Protección contra CONSTRUCTORA CONSTRUMAQ EIRL

Punta Arenas, diez de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones don nombre reservado, Supervisor de Obras Civiles, domiciliado en domicilio reservado y deduce recurso de protección en contra de CONSTRUCTORA CONSTRUMAQ EIRL, representada legalmente por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, denuncia actuaciones ilegales y arbitrarias, que afectan sus garantías constitucionales de los numerales 1 y 24 de la Constitución Política de la República.

Explica que con fecha 2 de mayo de 2018 comenzó a trabajar en CONSTRUMAQ, en un primera etapa en obras en METHANEX “Puesta en marcha Planta N° 4, Cabo Negro”, y desde el 6 de febrero de 2020 en ENAP “Montajes Módulos ISPS, Muelle San Gregorio”. Con fecha 31 de enero de este año 2020, la recurrida CONSTRUMAQ emite un Certificado laboral en la cual se “Certifica que sr. nombre reservado, Rut. RUT reservado, Se desempeña en el cargo de Supervisor de Obras civiles, Además mencionar que tiene un contrato de carácter indefinido a partir del 02 de mayo 2018”, lo que se ratifica en anexo de contrato de fecha 6 de febrero del presente año.

Señala que el día 5 de abril, le correspondía recibir su remuneración del mes de marzo de 2020, cuestión que no ha ocurrido, a pesar de todas las gestiones realizadas para que ello ocurra.

En definitiva, denuncia que la recurrida CONSTRUMAQ no le ha pagado las remuneraciones y cotizaciones previsionales que le corresponden en contraprestación a sus servicios como supervisor de obra.

Refiere que lo anterior, ha vulnerado las siguientes garantías constitucionales:

La garantía del artículo 19 N° 1, esto es integridad psíquica.

Expone que el acto arbitrario e ilegal, en cuanto a que sin motivo que lo justifique y/o sin previo aviso no se le paga su sueldo, estando con licencia médica vigente, todo lo cual es una consecuencia directa de la relación laboral y tal vulneración se ha producido durante la vigencia de la relación laboral.

El derecho consagrado en el artículo 19 N° 24, esto es, el de propiedad, pues el no pago de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales, infringe la garantía señalada.

Finaliza solicitando se acoja este recurso disponiendo que se debe restablecer el imperio del derecho por parte del recurrido, adoptando las medidas que sean necesarias para ello, lo que implica necesariamente pagar retroactivamente y de forma inmediata, todas las remuneraciones y cotizaciones Previsionales impagas hasta la fecha de la sentencia, con costas.

Comparece la recurrida e informa, señalando que efectivamente contrató a nombre reservado con fecha 02 de mayo de 2018, para ejecutar los servicios de capataz sin que en su contrato se indicara las obras o faenas en las cuales me desempeñaría.

Sin perjuicio de aquello, con fecha 02 de enero de 2019, comenzó a prestar labores en el establecimiento de Methanex, en diversos proyectos, los cuales se extendieron hasta el mes de febrero de 2020, ya que con fecha 6 de febrero de 2020, firmó anexo de contrato en el cual se establecía que procedería a prestar servicios a partir de esa fecha en la empresa ENAP, “Empresa Nacional del Petróleo”, trabajando únicamente hasta el día 12 de marzo del presente, ya que posterior a dicha fecha decidió no concurrir más a trabajar, hasta que se enteraron que decidió poner fin a su contrato de trabajo.

Agrega que con fecha 17 de marzo de 2020 el requirente decide poner término a su contrato de trabajo, de conformidad a lo que prevé el artículo 171 del código del trabajo en relación con el articulo 160 N°7 del mismo cuerpo legal, ingresando la carta en la Inspección del trabajo, y les comunica mediante carta certificada su decisión.

Explica que el 18 de marzo de 2020 y tras enviar la respectiva carta certificada, procede el requirente a dejar el respectivo reclamo en la Inspección del Trabajo, pero no hubo citación a ningún comparendo, debido a que, por todo lo acontecido, y que es un hecho de público conocimiento, los servicios públicos se encuentran cerrados, y privilegiando la modalidad de teletrabajo, por lo que procedieron a contactarlos vía telefónica, a lo que señalaron que si bien, no podían pagar los conceptos adeudados de forma inmediata y mediante un pago único y al contado, procedieron a ofrecer un acuerdo o convenio de pago, para que el trabajador pudiese percibir alguna suma de dinero, a lo que, tras contactarlo este se niega y señala que procederá con las acciones legales respectivas.

Luego toman conocimiento a través de su abogado, que decidió interponer una demanda de tutela laboral, la que está ingresada en el Tribunal Laboral en causa Rit T-53-2020.

Fue así que, con fecha 19 de mayo del presente el requirente firmo con la empresa Methanex un acuerdo de pago, conciliación, avenimiento y transacción extrajudicial, en la cual expresamente reconoce que: “Construmaq mantiene con él, única y exclusivamente las siguientes deudas de índole laboral: Feriado legal proporcional e indemnización por años de servicios, por la suma total de: $4.930.425”.

