Protección contra Ilustre Municipalidad de Río Verde

Punta Arenas, veinte de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, funcionario municipal, y deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Río Verde, representada legalmente por su Alcalde doña Tatiana Vásquez Barrientos, en razón del acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en el Decreto Alcaldicio N°NUM000 de 27 de noviembre de 2025, mediante el cual se declaró que su estado de salud es incompatible con el desempeño del cargo y se dispuso la vacancia del mismo, alegando vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 N°2, 9, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que ingresó a prestar servicios a la Ilustre Municipalidad de Río Verde el 05 de noviembre de 2018, desempeñándose actualmente como Auxiliar de Servicios Menores a Contrata, grado 17 E.S.M., con una jornada de 44 horas semanales y una remuneración mensual de $1.301.623, siendo evaluado por más de 7 años, con desempeño laboral satisfactorio.

Indica que el 12 de enero de 2025 sufrió un accidente laboral mientras se encontraba en ejercicio de sus funciones, una torcedura en la rodilla izquierda que derivó en un esguince con rotura meniscal, debiendo ser operado el 07 de abril de 2025.

Afirma que el accidente fue denunciado oportunamente ante el Instituto de Seguridad del Trabajo, organismo que tras diversos exámenes, determinó el 21 de febrero de 2025 que la patología no se encontraba cubierta por el seguro obligatorio, derivándolo al sistema de salud común, lo que no fue apelado por desconocimiento.

Sostiene que como consecuencia del accidente laboral debió hacer uso de licencias médicas durante 170 días, contabilizándose desde el 13 de enero de 2025 al 21 de febrero, es decir, 40 días como accidente en acto de servicio regido por la Ley N°16.744, y desde el 22 de febrero hasta el 26 de agosto,(130 días) producto de la lesión sufrida con ocasión del servicio y posterior operación.

Destaca que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez emitió una resolución el 22 de octubre de 2025, mediante la cual resolvió que presenta un estado de "SALUD RECUPERABLE".

Refiere que una vez finalizado su tratamiento médico y obtenida el alta definitiva, se reincorporó efectivamente a sus funciones el día 27 de agosto de 2025, desempeñándose plenamente durante más de tres meses, cumpliendo su jornada laboral completa, sin ausencias, sin nuevas licencias médicas y sin que se le formulara observación alguna respecto de su capacidad para el ejercicio del cargo.

Sostiene que durante este período de tres meses de trabajo efectivo y continuo quedó demostrado de manera práctica, real y concreta que su estado de salud es compatible con el desempeño de sus funciones.

Afirma que, no obstante, el 27 de noviembre de 2025 se dicta el Decreto Alcaldicio impugnado, que declaró su estado de salud incompatible con el desempeño del cargo, disponiendo la vacancia y el término de la relación estatutaria con la Municipalidad, quedando separado de sus funciones desde esa fecha.

Indica que el decreto se funda en lo dispuesto en los artículos 144 letra c); 147 letra a) y 148 del Ley N°18.883, por haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años.

Sostiene que el mentado Decreto impugnado no contiene fundamentación alguna que explique de qué manera su estado de salud resulta incompatible con el ejercicio de sus funciones específicas, siendo un acto ilegal por violar el artículo 148 inciso segundo de la Ley N°18.883 al computar licencias derivadas de accidente laboral, en particular 40 días y que los posteriores días de reposo derivan de una lesión sufrida con ocasión del servicio, además desconoce el carácter vinculante de la resolución COMPIN que declaró que su salud es recuperable, por lo que no procede aplicar el artículo 148 de la ley N°18.883; alegando asimismo violación al principio de fundamentación de los actos administrativos y produce una contradicción con la realidad fáctica respecto de su reincorporación efectiva a sus funciones.

Refiere que el acto también es arbitrario en atención a que se dictó sin considerar las circunstancias específicas del caso, aplicando una fórmula aritmética y careciendo de racionalidad y proporcionalidad, vulnerando el principio de confianza legítima al permitir su reincorporación durante tres meses.

