nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS

Punta Arenas, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones el abogado don Franco Devillaine Gómez, quien recurre de protección a favor de nombre reservado y en contra del SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS representado por su Director nombre reservado, solicitando se ordene a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº 1550 de 01 de abril del año en curso, que le fuera notificada el día 14 de mayo del presente, y en su lugar, se dé tramitación al recurso de reposición ingresado el día 23 de enero de 2019; como consecuencia de ello, se ordene el pago de sus remuneraciones indebidamente descontadas a la fecha de resolución de la presente acción, sin perjuicio de las medidas que esta Corte pueda disponer para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

Explica que el abogado Vidal Orellana se ha desempeñado en dicha calidad en el Servicio recurrido, desde septiembre de 2012, en el escalafón profesional grado 11º, dedicándose a la asesoría jurídica en labores del giro aduanero, en causas contenciosas aduaneras, como también le correspondió asumir como fiscal instructor en un sumario ordenado instruir por Resolución Exenta Nº 296 de 23 de enero de 2017 de la Dirección Regional de Aduanas.

Con ocasión del señalado sumario y luego de presentaciones ante la justicia ordinaria y Contraloría General de la República, la Dirección Nacional decidió incoar en la ciudad de Valparaíso, un proceso sumarial en contra del abogado nombre reservado, se designó como Fiscal instructor a don nombre reservado, quien trabajó con un Ministro de Fe en esta ciudad, y fiscales ad hoc que nombraba fuera de la ciudad, lo que considera una desordenada forma de tramitar, añade que nunca se mantuvo a su disposición el expediente sumarial. Designó un abogado patrocinante, pese a lo cual el Servicio continuó con su peculiar forma de sustanciación, sin tener claridad sobre donde efectuar las presentaciones ni ante quién hacerlo, por lo que deciden efectuarlas mediante correo electrónico, pues el Fiscal, estaba siempre ocupado y muy lejos de Punta Arenas y el actuario titular en comisión de servicio y no en su oficio para certificar la entrega material de sus presentaciones.

Refiere que con fecha 16 de enero de 2019, se notificó al afectado la Resolución Exenta N° 5476 de 12 de diciembre de 2018, suscrita por el Director Nacional de Aduanas (s) don Pablo Ibáñez Beltrami, por la cual se le aplica la sanción de suspensión de funciones por el término de 3 meses con goce el 50% de sus remuneraciones. Alude que quien suscribió el dictamen, era el mismo funcionario que, como nombre reservado titular, había propiciado e iniciado el sumario en su contra, situación reiterativa en el funcionario ya constatado en causa tramitada ante la Corte de Concepción Rol Protección N° 2687-2019.

Agrega que después de notificada la resolución sancionatoria y dentro del término legal, el día 23 de enero de 2019, interpuso recurso de reposición en contra de dicha decisión, arbitrio que remitió por correo electrónico a la casilla institucional del señor Director Subrogante, mismo que firmó la sanción, atendido que el actuario designado en esta ciudad no se encontraba en servicio.

Sostiene que durante la tramitación del proceso administrativo, y en atención a que no tenía noticia de este, el día 08 de enero de 2019, el Sr. nombre reservado visitó la Dirección Nacional, en la ciudad de Valparaíso, con el objeto de poder tener respuesta del destino de su recurso. Ese día, el Fiscal designado, rehuyó atender al afectado, bajo el pretexto que nada tenía que ver con el asunto al haber emitido la vista fiscal, no manejaba ya el expediente, negándose la posibilidad de acceder al cuaderno sumarial por parte del Jefe del Departamento de Asesoría Legal Administrativa, Sr. nombre reservado, procediendo a expulsarlo del edificio, de forma grosera y prepotente, oportunidad en la cual ya se había dictado la resolución que lo sanciona.

