punto de Prueba: “Efectividad que la estudiante nombre reservado, el día 4 de junio de 2025, aproximadamente entre las 20:15 y 20:30 horas, en la clase de Legislación impartida por la profesora Verónica, increpó en tono hostil a su compañero denunciante, lo conminó a salir del aula y, ya en el exterior, le profirió expresiones amenazantes del tipo ‘respétame o te voy a dejar la cagá’ y ‘no sabes con quién te estás metiendo’, empujándolo al reingresar a la sala”. En su caso, hechos que configuran la infracción. Segundo Punto de Prueba: “Efectividad que la estudiante nombre reservado, el día 9 de junio de 2025, alrededor de las 20:00 horas, ingresó sin autorización a la sala 3 de la biblioteca institucional mientras un grupo realizaba un trabajo evaluado de TVL Salud Pública, exigiéndoles ‘hablar con la verdad’ respecto de sus denuncias y advirtiendo que, de no hacerlo, ‘mancharía sus papeles’ y ‘les arruinaría la carrera’. En su caso, hechos que configuran la infracción”. Tercer Punto de Prueba: “Efectividad que la estudiante nombre reservado, con fecha 5 de junio de 2025, formuló imputaciones falsas atribuyendo a la denunciante actos de bullying y hostigamientos inexistentes, afectando su honra y buen nombre, constando solo interacciones menores y no conflictivas entre ambas.” En su caso, hechos que configuran la infracción.

La precitada resolución no fue objeto de recursos por parte de los intervinientes.

La estudiante Srta. nombre reservado presentó sus descargos el miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 15:05 horas. Durante el desarrollo de la audiencia, sólo la parte denunciada ofreció medios de prueba, los cuales fueron incorporados en la etapa del procedimiento respectivo.

Respecto de la prueba testimonial de la parte acusada, en el mismo escrito de descargos presentó una lista de testigos, resolviéndose que “Atendido lo dispuesto en el Artículo 70 letra g) del Reglamento de Disciplina y lo indicado en la Resolución de Formulación de cargos, respecto de la lista de testigos que declararán en el proceso, los puntos de prueba respecto de los cuales depondrán y el correo electrónico de contacto y habiendo constatado que la parte de la Srta. nombre reservado no cumplió con lo indicado, se tendrá por no presentada la lista de testigos dentro del plazo fijado y consecuentemente, no se recibirán las declaraciones de sus testigos.” En contra de la precitada resolución se recibió un recurso de reposición presentado con fecha miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 18:49 horas, efectuada a través de correo electrónico por parte del Sr. nombre reservado, Abogado de la Srta. nombre reservado. Por medio de Resolución Fiscal N° 11-2025 de 23 de septiembre de 2025 se resolvió acoger el recurso de reposición y nuevo día y hora para la declaración de los testigos ofrecidos por la parte acusada, para el jueves 02 de octubre de 2025 a las 15:00 horas, declaración que se llevaría a cabo a través de videoconferencia.

El jueves 02 de octubre, a la hora fijada según Resolución Fiscal N°11/2025 de 23 de septiembre de 2025, se hizo el llamado para la audiencia de declaración de testigos ofrecidos por la parte de la Srta. nombre reservado, sin que se conectaran a la audiencia, de lo cual se dejó constancia en el acta de audiencia respectiva. En efecto, según consta en el Registro de Participantes de la reunión, la reunión se inició a las 14:55 horas, y recién a las 15:08 se comenzó con la grabación, luego de transcurrido 8 minutos de espera desde la hora fijada por la resolución. Finalmente, a las 15:15 se dio por finalizada la audiencia.

Por Resolución Rectoría IPST Sede Punta Arenas N°018/2025, de fecha 07 de noviembre de 2025, que contiene la sentencia dictada en el proceso de investigación reseñado, se estableció la responsabilidad de la Srta. nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, estudiante de Servicio Social, Instituto Profesional Santo Tomás, Sede Punta Arenas, al tener por acreditadas una infracción menos grave y dos infracciones graves del Reglamento de Disciplina y, resolviendo aplicar la sanción prevista en el artículo 22 letra b), consistente en la “Suspensión de toda actividad Educativa por un semestre académico”. Esta sentencia fue notificada a los intervinientes por medio de correo electrónico con fecha lunes, 10 de noviembre de 2025.

