nombre reservado con HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES

Punta Arenas, veinticuatro de enero de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

nombre reservado, enfermera del Hospital Clínico de Magallanes, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Hospital Clínico Doctor Lautaro Navarro, representado por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber cometido una acción ilegal y arbitraria al momento de realizar el descuento, de la Caja de Compensación Los Andes y Seguros de Vida APV, de su liquidación de sueldo del mes de noviembre de 2023, acción que priva, perturba, y amenaza sus derechos constitucionales consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que, el 5 de diciembre formuló reclamo ante el jefe de remuneraciones de la recurrida, por los descuentos realizados en su liquidación de sueldo del mes de noviembre de 2023, recibida por la recurrente el 20 del mismo mes y año, a saber, descuento de la Caja de Compensación Los Andes por supuestas obligaciones con la Caja de Compensación la Araucana del año 2014 y seguro de vida de Consorcio Seguros de Vida APV, por las sumas de $290.235 y $76.015 respectivamente, señalando que la primera de ellas corresponde a una estafa de la cual fue víctima y respecto de la segunda desconoce haber contratado algún seguro con Consorcio.

Explica que, ante su reclamo, el jefe de Remuneraciones remitió la siguiente respuesta: “Junto con saludar y en respuesta a su carta, informo a usted que en lo que se refiere a descuento de APV de Consorcio (adjunto documento), este nos llegaba en forma mensual desde la compañía y suspendimos el descuento en el mes de octubre de 2023, por lo que ya no posee dicho descuento.

En relación a lo que plantea de descuento Caja de Compensación, indicar que desde este año 2023 el Servicio de Salud Magallanes pasó de estar adherido a C.C. La Araucana a la C.C. Los Andes.

En tal sentido, la C.C. Los Andes tiene la facultad de poder cobrar mediante Intercaja, cuotas de créditos de otras cajas de compensación y en particular C.C. La Araucana. Es por ello que mensualmente estamos recibiendo desde la C.C. Los Andes, archivos planos con registros de descuentos que cargamos a la liquidación de sueldos sin intervención alguna.

En relación a su caso particular que se arrastra desde el año 2014, como Unidad Remuneraciones encargada de los descuentos, no tenemos las atribuciones de eliminar o modificar los registros que envía la Caja y es por ello que su descuento de intercaja se ejecuta en su liquidación. Por este motivo considero importante que nos haga llegar toda la documentación que tiene respecto de lo que plantea, para que sea analizado por nuestra área jurídica y ver la pertinencia de este descuento”.

Señala que solicitó el reembolso de los descuentos realizados, sin embargo la recurrida vulnera su derecho de igualdad ante la ley y así mismo su derecho de propiedad, ambos consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al decidir descontar de su remuneración los montos indicados.

Finalmente solicita se acoja la presente acción en todas sus partes, dejando sin efecto los descuentos realizados a Caja de Compensación Los Andes y Seguros de Vida APV, ordenando el reembolso de los referidos descuentos, todo con expresa condena en costas.

Evacúa informe Luis Monsalve Caiguan, abogado, por la recurrida, Hospital Clínico Doctor Lautaro Navarro, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, por no existir acto arbitrario ni ilegal alguno, con costas.

Expone que, la recurrente es enfermera en el Hospital Clínico de Magallanes, de profesión Enfermera Universitaria, destinada a la Unidad de Paciente Crítico del Hospital, registrando en su hoja de vida datos contractuales desde el 22 de diciembre de 1994, totalizando una antigüedad de más de 23 años de servicio.

Agrega que, el hecho que la recurrente considera arbitrario e ilegal habría ocurrido el día 20 de noviembre de 2023, al descontársele de su remuneración las sumas de $290.235 para pagar una supuesta deuda inexistente informada por la Caja de Compensación los Andes, y $76.015 por un seguro de vida de Consorcio Seguros de Vida APV, cuyo descuento jamás habría pedido ni autorizado.