El día 14 de mayo del año en curso, se constituyó en la oficina de Asesoría Jurídica el Director Regional de Aduanas, don Rodolfo Valenzuela, quien notificó al actor de la Resolución Exenta N° 1550 de 1 de Abril de 2019, la que, tras repetir los mismos fundamentos de la mencionada N° 5476 de 2018, le aplica la sanción. Hace presente que en lo resolutivo la primera de las mencionadas resoluciones indica, que se pidió informe a la OIRS y a la Dirección Regional sobre la interposición de algún recurso de reposición por parte del funcionario, sin ser habido, resultando curioso que la máxima autoridad del Servicio, no revise su correo institucional ni requerir al Actuario del proceso sumarial, Sr. nombre reservado que revisara sus gavetas o correo institucional, de haberlo efectuado, habrían encontrado el recurso remitido el día 23 de enero de 2019 a las 22:30 horas. Asegura que previamente, el día 22 de enero remitió al actuario una solicitud para agregar al procedimiento sumario, petición que fue reenviada por el Sr. nombre reservado al Fiscal Sr. Unanué, y por este al nombre reservado Sr. nombre reservado. Sin embargo nada se consultó al actuario, a pesar que el afectado señaló al momento de la notificación que existía un recurso pendiente, requiriéndose que hiciera abandono de las oficinas. Califica de inaceptable la omisión del nombre reservado, que no advierte la existencia del recurso impetrado.

Luego tomó conocimiento que la Dirección General procedió al nombramiento en un cargo muy similar al del recurrente, al abogado don Juan Rivas Parra, de Arica, misma ciudad de origen del Director del servicio recurrido, además que el funcionario nombre reservado sería trasladado definitivamente, pues tramitó el traslado de su vehículo y enseres mediante Zona Franca, subiendo del escalafón técnico grado 20, al escalafón profesional grado 11°, mismo grado y funciones que el actor; lo que corona la decisión de reemplazarlo o bien ejercer control sobre su actuar.

Alega que la falta de decisión respecto del recurso de reposición intentado, infieren un trato desigual al excluirle el derecho a obtener una resolución fundada y motivada de la más alta autoridad del Servicio, lo que importa una afectación constitucional basada en una ilegalidad, por infracción a lo dispuesto en los artículos 15 y 59 de la Ley N° 19.880 sobre Bases de Procedimientos Administrativos; ya que el procedimiento administrativo iniciado y que desembocó en la formulación de cargos no se encuentra legalmente afinado, sin embargo, se ha aplicado la sanción contenida en la Resolución Exenta N° 1550 de fecha 01 de abril de 2019, notificada con fecha 14 de mayo de 2019, la que por tanto no está firme ni se encuentra concluida a efectos administrativos.

Adiciona que las actuaciones de la recurrida en la tramitación del sumario dan cuenta de reiteradas infracciones al procedimiento racional y justo, toda vez que se niega el derecho a la defensa, el derecho al recurso, omitiendo pronunciamiento sobre los mismos. Es además injusto, resulta patente un ánimo preconcebido, tendencioso, empeñado en configurar de cualquier modo la infracción de los deberes funcionarios y, por ende, carente de una mínima imparcialidad.

Los hechos denunciados afectan el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, contemplado en el artículo 19 numeral 3° de la Constitución Política de la República, al transgredir el procedimiento racional y justo, tanto por la autoridad instructora como la decisoria. Esgrime que la Administración sobrepasa la habilitación legal para el ejercicio de su potestad y se constituye en comisión especial que juzga fuera de la ley conductas y cumplimiento de deberes funcionarios. No ha respetado la garantía del procedimiento racional y justo, y subsecuentemente respeto de la bilateralidad de la audiencia; del derecho a defensa; del derecho a la prueba y a la decisión imparcial, privándole del derecho al recurso.

De igual modo se vulnera su derecho a la integridad física y psíquica del recurrente; contemplado en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, por cuanto el actuar abyecto de la recurrida al despojarle de su función ha comprometido su salud mental, sufriendo el dolor de padecer un castigo de manera anticipada y con la conciencia que se ha hecho de manera injusta, le ha generado cuadros de ansiedad y profunda angustia que hoy está tratando con el apoyo de un psicólogo laboral.

