Protección contra Carabineros de Chile

nombre reservado, veintidós de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, chilena, Sargento Primero de Carabineros de Chile, cédula nacional de identidad N°NUM000, actualmente destinada en la Primera Comisaría de nombre reservado, nombre reservado°28, domiciliada en la ciudad de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Carabineros de Chile, representado legalmente por su General Director, don nombre reservado, chileno, cédula nacional de identidad N°NUM001, con domicilio laboral en domicilio reservado, y en particular en contra del Departamento de Personal de Carabineros de Chile, por el acto ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de traslado por razones de salud grave de su hijo menor de edad, contenido en el Documento Electrónico NCU N°NUM002, de fecha 20 de agosto de 2025.

Manifiesta que es madre de dos hijos menores de edad, ambos con necesidades especiales de salud y cuidado permanente. Su hijo mayor, nombre reservado, de 13 años de edad, fue diagnosticado en enero de 2025 en el Hospital Regional Clínico de Magallanes con epilepsia refractaria, patología neurológica crónica y de alta complejidad que no ha logrado un control adecuado pese a tratamiento farmacológico continuo, registrando múltiples crisis convulsivas, reiteradas atenciones de urgencia y hospitalizaciones, incluyendo ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos.

Indica que esta enfermedad ha afectado gravemente el desarrollo físico, cognitivo, emocional, social y educacional de su hijo, obligándolo al cierre anticipado de su semestre escolar, encontrándose bajo atención psicológica y adscrito al Programa de Integración Escolar (PIE). Señala que con fecha 9 de diciembre de 2025, su hijo debió ser nuevamente hospitalizado, evidenciando la persistencia y gravedad de su patología.

Agrega que su otro hijo, nombre reservado, de 5 años de edad, fue diagnosticado con disfasia severa, condición agravada por la constante exposición a crisis médicas y hospitalizaciones de su hermano mayor, debiendo también iniciar atención psicológica.

Expone que actualmente reside en la ciudad de nombre reservado, lugar donde no cuenta con red familiar ni social de apoyo, circunstancia que resulta crítica e insostenible durante los reiterados episodios de hospitalización de su hijo mayor, al no existir quien pueda hacerse cargo del cuidado del hijo menor.

Relata que con fecha 17 de julio de 2025 presentó solicitud formal de cambio de guarnición laboral, fundada en la grave situación de salud de su hijo mayor, acompañando informes médicos, epicrisis, antecedentes psicológicos e informe social, solicitando expresamente ser trasladada a la Región de La Araucanía, comuna de Temuco, lugar donde existen centros médicos especializados y redes familiares paternas de sus hijos.

Refiere además que su cónyuge nombre reservado, Sargento Segundo del Ejército de Chile, de dotación de la 4ª Brigada Acorazada “Chorrillos” de nombre reservado, informó oportunamente a sus mandos la solicitud de traslado efectuada, manifestando estos su disposición a autorizar su propio traslado, condicionado a la aceptación de Carabineros de Chile.

Señala que mediante documento electrónico NCU N°NUM002, de fecha 20 de agosto de 2025, el Departamento de Personal de Carabineros de Chile resolvió rechazar su solicitud, pese a reconocer expresamente que esta resultaba plenamente atendible en su mérito y pertinencia, fundando la negativa exclusivamente en la inexistencia de vacantes en la Región de La Araucanía, proponiendo como única alternativa un eventual traslado a la Región Metropolitana.

Sostiene que la alternativa de traslado a Santiago resulta ineficaz e irrazonable, toda vez que tampoco cuenta con redes de apoyo en dicha ciudad, lo que no soluciona la problemática planteada.

Arguye que el acto administrativo recurrido vulnera la normativa que regula los traslados al interior de la institución, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y la Convención sobre los Derechos del Niño.

En cuanto a la temporalidad del recurso, invoca la doctrina de los actos de efectos permanentes o de vulneración continua, sosteniendo que el rechazo de su solicitud no constituye un acto de efectos agotados, sino que genera una afectación permanente que se renueva día a día, particularmente en atención a la hospitalización sobreviniente de su hijo con fecha 9 de diciembre de 2025.

