Protección contra Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena

Punta Arenas, dieciséis de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece Gene F. nombre reservado, egresado de derecho, y deduce recurso de protección en representación de nombre reservado, Suboficial Mayor de Carabineros, en contra de la Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena, representada por nombre reservado, coronel de carabineros, jefe subrogante de dicha Zona, en razón del acto que señalan como ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la resolución exenta N°NUM000, de 06 de febrero de 2026, mediante la cual se dispuso el cese con efectos retroactivos a contar del 2 de enero de 2026 de la gratificación de zona de la recurrente, ascendiente al 70% del grado económico, alegando vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 N°1, 2, 3, 23 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala, en síntesis, que la recurrente es una Suboficial Mayor de Carabineros con casi 35 años de servicios ininterrumpidos, con una carrera funcionaria intachable y calificaciones de excelencia, lo que le permitió ascender desde el grado de carabinero hasta la jerarquía máxima del personal de nombramiento institucional; habiendo servido como escolta presidencial entre los años 2006-2010, y siendo posteriormente trasladada a la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Afirma que el 6 de marzo de 2025, mientras participaba en una práctica de tiro a cargo del teniente nombre reservado

Pérez, éste procedió a gasearla con elementos químicos intensos, ocasionándole una grave lesión ocular que requirió intervenciones quirúrgicas, debiendo hasta la fecha de presentación del recurso guardar reposo.

Indica que dicha lesión ocurrió en actos del servicio y, sin embargo, los gastos médicos no han sido cubiertos por Carabineros ni por DIPRECA, debiendo enfrentar cobranzas y amenazas del establecimiento médico por negligencia de su empleador.

Refiere que, habiendo denunciado los hechos ante sus superiores jerárquicos, quienes no dispusieron los actos en derecho pertinentes, materializaron actos de acoso laboral en su contra, como por ejemplo, un detrimento injustificado de sus calificaciones del año 2025 y a modo de castigo, se dispuso su traslado desde la 1ª Comisaría de Punta Arenas a la 6ª Comisaría de la Prefectura de Carabineros Santiago Norte, mediante orden N°NUM001 del 26 de agosto de 2025 de DIPECAR.

Agrega que, el 20 de enero pasado, su representada se sometió a una intervención quirúrgica compleja y delicada en Santiago y que el acto administrativo de traslado, para surtir sus efectos, requiere que el funcionario se presente físicamente en la unidad de destino, siendo ese el momento en que cesa la gratificación de zona que le es pertinente.

Señala que, encontrándose la recurrente con licencia médica de larga data el capitán de Carabineros nombre reservado

Romero efectuó un traslado de la Resolución Exenta N°NUM000 de 6 de febrero pasado, que dispone el cese de la gratificación de zona de la recurrente, en circunstancias que la actora no se ha presentado en la unidad de destino.

Explica que la mencionada resolución no indica norma que fundamente el proceder del recurrido y sin que se haya perfeccionado el acto administrativo de traslado con la presentación formal, lo que constituye una afectación al principio de juridicidad y legalidad.

Afirma que el acto recurrido vulnera el artículo 33, inciso 2°, de la Ley N°18.961 y que la conducta del recurrido podría configurar ilícitos funcionarios previstos en el artículo 228 del Código Penal.

En cuanto a las garantías vulneradas, afirma que la resolución recurrida vulnera, en primer término, el derecho a la vida e integridad física y psíquica de la recurrente, porque la resolución impugnada fue dictada mientras su representada se encontraba con licencia médica, con una intervención quirúrgica reciente y sin haber perfeccionado el acto administrativo de traslado, de modo que el cese del 70% de sus emolumentos le provoca incertidumbre y angustia.

Asimismo, sostiene que se afecta la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

Añade que también se conculcan los derechos del artículo 19 N°23 y 24 de la Constitución, desde que la privación de la gratificación de zona le impide disponer de recursos y emolumentos legítimamente debidos.

Por todo lo expuesto pide que se invalide la Resolución Exenta N°NUM000 del 6 de febrero de 2026, se restablezca el imperio del Estado de Derecho, y se adopte toda otra medida que se estime pertinentes para amparar las garantías constitucionales de la recurrente, con expresa condena en costas.

A folio 7, el recurrente amplia el recurso de protección en contra de nombre reservado, General Inspector de Carabineros, Director Nacional de Orden y Seguridad (DIOSCAR), y en contra de nombre reservado, Coronel de Carabineros y Jefe de Zona subrogante de Magallanes y Antártica Chilena, en razón de la omisión arbitraria e ilegal del primero de los recurridos en atender la denuncia formulada de su competencia, y respecto del segundo por la dictación del acto administrativo Resolución Exenta N°NUM002 de 18 de febrero de 2026.

