Protección contra Colegio nombre reservado

nombre reservado, dos de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparecen nombre reservado, se ignora profesión, cédula de identidad N°NUM000 y nombre reservado, técnico contable, cédula de identidad N°NUM001, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, nombre reservado, en representación de su hijo de actuales 13 años de edad,nombre reservado, e interponen acción de protección en contra del Colegio nombre reservado, representado legalmente por doña nombre reservado, se ignora cédula de identidad, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, nombre reservado, por el acto ilegal y arbitrario que pasan a exponer.

Exponen que su hijo, nombre reservado, es un adolescente que ha cursado toda su vida escolar en el Colegio nombre reservado y que durante gran parte de ese tiempo se destacó positivamente. Sin embargo, al cursar quinto año básico comenzó a presentar cambios de conducta y retraso en su aprendizaje, que tras el apoyo de especialistas, derivó en los diagnósticos de Trastorno del Aspecto Autista, déficit atencional y Trastorno Oposicionista Desafiante. Agregan que a pesar de informar con total transparencia al Colegio y entregar el formulario único de salud y el informe psicométrico en agosto de 2024 y las evaluaciones específicas ADOS-2 y ADI-R en 2025, el establecimiento omitió de manera sistemática su deber de brindar apoyo, negándose a ingresarlo al Programa de Integración Escolar (PIE), por supuesta falta de recursos materiales o pedagógicos, lo que vulnera la ley 21.545.

Agregan que la gestión del colegio ha sido errática en lugar de integradora y que un plan de acompañamiento emocional y conductual (PAEC) que debió ser una herramienta preventiva, fue gestionado en forma irregular, en forma tardía y administrativa y solo dos horas antes de ser notificados de la cancelación de la matrícula de su hijo.

Ello denota que el plan citado no se usó para apoyar a su hijo, sino para justificar formalmente su expulsión. Agregan que el día 10 de noviembre de 2025 se les entregó la carta de cancelación de matrícula para el año 2026 y que tras presentar una medida de reconsideración el día 12 del mismo mes, la medida fue confirmada por correo electrónico, consolidando un acto que estiman arbitrario e ilegal.

Señalan que el Colegio funda esta medida en un supuesto incumplimiento al reglamento de convivencia escolar, ignorando que las conductas negativas de su hijo son propias de su condición de salud; que ha tenido avances en su autonomía; que las anotaciones negativas que presenta no han sido calificadas como graves o gravísimas, sino que se corresponden con episodios de ansiedad y debilidades en la velocidad de procesamiento y percepción visual y que esas desregulaciones debieron ser abordadas pedagógicamente y no con sanciones disciplinarias.

Así resulta contradictorio que el colegio decida expulsarlo, sin considerar sus múltiples fortalezas, avances, porcentaje perfecto de asistencia, felicitaciones y nivel de responsabilidad demostrado. Al serles notificada la cancelación en una fecha tardía señala que no solo se le discrimina por su neurodiversidad, sino que además queda en una situación de vulnerabilidad, puesto que los procesos de admisión regular están cerrados y se le priva de estabilidad social y académica para su desarrollo integral.

En cuanto al derecho reclaman que el recurso interpuesto dentro de plazo se dirige en contra de la decisión del Colegio nombre reservado, comunicada mediante mail el día 24 de noviembre de 2025, y a través de la cual se comunica el rechazo del recurso de reconsideración interpuesto, confirmando la cancelación de la matrícula de su hijo nombre reservado. Con ello se conculcan las garantías del derecho a la integridad física y psíquica del menor, artículo 19 N°1 de la Constitución Política y solicitan que se declare ilegal y arbitrario el acto referido por infringir las garantías del artículo 19 N°1, 2 y 10 de la carta fundamental y derechos protegidos en la ley 21.545, y se ordene al recurrido proceder a la inmediata renovación de la matrícula y reincorporación del menor para el año escolar 2026, con todos los apoyos y adecuaciones curriculares que su condición de TEA y TDAH requieren, conforme a la normativa vigente.

Acompaña con su recurso diversa documentación.

Informa la recurrida, quien solicita el rechazo de la acción.

