Protección contra Corporación Municipal De Punta Arenas para La Educación

Punta Arenas, diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Que comparece doña nombre reservado, funcionaria de la Corporación Municipal de Punta Arenas, y deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal De Punta Arenas para La Educación, Salud y Atención al Menor, en razón del acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución Interna NUM000, de 16 de octubre de 2025, que rechazó el recurso de reposición interpuesto en su favor y confirmó la sanción de destitución impuesta mediante la Resolución Interna NUM001, de 08 de octubre de 2025, manteniéndose la medida disciplinaria de destitución y estimando vulneradas las garantías consagradas en el artículo 19 N°2, N°3, N°21 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Indica que se desempeñó como profesional de apoyo con contrato indefinido en el CESFAM Carlos Ibáñez desde el año 2012, manteniendo por más de trece años calificaciones en Lista N°1, y una conducta funcionaria intachable y sin sanciones previas.

Refiere que, mediante Oficio NUM002 de 2025, la Contraloría General de la República informó sobre funcionarios con salidas del país durante licencias médicas, detectándose respecto de su persona un único hecho: una entrada al territorio nacional el día 20 de enero de 2023.

Afirma que, a raíz de lo anterior, se instruyó la investigación a través de la Resolución Interna NUM003, concluyéndose la etapa indagatoria con la formulación de un único cargo mediante Resolución Interna NUM004, de 31 de julio de 2025, consistente “Salida del país haciendo uso de licencia médica, siendo que dicha licencia se otorgó bajo reposo total laboral indicado expresamente como lugar de reposo su domicilio (…). Esto es haber entrado al país el día 20 de enero de 2023 por el paso Monte Aymond, vía terrestre, estando con licencia médica emitida con fecha 16 de enero de 2023 (…) Otorgada por doña nombre reservado”.

Sostiene que evacuó descargos el 18 de agosto de 2025, reconociendo el hecho imputado, señalando que atravesaba un complejo tratamiento psiquiátrico por un cuadro depresivo y que, por recomendación de su red de apoyo, viajó con sus padres a Argentina, mencionando referencialmente la fecha de salida el 1 de enero de 2023.

Destaca que, en la primera vista fiscal de 25 de agosto de 2025, la fiscal sumariante tuvo por acreditado el cargo formulado, ponderó como atenuantes su intachable conducta anterior y la cooperación eficaz, y propuso, conforme al principio de proporcionalidad, la sanción de suspensión temporal del empleo con goce del cincuenta por ciento de la remuneración por 30 días.

Refiere que, posteriormente, mediante Resolución Interna NUM005 de 9 de septiembre de 2025, se dispuso una medida para mejor resolver, recabándose antecedentes de la PDI que dieron cuenta de un hecho distinto al cargo formulado, consistente en la salida del país el 1 de enero de 2023 durante una licencia médica diversa, hecho que, según reconoce la propia fiscal, no fue detectado por la Contraloría. Afirma que, sin formular nuevos cargos ni permitir nuevos descargos, la fiscal mutó el fundamento de la sanción en la segunda vista fiscal R.I. NUM006, basándose principalmente en dicho nuevo hecho descubierto y desechando las atenuantes previamente reconocidas, proponiendo la sanción de destitución.

Señala que la Secretaria General aprobó dicha segunda vista fiscal mediante Resolución Interna NUM001 de 8 de octubre de 2025, aplicándole la sanción de destitución.

Agrega que dedujo recurso de reposición el 16 de octubre de 2025, alegando, entre otros aspectos, que no podía ser sancionada por hechos no contenidos en los cargos. Indica que dicho recurso fue rechazado por Resolución Interna NUM000 de 16 de octubre de 2025, en la cual la autoridad reconoce el vicio, pero intenta subsanarlo señalando que la medida para mejor resolver no afectó el derecho a defensa, por cuanto la recurrente habría mencionado el hecho en sus descargos, transformando una mención contextual en una confesión de un cargo que nunca existió.