Señala, en síntesis, que el 9 de febrero de 2026, a través del escrito NUM003, dirigido al recurrido nombre reservado denunció al Coronel nombre reservado como autor de la Resolución Exenta N°NUM000 de 6 de febrero de 2026, ya referida. Agrega que, en dicho escrito requirió expresamente que se tuviera por deducido recurso de invalidación respecto de la Resolución Exenta N°NUM000; Tener por efectuada una denuncia administrativa en contra del Coronel nombre reservado; se solicitó la instrucción de un sumario administrativo y tener por efectuada la medida provisional de suspensión de los efectos de la Resolución Exenta N°NUM000 de 6 de febrero de 2026 y se dicte resolución conforme a las normas que indica.

Afirma que, a la fecha de interposición del presente recurso, el recurrido nombre reservado no ha atendido la denuncia ni el requerimiento formulado, limitándose a derivar ilegítimamente el conocimiento de dicha denuncia al propio denunciado. En dicho sentido, indica que el 19 de febrero de 2026 fue recibida vía correo electrónico la Resolución Exenta N°NUM002 del 18 de febrero de 2026, suscrita por el recurrido nombre reservado, en cuyo tenor se invalidó la Resolución Exenta N°NUM000, resolviéndose de este modo, por el propio denunciado, la denuncia efectuada en su contra y destinada a su superior jerárquico, lo que constituye una actuación arbitraria, ilegal e ilícita, vulnerando los principios de juridicidad, probidad, control jerárquico del artículo 11 de la Ley N°18.575 y el procedimiento administrativo disciplinario de los artículos 44 bis y 84 bis de la Ley N°18.961.

Refiere que respecto del recurrido nombre reservado y su resolución exenta N°NUM002, este infringió el principio de imparcialidad y abstención previstos en los artículos 11 y 12 de la Ley N°19.880, al conocer y resolver la denuncia efectuada en su contra sin contar con delegación de facultades, sin firma electrónica y prescindiendo de la audiencia previa del interesado que exige el artículo 53 de la misma ley. Destaca que dicha resolución omitió pronunciarse sobre la denuncia en sede administrativa, la medida provisional de suspensión de efectos, así como los demás derechos ciudadanos deducidos en el escrito NUM003, infringiendo los artículos 10, 14, 17, 40 y 41 de la Ley N°19.880, constituyendo todo ello un vicio de fondo que torna el acto administrativo en irremediablemente contrario a derecho.

Por lo expuesto pide que se ordene al Sr. nombre reservado, respecto de la denuncia contenida en el escrito NUM003 de 09 de febrero de 2026, dicte una resolución conteste las normas del procedimiento administrativo; invalide la Resolución Exenta N°NUM002 de 18 de febrero de 2026 y se disponga cualquier otra medida pertinente para reestablecer el imperio del derecho.

Que a folio 18, el recurrente solicito ampliar el recurso de protección en contra de nombre reservado, General Director de Carabineros por su responsabilidad constitucional, legal y reglamentaria por delegar mediante la resolución DIGCAR N°NUM004 del 09 de febrero de 2025 la facultad de materializar el “cese de la gratificación de zona” en “su representación” respecto del recurrido nombre reservado. Pide que se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000 de 6 de febrero de 2026.

Por Resolución de folio 22, se ordenó tener presente lo expuesto en la vista de la causa, atendido el estado procesal de la misma.

Que informa el recurso nombre reservado, Coronel de Carabineros, jefe subrogante de la Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena, en representación de dicho organismo, pidiendo que se rechace el recurso.

Señala que la recurrente ingresó el 16 de mayo de 1991 a la institución, registrando 35 años de servicios con destinaciones en diversas unidades del país. Por Orden N°NUM001 del 26 de agosto de 2025, fue trasladada desde la 1ª Comisaría Punta Arenas a la 6ª Comisaría de la Prefectura Santiago Norte, a contar del 02 de enero de 2026, traslado notificado por carta certificada al domicilio de la funcionaria, quien se mantenía con licencia médica prolongada desde el 7 de abril de 2025.

Refiere que la funcionaria se encontraba en comisión de servicios en el Departamento de Apoyo a las Operaciones Policiales de la Zona desde julio de 2024, comisión que fue extendida mediante sucesivas resoluciones exentas que detalla, la última de las cuales corresponde a la Resolución Exenta N°NUM005 del 10 de marzo de 2025.