En los considerandos quinto a décimo de la precitada sentencia se explicó -en base a los medios de prueba- la forma en que se dio por acreditada cada una de las infracciones imputadas a la Srta. nombre reservado, así como también, las atenuantes y agravantes que se configuraron en la especie y la explicación de la forma de determinar la sanción en concreto, en base a las disposiciones del Reglamento de Disciplina.

Lo anterior, toda vez que, de la prueba recabada durante el proceso disciplinario fue posible acreditar un patrón de comportamiento hostil, desafiante e intimidante por parte de la estudiante nombre reservado, tanto en el episodio con el Sr. nombre reservado, como en el incidente de la biblioteca y en la imputación infundada contra la Srta. nombre reservado. La resolución de primera instancia explicita los elementos de la sana crítica empleados (máximas de la experiencia, lógica y conocimiento del contexto) para otorgarles elevado valor probatorio, cumpliendo de este modo con lo prescrito en el artículo 77 del Reglamento de Disciplina.

En contra de la precitada sentencia, la Srta. nombre reservado, presentó un recurso de apelación, dentro del plazo contemplado en el inciso cuarto del artículo 83 del Reglamento y cumpliendo con los requisitos de admisibilidad exigidos. Con fecha 01 de diciembre de 2025, la Comisión de Apelación dicta sentencia, rechazando en todas sus partes el recurso de apelación y consecuentemente, se confirma aplicar la sanción del artículo 22 letra b) del Reglamento de Disciplina, esto es: “Suspensión de toda actividad académica por un semestre académico.”

Por medio de Resolución Rectoría IPST Sede Punta Arenas N°022/2025 de 11 de diciembre de 2025, se ordenó el cumplimiento de la sanción establecida en el Artículo 22 letra b) del Reglamento, esto es “Suspensión de toda actividad académica por un semestre académico”. Indicando que “La sanción será aplicable al primer semestre del año académico 2026”.

De este modo, la investigación disciplinaria descrita ha dado pleno cumplimiento a las exigencias reglamentarias en cada una de sus etapas, aplicando finalmente la sanción considerada pertinente, por las personas facultadas para ello, previa ponderación de las defensas y pruebas acompañadas al expediente en su oportunidad.

Añade que la aplicación de una sanción que, por su entidad, resulta desfavorable al interés de la persona sancionada, bajo ningún respecto permite considerar como vulnerador de garantías constitucionales como las que la recurrente estima que nuestra institución ha infringido.

Luego se extiende respecto de la denuncia ante la Superintendencia de Educación Superior aludida por la recurrente, aclarando que su representada evacuó informe, realizando procedimientos internos que fueron debidamente puestas en conocimiento de dicha entidad que con fecha 7 de octubre de 2025 notificó el cierre del caso señalando: “Sobre el particular, y habiendo analizado la información disponible, esta Superintendencia estima que no existen antecedentes suficientes para perseverar en el caso, por lo que se ha resuelto el cierre del mismo.”

