nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS

Punta Arenas, dos de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones Felipe Ignacio Hazbun Marín, Abogado, e interpone acción de protección en favor de nombre reservado, Cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado, ex funcionario municipal, chileno, casado, con domicilio en domicilio reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, representado por su Alcalde Claudio Radonich Jiménez, ambos con domicilio en domicilio reservado, debido a la dictación de la resolución Nº 09, de fecha 15 de noviembre de 2023, que rechaza su recurso de reposición deducido en contra del decreto alcaldicio Nº 1970 “B”, de fecha 25 de octubre de 2023, que le aplica la medida disciplinaria de destitución por faltas graves a la probidad.

Expone que por Decreto Alcaldicio Nº658 de 06 de abril de 2023, se instruyó investigación sumaria, con la finalidad de determinar responsabilidades administrativas, si las hubiere, en relación con los hechos informados por la Directora de Desarrollo Comunitario, respecto del evento "Hidrogeno Verde", realizado el día 17 de marzo de 2023, en las dependencias del Centro Cultural, por la Productora RS de propiedad del funcionario nombre reservado.

Agrega que se le formularon cargos y presentó sus descargos en tiempo y forma, como también presentó en tiempo y forma recurso de reposición al Alcalde de la Municipalidad de Punta Arenas, sin que en ninguna instancia fueran considerados sus fundamentos y evidencias presentadas.

Refiere que los cargos son los siguientes: ”CARGO Nº 1: Ofrecer y cobrar por servicios asociados a la producción de eventos, que corresponde al giro de su empresa particular registrada en el Servicio de Impuestos Internos como “nombre reservado, R.U.T. RUT reservado GIRO PRODUCTORA DE EVENTOS Y EVENTOS ON LINE”, en el marco de un evento realizado en el Centro Cultural “nombre reservado” denominado “Hidrógeno Verde” el día 17 de marzo de 2023, obteniendo beneficios personales derivados del pago de los servicios ofertados, aprovechándose de su condición de funcionario municipal y del cargo y funciones que cumple en el referido recinto municipal; CARGO Nº 2: Destinar tiempo de su jornada laboral como funcionario municipal a la coordinación, gestión y ejecución de actividades vinculadas a su cargo para la obtención de beneficio personal; CARGO Nº 3: Valorizar, cotizar y facturar por servicios que en la práctica fueron prestados por los funcionarios municipales que forman parte del equipo técnico permanente que funciona en el Centro Cultural; específicamente, el “…apoyo audiovisual del evento…” consignado en la descripción de los servicios prestados, detallados en la factura N° 278 de 08/03/2023 emitida por la empresa “nombre reservado, R.U.T. RUT reservado.”

Refiere que el sumario administrativo inicia de una acción que vulnera su derecho Constitucional, establecido en el artículo 19 N( 5, que establece: "La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada. El hogar sólo puede allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley", ya que como se puede apreciar en el expediente del sumario el sr. nombre reservado, de alguna forma obtuvo acceso a su correo personal correo reservado, correspondiente a su empresa personal de nombre de fantasía RS producciones, sin su conocimiento y menos su autorización, apoderándose de una serie de correos que intercambió con la Sra. nombre reservado, documento tributario y cotización, que se encontraban como documentos adjuntos al correo electrónico y que tienen relación con contacto para contratar los servicios de su empresa para el día 17 de marzo de marzo 2023, en evento que ellos organizaron denominado hidrógeno verde.

Dichos correos y documentos, obtenidos de manera ilegal fueron entregados a la Directora (s) de nombre reservado, quien de igual forma, sin su autorización y conocimiento, los utilizó para realizar una denuncia al alcalde para que instruya un sumario administrativo. Adicionalmente, el fiscal faltando a su deber establecido en el artículo 137 de la Ley N° 18.883, no ahondó en esclarecer cómo se obtuvieron las copias del correo electrónico personal y documentación tributaria, con la agravante que en sus descargos hizo presente esta vulneración. Sin embargo, el fiscal del sumario administrativo, en conocimiento del hecho, omitió hacer las denuncias respectivas como establece el artículo citado previamente.

En segundo lugar, señala que la formulación de cargos no cumple con las exigencias legales y jurisprudenciales contenidas en dictámenes de la Contraloría General de la República N° 13.576 de 2013 y N° 20.824 de 2016 entre otros, en el sentido de que la formulación de cargos debe ser clara, detallada y precisa, de modo que quien se defiende pueda entender cuál es la acción u omisión por la cual se le imputa responsabilidad.