Agrega que se consignó en el sistema Proservipol desde el 24 de julio de 2024 a la recurrente como “agregada”, lo que significa comisión de servicios. Luego da cuenta que no se emitió por parte de la Zona de Magallanes, las resoluciones exentas autorizando la comisión de servicios desde la última emitida del 10 de marzo de 2024, lo que originó un error administrativo.

Indica que, a raíz de dicho error, el Departamento de Apoyo a las Operaciones Policiales Magallanes solicitó el cese de la asignación de zona de la recurrente a contar del 02 de enero de 2026, fecha en que debió materializarse el traslado a la 6° Comisaria de la Prefectura Santiago Norte, por lo que, en virtud de la delegación de facultades contenida en el Resolución Exenta N°NUM004 de 9 de febrero de 2025 de la Dirección General de Carabineros, se emitió la Resolución Exenta N°NUM000 del 06 de febrero de 2026 disponiendo el cese.

Sostiene que debido a la presentación NUM003 de 9 de febrero de 2026, efectuada al Director Nacional de Orden y Seguridad, General Inspector nombre reservado, en la cual solicita la invalidación de la Resolución Exenta NºNUM000, de 6 de febrero de 2026, en atención a que el Jefe de Zona Subrogante se procedió a revisar la situación administrativa, detectándose el referido error relativo a la dependencia administrativa de la referida P.N.I. y la omisión del término de su comisión de servicios.

Señala que la situación, ha sido subsanada, disponiendo el término de la comisión de servicios a contar del 18 de febrero de 2026, la que se hará efectiva una vez que la Suboficial Mayor nombre reservado se reincorpore a sus funciones luego de la licencia médica presentada con fecha 29.02.2026, hecho que permitirá cambiar los estados de servicio en el sistema Proservipol tanto de la 1ª Comisaría Punta Arenas (U) como del Departamento de Apoyo a las Operaciones Policiales Magallanes, los que no pueden ser modificados mientras la funcionaria no se presente a cumplir con sus funciones laborales y se mantenga con licencia médica. Agrega que la invalidación de la mentada Resolución N°NUM000 tuvo lugar a través de la dictación de la Resolución Exenta N°NUM002 de 18 de febrero de 2026, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 19.880.

En cuanto a las alegaciones del recurrente, indica que las acciones llevadas por el Teniente de Carabineros nombre reservado se enmarcan dentro de la preparación anual de los funcionarios de Carabineros.

Que los cobros de la intervención quirúrgica y de las prestaciones médicas, dichos aspectos son materia de la Dirección de Previsión de Carabineros, por lo que esa autoridad no puede hacerse cargo de dichas alegaciones y que se encuentra el caso de la actora en estudio ante la Comisión Médica Central.

Respecto del traslado de la recurrente, señala que la facultad de trasladar al personal institucional se encuentran debidamente regulados en la legislación, citando jurisprudencia de la Contraloría General de la República.

Descarta la vulneración de garantías constitucionales que señala el recurrente. De otro lado sostiene que actor no cuenta con un derecho indubitado, concluyendo que actuar de la Institución mediante la emisión de la Resolución Exenta NºNUM000 de la Zona Magallanes y Antártica Chilena por medio de la cual se dispone el cese de la asignación de zona de la Suboficial Mayor nombre reservado, así como de la Resolución Exenta NºNUM002, de 18 de febrero de 2026, de la misma autoridad institucional, que la invalida (petición concreta que realiza la actora), no tienen el carácter de ilegal ni arbitrario de la actuación institucional que pretende la recurrente demostrar, sin que se haya afectado derecho constitucional alguno.

A folio 15, y en virtud de la ampliación del recurso de protección de folio 7, evacuó informe nombre reservado, Director Nacional de Orden y Seguridad.

Indica que el 09 de febrero de 2026, el apoderado de la recurrente remitió la presentación NUM003, en la que solicita la invalidación de la Resolución Exenta NºNUM000, de 06 de febrero 2026, en atención a que según sus dichos, el Sr. Jefe de Zona Subrogante que la emitió, no tendría la facultad legal para ello, y en este contexto, junto con requerir la invalidación del acto administrativo, solicita tener por interpuesta denuncia en sede administrativa en contra del Coronel de Carabineros nombre reservado, pues al dictar la resolución recién mencionada se habría arrogado facultades respecto de las cuales carecería.

Agrega que en ese contexto se revisó la situación y se detectó el error relativo a la dependencia administrativa de la recurrente y la omisión del término de su comisión de servicios, procediendo a subsanar el error a través de la Resolución Exenta N°NUM002 de 18 de febrero de 2026 en atención a lo solicitado en la presentación NUM003 y lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley N°19.880, procediendo a invalidad la mentada Resolución Exenta N°NUM000.

