nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS, PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR

Punta Arenas, veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

nombre reservado, contador, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de su empleador Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor representado por doña nombre reservado ambos domiciliados en domicilio reservado.

Alega que el 30 de octubre del año 2023, la recurrida ordenó no pagar su remuneración mensual que asciende a aproximadamente a un total de haberes de $2.898.016.

Al consultar el motivo, se le explicó “que se me negó (sic) el pago de mi remuneración basado en que no asistí a trabajar”, hecho que es falso y carece de absoluta lógica.

Esa decisión constituye un acto arbitrario e ilegal que atenta en contra de las garantías reconocidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República en sus numerales 2º referido a la igualdad ante la ley, 16º la libertad de trabajo y su protección, y 24º en cuanto al derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales.

Alega que presta servicios para la recurrida desde el primero de agosto de 1981, siendo en estos momentos el trabajador más antiguo de dicha institución, cumpliendo diversas funciones no docentes y administrativas. Argumenta que las últimas indicaciones dadas por su empleador en el año 2021 indican que debería pertenecer a la dotación de trabajadores asistentes de la educación en la Escuela Bernardo O”Higgins, establecimiento educacional administrado por la demandada a la cual fue destinado en julio del año 2015.

Agrega que fue puesto a disposición del sostenedor por resolución del Director del Establecimiento en se entonces don nombre reservado, por estimar este que su salud es incompatible con el ejercicio de sus funciones.

El 21 de abril del año 2022, dirigió una carta a su empleador para ponerlo en aviso de que su jefe directo lo había puesto a disposición de la administración central, sin recibir pronunciamiento.

Por ello, inició una causa ante el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, puesto que la nula respuesta a su presentación constituye una vulneración de derechos. Además, la nueva directora dispuso de su oficina y enseres de trabajo desde que asumió como directora a fines del año 2022, sin informarlo, lo que lo dejó sin cumplir las funciones para la cual fue contratado, y sin que se resuelva el cese de sus funciones o se le reubique.

Añade que se acercó a las dependencias de la escuela, porque su licencia médica se había acabado en julio del año 2023, para ponerse al servicio nuevamente de la recurrida, ordenándosele que se retire a su domicilio, pues esta había tenido conversaciones con la administración central, quienes le indicaron que no debía estar trabajando.

En esa situación, continuaron pagándole sus remuneraciones regularmente, manteniendo una relación laboral vigente a la que ninguna de las partes ha dado termino.

Agrega que padece de enfermedades autoinmunes, por lo que esta situación caprichosa por parte del empleador importa agravar día a día su condición, más aun ahora que unilateralmente y sin previo aviso decidieron no pagar su remuneración del mes de octubre de forma antojadiza, generándole además una grave afectación a su estabilidad física y psíquica, pues en el evento de perecer, su familia quedaría en la indefensión económica.

En el caso precedentemente expuesto, explica que estamos frente a una serie de conductas del todo irracionales, anormales, infundadas, calificables como conductas arbitrarias según el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Solicita, en definitiva, acoger el recurso declarando que la retención de su remuneración, realizado por el empleador, es arbitraria e ilegal, y en definitiva se ordene pagar la remuneración del mes de octubre del año 2023, abstenerse de suspender su remuneración sin aviso previo y sin justificación lógica alguna a futuro, todo con costas.

Evacúa informe Patricia Jara Rojas, abogada, por la recurrida.

Alega que no resulta procedente el recurso de protección intentado, atendido el hecho que estamos en presencia de una situación discutible ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, toda vez que el recurrente es demandante en la causa laboral caratulada “nombre reservado con Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor”, Rit N°T-84-2022, en la que se solicita, entre otras pretensiones, el pago de una indemnización establecida en la cláusula trigésimo cuarta del Convenio Colectivo del Sindicato de Asistentes de la Educación, que señala el pago de una indemnización a todo evento por salud incompatible de 1,5 remuneraciones por años de servicios.

Hace presente que las peticiones que se efectuaron en la referida causa se repiten como fundamentos en este recurso de protección, lo que da fuerza al argumento en cuanto al hecho de encontrarnos en presencia de una materia laboral y no del recurso de protección, al no tratarse de un derecho indubitado.

Indica que la causa laboral, actualmente se encuentra para continuación de audiencia de juicio para el día 09 de febrero de 2024 a las 10:00 horas en el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas.

Añade que lo importante radica en el hecho que, a partir del mes de julio de 2023, se rechazaron las licencias médicas presentadas por el recurrente por el órgano contralor. Esto se debe a que la Superintendencia de Pensiones, solicitó a la Comisión Médica Central se informara la situación del actor, acompañando con fecha 05 de diciembre de 2023, el expediente completo al Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, en el cual resalta el acta de sesión N° 453 de 27 de junio de 2023 de la Comisión Médica Central, que señala que confirma la resolución objeto de recurso de reposición, otorgando la invalidez total definitiva. En este caso, el recurrente no se presentó a prestar servicios, encontrándose obligado a aquello, dado que, según Dictamen de la Inspección del Trabajo, ORD. Nº3458/178, de 21 de octubre 2002, el trabajador pensionado de invalidez que continúe laborando está obligado a asistir al trabajo y el empleador al pago de la remuneración convenida, pues la obtención de pensión de invalidez no es causal de terminación de contrato, pudiendo emplear su capacidad residual de trabajo, por lo que si no asiste a trabajar el empleador tampoco está obligado a remunerarlo.