Alega como cuestión previa, la falta de legitimación pasiva, indicando que existe una manifiesta falta de legitimidad pasiva de la recurrida, ya que esta dirige su acción constitucional en contra de los descuentos originados en dos entidades distintas a la recurrida y sobre las que tanto el Hospital Clínico de Magallanes, como el Servicio de Salud Magallanes, no han tenido injerencia, limitándose solo a hacer los descuentos solicitado por la Caja de Compensación por un crédito social y la entidad aseguradora por un depósito de Ahorro Previsional Voluntario contratado por la recurrente.

Explica que respecto del descuento a la Caja de Compensación Los Andes, los empleadores que se encuentran afiliados a una Caja de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), tienen la obligación legal de deducir, retener y enterar a la C.C.A.F., acreedora o recaudadora, en su caso, las sumas que adeude el trabajador por concepto de crédito social, sin que sea necesario, contar para dicho efecto con su autorización.

Añade que, el cobro de dichas acreencias por parte de las C.C.A.F., una vez agotada la etapa administrativa, se realiza por medio de un procedimiento de juicio ejecutivo previsional ante los juzgados de Letras de Cobranza Laboral, no dando margen a la discusión de fondo de los descuentos, como ha ocurrido en causa seguida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, Rit P-597-2023, donde parte de las deudas ejecutadas se refieren a descuentos que no se hicieron efectivos con respecto a la recurrente de autos.

Asevera que, por lo anterior, la recurrente debe necesariamente dirigir sus acciones en contra de las entidades en las que se originaron las deudas y descuentos alegados, ya que no le es lícito al Servicio de Salud Magallanes, como entidad encargada de concretar los descuentos, ni mucho menos a la recurrida, analizar y dejar sin efecto dichas deducciones.

Indica que, el Hospital Clínico de Magallanes, es un establecimiento autogestionado en red, funcionalmente desconcentrado del Servicio de Salud de Magallanes, creado por la Ley N°19.937, de 2004, que modificó el D.L. N° 2.763, de 1979, y cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el D.F.L. N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud.

Refiere que, respecto a las facultades del director del Hospital Autogestionado para llevar a cabo las funciones desconcentradas, el artículo 36 del D.F.L. N° 1 de 2005, dispone que: “En el Director estarán radicadas las funciones de dirección, organización y administración del correspondiente Establecimiento y en especial tendrá las siguientes atribuciones:

“f) Ejercer las funciones de…, reconocimiento de remuneraciones, incluyendo todas aquellas asignaciones y bonificaciones que son concedidas por el Director del Servicio, … y demás que establezca el reglamento.”

Señala que de la norma transcrita, se desprende que lo radicado, en materia de recursos humanos, de la dirección del Hospital Clínico de Magallanes es el “reconocimiento de remuneraciones”, es decir, el acto administrativo que reconoce a sus funcionarios el derecho a recibir su remuneración, más no contempla la facultad para hacer pago y descuento de ellas, atribución que se encuentra concentrada en el Servicio de Salud de Magallanes, entidad distinta, que no es recurrida en estos autos.

Solicita se rechace el presente recurso por falta de legitimación pasiva del Hospital Clínico de Magallanes con respecto a los hechos y pretensiones alegadas por la recurrente.

Alega como cuestión previa, en segundo lugar, la extemporaneidad del recurso deducido, señalando que la acción de protección ha sido presentada extemporáneamente, ya que de la información recopilada por la recurrida, principalmente de las liquidaciones de remuneraciones de la recurrente, se observa que los descuentos aludidos se vienen realizando mensualmente por lo menos desde julio de 2023, por lo que la recurrente estaba en conocimiento de la acción que considera ilegal y arbitraria desde mucho antes de interponer la presente acción constitucional.

Precisa que, respecto al descuento para el pago del depósito para APV con Seguros Consorcio, en la liquidación de remuneración del mes de julio de 2023, se realizó dicho descuento. Por otro lado, respecto al descuento por el crédito con la Caja de Compensación La Araucana, cobrada por “Intercaja” de la C.C. Los Andes, dicho descuento se hizo efectivo en el mes de septiembre de 2023.

