Protección contra EJÉRCITO DE CHILE

Punta Arenas, cinco de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos:

Que comparece ante esta Corte la abogado FABIOLA ALEJANDRA CAMPUSANO ANDRADE, en representación de nombre reservado, funcionario público, casado, cédula de identidad número, NUM000, con domicilio en domicilio reservado, Región de Magallanes, deduciendo recurso de protección en contra del EJÉRCITO DE CHILE, COMISIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO, en adelante también CSE, por haber incurrido en actos ilegales y arbitrarios consistentes en mantener el rechazo de licencias médicas válidamente extendidas por profesional competente, mediante una resolución que carece de motivación suficiente, infringe los principios del debido proceso administrativo y desconoce los estándares constitucionales exigibles cuando se ejercen potestades técnicas que inciden directa e intensamente en la salud y en derechos patrimoniales del administrado. Lo anterior, fundado en que la recurrida, pese a reconocer que la decisión depende de antecedentes clínicos y técnicos, ha resuelto de manera meramente formal y con fundamentos cambiantes, prescindiendo de diligencias indispensables para instruir adecuadamente el procedimiento y sin entregar una justificación verificable que permita comprender por qué se desestima el reposo indicado por el médico tratante institucional.

El acto actualmente impugnado es la resolución administrativa que rechaza el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por el recurrente en contra de la resolución que desestimó el recurso de reposición administrativa deducido frente al rechazo de sus licencias médicas, dictada por la Comisión de Sanidad del Ejército.

Cabe señalar que hay un error de parte de la recurrida al señalar en la resolución que se pretende impugnar como recurso de reposición, al recurso extraordinario de revisión.

El presente recurso se deduce dentro del plazo fatal previsto en el Auto Acordado, contado desde la notificación efectiva de dicha resolución, practicada con fecha 17 de diciembre de 2025, la cual constituye un acto administrativo autónomo, posterior, terminal y decisorio, distinto de aquellos que fueron objeto de una acción constitucional anterior.

En consecuencia, no existe identidad de objeto ni de acto impugnado, sino que se está en presencia de un nuevo acto ilegal y arbitrario que consolida la afectación de garantías fundamentales, al cerrar la vía administrativa y mantener el rechazo, habilitando plenamente el ejercicio de la tutela constitucional.

Refiere que el recurrente es funcionario del Ejército de Chile y padece una patología originada en acto del servicio, debidamente reconocida, consistente en una lesión osteocondral del talo del tobillo izquierdo, tratada en el Hospital Militar. Dicha condición requiere controles, tratamiento y reposo médico conforme indicación del especialista tratante, con el objeto de evitar agravamiento, recaídas o cronificación del cuadro. En ese contexto clínico, fueron extendidas dos licencias médicas (por períodos consecutivos) que prescriben reposo médico total, las cuales se sustentan en el diagnóstico y en el seguimiento institucional del cuadro por médico competente.

La Comisión de Sanidad del Ejército rechazó ambas licencias mediante Informe de Auditoría N°NUM001, sosteniendo de forma genérica que el reposo médico sería “injustificado para el diagnóstico”. Tal conclusión se emitió sin explicitar qué antecedentes clínicos concretos se analizaron, qué parámetros técnicos se utilizaron, ni cuáles son las razones médicas específicas para apartarse de la indicación del tratante.

El recurrente interpuso recurso de reposición, acompañando antecedentes médicos y solicitando expresamente que, de estimarse insuficientes, se requiriera información complementaria al profesional tratante o se dispusieran diligencias idóneas de corroboración clínica, en atención a la naturaleza técnica del asunto y a la posición de subordinación material del administrado. Sin embargo, dicho recurso fue rechazado sobre la base de un fundamento diverso al original, reprochando ahora supuestas deficiencias formales en la extensión de los certificados médicos (tratamiento, pronóstico o tiempo de recuperación), lo que importa un cambio de fundamento que impide una defensa efectiva y que transforma la revisión en una exigencia ritual.

Frente a ello, se interpuso Recurso Extraordinario de Revisión, el cual fue igualmente rechazado, manteniéndose íntegramente los efectos perjudiciales del acto original, esto es, la negativa de reposo y los perjuicios económicos asociados, además del impacto en la continuidad terapéutica y en la estabilidad psíquica del recurrente.

