nombre reservado con SOCIEDAD EDUCACIONAAL MIGUEL DE CERVANTES Y COMPAÑIA LTDA.

Punta Arenas, treinta de junio de dos mil veinte.

VISTOS:

nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado; nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, y nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, al igual que todos los anteriores, todos por sí y en representación de sus hijos menores de edad y en conjunto como apoderados del Colegio Miguel de Cervantes, e interponen recurso de protección en contra de Sociedad Educacional Miguel de Cervantes y Cia. Ltda., persona jurídica de derecho privado, representada legalmente por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Exponen que a consecuencia de la crisis sanitaria que vive nuestro país desde el mes de marzo del año en curso, las actividades tanto comerciales como de otra índole se han visto en gran parte suspendidas o postergadas, incluyéndose a los establecimientos educacionales, siendo incluso los primeros en cerrar sus puertas para proteger la salud de los alumnos, ya que, por su naturaleza son lugares de aglomeración de personas.

Señalan que además desde el 01 de abril de 2020 y hasta el 7 mayo de 2020, nuestra región permaneció en una situación de cuarentena obligatoria, que hizo inviable la posibilidad de continuar con la actividad educacional presencial en forma indefinida, ya que incluso habiéndose levantado la cuarentena, el consejo de la autoridad sanitaria es continuar en casa, motivo por el cual no hay fecha de retorno a clases.

Exponen que en este contexto, sus pupilos se encuentran en clases online, para lo cual se han habilitado plataformas para los niños y en donde las clases diariamente no tienen una duración más allá de media hora, las que van unidas a guías que los niños deben desarrollar.

Cuestionan la duración y modalidad de las clases, y el trabajo a realizar en casa ya que es casi imposible que puedan realizarlo sin un profesor que les enseñe y que esté disponible para ello, resolviendo las dudas que pudiesen surgir, siendo insuficiente la media hora diaria.

Con ello, se vulnera el derecho a la Educación, pues no se está implementando un sistema de información de los objetivos de aprendizajes esperados por periodos, fechas y procedimientos de evaluación en cada una de las asignaturas de acuerdo a los programas del MINEDUC.

En segundo lugar, exponen que, considerando la situación económica actual, que ha elevado la tasa de desempleo, la rebaja en los sueldos, el aumento de precio de servicios básicos como los alimentos y consumos por estar las familias todo el día en el hogar, la relación contractual que existe entre los apoderados de los estudiantes y la recurrida sostenedora del establecimiento “Colegio Miguel de Cervantes” debe ser revisada. Esta se plasma en el contrato de prestación de servicios educacionales, que establece para el sostenedor la obligación de entrega del servicio educacional, y la contraprestación de los apoderados consistente en pagar una matrícula y arancel anual por dichos servicios.

Como indicaron, los servicios educacionales no se están prestando en la forma en que fueron contratados, es decir, desde la fecha de la suspensión de clases al día de interposición de esta acción, no se ha cumplido con la obligación contratada, a pesar de estar documentado todo el año a través de cheques, que son cobrados todos los meses.

Si bien entienden que el servicio pudiese prestarse en forma virtual, como ha sido sugerido y señalado por las autoridades, esto debe ser como medio de apoyo a los estudiantes en cuarentena.

En ningún caso es comparable el servicio contratado, consistente en una actividad presencial y de participación, con horarios establecidos, a cualquier procedimiento que quisiera llevarse a cabo frente a plataformas de internet, en donde la interacción es lo que más se abandona.

Asimismo, existen obligaciones contempladas en el contrato de prestación de servicios educacionales de forma expresa, que en la actualidad no son cumplidas por el establecimiento, como el oportuno desarrollo de los planes y programas académicos de cada nivel; la implementación de la infraestructura para el correcto aprendizaje; el promover actividades complementarias al desarrollo educacional y vinculadas a la formación moral, social, y deportiva de los alumnos; y atender las observaciones consultas y dudas de los apoderados, todas estas se encuentran establecidas en el contrato, además son parte del precio del arancel.

Todo lo anterior vulnera el artículo 19 N°10 de la Constitución y conjuntamente con ello, el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº24 de la misma, siendo acentuada aquella ilegalidad en la medida que se aparta de los principios y normas jurídicas que reglamentan las relaciones en materia del consumidor.

A su juicio, también se está frente a una vulneración de derechos de los niños al pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida; y ante una situación de incumplimiento contractual, que implica al menos estar en un escenario de discusión de las cláusulas del contrato, en el ámbito de la relación de consumo que existe entre el establecimiento y los apoderados contratantes.

Se enviaron cartas al establecimiento para reclamar respecto de esta situación, tanto en su arista educacional como económica, siendo la respuesta del establecimiento muy breve, señalando que estaban dispuestos a recibir al apoderado que señalara tener dificultades con la mensualidad, y que las actividades que enviaban tenían la finalidad también de distraer a los niños de las noticias diarias, y que los contenidos se retomarían al volver de cuarentena.