Acompaña a su libelo un set de correos electrónicos entre el recurrente nombre reservado Vidal Orellana y el Actuario del sumario Sr. nombre reservado, de fecha 22 de enero de 2019 y los señores nombre reservado y nombre reservado; además de una copia del recurso de reposición ingresado con fecha 23 de enero de 2019 a tramitación a través del correo institucional; de la Resolución Exenta del Servicio Nacional de Aduana N° 1550 de 1 de abril de 2019 y acta de notificación de fecha 14 de mayo de 2019; copia de la Resolución Exenta del Servicio Nacional de Aduana N° 5476 de 12 de diciembre de 2018; y de los boletos de bus de echa 8 de enero de 2019 correspondiente a viaje a la ciudad de Valparaíso por parte del actor.

Informa por la recurrida Servicio Nacional de Aduanas y de su Director Nacional, el abogado Ignacio de Pablo Figueroa, solicitando el rechazo del recurso incoado en todas sus partes.

Alude que mediante Resolución Exenta N° 3.542 de 13 de agosto de 2018 del Director Nacional, sé ordenó la instrucción de un sumario a fin de establecer la eventual responsabilidad administrativa de quien fuera fiscal instructor del sumario administrativo ordenado por Resolución Exenta N° 296; de 2017, don nombre reservado Vidal Orellana, en la recuperación y custodia del expediente disciplinario respectivo. La Contraloría Regional de Magallanes y Antártica Chilena dispuso, mediante oficio de 20 de julio de 2018, que se informase acerca de las medidas adoptadas para establecer la eventual responsabilidad del mencionado fiscal instructor, habida cuenta que de la indagatoria realizada por ese Organismo de Control, se determinó que el mismo permaneció en poder del Sr. Vidal Orellana, con posterioridad a que éste emitiese su vista fiscal.

Conforme a lo anterior, en el expediente sumarial se formularon –en síntesis- los siguientes cargos al Sr. Vidal Orellana: no haber elevado al Director Regional de la Aduana de Punta Arenas, los antecedentes del sumario ordenado mediante la resolución N0 296, de 2017 del Director Regional de Aduanas de Punta Arenas, una vez emitido su dictamen; haber participado de la redacción de las resoluciones exentas que aplicaron las medidas disciplinarias a los sancionados en el sumario administrativo precitado, todas del Director Regional de la Aduana de Punta Arenas, pese a haberse desempeñado como fiscal instructor del mismo; haber participado de la redacción de las resoluciones que se pronunciaron acerca de los recursos de reposición y apelación subsidiaria, ejercidos por cuatro funcionarios, pese a haberse desempeñado como fiscal instructor del sumario en que fueron impetrados; no haber proveído los recursos de apelación subsidiarios, presentados por dos de los funcionarios investigados, contra de las resoluciones que les impusieron medidas disciplinarias, pese a que le correspondía hacerlo, haber participado de la emisión de las Resoluciones Exentas N° 1.610 y 1.611 de 2018, de la Dirección Regional de la Aduana de Punta Arenas, mediante la cual se aplicó medidas disciplinarias de censura a don nombre reservado y a don nombre reservado, respectivamente, en circunstancias que, con anterioridad, a través de resoluciones N° 732 y 731 de 2018, ya se había sancionado a dichos funcionarios por los mismos hechos, al término del sumario administrativo ordenado instruir por las Resolución Exenta N° 296 de 2017; desobedecer las órdenes de sus superiores jerárquicos, al negarse a remitir el sumario administrativo, ordenado mediante la resolución N° 296, de 2017, al nombre reservado del Servicio Nacional de Aduanas, quien lo requirió a través de los Oficios y mediante los correos electrónicos; mentirle a su superior jerárquico, al señalar al nombre reservado que el expediente original del sumario administrativo ordenado mediante la resolución N° 296, de 2017, se encontraba en poder, primero, de esta Corte de Apelaciones de Punta Arenas, y después, de la Excma. Corte Suprema durante el conocimiento del recurso de protección Rol Corte N° 307-2018, interpuesto por doña nombre reservado, en circunstancias que solo se acompañaron copias del mismo; atribuirse el carácter de ministro de fe durante la tramitación del sumario administrativo ordenado mediante la resolución N° 296, de 2017, al haber certificado actuaciones en el expediente sumarial atribución que, según la ley, recae sobre el actuario de ese tipo de procedimientos disciplinarios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley N° 18.834.