Afirma que lo anterior configura una vulneración del derecho a un justo y racional procedimiento, citando lo dispuesto en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, por ruptura del principio de congruencia y sanción por hechos no acusados, dejándola en estado de indefensión al no haber podido ejercer defensa respecto del hecho de la salida del 1 de enero de 2023. Refiere que se hizo un uso indebido de la medida para mejor resolver, la cual no puede servir para investigar nuevos hechos o formular nuevos cargos.

Sostiene que también se vulnera la igualdad ante la ley, en su vertiente de principio de proporcionalidad, al existir un cambio arbitrario de criterio entre la primera y la segunda vista fiscal, pasando de una sanción de suspensión a la destitución, sin ponderar las atenuantes obligatorias de intachable conducta anterior, cooperación y contexto médico.

Destaca que la destitución ilegal afecta además su derecho de propiedad sobre el cargo, protegido por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, al privársele de un derecho adquirido, así como su derecho a desarrollar cualquier actividad económica y a acceder a la función pública en condiciones de igualdad, consagrado en el artículo 19 N°21, atendida la inhabilidad legal de cinco años que conlleva la destitución.

Refiere que existe relación directa entre la ilegalidad del procedimiento y la aplicación de la sanción más gravosa, solicitando que se restablezca el imperio del derecho.

Por lo expuesto pide que se deje sin efecto las Resoluciones Internas NUM000 y NUM001, ordenándose retrotraer el procedimiento para dictar una nueva vista fiscal fundada exclusivamente en los cargos formulados el 31 de julio de 2025, o, en subsidio, que se aplique la sanción propuesta en la primera vista fiscal de 25 de agosto de 2025, consistente en suspensión por 30 días. En cualquiera de los casos, ordenar su inmediata reincorporación a sus funciones, con el íntegro pago de las remuneraciones devengadas desde la fecha de mi ilegal separación (16 de octubre a la fecha); todo lo anterior, con expresa condenación en costas.

Acompaña documentos fundantes del recurso.

Que a folio 5, informa el recurso doña Laura Miranda Dahdal, abogada, en representación de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS, pidiendo que se rechace el recurso.

Señala que evacúa informe requerido por la Corte, precisando que el recurso se deduce en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas.

Indica que por Resolución Interna NUM003 de 28 de mayo de 2025 se instruyó sumario administrativo en contra de doña nombre reservado, en atención a antecedentes remitidos mediante Oficio NUM002 de la Contraloría General de la República, en el marco del Consolidado de Información Circularizada (CIC)

N°9 de 2025, que contiene una nómina de funcionarios que habrían salido del país encontrándose con licencia médica, conforme a registros oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile.

Refiere que en la carpeta sumarial rolan antecedentes laborales de la Sra. nombre reservado, la información de entradas y salidas del país y los comprobantes de licencias médicas utilizadas durante dichos períodos, que indican reposo total en su domicilio. Luego el 31 de julio de 2025, la fiscal a cargo del procedimiento, formula un cargo único “salida del país haciendo uso de licencia médica, siendo que dicha licencia se otorgó bajo reposo total laboral indicando expresamente como lugar de reposo su domicilio ubicado en domicilio reservado”.

Agrega que dentro de los considerandos de dicha resolución, se señala en el punto 4, lo indicado en el ORD NUM007 de 23 de junio de 2025, emitido por el departamento de Migraciones y Policía Internacional de la Policía de Investigaciones de Chile, respecto de los movimientos migratorios de la recurrente, el que rola a fojas 43 de la carpeta sumarial, indicando, en lo que dice relación a los periodos en los que se encontraba haciendo uso de licencia médica con reposo en su domicilio, salida y entrada al país los días 1 y 20 de enero de 2023 vía terrestre por el paso fronterizo Monte Aymond. Se considera además en el punto 2 de la mentada resolución, la licencia médica emitida en el periodo observado y lo señalado por la sumariada en su declaración respecto de una licencia médica de 2023 emitida por la Dra. nombre reservado, además de recoger antecedentes incorporados por la Sra. nombre reservado relativos a compras realizadas en el Supermercado líder de fecha 22 de enero de 2023.

