Protección contra Director Regional del Servicio Nacional de Menores

Punta Arenas, treinta de enero de dos mil veintitrés.

VISTO:

Comparece don Juan José Godoy Cifuentes, abogado, en representación de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, Licenciada en Trabajo Social, Supervisora Técnica de la Unidad de Justicia Juvenil del Servicio Nacional de Menores, Región de Magallanes y Antártica Chilena domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra del Director Regional del Servicio Nacional de Menores, don Octavio Marcelo Villarroel Araya y en contra de la Presidenta del Directorio Provincial de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename (ANTRACE) doña nombre reservado.

Funda su presentación señalando que la recurrente es Asistente Social de profesión y se desempeña como Supervisora Técnica en la Unidad de Justicia Juvenil de la Dirección Regional de SENAME, Región de Magallanes y Antártica Chilena. Dentro de sus funciones de supervisora se encuentra la de inspeccionar a los centros y organismos encargados de la ejecución de la ley N° 20.084, sobre Responsabilidad Penal Adolescente, en cuyo contexto debe realizar y emitir de manera trimestral informes de supervisión técnica sobre el funcionamiento técnico, legal y reglamentario de dicha oferta programática.

El día 14 de junio del 2022, doña nombre reservado, en su calidad de supervisora técnica, efectúa una supervisión nocturna al Centro de Internación en Régimen Semicerrado de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, oportunidad en que se percata que uno de los jóvenes que cumple sanción en el Centro Semicerrado, se encontraba fuera de la reja del Centro, al consultar porque el joven no ingresaba de inmediato al centro, una profesional del Equipo Técnico le señala “...su hora de ingreso es a las 22:00 hrs...”. lo que le parece muy extraño, pero pensó que quizás obedecía a una situación ocasional y circunstancial, percatándose de que se trataba de una práctica instalada habitualmente en el centro semicerrado de Punta Arenas, motivo por el cual, en su calidad de supervisora técnica, el día 17 de Junio 2022 envía un correo electrónico informando de esta situación a sus jefaturas, advirtiendo que se debía revisar a la brevedad los hechos expuestos, ya que, pudiese eventualmente estarse configurando una vulneración de derechos grave hacia los jóvenes, puesto que, mantenerlos esperando en las afueras del centro semicerrado, a la intemperie, en pleno invierno magallánico expuestos a temperaturas entre los 0° y los -8 grados Celsius, resulta a todas luces un trato cruel, inhumano y degradante, lo cual está proscrito tanto en la Ley 20.084 como en Tratados Internacionales de Derechos Humanos, más aún teniendo presente que no se vislumbra ninguna justificación razonada como para no ingresar a los jóvenes al momento de su llegada.

Expresa que luego de percatarse de todas estas irregularidades ocurridas y denunciadas, la funcionaría se entera de manera informal que el Jefe Técnico del Centro el señor nombre reservado había realizado una denuncia en su contra por un eventual “Acoso Laboral”, lo que sospechosamente derivó en un “Sumario Administrativo” en contra de la funcionaria nombre reservado instruido mediante Res. Ex. N° 29, del 11 de julio de 2022. En dicho Sumario con fecha 07 de octubre de 2022, el fiscal resolvió como medida “la destinación transitoria de conformidad al Art. 136 del estatuto administrativo” tanto del denunciante como la inculpada nombre reservado, la cual fue destinada a la “unidad de personal” en la Dirección Regional del Sename y don nombre reservado fue destinado a la unidad del personal del mismo centro CIP CRC. Da cuenta que don nombre reservado pertenece a la asociación de funcionarios ANTRASE, institución que tiene más presencia de funcionarios en el CENTRO CIP CRC CSC, es la ANTRASE, la cual ha mantenido diversas reuniones tanto con la Dirección Regional de SENAME, como con la Seremi de Justicia, por la situación de vulneración de derechos denunciada.

