nombre reservado con nombre reservado

Punta Arenas, veintinueve de enero de dos mil veinticuatro.

VISTO:

Comparece don Carlos Abarzúa Villegas, abogado, en representación de doña nombre reservado, chilena, ingeniera, soltera, cédula nacional de identidad RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de don nombre reservado en su calidad de Rector de la Universidad de Magallanes, domiciliado en domicilio reservado, y en contra de la universidad de Magallanes, del mismo domicilio, representada por su Rector, por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal que priva, perturba y amenaza el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en los artículos 19 N°2, 19 N°3 y 19 N°24 de la Constitución.

Funda su presentación señalando que con fecha 1 de diciembre de 2023, a su representada se le comunicó informalmente la decisión de que su designación "a contrata" no sería renovada para el año 2024 sin expresar causa alguna, ni habiendo mediado una falta al desempeño de sus deberes y/o sumario administrativo que habilite a su cesación en el cargo, argumentando pormenorizadamente que sus servicios ya no serían necesarios, a pesar de haber ganado hace menos de dos años dos concursos públicos para trabajar como funcionaria de apoyo a la actividad académica en calidad de ingeniera en la dirección de contabilidad y presupuesto.

Menciona el artículo 61 del estatuto que rige a la casa de estudios, norma que se refiere a la no renovación de contrato de un académico, dando cuenta que al finalizar el periodo por el cual un académico/a fue nombrado/a en la contrata, cesará su relación con la universidad, a menos que su nombramiento sea renovado mediante comunicación escrita de al menos sesenta días de anticipación al término del contrato. El hecho de no recibir aviso de no renovación de contrato no implica su renovación.

Da cuenta, igualmente, que el artículo 64 del mismo texto legal se refiere a la regulación los académicos/as y funcionarios/as de apoyo a la actividad universitaria, indicando que estos tienen la calidad de empleados/as públicos/as. Agrega que los académicos/as se regirán por los reglamentos que al efecto dicte la Universidad y, en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Por su parte, los funcionarios/as de apoyo a la actividad universitaria se regirán por las normas del Decreto con Fuerza de Ley precitado y por las demás disposiciones legales que les resulten aplicables.

Estima que atendiendo a que se establece que los funcionarios de apoyo deberán sujetarse al régimen general de los funcionarios públicos de la ley 18.834 estos quedan en una evidente discriminación en comparación a los académicos universitarios que tienen un régimen especial para ser desvinculados.

Da cuenta que en este caso, una trabajadora del sector público fue puesta en conocimiento de su desvinculación de manera informal sin mencionar causal incurriendo de este modo en la arbitrariedad e ilegalidad, ya que vulnera el principio de igualdad ante la ley, toda vez que los trabajadores del sector privado se encuentran sujetos a las normas del Código del Trabajo y que en sus causales de término de la relación laboral se establecen una indemnización ante la falta de aviso previo; además, su desvinculación debe hacerse con expresión de alguna causal objetiva que establece el código del trabajo en sus artículos 159, 160 y 161.

Sostiene que la autoridad administrativa omite en el caso de su representada, mencionar las razones por las que decide no renovar la contrata y ello es fundamento central de la arbitrariedad, toda vez que el acto impugnado carece del estándar de fundamentación establecido en el artículo 11 y 41 de la ley n° 19.880.

Expresa que la conducta arbitraria del Rector, a nombre de la Universidad de Magallanes, se contradice con el oficio circular n° 21, del Ministerio de Hacienda de fecha 28 de noviembre de 2018, en el cual se establecen las orientaciones generales a los jefes superiores de servicios sobre el proceso de renovación del personal a contrata, en el tenor siguiente:

1. "las eventuales no renovaciones de las contratas deben estar limitadas solo a los casos debidamente fundados, que impidan discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de las facultades correspondientes".

2. "los criterios para la eventual no renovación del personal a contrata deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño de los/as funcionarias o en su defecto, en la no continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicios en la respectiva institución. En particular, los procesos de renovación del personal a contrata se debe dar especial atención a los años de servicio, situación del funcionario/a en edad de jubilar o próximos a cumplirla, o con enfermedades graves, catastróficas y/o terminales, estableciendo que permitan su aplicabilidad".

