nombre reservado con nombre reservado

Punta Arenas, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS:

nombre reservado, cédula de identidad nº RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de don nombre reservado, CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PUNTA ARENAS, por los actos arbitrarios e ilegales, constitutivos de vulneración de derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política de la República.

Indica que con fecha 15 de noviembre del año 2021 su marido, celebró un contrato de compraventa y usufructo vitalicio del cual fue parte, en su calidad de cónyuge y usufructuaria. En dicha oportunidad dicha escritura luego de realizarse ante el notario público, fue inscrita en el conservador de bienes raíces sin ningún problema o reparo.

Que, posterior a ello, con fecha 22 de septiembre del año 2022, suscribió un contrato de compraventa y usufructo vitalicio, en donde dicho contrato contenía clausulas casi idénticas al contrato suscrito por su marido, sin embargo, dicha escritura fue totalmente rechazada, ya que los criterios del conservador de bienes raíces habían cambiado, y según su parecer, no podía establecer un usufructo vitalicio en la propiedad, ya que eso constituía a su parecer una donación, y faltaba el trámite de la insinuación (para su criterio).

Sostiene que de conformidad a lo señalado en el artículo 13 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, en el caso concreto, la escritura que fue presentada para su inscripción se encuentra bajo la normativa legal, por ende el actuar del recurrido, es un acto arbitrario que le ha imposibilitado ejercer el derecho de propiedad del cual goza, lo que ha significado un gasto de dinero, recursos, conjuntamente con un desgaste físico y emocional, debido a que a su avanzada edad, ha debido concurrir en múltiples ocasiones a las dependencias del recurrido, obteniendo siempre respuestas negativas, a pesar de que todas las estipulaciones de la escritura se encuentran sujetas a derecho, atribuyéndose el Conservador, facultades que solo un juez de la república tiene reserva de hacerlo, que es precisamente interpretar los contratos.

Razona que, es sumamente extraño e incluso arbitrario, que el criterio de inscripción cambie constantemente, en donde en menos de un año acceder a una inscripción, y posteriormente rechazar otra con idénticas cláusulas.

Estima vulnerados su derecho de propiedad, sin que exista fundamento legal que haga plausible la negativa del recurrido, quien exige modificar la escritura para poder revisarla nuevamente, lo que implica un gasto de recursos que es sumamente difícil cubrir; razona que se debe efectuar una armonización de los intereses privados y los públicos aplicables a cualquier tipo de propiedad que la misma Constitución reconozca. Alude al fallo de la Excma. Corte Suprema Rol N° 99.945-2016, relativo a las funciones y reparos del conservador de bienes raíces y de acuerdo al cual, a su juicio, la función del Conservador no es interpretar los actos respecto de los cuales se les solicita inscripción, lo que sólo compete al respectivo juez o partes, de acuerdo a lo expresado en el considerando cuarto de la sentencia citada: “que, asimismo, resulta improcedente invocar razones relativas a la interpretación del contrato prometido, de sus condiciones y efectos…”.

Agrega que solo en virtud de los artículos 13 y 14 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, el Conservador, debe negarse a inscribir; en tal sentido el fallo dictado por el máximo tribunal en causa Rol 112.366.2020, establece, “Que la sentencia apelada, acogió el recurso solo en cuanto estima que el Conservador de Bienes Raíces no puede negarse a practicar las inscripciones requeridas por el actor, salvo cuando ellas sean inadmisibles, por así disponerlo el artículo 13 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces, hecho que no ocurre en la especie”, por ende, el Conservador puede negarse a inscribir un título si la inscripción es en algún sentido legalmente inadmisible. Refiere, a continuación, otros fallos del máximo tribunal como fundamentos en pos de sus pretensiones.

Pide restablecer el imperio del derecho, declarando que se ordene inscribir la escritura de Compraventa y Usufructo Vitalicio, que consta en el repertorio nº 3147/2022, de la tercera notaria de don nombre reservado, en el registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas.

Informa don nombre reservado y señala que con fecha 22 de septiembre de 2022, ante Notario Público de Punta Arenas, nombre reservado, doña nombre reservado vendió a su hija, doña nombre reservado, el inmueble ubicado en domicilio reservado, ubicado en la ciudad de Punta Arenas, en la suma de RUT reservado.- (CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS), "que la compradora ha pagado con anterioridad a este acto". En el mismo instrumento, en su cláusula séptima, la compradora, constituyó un Usufructo vitalicio en favor de su madre, nombre reservado (la vendedora) y en favor de don nombre reservado (su padre). El precio del Usufructo se estableció en la suma de RUT reservado.- (CINCO MILLONES DE pesos), que los usufructuarios pagaron con anterioridad al acto, al contado.- Del sólo examen del título, a su parecer, salta a la vista que estamos frente a una DONACIÓN, por lo menos del Usufructo, toda vez que no se señala las fechas, los montos, ni la disponibilidad de los fondos para realizar los pagos, efectuados con anterioridad a la suscripción del contrato, por lo que estaríamos frente a un típico caso de simulación de contrato, lo que acarrearía la nulidad absoluta del mismo.