Sostiene que en el presente caso, se le acusó de manera vaga y genérica, pues se indica que por los hechos expresados habría infraccionado la normativa interna porque supuestamente cometió ciertas infracciones y sin explicar qué situaciones o qué hechos en consecuencia no se indica cuáles fueron en concreto las irregularidades y en qué momentos concretamente existió irregularidad, ni se explica cuándo, dónde y cómo se cometieron los actos, de este modo, se le hace muy difícil plantear su defensa y exponer lo referente a cada caso.

En cuanto a los cargos referidos destaca que desde el año 2014 tiene un emprendimiento familiar como productora de eventos, con nombre de fantasía RS Producciones, desde dicho año ha desarrollando numerosos eventos, trabajando con diversas empresas regionales del rubro de producción de eventos y con instituciones públicas. Cuenta con una amplia experiencia y reconocimiento en el mercado regional, que le ha valido que diversas empresas confíen en contratar sus servicios para el desarrollo de eventos.

Aclarando que en ningún momento se ha aprovechado de su condición de funcionario municipal del Centro Cultural respecto al cargo formulado número 1, ya que la organización, creación y producción del evento del "hidrogeno verde" del día 17 de marzo de 2023, estuvo a cargo del consulado argentino y la empresa grupo singular, por la Sra. nombre reservado y nombre reservado respectivamente, contactándolo la primera, desde el consulado argentino, recomendado por otras personas, para completar el equipamiento que necesitaban para su evento. Manifiesta que fue una actividad particular y en su tiempo libre, acción que no está dentro de las prohibiciones como funcionario municipal y no cometió por tanto infracción legal administrativa alguna.

Reitera que como funcionario municipal, no tiene ninguna prohibición para tener un emprendimiento familiar y cobrar por los servicios prestados, maliciosamente el fiscal vincula que por el solo hecho de ser funcionario del Centro Cultural obtuvo un beneficio económico, hipótesis que no fue acreditada en el expediente sumarial, siendo una suposición del fiscal.

Respecto al cargo 2, aclara que toda conversación y solicitud con los proveedores para dicho evento los realizó en forma particular, en su horario libre, por tanto, no incurrió en utilizar horarios de trabajo para este fin.

Destaca que, cada proveedor realizó su instalación y desinstalación de sus equipos con flete externo, en ningún momento trabajó con ellos ese día. El día del evento trabajó en el Centro Cultural como tramoya, es decir en el escenario, lo cual está alejado de la sala técnica, ya que cumplía sus actividades solamente como empleado municipal.

Respecto al cargo 3, sostiene que nunca ha facturado por los servicios que en la práctica fueron prestados por los funcionarios municipales que forman parte del equipo técnico permanente del centro cultural. La factura que se emitió a AHK bussines Center SA fue por arriendo de mobiliario, logística y apoyo audiovisual del evento.

En consecuencia, los hechos impugnados no tienen fundamento, pues ha demostrado que no ofreció servicios para dicho evento como se me impugna en el cargo N°1, no destinó tiempo de su jornada laboral para la cotización y arriendo de mobiliario que se me impugna en el cargo N°2 y que sólo trabajó el día del evento como tramoya, la cual es su función laboral en el Centro Cultural y tampoco facturó por trabajos propios del Centro Cultural, ni sus actividades propias según la impugnación del cargo Nº3.

Agrega que existían argumentos que debieron ser considerados como atenuantes de responsabilidad, por ejemplo:

• Hoja de vida funcionaria, con irreprochable conducta anterior • Tiene una empresa de producción de eventos que lleva muchos años desde el 2014 y que lo buscaron por ese motivo, no por ser parte del Centro Cultural.

• Antes de su destitución estaba trabajando en el Primer Juzgado de Policía Local, se había cambiado hace 1 mes y medio, y estuvo enfermo psiquiátricamente debido a esta injusta situación.

• Que ya no estaba trabajando en el centro cultural ni tampoco en el mismo rubro del cual le hicieron el sumario.

• Que no tuvo sumarios ni investigaciones sumarias anteriormente.

• Que trabajó trece años en la Municipalidad y a contrata recién desde enero de 2023.

• Que estuvo trece años a honorarios y siempre cumplió todas su tareas y contrataciones, no tiene incumplimientos alguno en los años anteriores.

Aclara que, si bien la Municipalidad ha actuado dentro del ámbito de su competencia, no lo ha hecho a través de un procedimiento administrativo con razones y pruebas en su contra, perjudicando los derechos fundamentales de su persona.