Indica que por esta situación, la Dirección Regional de SENAME, instruyó el sumario administrativo mencionado, lo que ha generado una verdadera persecución en contra de la funcionaria nombre reservado, por parte de miembros de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Menores (ANTRASE), en una actitud de “defensa” de su asociado nombre reservado y de acoso en contra de la recurrente nombre reservado, la cual pertenece a otra asociación del SENAME que es la AFUSE. Esta situación la ha mantenido estas últimas semanas atemorizada, intimidada, y perturbada, dado diversos mecanismos de presión a que se ha visto expuesta por parte de los funcionarios recurridos por el presente arbitrio, quienes desvirtuando absolutamente los hechos, han realizado acciones para pasar de ser victimarios a víctimas, con el objetivo de presionar al fiscal del sumario administrativo y al Servicio Nacional de Menores, para que no sancione adecuadamente a los funcionarios sumariados, asimismo, se pretende demostrar a la opinión pública y al servicio que quienes implementaron la medida vulneradora de derecho de los jóvenes son víctimas del sistema.

Denuncia presiones indebidas de “acoso” por parte de funcionarios pertenecientes a la Asociación de Trabajadores del SENAME (ANTRASE) tanto a las Autoridades Nacionales como Regionales del Servicio, a la funcionaria nombre reservado, para desvirtuar los hechos del Sumario y evitar que se sancione a los responsables del trato cruel, inhumano y degradante a que estaban siendo sometidos los jóvenes del centro de internación en régimen semicerrado de la Región de Magallanes; así como también para que la sancionada sea nombre reservado y no el Sr. nombre reservado. Los últimos Actos arbitrarios e ilegales se realizan los días 9 y 10 de noviembre del 2022. y consistentes en la emisión de documentos, protestas en la calle y a través de los medios de comunicación de Punta Arenas, todo dirigido a perseguir a doña nombre reservado, y presionar a la Dirección regional de SENAME, así como al Fiscal a cargo de la investigación en el Sumario Administrativo indicado, sobre los resultados del Sumario, lo que eventualmente. pudiese acarrear graves sanciones para los funcionarios que dejaban a los jóvenes en la calle a la intemperie.

Sostiene la recurrente que constituye un acto arbitrario e ilegal de la Dirección Regional de SENAME y del Fiscal del Sumario Administrativo, el hecho de haber sacado de sus funciones de supervisora técnica a la funcionaria nombre reservado, y destinarla a labores en la Unidad de Personas de la Dirección Regional.

Estimando vulneradas las garantías contempladas en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, solicita expresamente 1)

Se declare que la Asociación de Trabajadores del SENAME (ANTRASE), y / o sus asociados, así como el Director Regional de Magallanes y Antártica Chilena del Sename, han incurrido en actos arbitrarios e ilegales en contra de doña nombre reservado.

2) Se ordene al Director Regional del Sename que instruya una Investigación Sumaria, orientada a verificar la existencia de los hechos denunciados por la “funcionaría recurrente” y se proceda a la individualización de los responsables.

3) Se ordene a la presidenta del Directorio Provincial de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sename (ANTRACE) doña nombre reservado y a sus asociados, abstenerse de efectuar cualquier acción u omisión tendiente a menoscabar de manera física o psíquica a la funcionaria recurrente.

4) Y/O las medidas que US. I estime pertinentes para restablecer el Imperio del derecho.

5) Y, Que se condene en costas a las recurridas.

Informa el recurso don Octavio Villarroel Araya, abogado, Coordinador Regional (S) del Servicio Nacional de Menores (SENAME), de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, en representación de la Coordinación Regional de SENAME, Región de Magallanes y Antártica Chilena, quien solicita el rechazo del recurso expresando que la Dirección Regional de SENAME, tomó conocimiento, de los hechos que motivaron la denuncia de la funcionaria , a través de la propia supervisora técnica del CIP CRC CSC Punta Arenas, la cual en visita de supervisión efectuada en el mes de junio de 2022, constató, que jóvenes que llegaban con anterioridad a las 22:00, debían esperar hasta dicha hora para ingresar. Puesto en conocimiento la Dirección Regional de tal situación, el día 20 de junio la supervisora técnica, junto con Director Regional (S) concurren a CIP CRC CSC Punta Arenas e instruyen a equipo directivo de centro dejar sin efecto dicha medida de manera inmediata, permitiendo el ingreso de jóvenes sin importar su hora de llegada al Centro.