El acto impugnado es ilegal por infringir normas expresas y principios rectores del procedimiento administrativo consagrados en la Ley N°19.880. En particular, vulnera: (a) el deber de instrucción y de impulso de oficio del procedimiento, (b) el deber de fundamentación o motivación suficiente de los actos administrativos, y (c) el principio de juridicidad y servicialidad de la Administración, que impone actuar con razonabilidad y dentro de las competencias conferidas, esto es: - Infracción del deber de instrucción y exhaustividad:

En un procedimiento técnico-sanitario, la Administración no puede resolver desfavorablemente sobre la base de supuestas “insuficiencias” sin agotar diligencias mínimas orientadas a completar la información necesaria para una decisión fundada.

La propia CSE reconoce que los antecedentes aportados resultarían, a su juicio, insuficientes; sin embargo, omitió requerir aclaraciones al tratante institucional, solicitar informes complementarios, o disponer una evaluación clínica idónea. Ello infringe el estándar mínimo de exhaustividad e instrucción, pues transforma la eventual falta de detalle en una carga sancionatoria para el administrado. - Infracción del deber de motivación: La motivación no se satisface con fórmulas genéricas o con citas reglamentarias desconectadas del caso concreto. Un acto que rechaza licencias médicas debe explicar, al menos: (i) qué antecedentes clínicos específicos se tuvieron a la vista; (ii) por qué se descarta el reposo indicado por el médico tratante; (iii) cuál es el razonamiento médico o técnico que conduce a concluir improcedencia; y (iv) cómo se compatibiliza dicha conclusión con el historial de patología y controles. Al no hacerlo, el acto se vuelve ininteligible y no controlable, lo que constituye ilegalidad por falta de motivación suficiente. - Vicio de legalidad por defecto procedimental esencial:

La denegación sobre la base de carencias formales no advertidas ni subsanables mediante requerimientos de antecedentes importa prescindir de trámites indispensables para una decisión justa. En el marco de la Ley 19.880, las decisiones administrativas deben adoptarse mediante un procedimiento racional, con base en antecedentes completos y con motivación expresa. Al no observarse ello, se infringe la legalidad del acto y se compromete su validez.

El acto recurrido es además arbitrario, por cuanto no responde a una razón objetiva, coherente y verificable, sino a una decisión que varía sus fundamentos a lo largo del iter procedimental y se apoya en formulaciones genéricas que impiden comprender el porqué del rechazo, a saber: - Cambio sustancial de fundamentos (incoherencia decisional): Mientras que en el informe de auditoría original se sostuvo que el reposo médico era “injustificado para el diagnóstico”, en la resolución que rechaza la reposición se introduce un reproche formal distinto, relativo a la supuesta falta de especificación de tratamiento, pronóstico y tiempo de recuperación. Esta mutación de fundamento sin explicación impide que el administrado pueda dirigir su defensa a un motivo estable y conocido, vulnerando el principio de confianza legítima y el derecho a una revisión efectiva. - Decisión ritual y carente de razonabilidad: La arbitrariedad se configura cuando la Administración decide sin un estándar racional, esto es, cuando la decisión no guarda proporcionalidad ni coherencia con los antecedentes disponibles o cuando omite considerar elementos relevantes del caso. Aquí, lejos de ordenar diligencias para aclarar lo requerido, se opta por rechazar, transformando una cuestión clínica (reposo y tratamiento) en un formalismo extremo que no se compadece con la finalidad sanitaria de las licencias médicas. - Desviación de poder: La potestad técnica sanitaria debe ejercerse para verificar la procedencia del reposo conforme a criterios clínicos. Sin embargo, en el caso de autos, la potestad se utiliza para denegar derechos mediante exigencias formales no advertidas previamente, sin evaluar clínicamente la situación del recurrente ni confrontar técnicamente el criterio del médico tratante. Ello constituye desviación de poder, pues el fin perseguido se aparta del objetivo propio de la potestad (control sanitario razonable) y se orienta a negar el beneficio sin motivación real.

La recurrida podría alegar que se trata de una materia técnica no revisable por esta vía. Sin embargo, la presente acción no pretende que esta Ilustrísima Corte sustituya el juicio médico de la autoridad, sino que ejerza el control de legalidad y razonabilidad que, en un Estado de Derecho, resulta exigible incluso respecto de actos dictados en ejercicio de potestades técnicas.

En particular, el control solicitado se centra en aspectos plenamente justiciables, esto es, la existencia de motivación suficiente; coherencia interna de la decisión, respeto al procedimiento racional y justo, observancia del derecho a defensa y del principio de contradictoriedad y proporcionalidad en la forma de resolver. La ausencia de dichos elementos convierte el acto técnico en un acto arbitrario e ilegal, susceptible de corrección por la vía constitucional.