Sobre la observancia del debido proceso en el desarrollo de la investigación disciplinaria en que fuera sancionada la recurrente, se extiende latamente señalando que analizado el expediente, en relación con el cumplimiento del debido proceso y el ejercicio del derecho a defensa de la recurrente, en lo que atañe a lo manifestado en su recurso, se puede desprender que en el proceso disciplinario llevado a cabo se encuentran presentes todos los elementos que deben estar en todo procedimiento sancionador y a su vez contenidos en los respectivos reglamentos: a) Tipificación: Las conductas sancionadas y sus respectivas sanciones se encuentren previamente descritas en el reglamento disciplinario. A la estudiante nombre reservado se le imputaron tres cargos por incurrir en conductas que configuran un concurso de infracciones, una infracción menos grave del artículo 11 letra a) y dos infracciones graves del Reglamento de Disciplina del artículo 12 letra j) del Reglamento de Disciplina. Las sanciones para infracciones menos graves se encuentran determinadas en el artículo 21 mientras que la sanción para las infracciones graves se encuentran establecidas en el artículo 22 del mismo. Adicionalmente, sobre la forma de determinar la sanción en concreto, el Reglamento de Disciplina, en su artículo 25 previene expresamente esta situación de un concurso de infracciones, señalando “En los casos en que el miembro de la Comunidad Educativa cometiera dos o más infracciones, se aplicará la mayor de las sanciones establecidas para la infracción más grave”. b) Instructor: La investigación se llevó a cabo por un instructor imparcial encargado de establecer las faltas que se sancionan. Se designó un Fiscal a cargo de la Investigación, al Sr. nombre reservado en calidad de Fiscal inicial y posteriormente, en su reemplazo a la Srta. Paulina Fuentes Fuentealba. En ningún momento del procedimiento fue cuestionada la imparcialidad del Fiscal o Actuario a cargo del proceso. Así, no fue necesario ejercer el derecho de solicitar la recusación de estos por situaciones que pudieren afectar la garantía de imparcialidad. c) Investigación previa que establezca los hechos y las faltas sancionadas. Con anterioridad a la formulación de cargos, se llevó a cabo una investigación preliminar, en la cual se recabaron, entre otros medios de prueba, declaraciones de 6 personas, 7 documentos tales como formularios de denuncia y conversaciones de WhatsApp. Todos los medios de prueba recabados fueron debidamente individualizados en la resolución de formulación de cargos y en la sentencia impugnada. d) Formulación de cargos en forma precisa y fehaciente. Una vez cerrada la fase de investigación, se continuó con la Fase Acusatoria, regulada en los artículos 70 y siguientes del Reglamento. Con fecha miércoles 03 de septiembre de 2025 17:01, se notificó a la estudiante acusada de la resolución de formulación de cargos en su contra, por medio de correo electrónico. e) Emplazamiento: Poner en conocimiento de los cargos formulados a los involucrados: Con fecha 03 de septiembre de 2025, se notificó a la estudiante involucrada de la resolución de formulación de cargos en su contra, y se citó a los intervinientes a una audiencia única de descargos y de prueba para el miércoles 10 de septiembre de 2025 a las 15:00. f) Bilateralidad de la audiencia: Que el inculpado tenga oportunidad de ser oído, hacer sus descargos, rendir pruebas y poder defenderse de los cargos formulados, lo que en la especie se materializó respecto de la estudiante denunciada, quien, -primeramente- con fecha viernes 5 de septiembre de 2025, a las 22:13 horas, la estudiante acusada solicitó acceso al expediente de investigación, el cual le fue remitido íntegramente el día lunes 8 de septiembre de 2025, a las 10:23 horas, garantizándose de este modo su derecho a conocer oportunamente los antecedentes del procedimiento. Posteriormente, la estudiante acusada evacuó sus descargos por intermedio del correo electrónico de su abogado patrocinante, el miércoles 10 de septiembre de 2025, a las 15:05 horas, ejerciendo plenamente su derecho a defensa. En dicha oportunidad, y en la audiencia respectiva, acompañó prueba documental, consistente en ocho documentos, y solicitó, además, el acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad, diligencia que fue oportunamente requerida al Sr. nombre reservado, Director de Administración y Operaciones de Santo Tomás, Sede Punta Arenas, dando así curso efectivo a sus solicitudes probatorias. Asimismo, en resguardo del principio de contradictoriedad y con el objeto de permitir a la parte acusada rendir toda la prueba que estimara pertinente, se fijó día y hora para la declaración de los testigos ofrecidos por ella, audiencia que fue programada para el jueves 2 de octubre de 2025, a las 15:00 horas, a realizarse mediante videoconferencia, conforme a lo dispuesto en la Resolución Fiscal N°11/2025, de fecha 23 de septiembre de 2025. No obstante lo anterior llegado el día y la hora fijados, y habiéndose efectuado el correspondiente llamado para la audiencia de declaración de los testigos ofrecidos por la Srta. nombre reservado, ninguno de ellos compareció ni se conectó a la plataforma virtual dispuesta para tal efecto, circunstancia que fue debidamente certificada y dejada constancia en el acta de audiencia. Según consta en el registro de participantes, la sesión se inició a las 14:55 horas, la grabación comenzó a las 15:08 horas —tras ocho minutos de espera desde la hora fijada— y, ante la incomparecencia total de los testigos, la audiencia fue cerrada a las 15:15 horas. De este modo, resulta evidente que el procedimiento de investigación se desarrolló con estricto apego a las garantías del debido proceso, otorgándose a la parte acusada acceso oportuno a los antecedentes, posibilidad real y efectiva de formular descargos y de rendir prueba, así como instancias concretas para ejercer el principio de contradictoriedad, sin que la falta de comparecencia de los testigos ofrecidos pueda imputarse a actuación alguna de mi representada.