Alega que el acto vulnera las garantías de igualdad ante la ley, al ser Discriminado por el ejercicio del derecho a la licencia médica, desconociendo su trayectoria laboral de más de 7 años; al derecho a la protección de la salud, por cuanto el acto impugnado en los hechos lo castiga por haber ejercido tal derecho dando cuenta las licencias médicas tienen un origen en una contingencia derivada directamente del cumplimiento de las funciones propias del cargo para el estado. Asimismo, alega vulneración a la libertad de trabajo y el derecho a la libre elección del trabajo y al derecho de propiedad al privarlo del cargo sin una causa justificada perdiendo la estabilidad funcionaria propia a su calidad de contrata con antigüedad y frustrando sus expectativas legítimas de permanencia en el cargo.

Por lo expuesto se solicita que se acoja el recurso y se ordene, entre otros, que se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N°NUM000 de 27 de noviembre de 2025, se ordene a la recurrida su reincorporación inmediata al cargo con el pago íntegro de sus remuneraciones debidamente reajustados y con intereses entre la fecha de separación de funciones hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Acompañó documentos fundantes del recurso.

Informa el recurso Cinthia Legue Uribe, abogada, en representación de la Ilustre Municipalidad de Río Verde, pidiendo que se rechace el recurso en todas sus partes.

Señala que el acto administrativo impugnado fue dictado por la autoridad competente, en ejercicio de una potestad legal expresamente prevista en el ordenamiento jurídico y una vez configurados los presupuestos objetivos exigidos por le Estatuto Administrativo.

Afirma que del propio Decreto Alcaldicio se desprende que la autoridad tuvo a la vista licencias médicas otorgadas durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025, superándose ampliamente el umbral de seis meses dentro del período de dos años exigido por la ley. Agrega que, aun prescindiendo del cómputo de los meses de enero y febrero de 2025, la causa legal se encontraba igualmente configurada.

Destaca que el pronunciamiento de la COMPIN, que declaró la salud del recurrente como recuperable, cumple exclusivamente la función que el legislador le asigna, esto es, descartar la concurrencia de una situación de salud irrecuperable, pero ninguna norma legal le atribuye carácter vinculante para efectos de impedir la declaración de salud incompatible, conforme al artículo 38 de la Ley N°19.880 que establece que los informes son facultativos y no vinculantes salvo disposición expresa en contrario.

Refiere que la autoridad no actuó de manera automática sino que ponderó distintos elementos personales y del servicio antes de ejercer la facultad legal que le asiste, criterio reafirmado por los Dictámenes de Contraloría N°E188441 de 2022 y N°17.351 de 2018.

Sostiene que la autoridad tuvo especialmente en consideración las funciones propias del cargo, descritas en el Reglamento Interno de Organización y en el Manual del Departamento de Servicios Menores, tratándose de labores de carácter operativo, presencial y permanente, como apoyo logístico en terreno, entre otras que menciona las que requieren esfuerzos físicos regulares, disponibilidad continua y un adecuado estado de salud para su correcta ejecución.

Indica que el decreto consigna una revisión detallada del historial de licencias médicas, constatándose que el funcionario hizo uso de reposos reiterados, prolongados y crecientes entre los años 2022 y 2025, acumulando 282 días, permitiendo establecer una afectación real, objetiva y directa en la continuidad del servicio municipal, reflejada en la necesidad de disponer reemplazos.

Arguye la inexistencia de vulneración a las garantías constitucionales que menciona el recurrente, dando cuenta que el acto se ajusta al ordenamiento jurídico y responde al deber de la administración de resguardar la continuidad y eficiencia del servicio público.

Por lo expuesto solicita el rechazo del recurso.

Acompañó documentos fundantes.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que a través del presente recurso se reclama respecto del Decreto Alcaldicio N°NUM000 de fecha 27 de noviembre de 2025, que declaró la vacancia del cargo que servía el actor de Auxiliar, grado 17, a contrata en la Unidad de Operaciones (actual Departamento de Servicios Menores) por salud incompatible de conformidad a lo dispuesto en los artículo 147 letra a) y 148 de la Ley N°18.883, alegando vulneración a las garantías consagradas en el artículo 19 numerales 2, 9, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se deje sin efecto dicho decreto, se ordene la reincorporación inmediata al cargo y el pago íntegro de todas las remuneraciones y beneficios desde la fecha de separación hasta la efectiva reincorporación.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, en primer término, y respecto de la alegación del actor en torno al carácter vinculante del informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, que señala que la salud es “recuperable”, lo que obstaría a declarar su salud incompatible con el cargo por haber hecho uso de licencia médica por más de seis meses en dos años, al tenor de lo dispuesto en el 148 de la Ley N°18.883. Dicha alegación será rechazada, compartiendo los fundamentos sostenidos por la Excma. Corte Suprema en el fallo Rol 33914- 2025 de 17 de diciembre de 2025, en que aborda los efectos de aquel pronunciamiento. En efecto el máximo tribunal resolvió: “Primero: Que, para resolver el asunto controvertido, es preciso recordar que los jefes de servicios, incluidos los alcaldes, tienen la facultad legal de declarar la vacancia de un cargo por “salud irrecuperable o incompatible con su desempeño por un funcionario público”, según disponen los artículos 150 letra a) y 147 letra a) de las Leyes N°18.834 y N°18.883, respectivamente.