Da cuenta que no solamente se priva, perturba y amenaza el derecho constitucional que se invoca, el cual es el "derecho de propiedad sobre el empleo", consagrado en el artículo 19 n° 24 de la Constitución Política de la República y del artículo 89 del Estatuto Administrativo en su inciso 1ro que señala que " todo funcionario tendrá derecho a gozar de estabilidad en el empleo (..), lo que significa para el empleador la facultad de beneficiarse de los servicios del funcionario, seguido de la obligación de respetar su permanencia; y para el funcionario a contrata, el derecho de permanecer en la función durante todo el tiempo de la contrata, o hasta el momento en que se cumplan los presupuestos de la cláusula de excepción que permite terminarla por anticipado.

Por lo expuesto, solicita se acoja el recurso y se adopten las providencias que se juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de esta parte afectada, en particular, declarar como arbitrario e ilegal el acto que, suscrito por el rector de la Universidad de Magallanes ordenando se reintegre a su representada como profesional de apoyo a la actividad universitaria, o lo que se estime que en derecho corresponda.

Informa don Camilo Araneda Godoy, abogado, en representación de la parte recurrida la universidad de Magallanes, solicitando el rechazo de la acción constitucional deducida.

Da cuenta que la recurrente ingresa a la Universidad de Magallanes con fecha 01 de agosto de 2022, por medio de nombramiento efectuado a través de decreto exento RA N°339/13337/2022 de fecha 07 de octubre del año 2022, en virtud de la cual se decreta contratarla desde la fecha señalada hasta el día 31 de diciembre de 2022, como una funcionaria no académica, del escalafón profesional, en un grado 16 de la escala del servicio, con una jornada de 44 horas semanales.

Su nombramiento fue prorrogado hasta el día 31 de diciembre de 2023, por medio de Decreto Exento RA N°339/992/2023 de fecha 27 de abril de 2023, siendo esta la última prórroga que se ha realizado respecto a la recurrente, de manera tal que su vínculo como funcionario de la Universidad de Magallanes terminó el día 31 de diciembre de 2023 y por consiguiente se prolongó prácticamente por un año y medio.

Sostiene que la recurrente ha incurrido en importantes errores e imprecisiones en cuanto a la legislación aplicable para el caso, ya que se ha citado el estatuto de la Universidad de Magallanes, sin indicar en dónde se encuentra regulado dicho estatuto y aún más grave, cita textualmente títulos y artículos de dicha norma, los cuales no corresponden a ese cuerpo normativo.

Precisa que el estatuto de la Universidad de Magallanes, se encuentra regulado a través del decreto con fuerza de ley n°154 del año 1981.

Adicional a lo anterior, indica que en el contexto del recurso se citan los artículos 57, 61 y 65 de los Estatutos de la Universidad de Magallanes, sin embargo dichos estatutos contemplan sólo 53 artículos.

Así sostiene que el artículo 43 de la ley 21.094 sobre universidades estatales, señala que los académicos y funcionarios no académicos de las universidades del Estado tienen la calidad de empleados públicos. Los académicos se regirán por los reglamentos que al efecto dicten las universidades y, en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Por su parte, los funcionarios no académicos se regirán por las normas del decreto con fuerza de ley precitado y por las demás disposiciones legales que les resulten aplicables.

Sostiene que de dicha norma se puede desprender claramente, que doña nombre reservado, como funcionaria no académica, del escalafón profesional de la Universidad de Magallanes, se encontrara regida por lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834 sobre el Estatuto Administrativo; de esta manera, la Universidad de Magallanes ajustó su actuar a lo dispuesto en el artículo 10 del estatuto administrativo, norma que señala que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

En la especie, por medio del decreto exento RA N°339/992/2023, se prorrogó el nombramiento de la recurrente hasta el día 31 de diciembre de 2023 y no se le informó de una propuesta de prórroga, tal como dispone la norma precitada, por lo cual sus funciones terminan por el solo ministerio de la ley en la fecha ya señalada.