g) Imparcialidad de quien resuelve: El Artículo 79 del Reglamento dispone que el nombre reservado es el encargado de dictar sentencia, ya sea absolviendo o decretando la sanción que corresponda según el mérito de la investigación, la que podrá ser coincidente, agravada o atenuada respecto de la propuesta del Fiscal, por medio de resolución fundada que contenga la decisión. Ninguna de las alegaciones de la recurrente dice relación con la falta de imparcialidad de quien dictó sentencia en su proceso disciplinario. h) Derecho a reclamo: El Reglamento contempla la posibilidad de deducir recurso de reposición durante la tramitación del proceso y, además, un recurso de apelación en contra de la sentencia dictada por un nombre reservado la que será conocida por una Comisión de Apelación. El ejercicio del derecho a reclamo por parte de la Srta. nombre reservado se materializó a través de la interposición de un recurso de reposición presentado con fecha miércoles, 10 de septiembre de 2025, el cual fue acogido en su oportunidad. Adicionalmente, hizo uso del recurso de apelación, contemplado en el artículo 83 del Reglamento de Disciplina.

De la manera señalada se ha dado pleno cumplimiento a las exigencias reglamentarias en cada una de sus etapas, aplicando finalmente la sanción considerada pertinente por las personas facultadas para ello, previa ponderación de las defensas y pruebas acompañadas al expediente en su oportunidad.

Niega la afectación de las garantías constitucionales señaladas como tales por el recurrente y particularmente señala que no puede considerarse como un acto ilegal y arbitrario el aplicar a un estudiante el Reglamento Disciplinario, puesto que tal normativa es conocida por todos los miembros de la Comunidad Académica y están llamados a respetarla y aplicarla. Al parecer olvida la recurrente que el contrato de prestación de servicios educacionales suscrito entre ambas partes, en su cláusula decimosegunda señala que “El alumno y el apoderado contratante reconocen las facultades de la Institución para impartir normas docentes, académicas y financieras, así como en materia de orden interno, convivencia, higiene seguridad y disciplina, normas que deberán ser respetadas por todos aquellos a quienes estén dirigidas”. El citado artículo tiene sustento en la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, la cual reconoce en el artículo 2° que el Sistema de Educación Superior se inspira, entre otros, en el principio de autonomía.

Esto es fundamental, toda vez que el asunto que nos ocupa no es propiamente una materia de jurisdicción constitucional, como la parte recurrente pretende hacerlo ver. Al contrario, este asunto es más bien una reclamación de interpretación y aplicación del reglamento, parte integrante del contrato. Al ser de conocimiento de las partes, es claro que la normativa disciplinaria del Instituto Profesional Santo Tomás ha sido aceptada y es plenamente conocida por la recurrente.

Así las cosas, la aplicación de medidas disciplinarias queda en este caso dentro del ámbito de lo pactado en virtud del contrato, esto es, dentro del ámbito de la autonomía contractual: por ende, las partes se hacen siervas de lo que acuerden, en virtud del artículo 1545 del Código Civil, y mal podría plantearse la arbitrariedad o ilegalidad de dicha medida.

El razonamiento sostenido por la parte recurrente es abiertamente contrario al tenor del contrato suscrito por las partes, por medio del cual la estudiante sancionada se obligó a respetar el Reglamento Disciplina, y que hoy pretende que no se le aplique.

Y esto no deja de ser peligroso atendida la desmedida pretensión de marras, en donde la recurrente pretende derecho de igualdad, esperando que se le respeten los mismos derechos que los demás alumnos de pregrado, pero olvidando que tal derecho le impone obligaciones que debe cumplir. Seguir la hipótesis planteada por el recurrente nos podría llevar al absurdo que ningún alumno podría ser sancionado por motivos disciplinarios. Es más, siguiendo esta teoría podríamos llegar a la hipótesis de que incluso, por motivos académicos o disciplinarios, no es posible suspender a un estudiante.

Añade con relación al debido proceso supuestamente afectado que lo cuestionado en el recurso entonces, no es el debido proceso, sino que el resultado del proceso, que no fue favorable a la estudiante, lo que no es motivo para estimar que el procedimiento es ilegal o arbitrario, o que no existen congruencia entre los cargos y los hechos por los cuales termina siendo sancionado.