De este modo, la Corte no revisa “si correspondía o no reposo” en términos clínicos, sino, si la Administración explicó razonablemente por qué, con qué antecedentes, y mediante qué procedimiento, llegó a su conclusión, y si permitió al administrado una defensa efectiva. Ese es el núcleo del control constitucional en materias técnicas.

Agrega que el acto impugnado es la resolución administrativa que rechaza el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por el recurrente en contra de la resolución que desestimó el recurso de reposición administrativa deducido frente al rechazo de sus licencias médicas, dictada por la Comisión de Sanidad del Ejército.

Cabe señalar que hay un error de parte de la recurrida al señalar en la resolución que se pretende impugnar como recurso de reposición, al recurso extraordinario de revisión.

Los actos descritos han producido una privación, perturbación y amenaza actual en el ejercicio de las garantías constitucionales que indica infringidas Artículo 19 N°1, derecho a la integridad física y psíquica; N°2, igualdad ante la ley; N°3 inciso quinto, derecho al debido proceso (mínimo administrativo), cuya afectación se vincula causalmente con la ilegalidad y arbitrariedad del acto recurrido; y N°24, derecho de propiedad sobre derechos incorporales de carácter patrimonial explicitando que la denegación de licencias produce un menoscabo patrimonial directo, al afectar remuneraciones, asignaciones y beneficios vinculados al reposo médico, que constituyen derechos incorporales patrimonialmente apreciables.

Solicita acoger el recurso, dejando sin efecto la resolución impugnada y ordenar dictar un nuevo pronunciamiento debidamente fundado, previo requerimiento de antecedentes médicos complementarios al profesional tratante institucional y/o evaluación clínica idónea, asegurando instancia efectiva de contradicción. Disponer las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar debida protección, incluyendo la adopción de providencias urgentes que eviten perjuicios irreparables y condenar en costas, si fuere procedente.

A Folio 15 rola informe del Ejército de Chile, Dirección de Sanidad solicitando el rechazo del recurso de protección por carecer de todo fundamento.

Señala que el acto recurrido es la resolución DSE DEPTO III/ASJUR 8R) NUM002 del Presidente de la Comisión de Sanidad del Ejército, de fecha 27 de junio de 2025, que se funda en el rechazo de las licencias médicas que el órgano técnico pertinente (Comisión de Sanidad del Ejército). Dicha resolución se dicta rechazando un recurso administrativo deducido contra el Informe CSE NºNUM003 de 24 de julio de 2024 que rechazó licencias médicas que corresponden a los reposos que van desde el 29 de marzo de 2024 (licencia médica NºNUM004) al 27 de mayo del mismo año (licencia NºNUM005).

Argumenta que el rechazo a las licencias referidas se fundó en los artículos 229 y 230 del D.F.L. Nº1 de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y en el Reglamento de la Comisión de Sanidad, la Cartilla Feriados, Permisos y Licencias del año 2014, anexo Nº3 y el dictamen SUSESO NºNUM006 (Resolución Exenta IBS) en relación con el Decreto Nº7 del año 2013 del Ministerio de Salud.

Las licencias médicas de reposo total fueron rechazadas por tratarse de un reposo médico injustificado para el tipo de diagnóstico que presenta el paciente, conforme a los antecedentes analizados por el médico auditor.

Añade que no se aportaron en su oportunidad antecedentes médicos que permitan justificar y respaldar el tiempo de reposo médico prolongado, no obstante habérsele señalado al recurrente que junto a sus descargos al Presidente de la Comisión de Sanidad del Ejército debía presentarlos juntamente con su recurso de reposición. Señala que no existe obligación de evaluar presencialmente al paciente, invocando al efecto el Dictamen Nº68.396 de 2012 de la Contraloría General de la República.

Invoca diversos dictámenes del órgano contralor e inclusive fallos de esta Corte de Apelaciones, de la I. Corte de Concepción y de la Exma. Corte Suprema relativos a las atribuciones y competencias privativas de la Comisión de Sanidad del Ejército.

Señala que tanto la resolución exenta como los informes de la Comisión de Sanidad del Ejército son actos que se ajustan a derecho, careciendo de la aptitud necesaria para amenazar las garantías constitucionales del recurrente.

Alega que de la lectura de la acción interpuesta se desprende que el tema planteado es ajeno a la naturaleza cautelar de la acción de protección. En efecto, esta naturaleza importa reconocer un mecanismo breve, de emergencia, expedito, rápido e informal, que solucione de manera prota y eficaz situaciones de hecho o de derecho que requieren de un urgente restablecimiento.