Sostiene que en forma paralela a la acción deducida ante ese mando, el recurrente deduce en la misma fecha el recurso de protección.

En cuanto a la omisión denunciada relativa a efectuar un control jerárquico que impone la ley respecto del Jefe de Zona Subrogante, quien a juicio del recurrente habría dictado una resolución sin poseer facultades para ello, sostiene que esa Alta Repartición tan pronto recibió su presentación requirió un informe a la Zona Magallanes y Antártica Chilena y que precisamente en el ejercicio del control Jerárquico se advirtió el referido error.

Finalmente indica que, sin perjuicio de las acciones administrativas preliminares desplegadas por ese Mando de Dirección, el recurrente en forma paralela dedujo la presente acción de protección por los mismos hechos que dan origen a la presentación formulada ante ese Director Nacional de Orden y Seguridad, debiendo la Administración activa abstenerse de continuar conociendo de los hechos, por encontrarse en sede judicial desde el 10 de febrero de 2026, de conformidad a lo establecido en el inciso final artículo 54 de Ley Nº19.880.

Concluye solicitando el rechazo del recurso, por cuanto el acto recurrido fue dictado en el marco de las facultades legales y reglamentarias aplicables, fundado en jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, y además fue oportunamente invalidado, por lo que no existe vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas ni derecho indubitado que cautelar.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que a través del presente recurso se reclama respecto de la Resolución Exenta N°NUM000 del 6 de febrero de 2026 de la Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena, que dispuso el cese retroactivo de la gratificación de zona de la recurrente nombre reservado. Por ampliación del recurso se reclama respecto de la omisión arbitraria e ilegal del Director Nacional de Orden y Seguridad en atender la denuncia administrativa formulada por el apoderado de la recurrente través del escrito NUM003, y por cuanto el Coronel Larenas dictó la Resolución Exenta N°NUM002, alegando que conoció y resolvió la denuncia efectuada en su contra sin contar con delegación de facultades, sin firma electrónica y prescindiendo de la audiencia previa, estimándose vulneradas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 3, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitándose la invalidación de los actos recurridos y el restablecimiento del imperio del Estado de Derecho.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, en primer término se debe tener presente que no es discutido por las partes que la Resolución Exenta N°NUM000 del 06 de febrero de 2026 fue invalidada mediante la Resolución Exenta N°NUM002 del 18 de febrero de 2026, invocando para ello el artículo 53 de la Ley N°19.880.

Que, sin perjuicio de los cuestionamientos que plantea el actor respecto de la Resolución Exenta N°NUM002, lo cierto es que al dictarse el mencionado acto, ya no rigen el cese con efectos retroactivos a contar del 2 de enero de 2026 de la gratificación de zona de la recurrente, ascendiente al 70% del grado económico, por lo que se encuentra subsanado el requerimiento original presentado por la recurrente y sin que se advierta la existencia de alguna medida urgente que pueda ser adoptada por este tribunal a través de esta vía cautelar en dicho sentido, el presente recurso de protección no se encuentra en condiciones de prosperar, por haber perdido oportunidad a ese respecto.

SEXTO: Que, respecto de la alegación fundada en la supuesta omisión del recurrido Sr. nombre reservado, consistente en haber derivado la presentación NUM003 de 9 de febrero de 2026 al propio denunciado, sin ejercer directamente el control jerárquico que le exige el artículo 11 de la Ley N°18.575 y vicios en la dictación de la Resolución Exenta N°NUM002, se tiene presente que a la luz de los antecedentes, resulta que la recurrente carece de un derecho indubitado e indiscutido que le permita impetrar la protección de las garantías que alude, al encontrarse controvertidas las actuaciones y omisiones que fueran denunciadas como ilegales y arbitrarias y los supuestos de hecho que le sirven de base, sin que sea posible desprender un vicio de legalidad o arbitrariedad, pues no es posible tener por acreditadas las hipótesis planteadas por el apoderado de la recurrente. Sin perjuicio de tener presente que además el propio apoderado de la recurrente produjo el vicio del que recama al haber deducido en forma simultánea en sede administrativa y judicial reclamaciones, y el efecto previsto en el artículo 54 de la Ley N°19.880.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo señalado en el considerando quinto, de lo expuesto aparece con claridad que se han discutido cuestiones de hecho cuyo esclarecimiento excede los márgenes de aplicación del presente recurso de protección y que la recurrente carece de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio esta Corte debe proteger, razón suficiente para concluir que la presente acción ha de ser desestimada.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de la Zona de Carabineros de Magallanes y Antártica Chilena y del Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Caroline Turner González.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

ROL N°61-2026 PROTECCIÓN.