La sanción aplicada de destitución, es la que considera injusta, debiendo ponderarse correctamente todos los antecedentes en el proceso.

Concluye que se vulnera a su representado la garantía fundamental de integridad física y psíquica consagrada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, al brindarle un trato discriminatorio en comparación a otros funcionarios y ex funcionarios que reciben respuesta oportuna y favorable de sus argumentos y recursos interpuestos, debiendo tenerse también en consideración los perjudiciales efectos de la medida disciplinaria que se pretende aplicar, que implica la prohibición de desempeñar cargos públicos por el lapso de cinco años. Adicionalmente este actuar del recurrente vulnera el derecho a la no discriminación en materia laboral consagrado en el artículo 19 numeral 16 de nuestra Constitución Política de la Republica y que ha sido infraccionado por el actuar parcial y arbitrario del servicio, por los cuales se instruyó el Sumario Administrativo, cuestión que ilegalmente ha afectado el derecho de su representado a mantenerse en la Municipalidad, ejercer su cargo y percibir las remuneraciones correspondientes, vulnerándose así también su derecho de propiedad garantizado por el artículo 19 N(24 de la Carta Fundamental.

Solicita se acoja la acción y declarar:

-Que el actuar de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas es ilegal y arbitrario, por haberlo mantenido sometido a un sumario administrativo sin pruebas, es un actuar ilegal y arbitrario y se debe hacer valer el imperio del derecho y revocar tal medida disciplinaria, disponiendo el término de su destitución, ordenando su reincorporación a la Municipalidad de Punta Arenas y condenar al empleador al pago de todas sus remuneraciones por el tiempo en que ha estado separado ilegalmente de la institución.

-Que el actuar de los recurridos vulnera al recurrente las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 1, 19 N° 2, 19 N° 16 y N( 24 de la Constitución Política.

-Que por lo tanto procede que se declare su inocencia administrativa y se obligue a que la Municipalidad recurrida dicte la correspondiente resolución en que decrete el sobreseimiento del Sumario Administrativo, reincorporándolo a su cargo del que era titular como contrata.

-Que se le deben pagar al funcionario todas las remuneraciones por el tiempo en que estuvo separado de su cargo, con costas del recurso.

Acompaña, copia del Decreto Alcaldicio que sanciona con medida de destitución, notificación de la resolución que sanciona con medida de destitución y notificación de la resolución que rechazó el recurso de reposición, copia de Recurso de reposición y apelación subsidiaria ingresado, certificado de Antigüedad laboral, hoja de vida funcionaria, contratación diciembre de 2022, decreto de traslado, afiches expo invierno relativo a los hechos de este recurso, recortes de prensa regional relativo a los hechos de este recurso, certificados de variadas empresas e instituciones sobre los hechos relativos a este recurso y su desempeño laboral y constancias de las empresas que trabajaron y que producen el evento hidrógeno verde.

Informa, Cristian Patricio Navarro Kamann, abogado por la recurrida Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Reconoce que por decreto alcaldicio N°658 de fecha 06 de abril de 2023, se instruye investigación sumaria, con la finalidad de determinar responsabilidades administrativas, si las hubiere, en relación con los hechos informados por la Directora de Desarrollo Comunitario, respecto de evento “Hidrogeno Verde”, realizado el día 17 de marzo de 2023, en las dependencias del Centro Cultural, por la Productora RS de propiedad del funcionario nombre reservado; luego por decreto alcaldicio N°862 de 03 de mayo de 2023, se eleva a sumario administrativo la investigación sumaria, posteriormente conforme Decreto Alcaldicio N°1085 de 09 de junio de 2023, se amplía en 40 días hábiles el plazo del sumario administrativo ordenado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley N°18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.

A fojas 60 del expediente sumarial, consta el inicio de la etapa acusatoria, mediante la formulación de cargos al exfuncionario municipal, Sr. nombre reservado, los cuales fueron notificados al inculpado de manera personal, con fecha 07 de agosto de 2023, dando cuenta que los cargos son los expuestos por el recurrente en su acción.