Respecto de las garantías constitucionales supuestamente afectadas dice que el recurrente no desarrolla de que manera se conculca la garantía del artículo 19 Nº1, pese a que el recurso indica expresamente que el rechazo de licencias médicas incide en la continuidad del reposo y tratamiento indicado, pudiendo agravar la lesión, aumentar el dolor, prolongar el tiempo de recuperación y generar angustia y afectación psíquica por incertidumbre económica y laboral.

Sobre la alegada vulneración del artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República que se hace consistir en la ausencia de criterios objetivos explicitados y, al fundarse en apreciaciones genéricas y mutables, abre espacio a un trato dispar respecto de situaciones clínicas comparables, sin justificación razonable en la decisión vulneratoria; la recurrida informa que no se planteó la existencia de un actuar institucional diverso ante funcionarios que se encuentren en la misma situación del actor, negando la existencia de un trato arbitrariamente discriminatorio.

Niega asimismo la infracción a la garantía del debido proceso del artículo 19 Nº3, señalando que en todo momento se ha aplicado un procedimiento reglado por el organismo competente, esto es la Comisión de Sanidad del Ejército, habiendo ejercido recurso de reposición de conformidad al artículo 59 de la Ley Nº19.880 en contra de la resolución del citado informe el que fue analizado, estudiado y resuelto por medio de la resolución RES DES DEPTO III7ASJUR ® NUM002 de 27 de junio de 2025 y RES DEPTO III/ASJUR ® NUM007 de 12 de noviembre de 2025. Finalmente respecto de la garantía del derecho de propiedad del artículo 19 Nº24 de la Carta Fundamental que produciría la denegación de licencias, al afectar remuneraciones, asignaciones y beneficios vinculados al reposo médico, se indica que a la fecha del informe aún no se disponía el reintegro de haberes por parte de la División de Personal del Ejército, de manera que el recurrente no estaría sufriendo algún perjuicio económico, haciendo además presente que no se le están extrayendo del patrimonio sumas de dinero ya percibidas, sino que la institución solicita se enteren dichas sumas por el propio recurrente o que se le descuenten en el futuro fundado en la percepción de remuneraciones pagadas sin justificación provocando un enriquecimiento sin causa, citando al efecto los artículos 61 letra a) y 72 incisos 1 y 2 del Estatuto Administrativo Ley Nº18.834. Sostiene que el descuento de remuneraciones del recurrente tiene como sustento el precitado artículo 72 inciso 2 del cuerpo legal citado por lo que, al no existir causal legal que justifique la ausencia del recurrente durante el periodo no trabajado, correspondería que se ordene el descuento en las remuneraciones futuras de los emolumentos percibidos indebidamente a requerimiento escrito del jefe inmediato y no por requerirlo la recurrida.

Añade que el derecho de propiedad sobre el pago de licencias médicas no existe, puesto que ellos no son parte del patrimonio del recurrente, sino que está supeditado a la aprobación de un ente contralor como es la Comisión de Sanidad del Ejército cuyo informe, por si solo, no tiene aptitud alguna para amenazar, perturbar o restringir el derecho de propiedad del recurrente sobre su empleo público o sus remuneraciones.

Atendido lo expuesto, solicita se declare que no ha existido omisión ni falta de pronunciamiento administrativo de parte de la Comisión de Sanidad del Ejército, atendido a que el acto recurrido emanó de una autoridad competente, legalmente facultada para emitirlo, fundado en antecedentes múltiples, que incluyeron en su oportunidad ejercer su recurso de reposición, todo lo anterior resuelto mediante un juicio técnico amparado en el conocimiento que entrega la medicina y, por tanto, solo susceptible de discusión científica, pero no jurídica, por todo lo cual debe el recurso ser rechazado.

A folio 17 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto que se estima ilegal y arbitrario consiste en la resolución administrativa que rechaza el Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto por el recurrente en contra de la resolución que desestimó el recurso de reposición administrativa deducido frente al rechazo de sus licencias médicas, dictada por la Comisión de Sanidad del Ejército, esto es el Informe de Auditoría N°NUM001 de 24 de julio de 2024, sosteniendo de forma genérica que el reposo médico sería “injustificado para el diagnóstico”. Por su parte la recurrida señala que el acto recurrido es la resolución DSE DEPTO III/ASJUR 8R) NUM002 del Presidente de la Comisión de Sanidad del Ejército, de fecha 27 de junio de 2025, que se funda en el rechazo de las licencias médicas por el órgano técnico pertinente (Comisión de Sanidad del Ejército) y cita entre sus fundamentos el informe que la recurrente señala como acto recurrido. Dicha resolución se dicta rechazando un recurso administrativo deducido contra el Informe CSE Nº NUM003 de 24 de julio de 2024 que rechazó licencias médicas que corresponden a los reposos que van desde el 29 de marzo de 2024 (licencia médica NºNUM004) al 27 de mayo del mismo año (licencia NºNUM005).