Añade, que a la fecha, según las liquidaciones de remuneraciones, se mantiene solo el descuento por la deuda de la recurrente con la C.C.A.F., habiéndose suspendido el descuento del APV con Seguros Consorcio por parte del Servicio de Salud de Magallanes, el cual la actora debe regularizar con dicha entidad aseguradora.

Señala, que la recurrente tomó conocimiento de los descuentos alegados en julio y septiembre del año 2023, al registrarse en sus liquidaciones de remuneraciones, lo cual, dado la cuantía de los descuentos, resultaba imposible de ignorar sin mediana diligencia, lo que nos lleva necesariamente a concluir que la presente acción se ha interpuesto extemporáneamente.

Alega como cuestión previa, en tercer lugar, que la pretensión de la actora corresponde a un asunto de lato conocimiento, no correspondiendo por ello un pronunciamiento en esta instancia excepcional.

Explica que, con respecto al descuento por deuda de crédito con C.C. La Araucana, la recurrente afirma que se habría originado el año 2014, como consecuencia de una estafa de la que habría sido víctima, situación que no se encuentra demostrada en autos, y que en todo caso debería hacer valer ante la entidad acreedora, y no respecto de quien recurre.

Que, la naturaleza de la acreencia que pretende desconocer la recurrente requiere de un análisis diferente al que esta instancia constitucional permite, siendo necesario un procedimiento que permita la discusión y prueba de los hechos. En el mismo sentido los descuentos por el APV de Seguros Consorcio, ya que la actora afirma jamás haberlo autorizado, en circunstancias que de la información que ha proporcionado el Servicio de Salud Magallanes, dicho descuento sí se habría autorizado por la recurrente, el 19 de junio de 2022, al contratar un depósito de ahorro previsional voluntario (APV), por 2.1 UF., mensual, con modo de pago “empleador con convenio” Folio 14601, con la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.

Por lo anterior, dada la naturaleza del asunto discutido, solicita el rechazo del presente recurso de protección por tratarse de un asunto de lato conocimiento.

Alega en cuanto al fondo del asunto, solicitando el total y absoluto rechazo de la acción, toda vez que la recurrida ha actuado dentro de las facultades legalmente concedidas y no ha vulnerado garantía alguna del recurrente.

Expone que, el Hospital Clínico de Magallanes no ha ordenado descuento alguno a la recurrida, al no ser el ente pagador, que, de la información proporcionada por el Servicio de Salud Magallanes, no se observa ilegalidad o arbitrariedad en los descuentos efectuados a la recurrente, lo anterior dada la naturaleza de dichas deducciones y la normativa aplicable.

Refiere que, respecto del descuento a la Caja de Compensación Los Andes, los empleadores que se encuentran afiliados a una Caja de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.)3, tienen la obligación legal de deducir, retener y enterar a la C.C.A.F., acreedora o recaudadora, en su caso, las sumas que adeude el trabajador por concepto de crédito social, sin que sea necesario, contar para dicho efecto con su autorización.

Agrega que, si el trabajador alega una causal de extinción de la deuda deberá acudir a los Tribunales de Justicia para que así lo declaren en un procedimiento de lato conocimiento, de manera que no ocurriendo aquello, la caja estará facultada para requerir el pago, y la entidad empleadora, obligada a realizar los descuentos correspondientes.

Sobre esto último, cabe mencionar que el Servicio de Salud Magallanes, ya ha sido demandado por el no descuento de lo debido por la actora con la C.C.A.F, ello en procedimiento ejecutivo previsional sustanciado ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, Rit P-597-2023.

