Protección contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía

Punta Arenas, tres de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Doña nombre reservado, dedujo recurso de protección en favor propio y de su hija menor nombre reservado, de cuatro años, en contra de: a) profesionales del Programa "Mi Abogado" de la Corporación de Asistencia Judicial; b) profesionales del Programa de Prevención Focalizada PPF Noé; y c) don nombre reservado y doña nombre reservado, abuelos maternos de la niña, por actos que estima ilegales y arbitrarios.

Expone que mediante sentencia de fecha 5 de enero de 2024, dictada en causa RIT X-110-2022 del Juzgado de Familia de Punta Arenas, se confió el cuidado personal de nombre reservado sus abuelos maternos, don nombre reservado y doña nombre reservado, encontrándose actualmente bajo su cuidado y sujeta a intervención de programas de protección especializados.

Refiere que la niña habría permanecido en una residencia proteccional de la Red Local de Prevención Magallanes por vulneración de derechos de parte de su padre, contexto en el cual existirían antecedentes de violencia intrafamiliar.

Señala que, con posterioridad al pre egreso de la residencia, la niña habría sido entregada al cuidado de sus abuelos maternos, quienes, según alega, la habrían sometido a maltrato físico y psicológico.

Sostiene que durante la intervención del Programa de Prevención Focalizada PPF Noé y del Programa "Mi Abogado", sus progenitores habrían formulado declaraciones falsas ante dichos programas, afirmando que ella habría amenazado a su padre, lo que niega categóricamente. Agrega que habría remitido fotografías a los programas que darían cuenta del maltrato que estaría sufriendo su hija, sin que dichos antecedentes hayan sido debidamente investigados.

Alega que el Programa "Mi Abogado" y el PPF Noé no habrían investigado adecuadamente las denuncias de maltrato físico y psicológico hacia la niña, desatendiendo sus planteamientos y sometiéndola a lo que califica como una dinámica de hostigamiento institucional. Añade que el Tribunal de Familia no habría considerado debidamente los antecedentes aportados por ella.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, invoca la afectación del derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a la honra de la persona y su familia.

Solicita, en definitiva, que se acoja el recurso de protección y 1.- Se ordene a sus progenitores, don nombre reservado y doña nombre reservado, que cesen en las declaraciones falsas ante los programas de protección; 2.- Se ordene a los programas PPF Noé y "Mi Abogado" que realicen una investigación profunda sobre la situación real de su hija, considerando los antecedentes de violencia intrafamiliar que refiere haber sufrido por parte de sus propios progenitores.

Informando la recurrida Corporación de Asistencia Judicial, en representación del Programa “Mi Abogado”, solicitando el rechazo del recurso y señala que dicho programa tiene por finalidad representar jurídicamente a niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección judicial, garantizando su interés superior.

Alega la improcedencia del recurso por toda vez que el recurso carece de garantía constitucional que hubiese sido infringida de modo que sostiene no es posible establecer una eventual infracción. Asimismo, alega la ausencia de identificación precisa de conductas atribuibles al programa que pudieran ser calificadas como actos ilegales o arbitrarios; la inexistencia de derecho indubitado, toda vez que el programa representa exclusivamente a la niña, no a la madre recurrente indicando que se trata de materias de lato conocimiento propias de la sede de familia.

Informando por su parte el Programa de Prevención Focalizada PPF Noé, señala que la niña ingresó efectivamente al programa, encontrándose en etapa diagnóstica psicosocial.

Consigna como factores protectores la participación activa de adultos responsables, motivación por mejorar habilidades parentales e inserción escolar y sanitaria; y como factores de riesgo, historial de violencia intrafamiliar y dificultades en resolución de conflictos. En cuanto a la evaluación psicológica de la niña, se observa adaptación favorable, apego con los abuelos maternos, pero también dificultades emocionales vinculadas al entorno familiar. Se consigna la persistencia de conflictos entre adultos, exposición de la niña a discusiones, verbalización de temor hacia la madre y existencia de denuncias en Fiscalía.

El programa recomienda mantener las medidas proteccionales y continuar con la intervención psicosocial.

Añade que en audiencia en causa RIT 721-2025 se establece como pena accesoria, la prohibición de acercamiento de parte de doña nombre reservado hacia ambos progenitores por el término de 2 años, lo cual no ha sido concretado a la fecha manteniéndose la adulta en el domicilio que comparte junto a sus padres y nombre reservado, se sugiere reiterar las medidas cautelares correspondientes, a favor de grupo familiar, considerando el interés superior de la niña.

Informando a su turno don nombre reservado y doña nombre reservado, abuelos maternos de la menor, señalan que han asumido el cuidado principal de su nieta debido a la inestabilidad conductual y emocional de su hija, nombre reservado. Refieren que la progenitora habría mantenido conductas agresivas hacia ellos, incluyendo episodios de violencia física y verbal, lo que motivó denuncias ante Carabineros y constataciones de lesiones. Indican que la relación con su hija se encuentra completamente quebrada y que no existe convivencia actual.

Sostienen que la madre presenta descontrol de impulsos, conflictos frecuentes y amenazas, lo que habría afectado negativamente el entorno familiar. Agregan que el padre de la niña se encuentra privado de libertad por delitos sexuales, por lo que no mantiene rol de cuidado.