CUARTO: Que, a su turno la recurrida, insta por el rechazo de la acción, en virtud de los argumentos referidos en la parte expositiva de esta sentencia.

QUINTO: Que, resulta evidente que el acto impugnado forma parte de un procedimiento administrativo complejo que a su vez y llegado a su término debiese dar lugar a otra serie de actos administrativos. Analizados los antecedentes y las alegaciones de las partes, a la luz del derecho que les resulta aplicable, particularmente lo dispuesto en los artículos 229 y 230 del D.F.L. Nº1 de 1997 Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, Decreto Supremo Nº7 de 26 de febrero de 2013 del Ministerio de Salud y Dictamen NUM006 (Resolución Exenta IBS) de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y lo preceptuado en la Ley Nº 18.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado; no es posible apreciar en la especie que estemos ante un derecho indubitado vulnerado por una actuación ilegal y arbitraria susceptible de ser protegido en esta sede a favor del recurrente. En ese sentido el Informe de Auditoría N°NUM001 de 24 de julio de 2024 sirvió de antecedente a la dictación de la resolución DSE DEPTO III/ASJUR 8R) NUM002 de 27 de junio de 2025, la que se pronuncia respecto de un recurso administrativo, no produciendo ninguna de ellas el efecto de violentar garantías constitucionales que le atribuye el recurrente, toda vez que ellos solo guardan relación con la aprobación o rechazo de las licencias médicas con reposo total que le fueran cursadas, no siendo actos terminales.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento y sobre el reposo total para patologías crónicas, el Dictamen NUM006 (Resolución Exenta IBS) de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), citada en su informe por la recurrida, señala que existen trabajadores afectados de patologías crónicas, que no les impiden trabajar con su capacidad residual, por lo que no ameritan hacer uso de licencias médicas, salvo en períodos agudos, y por otra parte, también hay trabajadores con patologías crónicas irrecuperables, que les impiden trabajar, por lo que no obstante hacer uso de licencia médica, no volverán a estar en condiciones de reintegrase a la vida laboral. En el último caso mencionado, no se justifica seguir autorizándoles licencias médicas, por tratarse de un derecho temporal, que tiene por finalidad la recuperación de la salud del trabajador y su posterior reintegro a la vida laboral; argumento que avala lo informado por la Comisión de Sanidad del Ejército y lo determinado por el Presidente de la Comisión de Sanidad del Ejército. Cabe en este punto tener presente que según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas son aquellas dolencias de larga duración, término que se señala sería superior a seis meses, de progresión lenta, que rara vez se curan por completo y requieren control médico constante, categoría a la cual se ajusta el padecimiento del recurrente, quien a consecuencia de un acto de servicio resultó con una lesión osteocondral del talo del tobillo izquierdo que, al 23 de junio de 2025 enteraba ya 1638 días de reposo.

SEPTIMO: Que, como se adelantó, para que la acción constitucional de protección pueda prosperar, resulta imperativo que el recurrente se encuentre actualmente afectado por un acto u omisión ilegal o arbitrario que lesione alguno de los derechos a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Coherente con lo anterior, es necesario que el derecho que se dice vulnerado esté indubitado, esto es, que exista completa certeza sobre el contexto fáctico que sirve para calificarlo jurídicamente.

En esta línea no se aprecia la existencia de actos ilegales y arbitrarios por parte de la recurrida, así como tampoco derechos indubitados que resguardar. Con lo razonado en las motivaciones que anteceden no es posible verificar el sustrato de ninguna de las alegaciones vertidas por el actor en su recurso de protección -ergo- no se aprecia vulneración a las Garantías del artículo 19 N°1°, 2º, 3° y 24° de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara:

Que se RECHAZA el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, en contra del EJÉRCITO DE CHILE, COMISIÓN DE SANIDAD DEL EJÉRCITO, sin costas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción del abogado integrante Sr. Dagoberto Arias Díaz.

Se deja constancia que no firma la Ministra Sra. Caroline Turner González, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con permiso conforme lo dispone el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

ROL Nº667-2025 PROTECCIÓN.