nombre reservado CONTRA nombre reservado

Punta Arenas, seis de febrero de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Que comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado”, Punta Arenas, quien deduce acción constitucional de protección en contra de nombre reservado, propietario del gimnasio “Forestagym”, ubicado en domicilio reservado.

Señala que interpone el recurso con la finalidad de que se adopten de inmediato las providencias necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, asegurando al recurrente y a su familia la debida protección frente a los actos, hechos y omisiones del recurrido que vulneran derechos fundamentales, en especial los derechos a la vida e integridad física y psíquica, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Indica que el establecimiento comercial del recurrido, denominado “Forestagym” se ubica en el mismo conjunto habitacional “Foresta I”; que inició sus actividades hace más de un año, y desde entonces su funcionamiento ha ido aumentando progresivamente en horario y frecuencia. En un principio, operaba únicamente durante las tardes y de lunes a viernes; sin embargo, actualmente funciona tanto en la mañana como en la tarde, de lunes a sábado, extendiendo sus actividades incluso más allá de las 22:00 horas. Desde entonces el gimnasio ha generado ruidos excesivos y molestos, consistentes principalmente en música a alto volumen y en el impacto constante de pesas y fierros que son dejados caer sobre el suelo, provocando vibraciones y golpes de gran intensidad. Estos ruidos se perciben claramente desde el interior del domicilio del recurrente, afectando el descanso y la tranquilidad de su familia.

Durante las horas de la tarde y noche, la intensidad del ruido aumenta considerablemente, presumiblemente por la asistencia de personas adultas que levantan mayor peso, generando impactos más fuertes. Este nivel de ruido se mantiene de manera continua durante gran parte del día, especialmente en los horarios de descanso, llegando incluso a interrumpir el sueño nocturno de la familia del recurrente.

Cabe destacar que el gimnasio no cuenta con las medidas mínimas de aislación acústica ni con infraestructura destinada a mitigar el ruido que produce su actividad. A pesar de los esfuerzos del recurrente por mantener una comunicación respetuosa y buscar soluciones con el propietario, no se han obtenido mejoras permanentes ni satisfactorias.

La situación descrita ha obligado en múltiples ocasiones a la familia del recurrente a abandonar su hogar temporalmente para escapar del ruido constante, lo que ha generado altos niveles de estrés, irritabilidad y agotamiento emocional, especialmente en su hija menor, de tan solo seis, quien ha visto afectado su descanso y bienestar general.

Como es posible apreciar, la emisión de ruidos molestos provenientes del gimnasio “Forestagym” constituye un hecho reiterado y prolongado en el tiempo, que ha alterado gravemente la vida familiar y la tranquilidad del entorno residencial donde habita el recurrente.

Cabe destacar que, además de carecer de las condiciones mínimas de aislación acústica, el gimnasio Forestagym no cuenta con patente municipal ni autorización para ejercer actividades comerciales en el lugar, funcionando por tanto al margen de la normativa aplicable a establecimientos de este tipo.

Esta irregularidad se traduce en la inexistencia de fiscalización sanitaria, ambiental y de seguridad, lo que ha permitido que la actividad se desarrolle sin control alguno sobre los niveles de ruido emitidos ni sobre el cumplimiento de las normas de convivencia urbana, en desmedro de los vecinos del sector.

Esta situación de informalidad agrava la afectación, puesto que permite el funcionamiento del gimnasio al margen de las normas de control, seguridad e higiene, generando una fuente constante de contaminación acústica sin supervisión ni regulación efectiva ni fiscalización estatal, derivada de la falta de formalización del establecimiento.