Afirman haber sido quienes han brindado estabilidad, protección y cuidados continuos a nombre reservado desde su nacimiento, destacando que los abuelos paternos no han participado en su crianza.

Asimismo, indican que la progenitora fue condenada por violencia intrafamiliar y amenazas contra su propio padre, sin mostrar arrepentimiento por sus conductas.

Finalmente, sostienen que el cuidado de la niña se mantiene de manera provisoria con ellos hasta que la madre demuestre condiciones adecuadas para ejercer su rol materno, estimando que actualmente ello no ocurre.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que los hechos que motivan el presente recurso dicen relación con actuaciones que la recurrente atribuye a sus progenitores y a los programas de protección intervinientes, consistentes principalmente en: declaraciones que estima como falsas, formuladas ante los programas de protección, falta de investigación adecuada de sus denuncias de maltrato hacia su hija menor, y desatención institucional de los antecedentes aportados por ella.

CUARTO: Que, por su parte las recurridas evacuaron informe indicando lo consignado en la parte expositiva.

QUINTO: Que, en el caso de autos, la controversia planteada por la recurrente se inserta en el contexto de una causa proteccional seguida ante el Juzgado de Familia de Punta Arenas (RIT X-110-2022), en la cual se dispuso el cuidado personal de la niña nombre reservado en favor de sus abuelos maternos, encontrándose actualmente bajo intervención de programas especializados de protección.

SEXTO: Entrando al análisis de la controversia, las conductas imputadas a los abuelos recurridos, consistentes en supuestas declaraciones falsas ante programas de protección, constituyen materias que, de ser efectivas, podrían eventualmente configurar hechos de relevancia penal o civil, cuyo conocimiento y sanción corresponde a los tribunales competentes en dichas materias, mas no a través de la acción constitucional de protección, que tiene un carácter eminentemente cautelar y no constituye una instancia de juzgamiento de responsabilidades.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, respecto de las actuaciones imputadas al Programa “Mi Abogado” y al Programa de Prevención Focalizada PPF Noé, debe tenerse presente que estos organismos desarrollan funciones técnicas especializadas en el ámbito de la protección de la infancia, en el marco de medidas judiciales decretadas por el tribunal de familia competente. Sus actuaciones se encuentran sujetas a protocolos institucionales y tienen por objeto resguardar el interés superior del niño, niña o adolescente bajo su intervención, conforme las disposiciones de las Leyes Nro. 21.430 y Nro. 21.302.

OCTAVO: Que, en particular, el Programa “Mi Abogado” tiene por función la representación jurídica de niños, niñas y adolescentes sujetos a medidas de protección, actuando en representación de sus intereses y no de los intereses de sus progenitores o terceros. Por lo mismo, las decisiones técnicas que adopte este programa en cumplimiento de su función representativa no pueden ser impugnadas por la madre de la niña a través de un recurso de protección, toda vez que no existe un derecho indubitado de la recurrente a que dicho programa actúe conforme a sus planteamientos particulares, sino que debe actuar conforme al interés superior de la niña.

NOVENO: Que, en cuanto al Programa de Prevención Focalizada PPF Noé, de los antecedentes aportados se desprende que éste ha desarrollado una intervención técnica especializada respecto de la niña, realizando evaluaciones diagnósticas, identificando factores protectores y de riesgo, y emitiendo recomendaciones técnicas al tribunal de familia.

No se advierte de los antecedentes que dicho programa haya incurrido en omisiones arbitrarias o ilegales que priven o perturben derechos constitucionales de la recurrente o de su hija, sino que ha ejercido sus funciones técnicas conforme a los protocolos establecidos y al marco normativo vigente.

DÉCIMO: Que la recurrente plantea discrepancias con las conclusiones técnicas de los programas intervinientes y con las decisiones adoptadas por el tribunal de familia, materias que corresponden al ámbito propio del procedimiento de protección de derechos de la infancia y que deben ser ventiladas ante el tribunal competente a través de los medios procesales que la ley contempla para ello, no siendo procedente la vía extraordinaria del recurso de protección para cuestionar criterios técnicos o decisiones jurisdiccionales que se encuentran sujetas a los mecanismos de revisión propios de la judicatura de familia, menos aún en una causa vigente.

UNDÉCIMO: Que, en consecuencia, la naturaleza de la materia que se pretende someter al conocimiento de este tribunal no es de aquellas que sea procedente resolver empleando la acción constitucional de protección, toda vez que: a) No se ha acreditado la existencia de actos u omisiones ilegales o arbitrarios imputables a los recurridos que tengan una incidencia directa e inmediata en la privación o perturbación de derechos constitucionales; b) Las controversias planteadas corresponden a materias de lato conocimiento que deben ser resueltas en sede de familia, con pleno debate probatorio y respeto del debido proceso; c) No existe un derecho indubitado de la recurrente cuya tutela urgente amerite la intervención excepcional de esta Corte a través del recurso de protección, de modo que en definitiva esta vía cautelar no es la idónea para dilucidar el problema planteado, por lo que la acción intentada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en favor propio y de su hija menor nombre reservado, en contra de profesionales del Programa “Mi Abogado”, del Programa de Prevención Focalizada PPF Noé, de don nombre reservado y doña nombre reservado.

Dése cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Fiscal Judicial Subrogante Sra.

nombre reservado.

Se deja constancia que no firma la Ministra Sra.

Caroline Turner González, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse haciendo uso de permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N°617-2025. PROTECCION.