Solicita, en definitiva, se deje sin efecto el acto administrativo; se ordene a la autoridad recurrida adoptar todas las medidas necesarias para disponer el traslado de la recurrente a la Región de la Araucanía, comuna de Temuco y así permita contar efectivamente con redes familiares y médicas de apoyo, ponderando debidamente el interés superior de sus hijos menores de edad y su grave situación de salud; todo ello dentro de un plazo prudencial que se fije, con costas en caso de estimarlo procedente.

Informa Carabineros de Chile, por intermedio de su Dirección Nacional de Personal.

Se informa solicitando el rechazo del recurso de protección, sosteniendo que el acto administrativo impugnado fue dictado por autoridad competente, en el ejercicio de las atribuciones que la normativa institucional le confiere para resolver las solicitudes de traslado del personal.

Expone que el traslado de funcionarios constituye una facultad administrativa de carácter discrecional, cuyo ejercicio debe atender a las necesidades del servicio y a la planificación institucional, no existiendo un derecho subjetivo del funcionario a ser destinado a una guarnición determinada.

Señala que la solicitud de cambio de guarnición presentada por la recurrente fue debidamente recibida, analizada y evaluada, reconociéndose que la situación personal y familiar expuesta resultaba atendible en su mérito. Sin embargo, indica que no existían vacantes disponibles en la Región de La Araucanía, circunstancia que impidió acceder a lo solicitado, razón por la cual la petición fue rechazada mediante el Documento Electrónico NCU N°NUM002, de fecha 20 de agosto de 2025.

Agrega que la planificación de los traslados responde a un proceso institucional anual, que debe respetar la dotación necesaria para el adecuado funcionamiento de las unidades policiales, no siendo posible alterar dicha planificación por solicitudes individuales, aun cuando estas resulten comprensibles desde el punto de vista personal.

Indica, además, que, atendida la situación expuesta por la recurrente, se evaluó la posibilidad de ofrecer como alternativa un eventual traslado a la Región Metropolitana, opción que fue comunicada a la funcionaria, pero que no fue aceptada por ésta.

Sostiene que el acto administrativo impugnado no es ilegal ni arbitrario, por cuanto se encuentra debidamente fundado en razones administrativas objetivas, fue dictado conforme a la normativa institucional vigente y no obedece a una actuación caprichosa o irrazonable de la autoridad.

Finalmente, afirma que la resolución cuestionada no vulnera las garantías constitucionales invocadas, en particular los derechos consagrados en el artículo 19 N°1, N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, sosteniendo en definitiva que no se advierte vicios de ilegalidad ni irregularidad en su actuar considerando los antecedentes y que la recurrente no ha efectuado solicitud de traslado conforme a la normativa.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente lo hace consistir en la dictación de documento electrónico NCU N°NUM002 de fecha 20 de agosto de 2025 del Departamento de Personal de Carabineros de Chile que rechazó la solicitud de cambio de guarnición presentada por la recurrente con fecha 17 de julio de 2025.

Argumenta que el rechazo de la solicitud de traslado no constituye un acto de efectos instantáneos o agotados, sino que produce consecuencias lesivas que se prolongan y se renuevan en el tiempo, afectando de manera constante y progresiva la integridad psíquica del núcleo familiar y, especialmente, la salud de su hijo menor gravemente enfermo.

CUARTO: Que, al informar la recurrida, plantea primero, argumentos relacionados a la extemporaneidad del recurso y en cuanto al fondo solicita el rechazo del recurso debido a que el rechazo de la solicitud de cambio de guarnición de la recurrente, fue rechazada con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente, por lo que no advierte un actuar arbitrario de la autoridad, no existiendo la vulneración esgrimida por el recurrente. Asimismo, hace presente que la recurrente no ha efectuado solicitud de traslado conforme a la normativa institucional vigente a través del Sistema Automatizado de Gestión de Traslados.