La falta de empatía y de cumplimiento de las normas básicas de convivencia y legislación aplicable al funcionamiento de un local comercial como este, ha generado un detrimento considerable en la calidad de vida del recurrente y su familia, afectando el descanso de su hija menor de seis años, interrumpiendo sus horas de sueño y provocando una afectación directa a la integridad psíquica y emocional del grupo familiar vulnerando los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1° y 8° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita A) Se ordene al recurrido abstenerse de emitir ruidos molestos que superen los niveles permitidos por la normativa vigente, provenientes del funcionamiento del gimnasio “Forestagym”, ubicado en domicilio reservado, bajo apercibimiento legal. B) Que se ordene al recurrido adoptar e implementar medidas efectivas de aislación acústica y toda otra obra material necesaria para mitigar el ruido que produce el desarrollo de su actividad comercial. C) Que se disponga la limitación de los horarios de funcionamiento del gimnasio a rangos compatibles con el descanso nocturno y el bienestar de los residentes del sector. D) Que se ordene al Municipio de Punta Arenas, al Servicio de impuestos internos, y a la Superintendencia del medio Ambiente de la región que fiscalice el funcionamiento del gimnasio “Forestagym”, verificando la existencia de patente municipal y el cumplimiento de las normas tributarias, de emisión de ruido y de uso de suelo aplicables a zonas residenciales. E) Que se ordene al recurrido ajustar el funcionamiento de su establecimiento a las normas ambientales y municipales aplicables, bajo fiscalización de la autoridad competente. F) Toda otra medida que la Corte estime necesaria, de acuerdo con el mérito de los antecedentes, para proteger los derechos a la integridad física y psíquica y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación del recurrente y su familia. Todo ello con condena en costas.

A folio 11 informan el recurso por la parte recurrida los abogados Verónica Paola Barría Pacheco y Sebastián Fernando Godoy Sáez el rechazo total de la acción de protección impetrada en contra de nombre reservado.

Afirman que el recurso de protección no es idóneo toda vez que lo denunciado en el está regulado por la Ordenanza Municipal para el control de ruidos molestos en la Comuna de Punta Arenas de fecha 20 de octubre de 2016 cuyo artículo 8 señala que “Las infracciones a la presente Ordenanza serán sancionadas con una multa de 0,5 UTM y 5 UTM, según lo establecido en la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y serán conocidas y resueltas por el Juzgado de Policía Local competente”. Agregan que la Superintendencia del Medio Ambiente, a través del “Decreto N°38 que establece norma de emisión de ruido generados por fuente que indica”, lo faculta, de acuerdo al artículo 20, a “fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de la presente norma. Para tales efectos, podrá requerir a los titulares de las fuentes emisoras de ruido, informar su emisión de niveles de ruido, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 15º.”

Afirman que el recurso de protección deducido está “orientado” a una serie de alegaciones que requieren probanzas, cuestión que la acción cautelar no puede tolerar, refieren además que su contraparte yerra al accionar de esta manera, toda vez que sus solicitudes apuntan a un juicio de lato conocimiento, que requiere de prueba, y que esta Corte no está en condiciones de poder pronunciarse únicamente con los dichos del actor.

Continúan señalando que es claro que lo solicitado por el recurrente en su petitorio resulta ser excesivo: las primeras dos peticiones concretas, consistentes en “A) Que se ordene al recurrido abstenerse de emitir ruidos molestos que superen los niveles permitidos por la normativa vigente, provenientes del funcionamiento del gimnasio “Forestagym”, ubicado en domicilio reservado, bajo apercibimiento legal.” y “B) Que se ordene al recurrido adoptar e implementar medidas efectivas de aislación acústica y toda otra obra material necesaria para mitigar el ruido que produce el desarrollo de su actividad comercial”, no pueden prosperar, ya que, para poder acceder aquello, se requiere generar una convicción ante el tribunal de alzada sobre la existencia o no de ruidos molestos, y esto, no se ha acreditado y no podrá acreditarse con la sola alegación en la vista de la causa. Incluso más, el recurrente no ha expuesto cuáles son los “niveles permitidos por la normativa vigente” (respecto del ruido), la prueba que podría servirle no procede en esta clase de procedimiento, por lo ya expuesto, y, como no es posible determinar la existencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace los legítimos derechos por parte de nuestro representado, no es posible tampoco ordenarlo a cumplir con la segunda petición. Por su parte, la tercera, cuarta y quinta petición concreta, referentes a “C) Que se disponga la limitación de los horarios de funcionamiento del gimnasio a rangos compatibles con el descanso nocturno y el bienestar de los residentes del sector.”, “D) Que se ordene al Municipio de Punta Arenas, al Servicio de impuestos internos, y a la Superintendencia del medio Ambiente de la región que fiscalice el funcionamiento del gimnasio “Forestagym”, verificando la existencia de patente municipal y el cumplimiento de las normas tributarias, de emisión de ruido y de uso de suelo aplicables a zonas residenciales.” y “E) Que se ordene al recurrido ajustar el funcionamiento de su establecimiento a las normas ambientales y municipales aplicables, bajo fiscalización de la autoridad competente.”, resultan ser peticiones concretas que escapan de las facultades que tiene la Corte de Apelaciones para efectos de conocer y fallar los recursos de protección, por lo que deben ser igualmente rechazadas.