Señala como primer punto, en cuanto al Programa de Integración Escolar (PIE) que en agosto de 2024, el menor fue evaluado por una psicóloga del programa a petición de su madre y que el resultado de ella fue que presentaba un diagnóstico de capacidad intelectual de un rango medio bajo, diagnóstico que no le permitía ser considerado para su posible ingreso en dicho programa, ni para ser considerado como necesidad educativa especial de tipo transitoria o permanente de acuerdo a la reglamentación. Señala que en el mes de marzo de 2025, la apoderada entregó un Formulario Único de Valoración de Salud, el que diagnosticó al menor Trastorno de Déficit Atencional, el que sí clasifica como una necesidad educativa especial de tipo transitoria por lo que se le indica apoyo con terapeuta, pero apoyo que no es posible otorgar puesto que el programa PIE se encontraba con sus cupos tomados. Ello sin perjuicio del apoyo al interior del aula dado por diversos profesionales. Cita al efecto la normativa aplicable.

Agrega que en septiembre de 2025, ambos apoderados hacen entrega de dos documentos. Un informe de fonoaudiología que concluye un perfil del menor en condición de espectro autista y otro que indica un diagnóstico clínico del mismo trastorno y requiere ingreso al PIE, con apoyo profesional, evaluación diferencial e ingreso al PRAIS, no siendo posible su incorporación de manera formal a la plataforma PIE toda vez que el proceso de inclusión para el año 2025 estaba concluido. Señala que aun así, se ejecutó un Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual (PAEC) y además se indicó que el alumno podía incorporarse al PIE sí superaba su condicionalidad y siempre que los apoderados presentasen la valoración de salud y demás documentos indicados en el Reglamento de Convivencia Escolar, vale decir, dando cuenta de los diagnósticos, ya que con independencia de los cupos existentes, ese diagnóstico se corresponde con una necesidad educativa especial permanente, sin obstáculos para su ingreso. Cita al efecto el párrafo pertinente del Reglamento Interno del Establecimiento.

Precisa el informe que el Colegio aplicó al estudiante la condicionalidad el 19 de noviembre de 2024, lo que se reseñara más adelante, pero que corresponde a una fecha anterior al conocimiento de diagnóstico alguno de éste.

Remarca que no ha actuado de manera ilegal o arbitraria alguna en relación a la imposibilidad de ingreso del estudiante al PIE.

Respecto de la aplicación de procedimientos disciplinarios señala que durante el año 2023 (quinto básico), el estudiante empieza a presentar cambios de conducta y retraso en su aprendizaje, acentuados por una situación de deceso de su abuela paterna, pero que ello no fue informado al colegio, como tampoco su atención psicológica. Así, al término del año escolar 2023 el estudiante queda con compromiso escolar por 11 anotaciones negativas (no trabajar, rayar cuadernos de compañeros, etc), y los padres firman un compromiso escolar con diversos aspectos a mejorar, tales como evidenciar anotaciones positivas, seguir instrucciones y respetar normativas, entre otros. Señala que el primer semestre del año siguiente (2024) no fue posible levantar el compromiso, por falta de mejoría en los aspectos indicados y que se adopta la decisión de mantener la medida. El 19 de noviembre de 2024, y habida consideración del mismo escenario, se firma nuevamente la condicionalidad. Luego, durante el primer semestre el año 2025 se envía a los apoderados una carta de advertencia de cancelación de matrícula para el año siguiente, en razón de mantenerse los comportamientos conductuales y sin perjuicio de considerarse con igual intención de mejoría, un Plan de Acompañamiento para el segundo semestre.

En el contexto señalado con fecha 10 de noviembre de 2025 se notifica la medida de cancelación de matrícula para el 2026, exponiendo las razones para ello. De esa decisión los apoderados interponen recurso de reconsideración, el que revisado por el Consejo de Profesores con fecha 20 de noviembre y según acta, resuelve mantener la medida. Agrega que ante la solicitud de término del octavo año básico en curso, con fecha 24 del mismo mes se informa a los apoderados la ratificación de la medida impuesta conforme a Reglamento, sobre la base de una seguidilla de faltas al régimen interno del alumno y sin un diagnóstico que validara su situación educativa especial.

El recurrido cita al efecto las medidas sancionatorias y definición que previene el Reglamento Interno (Art. 37), en sus fases de compromiso escolar, condicionalidad y cancelación o no renovación de matrícula y el procedimiento aplicable en esta última fase, dando cuenta de un procedimiento reglado y progresivo en el tiempo y enfatiza que le está vedado a las cortes de apelaciones, vía acciones de protección, el revisar el mérito de la sanción impuesta, puesto que corresponde a una facultad entregada por la ley a los establecimientos escolares, limitándose entonces esa fiscalización a la correcta aplicación de los procedimientos, los cuales deben estar adecuadamente regulados.