El Sr. Vidal Orellana formuló sus descargos, emitiéndose la vista fiscal con fecha 23 de noviembre de 2018, proponiéndose aplicar la medida disciplinaria de suspensión por 3 meses, con goce del 50% de sus remuneraciones, contemplada en los artículos 121 e) y 124, ambos del Estatuto Administrativo. Así, el día 12 de diciembre de 2018 el Director Nacional de Aduanas (S) dictó la Resolución Exenta N° 5.476; que aplica la sanción que fuere propuesta, por los hechos debidamente acreditados en dicho expediente sumarial, acto administrativo que fue notificado al funcionario el día 16 de enero del año en curso.

Afirma que la Encargada de Atención y Asistencia al Usuario de la Dirección Nacional de Aduanas señaló que al día 20 de febrero del actual, no existía recurso de reposición presentado en contra de la Resolución sancionatoria, misma información que manifestó el Director Regional de la Aduana de Punta Arenas, en el sentido que al 27 de febrero no existía en esa oficina presentación alguna del Sr. nombre reservado.

En razón de lo anterior el día 01 de abril de 2019, se emite la Resolución exenta N° 1.550, del Director Nacional de Aduanas, en la cual confirma la aplicación de la sanción disciplinaria, ordenando notificarla al funcionario Sr. Vidal Orellana y remitir la misma a la Contraloría Regional de Valparaíso para su registro, el que se verificó el día 29 de abril de 2019 ante el órgano de control.

Se cumple con la notificación al encartado el día 14 de mayo del presente, data desde la cual se encuentra cumpliendo la sanción aplicada. Y con fecha 13 de mayo de 2019 su abogado interpone la acción cautelar que se resuelve.

Esgrime que el recurso de protección no es el medio idóneo para impugnar un sumario administrativo ni tampoco las resoluciones en él adoptadas. Atendida la naturaleza de la acción cautelar, implicaría desconocer el procedimiento fijado por el ordenamiento jurídico para esos efectos, que es lo que persigue el recurrente, por lo que procede el rechazo del recurso, no ha sido creado para solucionar conflictos sometidos a normas y procesos especiales entregados a organismos competentes, que actúan dentro del marco de sus atribuciones legales, bajo el imperio del derecho, citando el Dictamen N° 390/09 de Contraloría General de la República y sentencias de Tribunales Superiores en apoyo de su argumentación, procedimiento especial reconocido por el recurrente.

Explica que el Estatuto Administrativo en su artículo 160, es claro en prescribir que los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere el Estatuto, dentro de 10 días hábiles contados desde que tuvieron conocimiento de la situación. De este modo establecido en la ley la vía idónea para reclamar vicios de legalidad, el recurrente debió utilizar dicha vía y no la acción constitucional. Añade que las afirmaciones y alegaciones del actor podrían haber fundado un procedimiento laboral en contra del Servicio Nacional de Aduanas y de su Director Nacional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 485 y siguientes del Código del Trabajo, por la supuesta infracción a sus garantías constitucionales, equivocando la vía de acción, no siendo la presente instancia judicial pertinente para su resolución sino procedimiento de lato conocimiento.

Niega la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en la actuación impugnada.

Hace presente que la garantía constitucional del debido proceso no se tutela a través de la acción de protección, no se encuentra en el catálogo de derechos del artículo 20 de la Carta Fundamental, pudiendo solicitar dicha protección ante otros órganos, en un procedimiento de lato conocimiento, como ya se dijo. Añade que el derecho al recurso alegado por el actor, que habría sido preterido por el Director Nacional (S), forma parte de la señalada garantía, según la doctrina y tratados internacionales.

Señala a este respecto que una vez aplicada la medida disciplinaria al Sr. Vidal Orellana, ella se le notificó de conformidad a la Ley, y este, a su turno, ejerció su derecho a recurso, consagrado en el artículo 141 del Estatuto Administrativo, el que no fue resuelto por la autoridad ante quien se presentó, el Director Nacional de Aduanas (S). Aclara que la reposición intentado contra la resolución exenta N° 5.476 de diciembre de 2018, lo fue mediante correo electrónico el día 23 de enero de 2019 a las 22:29 horas, remitido directamente a la casilla del Director Nacional (S) del servicio, señalándose en el asunto escuetamente “Documento que adjunta".