Tratándose de la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempeño del cargo, el inciso primero artículo 151 del Estatuto Administrativo dispone: “El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable”, y su inciso tercero, agregado por el artículo 23 de la Ley N°21.050, añade: “El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo”. Idénticas exigencias se establecen en los incisos primero y final del artículo 148 de la Ley N°18.883, que contiene el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales.

Ambos cuerpos legales establecen, para el caso de que la salud del funcionario sea declarada irrecuperable, una regla especial de retiro y otra de pago de remuneraciones: “Si se hubiere declarado irrecuperable la salud de un funcionario, éste deberá retirarse de la Administración dentro del plazo de seis meses, contado desde la fecha en que se le notifique la resolución por la cual se declare su irrecuperabilidad. Si transcurrido este plazo el empleado no se retirare, procederá la declaración de vacancia del cargo.

A contar de la fecha de la notificación y durante el referido plazo de seis meses el funcionario no estará obligado a trabajar y gozará de todas las remuneraciones correspondientes a su empleo, las que serán de cargo del empleador” (artículo 152 Estatuto Administrativo y 149 Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales).

Lo mismo se contempla en los artículos 72 bis y 72 ter de la Ley N°19.070, respecto de los profesionales sujetos al Estatuto Docente.

Segundo: Que, en consecuencia, esos tres cuerpos legales distinguen entre la declaración de vacancia por salud irrecuperable y aquella dispuesta por salud incompatible con el desempeño del cargo, más allá de las diferencias semánticas entre lo irrecuperable (lo que no se puede recuperar) y lo incompatible (lo que no puede estar, funcionar o coexistir sin impedimento de otra cosa).

En efecto, según los textos citados, la declaración de vacancia por salud irrecuperable sólo puede fundamentarse en un antecedente médico que así lo establezca, emitido por las autoridades técnicas establecidas al efecto y que, eventualmente, habilita al funcionario para solicitar su jubilación anticipada por invalidez. Ello permite que, excepcionalmente, una vez notificada la declaración del irrecuperabilidad, se pague al funcionario sus remuneraciones durante seis meses, sin necesidad de presentar licencia médica ni de desempeñar sus funciones, lapso tras el cual se procederá a declarar la vacancia del cargo, salvo retiro o jubilación anticipada.

En cambio, la declaración de vacancia por salud incompatible con el desempaño del cargo no otorga ninguno de esos beneficios pues, como expresan los textos legales citados, ella se dispone “sin mediar declaración de salud irrecuperable” o, lo que es lo mismo, cuando la autoridad técnica establece que su salud es recuperable. Aquí, la incompatibilidad con el desempeño del cargo se traduce en el hecho de que, salvo excepciones legales como el diagnóstico de cáncer y la protección de la maternidad, cualquiera sea la enfermedad que padezca el funcionario y, a pesar de ser recuperable, su condición médica resulta incompatible con el desempeño de la función pública, al no permitirle ejercer su cargo por más de seis meses dentro de un lapso de dos años.

Tercero: Que a lo dicho no se opone la reforma operada por la Ley N°21.050 de 2017, que otorgó el reajuste de remuneraciones, entregó otros beneficios a los empleados públicos y modificó diversos cuerpos legales, entre otros, los artículos 151 del Estatuto Administrativo y 148 del Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales, agregando sus actuales incisos finales; como tampoco aquella que operó respecto del Estatuto Docente por la Ley N°21.093 de 2018, que replicó para esa clase de profesionales lo dispuesto en la normativa general antes citada. Ello por cuanto, en primer término, los legisladores no modificaron el inciso primero de dichos artículos, que establece la facultad de declarar la vacancia del cargo por salud incompatible con su desempeño, “sin mediar declaración de irrecuperabilidad”.