Sostiene que los descargos fueron evacuados y remitidos por correo electrónico por parte del sumariado con fecha 18 de agosto de 2025, en los que se indicaron antecedentes respecto de su trayectoria laboral, hace mención a las licencias médicas de las que hizo uso.

En sus descargos señala que realizó un viaje vía terrestre el 1 de enero con sus padres a Argentina, que su siquiatra nombre reservado se encontraba de vacaciones en enero por lo que durante su estadía en argentina solicitó una hora remota de sobrecupo con la Dra. nombre reservado, quien es médico general y atiende en el CESFA;M en donde ella trabaja.

Señala que esa atención se llevó a cabo la atención, en la que se le indicó tratamiento farmacológico y licencia médica por 15 días.

Luego, indica que con fecha 20 de enero regresa a Chile, estando con licencia médica, de buena fe y con la intención de cumplir con la normativa vigente, añadiendo que de haber sabido que no podía salir del país, no lo hubiera hecho y en su lugar hubiera solicitado su feriado legal.

Indica que la vista fiscal, de 25 de agosto de 2025 recoge en sus considerandos todos los señalado anteriormente, incluyendo las consideraciones de los antecedentes aportados por la sumariada, que respaldan lo señalado en su declaración, dentro de los que se encuentra un informe emitido por un psiquiatra, de fecha 6 de junio de 2025, quien no evaluó en los periodos de licencia médica investigados al recurrente, cuya fecha es posterior a la instrucción del procedimiento sancionatorio.

Añade que, la Secretaria General, a través de su Resolución Interna NUM005 de 09 de septiembre de 2025, decreta medida para mejor resolver, ya que señala que del análisis de los antecedentes recabados en el sumario, no se obtiene claridad suficiente si con anterioridad a la licencia médica de fojas 26 se encontraba con feriado legal, permiso especial o licencia médica, por lo que se requiere que la fiscal solicite oficiar al departamento de Recursos Humanos solicitudes de feriado legal, permiso administrativo o especiales y licencias médicas correspondientes al mes de noviembre y diciembre de 2022, así como requerir declaración de la médico tratante, aclarando la forma en la que se realizó la atención y así proceder a un mejor resolver.

Que, realizadas las diligencias, la fiscal procede a emitir nuevamente la vista fiscal con fecha 07 de octubre de 2025, en la que se indica en el considerando cuarto “… En efectos, doña nombre reservado ingreso al país el día 20 de enero de 2023, vía terrestre por el paso fronterizo Monte Aymond, estando con licencia médica Folio NUM008, emitida con fecha 16 de enero de 2023 por enfermedad o accidente común, con reposo total laboral por 15 días, en su domicilio ubicado en domicilio reservado, emitido por doña nombre reservado, médico general del Cesfam Carlos Ibáñez (fs 26)…”.

Que razona la Fiscal, que los hechos investigados han quedado suficientemente acreditados, existiendo mérito para afirmar que la funcionaria incurrió en una falta administrativa, al hacer uso indebido de licencias médicas mediante realización de actividades incompatibles con el reposo prescrito, como lo es viajar al extranjero, resolviendo finalmente aplicar la medida de destitución.

En cuanto a las alegaciones del recurso, señala que no existió una ampliación o modificación del cargo, sino una profundización en los antecedentes que permitieron acreditar con mayor precisión la magnitud del incumplimiento funcional inicialmente investigado. Por ello, la nueva vista fiscal era jurídicamente idónea para ponderar estos elementos, sin que fuese necesario retrotraer el sumario, toda vez que el objeto infraccional, que es el incumplimiento del deber de reposo y vulneración del principio de probidad, permaneció invariable, variando sólo su gravedad, lo que modifica la sanción propuesta por la fiscal.