Precisa que ese día miércoles 23 de enero, don Pablo Ibáñez Beltrami, Director Nacional de Aduanas (5) en ese entonces, recibió 155 correos electrónicos, además, ese mismo día y también, los días lunes 21 y viernes 25 de enero cumplió funciones fuera de su lugar habitual de trabajo, la Dirección Nacional de Aduanas ubicada en Valparaíso, atendido que se encontraba en comisión de servidos en la ciudad de Santiago.

Admite que en reiteradas ocasiones, durante la tramitación del expediente sumarial, se permitió al actor presentar escritos vía correo electrónico, oportunidades en las que, en todos los casos, indicaba expresamente el tipo de escrito que se trataba, el asunto, dirigiéndolos indistintamente, ya sea al actuario de la causa y/o, al Fiscal Administrativo, y, en otras tantas, realizó sus peticiones por escrito, ante el actuario Sr. nombre reservado, según consta en el expediente. Diverso de lo ocurrido con el recurso de reposición. Le llama la atención que esta haya sido la única comunicación vía correo electrónico en que no aparecen corno destinatarios el Fiscal Administrativo y/o el Actuario, como era costumbre, sino solamente quien debía resolver finalmente la impugnación, la máxima autoridad del Servicio Nacional de Aduanas.

Aclara que el Servicio no cuenta con un sistema de tramitación electrónico de expedientes disciplinarios, solamente por escrito. Adiciona que la Ley N° 19.880 permite a los órganos de la Administración del Estado emplear medios electrónicos en la sustanciación de sus procedimientos, pero sin que se les imponga una obligación legal en tal sentido, correspondiendo determinar ello a cada servicio, para lo cual deben tener en cuenta los medios tecnológicos y presupuestarios de que dispongan. Conforme a ello, no es posible sostener que la máxima autoridad del servicio, en las condiciones expresadas, haya estado obligado a revisar cada uno de dichos correos y advertir que entre ellos se encontraba uno, que no señalaba más de tres palabras, no siendo aquella la vía idónea para impugnar los actos administrativos dictados por este Servicio; lo que es conocido por el actor, atendida su trayectoria profesional, con 7 años en la Dirección Regional de Aduana.

En cuanto a las alegaciones del actor, referidas a limitaciones, represalias, malos tratos, insultos, la existencia de un ánimo preconcebido, tendencioso y empeñado en configurar, por parte de la Autoridad, la infracción a sus deberes funcionarios, no pasan de ser meras afirmaciones sin fundamento alguno en la realidad., escapando ello al objeto de la acción cautelar; faltando con ello gravemente al respeto y la cortesía que debe existir y primar en toda relación, sobre todo en lo laboral, en una organización que es Jerarquizada y estructurada como el Servicio recurrido Niega que el Director Nacional del Servicio de Aduanas se haya constituido como una comisión especial para juzgar al recurrente, toda vez que no concurren los requisitos para ser tal, esto es tribunal establecido por fuente distinta a la ley o bien establecido con posterioridad a la comisión del hecho que se ha de juzgar. Es posible establecer que en el presente caso este Servicio ni su Director Nacional (S) O Titular no han actuado como una comisión especial para sancionar encubiertamente al recurrente, por lo que no ha infringido la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política de la República.

Si bien el actor no lo señala expresamente, hace alusión a hipótesis que podrían configurar la "desviación de poder" que viciaría de nulidad de derecho público el acto impugnado, siendo su análisis una materia de lato conocimiento y que, por tanto, debería ventilarse en un juicio ordinario.

Aduce que la resolución impugnada se encuentra firme y ejecutoriada. Asimismo del libelo pretensor aparece que el recurrente reclama del acto de notificación de la resolución exenta N° 1.550 de 01 de abril de 2019, objetando un acto de comunicación y no ante el órgano que, según la ley, debe conocer y resolver este tipo de reclamaciones, cual es, la Contraloría General de la República, lo que no hizo, pretendiendo .subsanar o remediar aquello a través de esta acción de protección de manera tardía, inoportuna y extemporánea.