QUINTO: Que el concepto de ilegalidad dice relación con la contravención al ordenamiento jurídico vigente, esto es, a la Constitución Política de la República, las leyes, reglamentos y demás normas que integran nuestro sistema normativo. Por su parte, la arbitrariedad se configura cuando el acto u omisión carece de toda racionalidad o justificación, respondiendo al mero capricho o voluntad inmotivada de quien lo ejecuta, prescindiendo de todo fundamento razonable y desconociendo los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben regir toda actuación de la autoridad.

SEXTO: Que, en el presente caso, se encuentra acreditado que la recurrente presentó con fecha 17 de julio de 2025 solicitud de cambio de guarnición laboral, fundada en la situación de salud de su hijo mayor diagnosticado con epilepsia refractaria, solicitando ser trasladada a la Región de La Araucanía, comuna de Temuco.

Que mediante documento electrónico NCU N°NUM002, de fecha 20 de agosto de 2025, el Departamento de Personal de Carabineros de Chile resolvió rechazar la solicitud, reconociendo que esta resultaba “plenamente atendible en su mérito y pertinencia”, pero fundando la negativa en la inexistencia de vacantes en la Región de La Araucanía, proponiendo como alternativa un eventual traslado a la Región Metropolitana.

SÉPTIMO: Que el Manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile, establece en el Capítulo II “Consideraciones Especiales para la Toma de Decisiones” en el punto 2.1, “DE LA OBLIGACION DEL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE” que “todo miembro de la Institución, por el hecho de ingresar a ella, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República, leyes y reglamentos, a Carabineros de Chile, atendiendo a las necesidades del servicio, planificación estratégica institucional y/o criterios establecidos en el presente manual.”

Agrega que “Dicha obligación tiene variados alcances, entre los cuales cabe consignar aquel que se relaciona con el sistema jerárquico y disciplinario de Carabineros de Chile, que se fundamenta en la obediencia y acatamiento de las normas y disposiciones existentes, destacándose la facultad que posee el órgano institucional competente para disponer los traslados que sean necesarios para el cumplimiento de los fines e intereses institucionales.”

OCTAVO: Que de la normativa citada se desprende que la recurrente, funcionaria de Carabineros de Chile, al momento de ingresar voluntariamente a la institución, asumió la obligación de prestar servicios en cualquier cargo y zona del país que la autoridad determine, conforme a las necesidades del servicio y al cumplimiento de los fines institucionales.

En consecuencia, por la naturaleza de la función que sirve y el interés público prevaleciente, la recurrente no goza de un derecho adquirido o indubitado a permanecer en una destinación determinada, ni a ser trasladada a una guarnición específica de su preferencia, sino que se encuentra sujeta a las decisiones de destinación que adopte la autoridad competente en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias.

NOVENO: Que a mayor abundamiento el manual de Traslados para el Personal de Carabineros de Chile, en su Capítulo Cuarto al referirse a los tiempos de permanencia en una destinación del personal institucional indica que los tiempos mínimos de permanencia conforme a la norma general, son en caso de los Oficiales Superiores y Oficiales Jefes un mínimo de dos años y máximo de cinco años, en caso de los Oficiales Subalternos un mínimo de tres años y máximo de seis años y el Personal de Nombramiento Institucional un mínimo de cinco años y un máximo de diez años.

De lo anterior se infiere que los funcionarios policiales tienen una permanencia definida, y preestablecida en los lugares donde prestan servicios durante su carrera funcionaria, política institucional que es de carácter general, por lo que no se observa una ilegalidad o arbitrariedad en la medida adoptada por la superioridad institucional respecto a su nueva destinación.

DÉCIMO: Que, de los antecedentes allegados al proceso consta que la autoridad recurrida evaluó la solicitud presentada por la recurrente, reconociendo expresamente que esta resultaba “plenamente atendible en su mérito y pertinencia”, lo que demuestra que los antecedentes médicos, psicológicos y sociales acompañados fueron efectivamente considerados y ponderados.