Concluye señalando que los hechos expuestos por la recurrente no son ilegales, y mucho menos arbitrarios, por cuando al realizar los descuentos señalados el Servicio de Salud Magallanes ha actuado conforme a las normas que regulan la materia, siguiendo además el criterio de la jurisprudencia administrativa a cuya observancia se encuentra obligado, como son, los dictámenes de la Contraloría General de la República y de la Superintendencia de Seguridad Social, dando además explicaciones a la recurrente sobre los orígenes de los descuentos, y la imposibilidad de suspender aquellos con la C.C.A.F., solicitándole mayores antecedentes.

Acompaña a su informe los siguientes documentos: 1. Copia de correo electrónico del 05 de diciembre de 2023, de nombre reservado, encargado de Unidad Remuneraciones del Servicio de Salud Magallanes a doña nombre reservado. 2.

Copia de correo electrónico del 03 de enero de 2024, de nombre reservado, encargado de Unidad Remuneraciones del Servicio de Salud Magallanes, con asunto “Cobranza APV Consorcio Empleadores-Diciembre 2023” con correo de arrastre de correo reservado. 3. Copia de documento denominado “Selección de alternativas de ahorro previsional voluntario”, propuesta:35011617, folio 14601, de fecha 19 de junio de 2022, de la contratante nombre reservado, con firma electrónica de esta última, y firma de Hector Pizarro Cruz de la Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A. 4. Copia de liquidaciones de remuneraciones de doña nombre reservado, correspondiente a los meses de diciembre, noviembre, octubre, septiembre, agosto y julio, todas del año 2023. 5. Copia de carta de Seguros Consorcio, de fecha 16 de agosto de 2023, de Seguro Ahorro Voluntario, con listado y montos a pagar, destacándose el nombre de nombre reservado, y el monto por ahorro previsional de 2.10 UF. (información personal de otros funcionarios tarjada). 6. Copia de Resolución Exenta N°4354-2023 del Hospital Clínico de Magallanes. 7. Dictamen N°26294-2021 de la Superintendencia de Seguridad Social. 8. Dictamen N°7779-2018 de la Contraloría General de la República.

Finaliza señalando que no existen hechos arbitrarios o ilegales de parte del Hospital Clínico de Magallanes que hayan afectado las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las Garantías Constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que el hecho que la recurrente califica como arbitrario e ilegal lo hace consistir en los descuentos realizados a su remuneración del mes de noviembre de 2023, a saber, descuento de la Caja de Compensación Los Andes por supuestas obligaciones con la Caja de Compensación la Araucana del año 2014 y seguro de vida de Consorcio Seguros de Vida APV, por las sumas de $290.235 y $76.015 respectivamente.

CUARTO: Que, a su turno la recurrida, informa al tenor de lo consignado en lo expositivo del presente fallo, instando por el rechazo de la acción, alegando en primer lugar, la falta de legitimación pasiva de la recurrida, para luego alegar la extemporaneidad de la acción, y posteriormente el hecho de que la pretensión de la actora se trate de un asunto de lato conocimiento, para finalmente negar la existencia de alguna vulneración respecto de las garantías constitucionales de la recurrente.

QUINTO: Que, sobre la falta de legitimación pasiva alegada, se debe señalar que es un hecho no discutido que lo que se ha descontado a la recurrente, lo ha sido por encargo de Caja de Compensación Los Andes por supuestas obligaciones con la Caja de Compensación la Araucana del año 2014 y seguro de vida de Consorcio Seguros de Vida APV.

Asimismo, conforme se ha informado por la recurrida, quien ha efectuado los descuentos, por ser encargado del pago de las remuneraciones ha sido el Servicio de Salud.

Ninguna de las entidades mencionadas precedentemente, ha sido emplazada en el presente recurso.

SEXTO: Que, así las cosas, resulta ser efectivo que la recurrida, carece de legitimación pasiva, por lo que a su respecto, el presente arbitrio no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, contra el Hospital Clínico Doctor Lautaro Navarro.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción de la Ministra doña Inés Recart Parra.

Se deja constancia que no firma la Ministra doña María Isabel San Martín nombre reservado, no obstante haber concurrido a al acuerdo, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº641-2023 Protección.