Conforme al artículo 3 letra c en relación al artículo 10, se trata de una forma de empleo transitoria, que se termina por la sola llegada del plazo por el cual fue decretado, este caso el 31 de diciembre de 2023, sin la necesidad que se deba emitir un acto administrativo en tal sentido.

En cuanto a la confianza legítima, alega que un funcionario se encuentra amparado por ella luego de ser nombrado y renovado por 5 años en el servicio.

Arguye que la recurrente habla de la falta de fundamentación del acto, sin embargo no ha señalado cuál es el acto impugnado, toda vez que el acto administrativo que establece la duración de la contratación de la recurrente es el decreto exento RA N°339/992/2023 de fecha 27 de abril de 2023, y no existe la obligación de parte de la administración de emitir un nuevo acto de antemano, ya que el término de la relación está dada por el decreto ya señalado, esto se encuentra conteste con lo dispuesto en el artículo 10 del estatuto administrativo- Concluye que la Universidad de Magallanes ha actuado conforme a derecho, sin que de su actuar se pueda desprender una acto arbitrario, ni que se vulnerara una garantía constitucional de la recurrente, de manera tal que no se reúnen los presupuestos necesarios para la procedencia de una acción de protección, como la pretendida por la recurrente.

Por lo expuesto, solicita el rechazo del recurso, con expresa condenación en costas.

Encontrándose la causa en estado, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente consiste en la no renovación de su contrata, que la unía a la casa de estudio hasta el 31 de diciembre del año 2023, como profesional no docente.

CUARTO: Que son hechos no discutidos los siguientes:

a) La recurrente ingresa a la Universidad de Magallanes con fecha 01 de agosto de 2022, por medio de nombramiento efectuado a través de decreto exento RA N°339/13337/2022 de fecha 07 de octubre del año 2022, en virtud de la cual se decreta contratarla desde la fecha señalada hasta el día 31 de diciembre de 2022, como una funcionaria no académica, del escalafón profesional, en un grado 16 de la escala del servicio, con una jornada de 44 horas semanales.

b) Su nombramiento fue prorrogado hasta el día 31 de diciembre de 2023, por medio de Decreto Exento RA N°339/992/2023 de fecha 27 de abril de 2023.

c) No se renovó la contrata de la recurrente QUINTO: Que es un hecho no discutido que la recurrente, como profesional no académica, se regía en cuanto a sus obligaciones y derechos con la recurrida, a través del Estatuto Administrativo.

Dicha normativa, en cuanto al término de las relaciones a Contrata expresa, en su artículo 10 “Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”.

SEXTO: Que las alegaciones que plantea el recurrente resultan ser ajenas a la normativa que regía su contratación, siendo evidente, que por la naturaleza de las mismas, no le era aplicable el Código del Trabajo, sin que por esa circunstancia, se vulnerara con el término de su contrata los derechos que reclama, toda vez, que fue bajo el régimen estatutario que acordó su contratación, sin que se pueda tachar ahora de discriminatoria la circunstancia del término de la misma, por tener un tratamiento diferente al de una relación laboral.

Esta alegación tiene que ver con una disconformidad con el texto legal, cuestión que no puede ser atendida por esta vía.

SÉPTIMO: Que la pretensión de existencia de un acto administrativo, debidamente motivado para la desvinculación de la profesional, fundado en decisiones de la Excelentísima Corte Suprema y en la Jurisprudencia administrativa, respecto de los cargos a Contrata, no guardan relación con el corto periodo de duración de su contrata , ya que es sólo respecto de las hipótesis de confianza legítima que se exige tal formalidad-cuyo presupuesto fáctico en la especie no concurre-en que se hace exigible un acto administrativo motivado, dictado con antelación y fundado en circunstancias objetivas.

OCTAVO: Que así lo expuesto, no observándose en la decisión de la recurrida de no renovación de contrata, arbitrariedad o ilegalidad que vulnere las garantías constitucionales de la recurrente, el presente arbitrio será rechazado.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones SE RECHAZA la acción constitucional deducida en favor de doña nombre reservado, en contra de la Universidad de Magallanes y su Rector don nombre reservado, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Rol N°655-2023 Protección.