Añade entonces que no hay ilegalidad o arbitrariedad en su actuar. Recalca que hubo una seguidilla de faltas al orden interno del colegio por parte del estudiante y se le aplicaron sanciones conforme a la gravedad de ellas. Cita que registró 13, 15 y 18 anotaciones negativas para los años 2023, 2024 y 2025, respectivamente, entre otras de maltrato psicológico a compañeros, falta de trabajo en clases, etc; lo que da cuenta de una aplicación de sanciones conforme a Reglamento y al debido proceso, las que fueron en aumento y remarcando que en su momento a la sanción aplicada, se agregó un plan de acompañamiento del alumno para la corrección de su conducta.

Describe que no puede haber un actuar arbitrario si se impone una sanción tipificada en el Reglamento Interno siguiendo el procedimiento contemplado para ello y que los tribunales no pueden calificar lo anterior de arbitrario.

Distinto sería si el colegio no se hubiese atenido al procedimiento y sanciones que tiene fijado. Indica que ese razonamiento ha sido recogido por diversos fallos de tribunales de alzada que cita, como causa rol 8.047-2024 (Corte de Apelaciones de Santiago); causa rol 507-2024 (Corte de Apelaciones de nombre reservado) y causa rol 7685-2020 (Corte de Apelaciones de Chillán.

Prosigue señalando respecto de la afirmación de la recurrente acerca que el Reglamento Interno sería arbitrario, toda vez que no considera que las conductas del alumno son propias de su condición de salud, que cuando se aplicó el criterio de compromiso y condicionalidad no existían antecedentes que pudieran dar cuenta que efectivamente el menor tenía el diagnóstico que se acompañó en forma tardía, siendo entonces un hecho desconocido. Se remarca en tal sentido, que la medida tomada no se motivó en una neurodivergencia discriminatoria del estudiante, puesto que éste fue sometido a un procedimiento reglado y progresivo en el tiempo, manteniendo éste sus conductas infraccionales al Reglamento Interno y sin superar los compromisos de forma exitosa.

Por último en cuanto a las garantías alegadas como vulneradas, expresa que la integridad física y psíquica del menor, que se vería afectada por un desarraigo de su entorno educativo y social tras ocho años de permanencia en el colegio, no es tal, toda vez que ese desarraigo generado por la cancelación de una matrícula, no obedece a un criterio arbitrario del establecimiento, sino que se funda en la aplicación de un reglamento de convivencia interna; menos se puede estimar una afectación a la integridad psíquica del menor, puesto que esa separación se da en el contexto de años de conductas reñidas con el proyecto educativo y sin perjuicio que siempre se mantuvo un plan de acompañamiento emocional del alumno, significativo de un apoyo para superar sus dificultades de conducta. En cuanto a la presunta vulneración de la garantía de igualdad ante la ley, ella también se rechaza. Se ha explicado el funcionamiento del programa PIE; que la neurodivergencia fue notificada de manera extemporánea para la incorporación a dicho Programa; que sin embargo hubo medidas de acompañamiento en aula; que la sanciones al Reglamento fueron aplicadas conforme a derecho ya que no había diagnóstico en ese momento y ellos solo se documentan en septiembre de 2025, siendo las faltas anteriores a dichos antecedentes. Tampoco existe la perturbación, en consideración a que esta sanción no impide que el menor siga estudiando en otro establecimiento de educación y que se ha informado de ello a la Superintendencia dentro del plazo regulado para que el estudiante pueda ser reubicado para su continuidad escolar.

No existiendo vulneración, se pide el rechazo del recurso.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata por consiguiente, de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, vale decir, que se encuentre en posición y condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que en ese orden de ideas se precisa que el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por la recurrente, se corresponde con la decisión de la recurrida consistente en una comunicación por correo electrónico de fecha 24 de noviembre de 2025 que confirma la medida de cancelación de matrícula para el año escolar 2026 del hijo de los recurrentes nombre reservado.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que examinado el recurso y los antecedentes se puede advertir que a contar del año 2023, el menor nombre reservado presentó una serie de conductas y retrasos en su aprendizaje, que derivó primero en un compromiso escolar de los padres para mejorar diversos aspectos de su conducta (en diciembre de ese año); que se concretó después y dado el fracaso en el cumplimiento de esas exigencias en la mantención de ese compromiso (primer semestre de 2024) y a fines de ese año 2024 en la adopción por el Colegio de la medida progresiva de condicionalidad para el año 2025. Asimismo y en el curso de este último año se advierte a los apoderados del menor de la cancelación de la matrícula y como fruto del mismo escenario de inconducta (18 anotaciones negativas en el año 2025), el colegio adopta la determinación de la cancelación de la matrícula del menor para el año 2026, decisión firme que es la objeto del recurso.