Añade que afianza lo anterior, según documentos que acompaña, el hecho que la vendedora adquirió el inmueble mediante escritura suscrita el 31 de agosto de 2021, inscrito con fecha 29 de noviembre de 2021, en la suma de UF 3.360 ($117.000.000.- aprox.), alzándose la hipoteca y prohibición por escritura de 5 de agosto de 2022, para posteriormente enajenarla a su hija, con fecha 22 de septiembre de 2022, en la suma de $45.000.000.- (pagados con anterioridad al acto).

Indica entonces, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 21 de la Ley 16. 721, 4 bis y siguientes, 74 y 160 bis del Código Tributario, 1700 y 1707 del Código Civil, corresponderá el Servicio de Impuestos Internos determinar si se está frente a una donación y si ésta se encuentra afecta o exenta de impuestos, teniendo en consideración el origen y disponibilidad de los fondos y las fechas en las cuales, supuestamente, se efectuaron los pagos declarados en el contrato.

Por último, la conducta de este funcionario, que se observa como vúlneratoria de Garantías Fundamentales, dice relación con la negativa a practicar la inscripción de una escritura pública de Compraventa y Constitución de Usufructo, materia regulada en el artículo 13 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces que al efecto señala: "El Conservador no podrá rehusar ni retardar las inscripciones: deberá, no obstante, negarse, si la inscripción es en algún sentido legalmente inadmisible; por ejemplo, si no es auténtica o no está en el papel competente la copia que se le presenta; si no está situada en el departamento o no es inmueble la cosa a que se refiere; si no se ha dado al público el aviso prescrito en el artículo 58; si es visible en el título algún vicio o defecto que lo anule absolutamente, o si no contiene las designaciones legales para la inscripción." Y el artículo 18 del citado Reglamento señala: "La parte perjudicada con la negativa del Conservador, ocurrirá al juez de primera instancia del departamento, quien en vista de esta solicitud y de los motivos expuestos por el Conservador, resolverá por escrito y sin más trámite lo que corresponda". Por lo tanto, es el Juez Civil quien deberá pronunciarse acerca del debate suscitado, salvo vuestro mejor parecer.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La acción de protección es un mecanismo de urgencia, que procede en las situaciones previstas expresamente en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, esto es, ante actos arbitrarios o ilegales que ocasionen privación, perturbación o amenaza en alguna de las garantías fundamentales taxativamente amparadas por la norma, como lo es, entre otros, el derecho de propiedad por la que a través de esta vía se recurre.

SEGUNDO: En el presente caso la cuestión sometida a la decisión de esta Corte radica en determinar, al no dar lugar a la inscripción solicitada, si se han vulnerado por la recurrida las garantías que se invocan por el recurrente, por infracción a lo estatuido en el artículo 13 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, que dispone: “El Conservador no podrá rehusar ni retardar las inscripciones: deberá, no obstante, negarse, si la inscripción es en algún sentido legalmente inadmisible; por ejemplo, si no es auténtica o no está en el papel competente la copia que se le presenta; si no está situada en el departamento o no es inmueble la cosa a que se refiere; si no se ha dado al público el aviso prescrito en el artículo 58; si es visible en el título algún vicio o defecto que lo anule absolutamente, o si no contiene las designaciones legales para la inscripción”. En este sentido, invocó jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, relativa a la transgresión del artículo ya referido.

TERCERO: En el informe del recurrido, se indica que: “Del sólo examen del título, a su parecer, salta a la vista que estamos frente a una DONACIÓN, por lo menos del Usufructo, toda vez que no se señala las fechas, los montos, ni la disponibilidad de los fondos para realizar los pagos, efectuados con anterioridad a la suscripción del contrato, por lo que estaríamos frente a un típico caso de simulación de contrato, lo que acarrearía la nulidad absoluta del mismo”. Por consiguiente y de acuerdo los antecedentes que se acompañaron a la solicitud, las disposiciones legales que indica y artículo 18 del reglamento antes aludido, estimó improcedente la inscripción, razonando que ante la acción de protección deducida, es el Juez Civil quien deberá pronunciarse acerca del debate suscitado.

CUARTO: En efecto, el artículo 18 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces, dispone, “La parte perjudicada con la negativa del Conservador, ocurrirá al juez de primera instancia del departamento, quien en vista de esta solicitud y de los motivos expuestos por el Conservador, resolverá por escrito y sin más trámite lo que corresponda”. Disposición que se refrenda con lo señalado en los artículos 19 y 20 del texto legal en comento, en particular el primero al disponer “Si manda el juez hacer la inscripción….” y, el segundo, “El decreto en que se niegue lugar a la inscripción es apelable en la forma ordinaria”.

De lo que expuesto, dimana que el marco legal para proceder ante la negativa de inscripción por parte del Conservador, es ante el juez civil que corresponda y no por la vía cautelar que se pretende.

QUINTO: Sin prejuicio de lo anotado, la jurisprudencia hecha valer por la recurrente, se enmarca justamente en la prosecución del procedimiento establecido por el citado reglamento, es decir, el reclamo ante el juez civil que corresponda, ante la negativa de inscripción por parte del respectivo Conservador.

SEXTO: Conforme a lo expuesto y atendido el marco jurídico establecido por el legislador con miras a resolver la controversia suscitada en este tipo de procedimientos, forzoso es desestimar la acción deducida, tal cual se dirá en lo resolutivo del fallo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de don nombre reservado, CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PUNTA ARENAS Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese.

Rol N°6212 – 2022 Protección.