Niega la existencia de privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. En cuanto a aquella prevista en el numeral 1 del artículo 19, no aporta ningún antecedente o documento que dé cuenta fehaciente del hecho de estar en tratamiento para atender los cuadros de ansiedad y de angustia que refiere padecer y en caso de encontrarse deteriorada la salud mental del recurrente no es posible atribuir aquello, única y exclusivamente, a los hechos relatados en la presente acción constitucional, por lo que estos últimos no serían la causa o el antecedente generador del efecto que se asegura sufrir.

Acompaña un correo electrónico del Subdirector de Informática del Servicio Nacional de Aduanas documento que señala el número de correos electrónicos que recibió el día 23 de enero de 2019 y las Resoluciones Exentas N° 3471 N° 388 Y N° 419, de fechas 21, 23 y 25 del mismo mes, que dan cuenta de los cometidos funcionarios del Sr. Director Nacional de Aduanas (5) en esas fechas, en la ciudad de Santiago.

Encontrándose la causa en estado, se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el recurrente, lo hace consistir en la aplicación de una sanción disciplinaria determinada en un sumario administrativo seguido en su contra, medida de suspensión de funciones por el término de 3 meses con goce del 50% de remuneraciones -que a la fecha cumple-, pese a que dicho proceso no se encuentra afinado, ya que oportunamente interpuso un recurso de reposición en contra de la decisión sancionatoria, arbitrio que no fue legalmente tramitado por la recurrida, del cual a la fecha no ha sido resuelto.

TERCERO: Que, en tanto la institución recurrida solicita el rechazo de la acción, niega haber incurrido en un acto u omisión ilegal o arbitraria toda vez que el sumario administrativo seguido contra el actor, se encuentra concluido, toda vez que el derecho al debido proceso no se encuentra cautelado con la acción de protección, la que atendida su naturaleza, cautelar y de emergencia, no puede pronunciarse sobre tal infracción, no siendo la vía idónea para la resolución de un conflicto que debe ser solucionado en un juicio de lato conocimiento, además, refiere que el actor no interpuso recurso alguno en contra de la sanción impuesta.

CUARTO: Que, conforme al mérito del proceso, antecedentes acompañados y alegaciones formuladas en estrados por las partes es posible establecer, en orden cronológico, los siguientes hechos:

a) Mediante resolución N° 3.542 de 13 de agosto de 2018, la Dirección Nacional del Servicio de Aduanas dispuso el inicio de un sumario administrativo a fin de establecer la responsabilidad administrativa del fiscal instructor del proceso disciplinario ordenado en resolución N° 296 de 2017, don nombre reservado Vidal Orellana, en la recuperación y custodia del expediente disciplinario del mencionado proceso.

b) Dicho sumario, dio lugar a una medida disciplinaria en contra del investigado y recurrente, la prevista en la letra c) del artículo 121 del Estatuto Administrativo, esto es, suspensión del empleo por 3 meses con 50% de sus remuneraciones, ello mediante resolución N° 5476 de 12 de diciembre de 2018, suscrita por el Director Nacional Subrogante, don Pablo Ibáñez Beltrami.

c) Dicha resolución sancionatoria se notificó personalmente al investigado el día 16 de enero de 2019.

d) En contra de dicho dictamen condenatorio, el abogado investigado interpuso un recurso de reposición, el cual remitió vía correo electrónico a la casilla institucional de don nombre reservado, señalando en el asunto “Documento que adjunta” y en los archivos adjuntos aparece el documento “reposición nombre reservado”.

e) El Servicio Nacional de Aduanas, tanto en su informe como en sus alegatos en estrados, reconoce que recibió el correo electrónico antes descrito.

f) Con fecha 01 de abril del año en curso se dicta la resolución N° 1550, mediante la cual se aplica la sanción disciplinaria contra el actor, dejando en ella constancia que no se recibió recurso alguno contra el dictamen condenatorio, habiendo consultado a la Encargada de Atención y Asistencia al Usuario de la Dirección Nacional y al Director Regional de Aduanas de Punta Arenas. Dicha resolución fue notificada al recurrente el día 14 de mayo del presente.

g) Durante el curso del proceso, se permitió al investigado la remisión de escritos vía correo electrónico, situación reconocida por el Servicio recurrido.