Además, expone que el artículo 161 bis del Código del Trabajo señala claramente que «La invalidez, total o parcial, no es justa causa para el término del contrato de trabajo. El trabajador que fuere separado de sus funciones por tal motivo, tendrá derecho a la indemnización establecida en los incisos primero o segundo del artículo 163, según correspondiere, con el incremento señalado en la letra b) del artículo 168».

Así, la cláusula trigésimo cuarta del Convenio Colectivo que se pretende aplicar (en el caso de término de la relación laboral), es nula respecto de señalar la salud incompatible como causal de despido y de aceptación del trabajador, ya que de acuerdo al artículo 5 del Código del Trabajo, inciso segundo, se establece la irrenunciabilidad de los derechos laborales, por lo que la única forma de aplicar esta cláusula, sería en el caso que, al ser traspasado el asistente de la educación al Servicio Local de Educación, se regirá por la Ley N°21.119, que establece en su artículo 33 letra g) el caso de salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo, como causal para dejar de pertenecer a la dotación, lo que debe relacionarse con lo dispuesto en el artículo cuadragésimo segundo «Protección de derechos del personal» de la Ley N° 21.040, que en sus incisos tercero y cuarto, en lo pertinente, señalan:

«Como consecuencia del traspaso a los Servicios Locales, ningún trabajador perderá sus derechos adquiridos.

Con todo, sólo le serán oponibles a los Servicios Locales de Educación Pública las condiciones pactadas con anterioridad a seis meses contados desde la fecha en que se haga efectivo el traspaso del personal de que trata este párrafo …».

Ahora bien, el recurrente se encuentra jubilado por invalidez permanente total desde el mes de julio de 2023, percibiendo la correspondiente pensión, y lo que impide el poner término a la relación laboral, es que persigue la indemnización por salud incompatible, que no es aplicable al caso del actor.

Concluye respecto a este tema, que al no existir remuneraciones que pagar, se efectuaron los descuentos legales.

Finalmente, expone que el recurrente presentó ante la Inspección del Trabajo, la solicitud de Fiscalización N°1201/2023/1467, notificada el 24 de noviembre de 2023, solicitando igualmente el pago de la remuneración del mes de octubre de 2023, procedimiento que se encuentra en curso.

En seguida, alega la inexistencia de vulneración de garantías constitucionales, ya que atendida la especial naturaleza cautelar y de urgencia del recurso de protección, para que pueda prosperar es indispensable que quien lo intente acredite los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad, que estén debidamente comprobados, y que se esté actualmente produciendo una perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Carta Fundamental asegura a todos los ciudadanos.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto recurrido consiste en la suspensión del pago de la remuneración por parte de la recurrida respecto de las labores que desempeñaría el actor.

CUARTO: Que, previo a entrar al fondo del asunto, es necesario determinar que la presente acción constitucional es de naturaleza cautelar, rápida y eficaz, que pretende amparar la vulneración manifiesta de derechos fundamentales establecidos en el catálogo del artículo 20 de la Constitución Política del Estado. Por ello, resulta un requisito indispensable para su procedencia, que esta Corte pueda adoptar medidas para proteger derechos indubitados que detente el recurrente, el que, en el presente caso, consiste en el pago de su remuneración del mes de octubre de 2023.

QUINTO: Que dichos derechos indubitados no se aprecian en la especie, por dos motivos principales, a saber, por un lado existen dos procedimientos en los que se está discutiendo la procedencia del pago de dicha remuneración, uno en sede administrativa, y el otro referido a la tutela de derechos presentada en el Juzgado del Trabajo de esta ciudad; y por otro, al encontrarse en proceso una discusión de la situación laboral del actor, toda vez que se encuentra declarada su invalidez total, motivo por el cual recibe una pensión, advirtiéndose discutida la procedencia del pago de sus remuneraciones, al encontrarse rechazadas sus licencias médicas en dicho contexto.

SEXTO: Que, de esta manera, a través de la presente acción cautelar no puede prosperar la pretensión del actor, porque esta Corte carece de antecedentes que den cuenta que, sin lugar a duda, el recurrente era acreedor de su remuneración del mes de octubre, circunstancia que debe ser analizada y determinada en alguna de las instancias que actualmente se encuentran vigentes para determinar la situación del actor, motivo por el cual el recurso será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso deducido por nombre reservado, en contra Corporación Municipal de Punta Arenas, para la Educación, Salud y Atención al Menor.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

ROL N°609-2023.PROTECCION.-