El Centro de Padres de manera directa le propuso al Colegio la rebaja del 50% del arancel escolar, recibiendo una respuesta negativa, abriendo nuevamente posibilidades para discutir temáticas respecto al pago del servicio, sólo en el “caso a caso”, sin embargo, por el incumplimiento de las obligaciones del contrato suscrito, el colegio estaría impedido de cobrar por estos servicios, lo que de acuerdo a sus comunicaciones ni siquiera es una opción para dicho establecimiento, sin perjuicio que sabe y reconoce que no está prestando el servicio contratado.

Actualmente, se han comenzado a impartir clases por videoconferencia, no obstante queda en evidencia que la calidad de este tipo de enseñanza no es la que ha sido pactada en el contrato, y no deja de adolecer de deficiencias que justifican una rebaja de dicho arancel, se imparten pocas clases, y muchos estudiantes han tenido problemas con su conexión a internet para poder seguirlas; se agendan clases cuando aún no terminan otras, y han llegado invitaciones a clases de forma errónea o que no corresponden al nivel de determinado alumno; tampoco se produce la propia y necesaria interacción con los profesores.

Citan como vulnerados además, los artículos 3 N°1, 17 y 28 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Concluyen que toda la situación actual afecta directamente el derecho a la educación de sus hijos y el derecho a la propiedad, pues lo actuado importa una disminución concreta y efectiva del patrimonio de cada uno de los contratantes, al tener que soportar una injustificada carga derivada de un servicio que no se ha prestado y busca unilateralmente satisfacer sin previa negociación, de un modo distinto a lo contratado. También, el hecho denunciado se aparta de los principios y normas jurídicas que reglamentan las relaciones en materia del consumidor, vulnerando el principio de protección al consumidor como parte más débil en la relación de consumo, y por cierto del artículo 1545 del Código Civil; en este caso, a su juicio no opera el caso fortuito o fuerza mayor, toda vez que no estamos frente a una obligación de especie o cuerpo cierto.

Solicitan en definitiva acoger el recurso y declarar que la recurrida ha vulnerado el derecho a la educación de los alumnos de dicho establecimiento y el derecho de propiedad de los apoderados; que, debe suspender el cobro de los servicios, mientras no se regularicen las actividades educacionales en la forma contratada, o en forma subsidiaria se acuerde con los apoderados contratantes de forma concreta, nuevas condiciones que satisfagan los servicios educacionales contratados, con costas.

Evacua informe Jaime Rene Cárdenas Oyarzo, por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar y respecto de la procedencia de la acción constitucional, expone que en cuanto a la garantía del artículo 19 Nº10 de la Constitución Política de la República, es un hecho indubitado que ésta no se encuentra protegida por el recurso de protección, circunstancia que queda de manifiesto del examen del texto legal del artículo 20, constituyendo un hecho así declarado por las cortes de nuestro país, e incluso por esta misma Corte en autos de protección rol 466-2020.

Por ello, el presente recurso debe ser rechazado expresamente, -en esta parte-, cuando se funda en la señalada garantía constitucional.

En segundo lugar, basta para rechazar el recurso, la circunstancia que éste es de naturaleza cautelar, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento.

Así, expone que la Excma. Corte Suprema, ha expresado que la procedencia de la acción de protección de garantías constitucionales requiere de suyo la existencia de un derecho indubitado en favor del actor y, sólo de concurrir tal derecho, corresponde determinar si se dan o no los demás requisitos para otorgar la cautela requerida.

Asimismo, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitrario, lo que en este caso no tiene lugar, ya que la recurrente pretende responsabilizar a la recurrida por una supuesta vulneración de las garantías constitucionales invocadas, en circunstancias que sólo se ha limitado a seguir las instrucciones y sugerencias que las autoridades administrativas, de Educación y Salud han dispuesto en relación con el estado de emergencia derivado de la pandemia mundial del COVID-19.

Además existen errores sustanciales en la fundamentación del recurso cuando se indica que se ha vulnerado el principio de protección al consumidor y que serían aplicables las disposiciones de la Ley 19.496 y en la estimación que en el presente caso, no opera el caso fortuito o fuerza mayor.

Todo lo relacionado con la calidad de la educación se encuentra fuera del ámbito de la Ley 19.496, y específicamente el tema de la calidad de las clases on line, de lo cual se viene reclamando en el presente recurso; en seguida, las obligaciones referidas a la cuantía, modo y exigibilidad de los pagos contemplados en los contratos de prestación de servicios educacionales se regulan por las mismas disposiciones contempladas en dichos contratos y todo ello conforme lo señalado expresamente por la Superintendencia de Educación en su Ordinario Nº 0621, de fecha 25 de Marzo de 2020.

En ambas situaciones se requiere de un juicio de lato conocimiento en que se discuta específicamente lo relacionado con la ley del contrato, lo cual no tiene cabida en el procedimiento breve y concentrado en que se sustenta el recurso de protección.

Se ignora además que la suspensión de clases por causas excepcionales de caso fortuito o fuerza mayor es una circunstancia expresamente prevista por la normativa educacional, y al tenor de lo establecido por la Superintendencia de Educación, los sostenedores tendrían derecho a exigir el pago de las prestaciones acordadas, sobre todo cuando adoptaren medidas destinadas a velar por el cumplimiento de los planes de estudio.