En relación con los hechos alegados en el recurso, refieren que resulta efectivo que su representado es propietario de un gimnasio ubicado en su domicilio particular, el que funciona de lunes a sábado, de 09:00 a 22:00 horas, tal como indica el perfil oficial de éste en Instagram, no siendo efectivo que funcione fuera de ese horario.

Añaden que el gimnasio cuenta con un solo parlante, el cual se mantiene a un volumen moderado y respecto al fondo del asunto, el recurrente solo manifiesta “que la intensidad del ruido aumenta considerablemente, presumiblemente por la asistencia de personas adultas que levantan mayor peso, generando impactos más fuertes. Este nivel de ruido se mantiene de manera continua durante gran parte del día, especialmente en los horarios de descanso, llegando incluso a interrumpir el sueño nocturno de la familia del recurrente.” Lo cierto es que el aumento o no de ruido, y que este sea molesto para las personas, resulta ser una apreciación subjetiva que, según el ordenamiento, no es suficiente para calificar de “molesto” el ruido y por ende, tampoco es suficiente para determinar si hay o no una perturbación de las garantías.

Tal como menciona la Ordenanza Municipal ya citada, en su artículo 1, en la medición de la intensidad sonora para determinar si un ruido es o no molesto, se deberán utilizar instrumentos, tales como, un sonómetro o un decibelímetro integrador, finalizando el artículo con que esta medición se debe ejecutar con instrumentos, con el objeto de evitar apreciaciones subjetivas.

El recurso de protección impetrado en contra de su representado, no hace mención a los decibeles, cuáles son los parámetros permitidos y en qué momento se puede exceder, no establece que se haya hecho alguna medición previa con algún instrumento, y los documentos acompañados, en nada aportan a la tesis del recurrente, sin antes contar con parámetros objetivos que permitan determinar si el gimnasio se encuentra o no fuera de norma.

Concluyen solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

Al folio 13 se ordena traer los autos en relación CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, urgente y no declarativa, de modo que no es posible a través de este procedimiento, obtener un pronunciamiento en el que se dirima la existencia del derecho invocado, su validez y en general, las materias cuyo fallo requiere una discusión y tramitación en un juicio de lato conocimiento. Esta acción es destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

SEGUNDO: Que como se desprende de la parte expositiva de esta sentencia, la cuestión de fondo promovida consiste en determinar la efectividad de la ocurrencia de los hechos que denuncia el recurrente y si éstos, en el evento de ser ciertos, constituyen actos arbitrarios o ilegales que vulneran derechos garantizados por el legislador constitucional.

TERCERO: Que, por lo señalado, en cuanto a los hechos denunciados por la recurrente, no existen derechos indubitados que puedan tutelarse por medio de la presente acción de protección, la que solo resulta procedente ante la afectación de derechos cuya existencia y titularidad no requiera de una declaración previa de certeza, circunstancia que no se verifica en este caso al punto que ni siquiera se acompañan mediciones de ruido que hubiesen permitido a esta Corte apreciar la existencia de alguna infracción o ilegalidad, razón por la que solo cabe indicar que no le corresponde a este tribunal, en esta sede excepcional de tutela de urgencia, determinar la efectividad de los hechos denunciados ni sus particulares efectos jurídicos.

CUARTO: Que, además, los hechos materia de este recurso son de competencia del Juzgado de Policía Local respectivo, en virtud de lo dispuesto en la Ordenanza Municipal para el control de ruidos molestos en la Comuna de Punta Arenas, sin perjuicio de lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº38 de 12 de junio de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente que “Establece Norma de Emisión de Ruidos Generados por Fuentes que Indica”, en relación con las competencias de la Superintendencia del Medio Ambiente conforme a su artículo 20 y de la I. Municipalidad de Punta Arenas, en cuanto a la recepción de denuncias.

QUINTO: Que, en consecuencia, y no habiéndose acreditado en la especie ilegalidad ni arbitrariedad alguna que imputar al recurrido, la acción de protección no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección se declara que se rechaza, sin costas, el recurso intentado por don nombre reservado en contra de nombre reservado.

Redacción del abogado integrante Sr. Dagoberto Arias Díaz.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Rol N°654-2025.Protección.