Refiere que las conductas antes descritas, a juicio del fiscal y conforme fue debidamente expresado en la resolución de formulación de cargos, contravienen lo dispuesto en los siguientes artículos de la Ley Nº 18.883, sobre “Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales”: Letra g) del artículo 58, referido a “Obligaciones de cada funcionario”, que dispone la obligatoriedad de “…Observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la ley Nº 18.575 y demás disposiciones especiales…”; y letra g) del artículo 82, referido a “Las Prohibiciones”, y que dice relación con “…Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o información reservada o confidencial de la municipalidad para fines ajenos a los institucionales…”

Asimismo, infringen los siguientes artículos de la Ley Nº 18.575 “Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado": Artículo 13 Los funcionarios de la Administración del Estado deberán observar el principio de probidad administrativa y, en particular, las normas legales generales y especiales que lo regulan; Artículo 15, en cuanto establece que el personal de la Administración del Estado se regirá por las normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulará el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones; Artículo 62, numeral 4, que indica como prohibición, “…Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales…”

Así, las cosas con fecha 10 de octubre de 2023, el fiscal emite su vista, en donde efectúa una ponderación de los antecedentes recopilados dentro del proceso, refiriéndose a los descargos deducidos por el inculpado y en donde desestima los realizados, por las consideraciones que expone, ya que el fiscal del proceso, mediante su vista, tiene por acreditado, de acuerdo a los antecedentes recabados en el marco de este sumario, que el funcionario nombre reservado ofreció y cobró por servicios asociados a la producción de eventos que corresponden al giro de su empresa particular registrada en el Servicio de Impuestos Internos como “nombre reservado, R.U.T. RUT reservado GIRO PRODUCTORA DE EVENTOS Y EVENTOS ON LINE”, en el marco de un evento realizado en el Centro Cultural “nombre reservado” denominado “Hidrógeno Verde” el día 17 de marzo de 2023, obteniendo beneficios personales derivados del pago de los servicios ofertados, aprovechándose de su condición de funcionario municipal y del cargo y funciones que cumple en el referido recinto municipal.

En efecto, el fiscal indica que el referido funcionario cotizó, facturó y cobró por servicios que correspondía ser cubiertos por la empresa Singular, a quien se le reservó el uso de este espacio para la realización de este evento, tal como consta en el oficio Ord. N° 515 de fecha 28/12/2022 de la Directora (S) de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

Asimismo, el fiscal tuvo por acreditado, de acuerdo con los antecedentes recabados, que el Sr. nombre reservado destinó tiempo de su jornada laboral como funcionario municipal a la coordinación, gestión y ejecución de actividades vinculadas a su cargo para la obtención de beneficio personal. En efecto, se pudo verificar las gestiones asociadas a las coordinaciones que sostuvo el Sr. nombre reservado con la Sra. nombre reservado y que quedaron registradas como respaldo a través de correos electrónicos de fechas 09/03/2023 a las 09:20 horas y 10/03/2023 a las 12:26 horas, correspondiendo a días y horas enmarcados en el horario de jornada establecido mediante Decreto Alcaldicio Nº 2208 (Sección “B”) de fecha 03/06/2013, que fija jornada continua de trabajo para los funcionarios de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. (correos del Sr. nombre reservado, registrados bajo fojas 6 y 12).

Por otro lado se aceptó parcialmente el descargo, relativo al cargo 3, ya que, si bien por una parte la cotización y facturación del servicio de “apoyo audiovisual” corresponde que sea provisto por un externo (productora), lo que se produjo en la práctica es que lo debieron realizar funcionarios municipales por la incompetencia de quien debía hacerlo. En consecuencia, hay un margen de los servicios facturados por el Sr. nombre reservado (ítem “apoyo audiovisual”) y su respectivo porcentaje de comisión, que debió ser cubierto por funcionarios municipales. Dichos antecedentes, estima, no desvirtúa en ningún sentido la conducta reprochada, ya que no se entiende por qué el Sr. nombre reservado cotiza, factura y finalmente cobra por los servicios de “arriendo de mobiliario, logística y apoyo audiovisual del evento” (glosa descriptiva de servicios prestados según factura N°278 de 08/03/2023 de su propia empresa), si sólo fue “contactado” para “completar el equipamiento”, como señala.

Debió abstenerse de prestar dichos apoyos, y en ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, cobrar por este tipo de gestiones que guardan directa relación con la función que cumple en el Centro Cultural, constituyendo una falta grave al principio de probidad administrativa.”

Así, de acuerdo con lo analizado por el fiscal, no concurrieron circunstancias modificatorias de responsabilidad administrativa, toda vez que la materia objeto de cargos contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, cuya infracción supone la aplicación de la medida disciplinaria que indica el estatuto.

El fiscal propuso aplicar al señor nombre reservado, funcionario de contrata, técnico, grado 17° de la E.S.M., dependiente del 1º Juzgado de Policía Local de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, la medida disciplinaria de destitución, establecida en el artículo N°123 de la Ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, por vulnerar gravemente el principio de probidad administrativa.