Que por resolución exenta N° 29 de 11 de julio de 2022 se instruyó sumario administrativo a fin de investigar denuncia de acoso laboral efectuada por don nombre reservado, Jefe Técnico del CIP CRC CSC Punta Arenas, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en Resolución Exenta N° 3079 de 02 de septiembre de 2019 de la Dirección Nacional de SENAME. El sumario se encuentra en etapa investigativa, decretándose en su oportunidad por Fiscal Instructor la medida transitoria de destinación a otras funciones dentro de la Dirección Regional de SENAME de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, designándose en su reemplazo como supervisor técnico del CIP CRC CSC Punta Arenas, a don nombre reservado, psicólogo, Encargado Regional de la Unidad de Justicia Juvenil. De igual forma se dispuso por Fiscal Instructor, dicha medida respecto de don nombre reservado.

Da cuenta que a la fecha de emisión del presente informe, tanto a doña nombre reservado, como a don nombre reservado, les fueron dejadas sin efecto, por resolución de Fiscal, las medidas de destinación previamente indicadas.

Sostiene que en relación a supuestas presiones indebidas de "acoso" por parte de funcionarios pertenecientes a la Asociación de trabajadores del SENAME (ANTRASE) tanto a las Autoridades Nacionales como Regionales del servicio, y a la funcionaría nombre reservado, para desvirtuar los hechos del sumario y evitar que se sanciones a los responsables del trato cruel, inhumano y degradante a que estaban siendo sometidos los jóvenes del centro de internación en régimen semicerrado de la Región de Magallanes, es posible colegir que no va dirigida al servicio la imputación , sin perjuicio de lo cual expresa que en los únicos hechos en que la recurrente sustenta las presiones indebidas de "acoso", son los acaecidos los días 9 y 10 de noviembre consistentes en la emisión de documentos, protestas en la calles y a través de los medios de comunicación de Punta Arenas, da cuenta que dicha manifestación fue sin violencia, en contra de medida decretada por fiscal de destinar preventivamente a funcionario que había denunciado hechos eventualmente constitutivos de acoso o maltrato laboral. Acto Seguido ingresó Dirigenta de ANTRASE, doña nombre reservado, e hizo entrega a Coordinadora Regional (S) una carta dirigida a Director Nacional, la que se limita a señalar el supuesto incumplimiento del protocolo que regula las denuncias de maltrato y acoso laboral y sexual en el SENAME, al permitir que denunciante sea objeto de medida preventiva. En parte alguna de la carta se menciona a doña nombre reservado.

En cuanto a la segunda imputación por el hecho de haber sacado de sus funciones de supervisora técnica a la funcionaría nombre reservado, y destinarla a labores en la Unidad de Personas de la Dirección Regional, indica que no resulta sostenible imputar como acto ilegal y arbitrario de la Dirección Regional de SENAME, el haber sacado de sus funciones a doña nombre reservado y destinarla a labores en la Unidad de Personas de la Dirección Regional, toda vez que esa autoridad no adoptó dicha medida, ya que la misma fue decretada por el Fiscal del sumario administrativo ordenado incoar mediante resolución exenta N° 29 de 11 de julio de 2022, el cual, en el ejercicio de las atribuciones contempladas en el artículo 130 del estatuto administrativo adoptó dicha medida, por lo que tampoco en este caso, respecto del Fiscal, podría definirse dicha actuación como ilegal y arbitraria.