Sobre la garantía del derecho a la educación dice que no es de aquellas tuteladas por la acción de protección, puesto que no está contenida expresamente en el Artículo 20 de la Constitución Política de la República. El derecho a la educación es primeramente el derecho a acceder a los medios de educación, instrucción y formación, es decir, a la enseñanza que se traduce en alcanzar los medios intelectuales que permitan la obtención de las mayores y mejores potencialidades de la persona durante su vida. En este sentido, el derecho a la educación comprende el derecho a recibir formación, el acceso al saber científico y profesional, en definitiva, al conocimiento que se considera necesario para el propio desarrollo de la personalidad. Bajo este entendido, el derecho a la educación consiste en la facultad para acceder a un determinado tipo de educación, implica tener acceso al saber, a las distintas manifestaciones o propuestas educativas surgidas bajo el alero del ejercicio de la libertad de enseñanza. Por ende, el derecho a la educación se materializa en la libertad de aprendizaje de aquellos conocimientos y valores libremente transmitidos por terceros.

Afirma que la recurrida no ha negado el derecho a la educación de la recurrente. No se infringe el derecho a la educación cuando un estudiante es sancionado disciplinariamente. En este sentido, El Instituto Profesional Santo Tomás ha actuado en el marco de la autonomía institucional que le reconoce la Ley N° 21.091 sobre Educación Superior, ejerciendo legítimamente sus potestades administrativas para aplicar las normas contenidas en su Reglamento de Disciplina, lo que excluye cualquier acto de arbitrariedad o discriminación.

Concluye solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

A folio 12 se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente. Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio y tampoco se persigue a través de su interposición establecer la responsabilidad civil, penal o administrativa del órgano frente al cual se recurre.

Segundo: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado en el artículo 19 y amparado conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

Tercero: Que, según se advierte del recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, lo reprochado es la tramitación del procedimiento administrativo que culminó con la dictación de la Resolución Rectoría IPST Sede Punta Arenas N°018/2025, de fecha 07 de noviembre de 2025, que contiene la sentencia dictada en el proceso de investigación individualizado previamente, estableciendo la responsabilidad disciplinaria de la recurrente y sancionándola con la suspensión de toda actividad educativa por un semestre académico y que fuese luego confirmada por la Resolución Nº06-2025 de fecha 02 de diciembre de 2025 que falló recurso de apelación deducido por la actora, rechazándolo.

Cuarto: Que, establecido lo anterior esta Corte estima que la acción de protección no puede prosperar, toda vez que el acto reclamado es el resultado de una investigación llevada a término por la autoridad competente del Instituto Profesional Santo Tomás en el ámbito de sus atribuciones, en el que la investigada ejerció plenamente su derecho a defensa, pudo rendir probanzas, se le formularon cargos precisos, se describieron con claridad los hechos imputados y las normas vulneradas, fue notificada de las actuaciones, de lo cual se infiere que tuvo pleno acceso al expediente, formuló descargos, recurriendo incluso por vía de apelación contra la resolución sancionatoria; por lo que tratándose de un procedimiento debidamente tramitado y fundamentado, no se observan ilegalidades ni arbitrariedades señaladas en el recurso de protección y sostenidas en estrados por el apoderado de la recurrente quien además intervino en su representación en cada etapa de dicho proceso disciplinario, el que se ajustó al Reglamento de Disciplina de la Comunidad Educativa del Instituto Profesional Santo Tomás contenido en el Decreto Nº058/24 de la Rectoría Nacional de dicha institución de educación superior que justamente regula el procedimiento, establece las sanciones aplicables y las reglas propias de su regulación.

Quinto: Que, en cuanto a la sanción aplicada a doña nombre reservado, consistente en la suspensión de toda actividad educativa por un semestre académico, aparece ella como la única aplicable al tener por acreditadas una infracción menos grave y dos infracciones graves, conforme al artículo 22 letra b) y artículo 25 del citado Reglamento. Las disposiciones señaladas ordenan que ante el concurso de infracciones se aplicará la mayor de las sanciones previstas para la infracción más grave.

Sexto: Que, así las cosas y en esta línea no se aprecia la existencia de actos ilegales y arbitrarios por parte de la recurrida, así como tampoco derechos indubitados que resguardar; adicionalmente y conforme con lo razonado en las motivaciones que anteceden no es posible tampoco verificar el sustrato de ninguna de las alegaciones vertidas por la actora en su recurso de protección -ergo- no se aprecia vulneración a las garantías del artículo 19 N.º1, Nº2, Nº3 y Nº10 de la Constitución Política de la República que alega, sin perjuicio que esta última no está amparada por esta acción constitucional conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado en contra del Instituto Profesional Santo Tomás.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Dagoberto Arias Díaz.

Se deja constancia que no firma la Ministra Sra. Caroline Turner González, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con permiso conforme lo dispone el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N°677-2025.Protección.