SEXTO: Que conforme a la descripción señalada, se observa una aplicación progresiva de las medidas disciplinarias y del procedimiento sancionatorio fijado por el establecimiento en su regulación interna, hasta arribar a la decisión final y su corolario de recursos.

Desde esta perspectiva no se vislumbra que el establecimiento recurrido, un cuerpo social intermedio dotado de autonomía regulatoria y el cual ha aplicado la reglamentación interna y los procedimientos que se ha dado, obligatorias para toda la comunidad educativa y también su alumnado, haya incurrido en un acto ilegal o arbitrario, toda vez que su decisión se adoptó conforme al marco normativo de fondo y procedimental establecido y sin arbitrariedad, puesto que existió una motivación para adoptar fundadamente la grave medida que recayó sobre el hijo de los recurrentes, no siendo entonces menester analizar las disposiciones constitucionales invocadas en el recurso.

SEPTIMO: Que respecto de los diversos trastornos del menor aducidos por los recurrentes, nombre reservado

Autista, déficit atencional y trastorno oposicionista desafiante y que justificarían la conducta de su hijo, se observa que ellos fueron formulados y comunicados inoportunamente al establecimiento, recién y de manera formal en el mes de marzo de 2025, cuando se adjunta por sus apoderados un Formulario Único de Valoración de Salud que diagnostica al menor con un Trastorno de Déficit Atencional que lo hace destinatario de una necesidad de tipo educativa especial transitoria y, luego en el mes de septiembre del mismo año 2025, cuando se comunica al colegio recurrido, que el menor también padecía de trastorno del aspecto autista de alto funcionamiento, situaciones ambas que detonaron por una parte, su apoyo diferencial y psicológico al interior del aula y la adopción de un Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual (PAEC), pero por otra, limitaron su inclusión en la adscripción al Programa de Integración Escolar (PIE) para ese período 2025, toda vez que dicho programa se encontraba con sus procesos de inclusión cerrados.

Bajo la consideración tardía mencionada, no es dable imputar al colegio recurrido y para efectos de las medidas progresivas de compromiso, condicionalidad y decisión final de cancelación de matrícula adoptada, el alcance de hechos de salud que le fueron cronológicamente desconocidos.

OCTAVO: Que bajo las premisas descritas en los considerandos quinto, sexto y séptimo precedentes, se concluye que el recurso no puede desde esa óptica prosperar.

NOVENO: Que, a mayor abundamiento y tal cual lo ha señalado la Excma. Corte Suprema, la ley N°20.529 en su párrafo 5° ha dispuesto un procedimiento a seguirse ante la Superintendencia de educación por denuncias de esta naturaleza, el que otorga a las partes las máximas garantías a fin de hacer valer sus pretensiones y derechos. En efecto, dicho organismo está encargado de “fiscalizar, de conformidad a la ley, que los sostenedores de establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones que dicte la Superintendencia, en adelante “la normativa educacional”.

Asimismo, fiscalizará la legalidad del uso de los recursos para los sostenedores de los establecimientos subvencionados y que reciban aporte estatal y, respecto de los sostenedores de los establecimientos particulares pagados, fiscalizará la legalidad en caso de denuncia. Además, proporcionará información, en el ámbito de su competencia, a las comunidades educativas y otros usuarios e interesados, y atenderá las denuncias y reclamos de éstos, aplicando las sanciones que en cada caso corresponda (artículo 48 de la ley 20.529). (Rol 6.630-2022, Tercera Sala Excma. Corte Suprema).

Conforme a todo lo anteriormente señalado y con prescindencia de las razones de fondo expuestas, cabe puntualizar que el reclamo debió además canalizarse a través de su vía idónea, vale decir, ante la Superintendencia de Educación y no ante este tribunal de alzada, instancia la primera llamada a resolver la denuncia formulada.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por los recurrentes nombre reservado y nombre reservado, en favor de su hijo menor nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Osvaldo Oyarzun Miranda.

Rol N° 668-2025 PROTECCIÓN.