Informa igualmente dona nombre reservado, en su calidad de Presidenta Regional de la Asociación Nacional de Trabajadores de SENAME “ANTRASE”, dando cuenta que la Asamblea Regional Magallanes definió llevar a cabo una movilización en contra de las autoridades regionales del servicio con el fin que se respetara la Resolución Exenta N.° 3079/2019 que establece el protocolo para los casos de maltrato y/o acoso laboral, en lo específico, la aplicación, en favor del denunciante de maltrato laboral, esto es: El acatamiento de lo establecido en el Titulo Vil, numeral 20°, letras a) y b), las cuales señalan expresamente que: “No podrán ser objeto de medidas disciplinarias de suspensión del empleo o de destitución, desde la fecha en que la autoridad reciba la denuncia...No ser trasladado de localidad o de la función que desempeñaren, sin su autorización por escrito, durante el lapso a que se refiere la letra precedente...”, situaciones que afectaban a un socio, denunciante de ser víctima de estas malas prácticas laborales. Así también, el colectivo de socios aprobó difundir ante la comunidad las acciones que el gremio definió para este efecto.

De esta forma, no resulta cierto que el gremio regional de ANTRASE- Magallanes, haya realizado acciones de maltrato o acoso en contra de una persona determinada, ni menos exponer públicamente a ningún funcionario del servicio.

Expresa que los supuestos actos de hostigamiento que plantea el recurrente no son atribuibles a dolo o culpa de la Presidenta Regional Magallanes de ANTRASE y los hechos denunciados no se ajustan a la realidad.

Pide el rechazo del recurso a su respecto.

Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario la recurrente lo hace consistir, en primer término, en una persecución en su contra por parte de miembros de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Menores (ANTRASE), el que se habría producido como una defensa del asociado nombre reservado. Este hecho se habría configurado según los propios dichos de la recurrente, en una actuación de protesta que estima dirigida en su contra.

CUARTO: Que al respecto, de los antecedentes allegados a la causa, no es posible colegir que la manifestación de la cual se reclama, efectuada dentro del marco de una actividad gremial, se haya dirigido específicamente contra la recurrente, cuestión que resulta indispensable para poder acoger el recurso por este hecho.

Al respecto consta solamente, que el reclamo se efectuó en beneficio de un tercero, funcionario del servicio aludido, quien habrá sufrido una separación de funciones que desempeñaba, después de haber denunciado acoso laboral, lo anterior, como cautelar dictada en la tramitación de un procedimiento sumario originado en virtud de dicha denuncia.

QUINTO: Que en virtud de lo expuesto, en relación a este supuesto hecho vulneratorio, no es posible estimar que la recurrente tenga legitimidad activa para reclamar, por lo que por este motivo, el recurso no podrá ser acogido.

SEXTO: Que en cuanto al segundo hecho por el cual se reclama, se refiere a la adopción de una medida cautelar por parte del Fiscal designado para la instrucción de un sumario, decisión que a la fecha se encuentra invalidada.

SÉPTIMO: Que en relación a esta última situación fáctica de la cual se reclama, se observa que ésta ha sido adoptada durante la tramitación de un proceso disciplinario, sin que se pueda, por vía de este recurso, analizar el mérito de dicha medida.

Además, pronunciarse respecto de aquella, cuando ésta ya ha sido dejada sin efecto, resulta inconducente, entendiéndose que ha perdido oportunidad lo pedido por la recurrente en relación a la misma.

OCTAVO: Que así establecidos los hechos por los cuales se reclama, y resuelto que éstos carecen de connotación vulneratoria de garantías respecto de la recurrente, el presente arbitrio deberá ser rechazado.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don Juan José Godoy Cifuentes, en representación de doña nombre reservado, en contra del Director Regional del Servicio Nacional de Menores, don Octavio Marcelo Villarroel Araya y de la Presidenta del Directorio Provincial de la Asociación Nacional de Trabajadores del SENAME (ANTRACE) doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Se deja constancia que no firma el Fiscal Judicial don nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con permiso conforme al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Redacción de la Ministra Interina doña Inés Recart Parra.

ROL Nº 6296-2022 PROTECCIÓN.