En segundo término, dichas reformas profundizaron en la necesidad de un examen técnico previo que permitiera distinguir, por sus diferentes efectos ya señalados, entre el caso de una salud irrecuperable y el de la recuperable, pero incompatible objetivamente para el desempeño de un cargo público.

En tercer lugar, porque al estudiarse la historia de la Ley N°21.050, nada de lo que allí se expresa hace referencia a la causal de vacancia por salud incompatible con el desempeño en el cargo, motivo que no es mencionado ni una sola vez en la discusión parlamentaria, que se refiere, en cambio, a la necesidad de exigir un informe técnico para declarar la vacancia en el cargo por salud irrecuperable, según se expresa en su Mensaje: “La presente iniciativa legal modifica el Estatuto Administrativo de la ley N°18.834 y el Estatuto Administrativo de los Funcionarios Municipales de la ley N°18.883, estableciendo que los jefes superiores de servicio y los Alcaldes deberán requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo, para poder declarar la vacancia del mismo”.

Cuarto: Que a estas mismas conclusiones ha llegado el Dictamen de la Contraloría General de la República, E°E188441, de 24 de abril de 2022, que ratifica el criterio expuesto en el dictamen N°17.351, de 2018, que concluyó que las modificaciones introducidas por la Ley N°21.050 no derogaron la causal de vacancia en el cargo por salud incompatible, la que puede declararse, en el evento de que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez estime que la salud del funcionario es recuperable, si se configura la causal objetiva de haberse hecho uso de licencia médica por más de seis meses en dos años, al tenor de lo dispuesto en los artículos 151 de la Ley N°18.834 y 148 de la Ley N°18.883.

Quinto: Que esos dictámenes no han sido declarados ilegales o contrarios a la Constitución, por lo que están revestidos de la presunción de legalidad de todo acto administrativo y, además, son obligatorios para los funcionarios públicos en los casos a que se refieren, de conformidad con el inciso final del artículo 9° de la Ley orgánica del ente Contralor”.

SEXTO: Que, asimismo, será desechada la alegación en orden a la ilegalidad del acto, por cuanto se debió excluir el periodo que estuvo el recurrente con licencias médicas por accidente laboral, teniendo presente que el Decreto N°NUM000 de 27 de noviembre de 2025, considera un vasto periodo de licencias médicas de 245 días que corresponden a los años 2024 y 2025, por lo que descontando el periodo de enero y febrero de 2025 en que el actor estuvo sujeto a licencias conforme al estatuto de la Ley N°16.744, en la especie 40 días, aun así se configura la causal de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la alegación de falta de motivación del acto administrativo, también será rechazada, teniendo presente que el Decreto impugnado aparece suficientemente motivado, ya que explica detalladamente como la prolongada ausencia del funcionario generó una afectación real objetiva y directa en la continuidad del servicio municipal, debiendo contratar personal de reemplazo para cubrir las funciones propias del cargo del actor, lo que implicó disponer de recursos adicionales para asegurar la continuidad del servicio y adoptar medidas excepcionales de reorganización operativa, dando cuenta que se tensionó la ejecución presupuestaria, comprometiendo los recursos, se produjo una discontinuidad en la ejecución de tareas críticas, tales como el traslado de materiales, apoyo logístico en terreno y mantenimiento menor, funciones esenciales para el cumplimiento de los objetivos institucionales y atención de las necesidades del servicio, generando un impacto real y sostenido en el servicio municipal.

OCTAVO: Que, finalmente la decisión adoptada por la recurrida no aparece desprovista de razonabilidad teniendo presente que para la dictación del respectivo decreto alcaldicio, se requirió contar previamente con el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez emitido el 22 de octubre de 2025, por lo que el acto aparece extendido dentro de los márgenes propios de las actividad municipal.

NOVENO: Que, en consecuencia, del mérito de lo expuesto en los motivos precedentes no se avizora una actuación ilegal o arbitraria ejecutada por la recurrida que tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales resguardados mediante este recurso de naturaleza cautelar, lo que lleva a rechazar el recurso según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO VERDE.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referido Auto Acordado.

ROL N°674-2025 PROTECCIÓN.