Por último y en cuanto al fondo, en concordancia con las recomendaciones del MINEDUC, se desarrolló un Plan de Aprendizaje Remoto acorde con la situación actual y que permite tanto a alumnos y profesores poder realizar clases virtuales, éste constituye un gran desafío para los docentes, educadores, estudiantes y niños, pues requiere de la implementación de nuevas estrategias de trabajo, colaboración y trabajo conjunto con apoderados las que se han desarrollado en diversas etapas, desde la entrega de material impreso, retiro textos y materiales de estudio hasta la implementación de una Herramienta digital para la comunicación a distancia.

En consecuencia, ha adoptado las medidas que existen a su alcance para poder mantener el servicio y calidad del mismo, cumpliendo con las recomendaciones del MINEDUC, lo que se refleja precisamente en el plan de aprendizaje remoto, implementado oportunamente. En definitiva, el servicio de clases on line se encuentra funcionando perfectamente y a diferencia de la opinión sesgada y sin fundamento técnico en que se sustenta el presente recurso, estima que es de una calidad óptima de acuerdo con las posibilidades existentes en la tecnología actual. Al recurrente podrá gustarle o no el servicio, pero su existencia y calidad responden a los parámetros aceptables, acordes a la situación actual y se adecuan a las recomendaciones del Ministerio de Educación.

Desde finales del mes de Marzo se han preocupado respecto de la situación relativa a la obligación de pago asumida por los apoderados, y especialmente por el cobro de los cheques por los cuales se documentó el año escolar, lo que se ha traducido en que a la fecha exista un proceso de renegociación, siendo 124 los casos que se han puesto en conocimiento del colegio y que en definitiva se han traducido en una flexibilización del plazo para cumplir con el pago del servicio educacional.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que los hechos sustanciales que motivan el presente recurso consisten, por una parte, en la adopción de clases en modalidad online por parte de la recurrida en el contexto de la pandemia causada por el virus COVID-19, y el cuestionamiento que se ha realizado en lo relativo a su contenido; y por otra la negativa a revisar por parte de la recurrida la situación económica de los apoderados.

CUARTO: Que en lo referido al derecho a la educación, consagrado en el artículo 19 N°10 de la Constitución Política de la República, y como se ha señalado anteriormente por esta Corte en autos de protección Rol 466-2020, éste no se encuentra entre las garantías protegidas por esta acción, de modo que no cabe hacer aquí alguna interpretación o declaración a su respecto. Así lo establece el artículo 20 de la nuestra Carta Fundamental al normar: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso cuarto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24°, y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Procederá, también, el recurso de protección en el caso del N° 8° del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.

Entonces, de la disposición constitucional transcrita, no aparece considerada para efectos del recurso el derecho a la educación que invoca la recurrente, lo que permite desestimar el presente recurso en este aspecto.

QUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, lo que dice relación con un supuesto incumplimiento del contrato de prestación de servicios educacionales celebrado entre las partes, conforme a lo ofrecido en el Proyecto Educativo Institucional del colegio, en términos de recibir una enseñanza de calidad, coherente con los planes y programas del Ministerio de Educación, dedicar el tiempo necesario para los alumnos, utilizar la infraestructura técnico administrativa del colegio, etc., a lo que adiciona una serie de deficiencias que el recurrido niega, es una cuestión claramente controvertida que no es posible dilucidar por medio del recurso de protección interpuesto, debido a que por su naturaleza cautelar y procedimiento sumarísimo, no resulta idóneo para discutir cuestiones que deben ser materia de prueba, como lo son el cumplimiento o incumplimiento de un contrato, en este caso del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales. En efecto, estas materias escapan al conocimiento de este arbitrio constitucional que –como se dijo- es de naturaleza meramente cautelar y por esencia breve y concentrado para dar respuesta oportuna a afectaciones flagrantes, notorias o evidentes que implique privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de determinados derechos y garantías constitucionales, pero no para alegaciones que deben ser dilucidadas mediante el ejercicio de las acciones que resulten pertinentes ante el Tribunal que corresponda o utilizando los canales y/o procedimientos administrativos que para dicho efecto contempla el Ministerio de Educación.

SEXTO: Que el mismo razonamiento se puede realizar respecto a la vulneración del derecho de propiedad denunciado. En efecto, se cuestiona por los recurrentes que la contraprestación del contrato de servicios educacionales no se está cumpliendo por parte del establecimiento, en circunstancias que los apoderados se ven compelidos a cumplir con el pago de las mensualidades. A todas luces esto responde a una discusión que resulta imposible de ser resuelta a través de esta vía, ya que debe ser objeto de discusión y prueba, cuestión que escapa a la naturaleza del presente procedimiento, no pudiendo considerarse, como lo pretenden los recurrentes, una situación urgente que no requiera de acreditación, de manera tal que en este aspecto el recurso igualmente será desechado.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y por el auto acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección presentado por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos por sí y en representación de sus hijos menores de edad en contra de la Sociedad Educacional Miguel de Cervantes y Cia. Ltda., representada legalmente por nombre reservado, todos ya individualizados.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL PROTECCIÓN 661-2020.