Por el mismo acuerdo antes individualizado, fue que el requerido procedió a retirar la demanda respecto de la Empresa Methanex en el tribunal laboral, pero no se entiende su actuar de mala fe y de enriquecimiento sin causa, al interponer el presente recurso de protección y continuar con esta acción y su tramitación por el no pago de sus remuneraciones, cuando su contrato de trabajo no se encuentra vigente, por decisión propia, o sea, por generar un auto despido, por no pago de cotizaciones previsionales; incumplimiento que por lo demás también se encuentra expresamente resuelto según acuerdo de pago, conciliación, avenimiento y transacción acompañada en un otrosí de esta presentación y ratificado ante ministro de fe, esto es, el Notario Público Igor Trincado, donde se procede a ratificar que no se le adeuda concepto alguno por parte de la Empresa Construmaq.

Asevera que conforme a lo expuesto, la única conclusión es que el requirente ha querido aprovecharse del sistema judicial y obtener ganancias ilícitas, ya que -como se señaló- las deudas por conceptos labores se encuentran pagadas y al día, y por demás jamás se le han adeudado remuneraciones, porque tal y como se ha señalado si no hubiese recibido el pago de esos conceptos no hubiese firmado el acuerdo de pago, conciliación, avenimiento y transacción, debido a que la suma adeudada sería mucho mayor.

Afirma que el requirente mintió y aumentó desproporcionalmente su remuneración mensual, toda vez que, si el monto indicado por él, hubiese sido la suma real, tampoco hubiese firmado el acuerdo de pago, conciliación, avenimiento y transacción; o sea, a todas luces estamos ante un ciudadano que lo único que busca es querer fingir una vulneración constitucional cuando ésta nunca ha existido, a luz de todos los antecedentes acompañados, sobre todo partiendo de la base que dejó de prestar servicios por un auto despido, el cual omitió señalar en todo el relato de su recurso.

Se pregunta, en consecuencia, cuál sería la sanción más ejemplificadora, para ésta clase de personas, que sabiendo y conociendo las consecuencias de sus actos decide interponer una acción que por su naturaleza e importancia hubiese podido generar grandes perjuicios a su parte y a terceras empresas involucradas que no tienen participación alguna.

Insiste en la Mala fe del requirente y su intención de obtener un enriquecimiento sin causa, a través del aprovechamiento del sistema judicial, más aún a través del uso de un procedimiento destinado a poner fin a la vulneración de un derecho constitucional, que a todas luces aquí jamás de se ha visto vulnerado y solicita una condenación en costas ejemplificadora que tenga por finalidad castigar el actuar fraudulento, mal intencionado y aprovechador del requirente.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso con expresa condenación en costas.

Se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que el acto que el recurrente estima ilegal y arbitrario lo hace consistir en que la recurrida, no pagó las remuneraciones y cotizaciones previsionales que le correspondía legalmente recibir.

CUARTO: Que, el reproche que se ha transcrito en el considerando precedente, no ha sido establecido por algún antecedente que acredite el actuar malicioso de la recurrida, toda vez que acompañó certificados de cotizaciones y de afiliación, contratos de trabajo y liquidaciones de sueldo, todos documentos que desvirtúan el reproche que le formula el recurrente, esto es, el no pago de remuneraciones ni cotizaciones de la seguridad social, con vulneración de las garantías constitucionales que se dicen afectadas.

Así entonces en la especie se incumple el primero de los requisitos señalados en el fundamento segundo, a saber, que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente la recurrida ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se les atribuye Para el mismo efecto es dable considerar que la recurrida niega los hechos en la forma relatados por el actor, acompañando, además, documentos que controvierten derechamente lo expuesto por el recurrente, esto es, una carta de autodespido y documentos relacionados con el inicio de una denuncia laboral por vulneración de derechos fundamentales, procedimiento, que, precisamente, permite discutir lo denunciado, en un juicio de lato conocimiento, adversarial, en que las partes tienen la oportunidad de probar sus alegaciones, lo que escapa a la naturaleza cautelar y desformalizada de esta acción constitucional.

En relación a lo anterior, como medida para mejor resolver se dispuso traer a la vista la causa laboral sobre denuncia de tutela laboral, ingresada en el Juzgado del Trabajo de esta ciudad bajo el Rit T-53-2020 citada por la recurrida.

En dicha causa consta que el recurrente con fecha 21 de abril de 2020 efectivamente interpuso una denuncia por tutela laboral en procedimiento ordinario en contra de la recurrida y de la empresa Methanex Chile S.A., basada en los mismos hechos de que da cuenta en el presente recurso por vulneración del derecho a la integridad física y síquica y a la honra, solicitando que se declare que las demandadas lo deben indemnizar por las prestaciones y sumas que indica, entre las cuales se contempla lo que pide se declare en el presente recurso. Su denuncia fue acogida tramitación y actualmente se encuentra con fecha agendada para la celebración de audiencia preparatoria el día 23 de septiembre de 2020 a las 9.00 horas.

De este modo al interponer la presente acción constitucional -con fecha 3 de mayo de 2020- el asunto planteado ante esta Corte ya se encontraba en conocimiento de un órgano jurisdiccional sometido al imperio del derecho, pudiendo concluirse entonces que esta no constituye la vía idónea para resolver lo que se pide y en relación a lo cual, el recurrente además, carece de un derecho indubitado.

QUINTO: Que, de acuerdo a lo razonado, la presente acción constitucional no podrá prosperar y en consecuencia deberá ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de CONSTRUCTORA CONSTRUMAQ EIRL, representada legalmente por doña nombre reservado, todos ya individualizados.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro sr. Kusanovic.

ROL N° 632-2020.PROTECCION.-