Descarta la vulneración de garantías que señala la recurrente, indicando que, el sumario se llevó a cabo con estricta observancia a las normas establecidas en la Ley 18.883, aplicable supletoriamente por el artículo 4° de la Ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, teniendo presente los hechos recabados de dicha investigación, la declaración de la actora y documentos acompañados por la misma, entre otros antecedentes que versan en el expediente.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, los hechos que motivan el presente recurso los hace consistir la recurrente en la sanción disciplinaria de destitución aplicada por Resolución Interna NUM001 de 8 de octubre de 2025 y la Resolución Interna NUM000 de 16 de octubre que rechazó el recurso de reposición y confirmó la mentada medida disciplinaria.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, efectuado el análisis pertinente, y en primer término, es menester precisar que, pese a la gravedad de la medida contenida en la resolución impugnada, esto es, la destitución del cargo servido por la recurrente, ese solo hecho no torna per se al acto administrativo en cuestión, en arbitrario o ilegal, por lo cual es necesario examinar si al dictarse la mencionada resolución, se ha incurrido o no en una ilegalidad o arbitrariedad.

Así, y bajo el supuesto citado, de los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que el acto administrativo impugnado carezca de fundamento legal o se haya dictado fuera de la competencia de la autoridad edilicia, ni que configure un actuar arbitrario o ilegal en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Ello porque resulta patente que la medida disciplinaria cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, mediando designación de un Fiscal, con observación de una etapa indagatoria y posterior formulación de cargos, con acceso del inculpado al examen del expediente, con presentación por parte de la recurrente y en el ejercicio pleno de su derecho a defensa de los correspondientes descargos y con la dictación de un decreto sancionatorio motivado que a partir de los antecedentes reunidos por el fiscal instructor contempló, desde la perspectiva disciplinaria, una decisión final de la autoridad competente, de tal suerte que se han observado las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883.

A mayor abundamiento, es un hecho no discutido que los procesos disciplinarios constituyen medios idóneos a través de los cuales la administración se vale para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario que infringe sus obligaciones y deberes en cuanto tal.

SEXTO: Que, en ese mismo orden de ideas no cabe a esta judicatura, por la vía de la presente acción constitucional de protección, revisar el mérito o conveniencia del acto administrativo o sustituir la apreciación técnica o discrecional del órgano competente, máxime si el mismo ordenamiento jurídico contempla otras vías de impugnación, como el recurso de reclamación ante la propia Contraloría General de la República, de conformidad a lo previsto en la Ley N°10.336.

SÉPTIMO: Que, por otro lado, no fluye ni se ha demostrado en lo concreto, que la sanción de destitución haya sido impuesta con ausencia de fundamento o vulnerando manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad, toda vez que el hecho ilícito administrativo imputado a la recurrente, vale decir, su viaje al extranjero durante el goce de una licencia médica, específicamente a Argentina y, sin que haya mediado una justificación de ese viaje como parte del tratamiento ordenado, se encuentra acreditado y fue ponderado por la autoridad con potestad disciplinaria, como una infracción grave al deber de probidad, que no ameritaba mitigantes, sino la sanción de destitución del cargo, razones por las cuales no se observa que la autoridad edilicia, finalmente competente para aplicar esa medida disciplinaria de conformidad a la ley, haya adoptado esa medida expulsiva en forma desproporcionada, sin fundamentos o fuera del ámbito o excediendo los límites de sus facultades o atribuciones.

OCTAVO: Que en función entonces de la ausencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados en los numerales 19 N°2, igualdad ante la ley, respecto del trato y valoración presuntamente dispar dado a hechos que se juzgaron particularmente graves; 19 N°3, derecho al debido proceso, toda vez que la sustanciación del sumario y conclusiones motivadas a que arribó la autoridad y que vertió en la resolución impugnada se ajustan a estándares y proporcionalidad que se estiman ajustados a derecho, y las garantías de artículo 19 N 21 y 24, que no puede estimarse como un derecho absoluto y que cede ante la gravedad de la conducta no proba de la recurrente; es que el recurso de protección interpuesto no puede entonces prosperar.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal De Punta Arenas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referido Auto Acordado.

ROL N°605-2025 PROTECCIÓN.