QUINTO: Que, el artículo 141 del Estatuto Administrativo establece que “En contra de la resolución que ordene la aplicación de una medida disciplinaria, procederán los siguientes recursos: a) De reposición, ante la misma autoridad que la hubiere dictado, y b) De apelación ante el superior jerárquico de quien impuso la medida disciplinaria.

El recurso de apelación sólo podrá interponerse con el carácter de subsidiario de la solicitud de reposición y para el caso que ésta no sea acogida.

Los recursos deberán ser fundados e interponerse en el plazo de cinco días, contado desde la notificación, y deberán ser fallados dentro de los cinco días siguientes”.

SEXTO: Que, conforme a lo expresado, se encuentra asentado en este proceso que, contra la decisión sancionatoria, dentro de plazo, el recurrente interpuso recurso de reposición, el cual fue recibido por la autoridad fiscal, respecto del cual ha omitido pronunciamiento; ello configura un actuar ilegal, al tenor de lo dispuesto en el artículo 141 del Estatuto Administrativo.

SEPTIMO: Que, de igual modo, el actuar de la Administración, configurada por la omisión de resolver el recurso interpuesto dentro de plazo, reviste también arbitrariedad, ya que en forma previa, durante la tramitación del sumario administrativo, se permitió al investigado la remisión de escritos vía correo electrónico, y constituye una fórmula válida de comunicación al interior del Servicio, cuando uno de los cargos formulados contra el funcionario, dice relación con desobedecer las órdenes de su jefatura, en cuanto a la remisión de un expediente, requerido por correo electrónico.

A este respecto, se debe tener presente que no obstante el reconocimiento de parte de la recurrida respecto de la recepción del aludido correo electrónico, no es posible determinar cuando habría tomado conocimiento de este, si antes de la dictación de la resolución N° 1.550 de 2019, o bien, tras su emisión; sin embargo, el no haber adoptado medida para remediar el vicio procesal, aumenta el reproche que se puede efectuar contra su conducta.

OCTAVO: Que, habiéndose concluido la existencia de una omisión, ilegal y arbitraria de parte del Servicio recurrido, es menester determinar si ello genera una vulneración de las garantías constitucionales del recurrente.

En este sentido, como se dijo, se encuentra acreditado que el investigado cumple, a la fecha una sanción de suspensión del empleo con 50% de sus remuneraciones, pese a no encontrarse afinado el proceso disciplinario dirigido en su contra, toda vez que el Jefe Superior del Servicio, no se pronunció respecto del recurso de reposición, interpuesto dentro de plazo, y a través de un medio de comunicación validado por la autoridad administrativa.

Conforme a ello, queda de manifiesto la conculcación del derecho de propiedad del recurrente, lo que se traduce en la privación de parte de su remuneración, como consecuencia del actuar ilegal y arbitrario de la recurrida; de lo que deviene que la acción impetrada debe ser acogida, adoptándose las medidas que se dirán para el restablecimiento del imperio del derecho.

Se hace presente que estos sentenciadores establecen la vulneración de la garantía constitucional del N° 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, no obstante que la reclamante no lo señala como vulneratoria en el recurso, en atención a que corresponde al Tribunal que conoce de los hechos acreditados aplicar el derecho que se aviene en la situación fáctica, como ocurre en la especie.

Y visto también lo que previenen los artículos 19 N° 24 y 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de 24 de junio de 1992 y sus modificaciones, se declara que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto por el abogado don Franco Devillaine Gómez en favor de nombre reservado Vidal Orellana y en contra del Servicio Nacional de Aduanas representado por su Director nombre reservado, con su mérito se dispone que la autoridad recurrida deberá dejar sin efecto la Resolución N° 1.550 de 01 de abril de 2019 suscrita por su Director Nacional, dando la tramitación que en derecho corresponda al recurso de reposición intentado por el funcionario investigado de fecha 23 de enero del año en curso, a quien deberán restituirse las remuneraciones descontadas con motivo del cumplimiento de la resolución, que ha quedado sin efecto.

Redacción del Ministro Sr. Stenger.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Rol Corte N° 614-2019. Protección.