Aclara que del examen del proceso sumarial y de la vista del fiscal, aparece, por una parte, que el procedimiento disciplinario se encuentra ajustado a derecho, en donde se observaron los principios formativos del procedimiento disciplinario y del debido proceso, procediéndose a la formulación de cargos precisos y circunstanciados, con indicación de las infracciones que se imputan a consecuencia de los actos por los cuales se formulan los cargos. Asimismo, el funcionario en comento fue debidamente notificado de manera personal, pudiendo efectuar sus descargos, conforme rola a fojas 65 y siguientes del expediente de investigación.

Hace presente que consta en el proceso, que el recurrente no ejerció el reclamo administrativo que procedía, en virtud del artículo 156 de la ley 18.883.

Agrega que, sin desconocer la potestad de revisar la protección de garantías fundamentales, como es el debido proceso, el legislador radicó el ejercicio de pronunciarse respecto del fondo al jefe superior del servicio, y confiriéndole a la Contraloría General de la República la facultad de revisar el proceso en cuanto a forma se refiere.

En consecuencia, entiende que no se verifican actos u actuaciones arbitrarias e ilegales que afecten los derechos constitucionales del recurrente.

Concluye que en el caso probable que se estime que el proceso se encuentra viciado, se verifica la imposibilidad de reincorporación del recurrente al estamento municipal, toda vez que su contratación se dispuso hasta el día 31 de diciembre de 2023, en su calidad de empleo transitorio al amparo de la ley Nº 18.883, no habiéndose renovado para un nuevo periodo.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente lo hace consistir en la resolución Nº 09, de fecha 15 de noviembre de 2023, que rechaza su recurso de reposición deducido en contra del decreto alcaldicio Nº 1970 “B”, de fecha 25 de octubre de 2023, que le aplica la medida disciplinaria de destitución por faltas graves a la probidad.

CUARTO: Que, al evacuar su informe la recurrida insta por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

QUINTO: Que, cabe precisar que, el recurso de protección no ha sido creado para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procedimientos perfectamente establecidos y entregados al conocimiento de organismos competentes que actúen dentro de sus atribuciones legales y, consecuentemente, bajo el imperio del derecho; por lo que esta acción constitucional no puede ser entablada para obtener un pronunciamiento que recaiga en una materia como la responsabilidad perseguida en un procedimiento disciplinario.

En efecto, esta acción constitucional no es la vía para solicitar la revisión de medidas disciplinarias adoptadas en investigaciones sumarias, pues se trata de una acción cautelar de protección de garantías constitucionales y no de revisión administrativa, pues el control que se ejerce por esta vía no se encuentra destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones cumplidas en un sumario administrativo, por lo cual no es procedente que el recurrente pretenda por esta instancia jurisdiccional extraordinaria, que se revise la investigación y la decisión a que se arriba sobre la base del mérito establecido por el funcionario encargado de la investigación en la vista o dictamen realizado al concluir la investigación, como tampoco a la medida terminal adoptada.

SEXTO: Que, en consecuencia, atendido que la finalidad fundamental perseguida por el recurrente con su acción es impugnar la medida disciplinaria adoptada en la investigación sumaria instruida en su contra, que culminó con su destitución, la acción de autos no es idónea para ello, por cuanto ésta no ha sido creada para solucionar conflictos que se encuentren sometidos a normas y procesos previamente establecidos, sin perjuicio que del examen de los hechos expuestos y de las resoluciones sumariales, se advierte que durante la tramitación del proceso sancionatorio se le ofreció al recurrente las instancias para efectuar sus alegaciones, las que en ningún caso pueden renovarse por la vía de la acción constitucional de protección, por no constituir ésta la vía adecuada al efecto.

SEPTIMO: Que, a mayor abundamiento, de las referencias que ambas partes hicieron al sumario administrativo y del documento acompañado por la recurrida en la vista de la causa, se advierte que el procedimiento se ajustó a la reglamentación establecida ya que, el actor fue oído y se le permitió defenderse, pudo formular descargos y ofrecer sus medios de prueba, fue notificado de las actuaciones y tuvo oportunidad de conocer el contenido íntegro del expediente.

OCTAVO: Que, el criterio anteriormente referido fue refrendado por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol Nº 8784-2022, que confirma el fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción en causa Rol 14.951-2021. Protección.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor nombre reservado, contra de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción Ministra Srta. San Martín ROL N°654-2023- PROTECCIÓN.