No obstante, dicho reconocimiento, la solicitud fue rechazada en atención a la inexistencia de vacantes en la Región de La Araucanía, comuna de Temuco, específicamente solicitada por la funcionaria, ofreciéndose como alternativa un eventual traslado a la Región Metropolitana.

UNDÉCIMO: Que la inexistencia de vacantes en una determinada guarnición constituye un criterio objetivo y razonable que justifica el rechazo de una solicitud de traslado, toda vez que la dotación de personal en cada unidad responde a necesidades operativas y de planificación institucional que la autoridad competente debe evaluar y ponderar en el contexto global del servicio policial que presta la institución a lo largo del país.

La circunstancia de que no existan vacantes disponibles en la guarnición solicitada no responde a un acto de mero capricho o voluntad inmotivada de la autoridad, sino a una realidad administrativa y operativa que debe ser considerada al momento de resolver las solicitudes de traslado del personal.

DUODÉCIMO: Que, además, la autoridad recurrida ofreció a la funcionaria como alternativa un traslado a la Región Metropolitana, ciudad que cuenta con la mayor infraestructura médica especializada del país, incluyendo el Hospital de Carabineros y la más amplia red asistencial de convenios, lo que permitiría al hijo de la recurrente acceder a atención médica de alta complejidad y especialistas en neurología pediátrica de mayor nivel.

Si bien la recurrente ha manifestado que tampoco cuenta con redes de apoyo familiar en Santiago, lo cierto es que dicha alternativa representa una opción razonable que busca conciliar, en la medida de lo posible, las necesidades personales de la funcionaria con los requerimientos del servicio y la disponibilidad de vacantes.

DÉCIMO TERCERO: Que, en consecuencia, la decisión adoptada por la autoridad recurrida se encuentra debidamente fundada en criterios objetivos, razonables y proporcionados, no configurándose la ilegalidad denunciada, toda vez que el acto se ajusta plenamente al marco normativo vigente que regula los traslados del personal de Carabineros de Chile.

Tampoco se configura la arbitrariedad alegada, por cuanto la decisión no responde al mero capricho o voluntad inmotivada de la autoridad, sino que se sustenta en razones objetivas relacionadas con la inexistencia de vacantes en la guarnición solicitada y las necesidades del servicio, habiéndose ofrecido además una alternativa razonable que permite conciliar, en la medida de lo posible, los intereses en juego.

DÉCIMO CUARTO: Que el solo hecho de que la decisión administrativa no satisfaga plenamente las expectativas o necesidades personales de la recurrente no la transforma en ilegal o arbitraria, desde que la autoridad ha ejercido sus facultades discrecionales dentro del marco legal aplicable, ponderando los antecedentes presentados y fundando razonablemente su decisión.

El ejercicio de facultades discrecionales por parte de la administración no constituye arbitrariedad cuando dichas facultades se ejercen dentro de los márgenes legales establecidos, con fundamento objetivo y razonable, como ocurre en la especie.

DÉCIMO QUINTO: Que, por otra parte, el recurso de protección interpuesto no busca amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado, sino que la recurrente pretende que se reconozca judicialmente la existencia de un derecho a ser trasladada a una guarnición específica de su preferencia, lo que es absolutamente ajeno a la finalidad propia de esta acción constitucional.

En efecto, la acción de protección constituye una vía urgente, eficaz y extraordinaria, destinada a reparar situaciones de hecho ilegales o arbitrarias que afecten un derecho constitucional no discutido. En el presente caso, el derecho que invoca la recurrente aparece expresamente controvertido, toda vez que no existe un derecho indubitado del personal de Carabineros a ser destinado en una guarnición específica de su preferencia, sino que, por el contrario, la destinación del personal constituye una facultad privativa de la autoridad institucional competente.

DÉCIMO SEXTO: Que, en consecuencia, no habiéndose acreditado la existencia de un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, y no concurriendo los requisitos copulativos establecidos por la jurisprudencia para la procedencia del recurso de protección, corresponde rechazar la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del General Director de Carabineros de Chile y del Departamento de Personal de Carabineros de Chile, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°659-2025 – PROTECCIÓN.-