Protección contra FISCALIA ADMINISTRATIVA PERMANENTE DE LA III ZONA NAVAL y de la DIRECCIÓN DE SAN

Punta Arenas, dieciséis de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

nombre reservado, funcionaria civil, Presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Sanidad Naval (ANFUSAN), domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la FISCALIA ADMINISTRATIVA PERMANENTE DE LA III ZONA NAVAL y de la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA DE CHILE / HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMÁN; por los actos que considera arbitrarios e ilegales consistentes en: 1) someterla a investigación sumaria administrativa ante órgano militar incompetente; 2) investigarla por supuesto delito de "grabación ilícita" cuando voluntariamente entregó a la Fiscalía prueba de acoso laboral; 3) coaccionar a nombre reservado (asociada sindical) a participar en audiencia conjunta, con el propósito de presionarla a reconocer una grabación en la que relata su propio amedrentamiento.

Relata que es funcionaria civil contratada en el Hospital de las Fuerzas Armadas "Cirujano Guzmán" de esta ciudad, conforme el régimen de la Ley N°18.476, rigiéndose por el Código del Trabajo y normas del sector privado, aplicándose supletoriamente el Estatuto Administrativo. Además, es Presidenta de ANFUSAN, gozando de fuero sindical y protección contra represalias por labor sindical, conforme a los artículos 243 y 485 del Código del Trabajo.

Refiere que mediante sentencia dictada en causa RIT T-45-2024 del Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, se acreditó que fue víctima de acoso laboral y represalias por denunciar ante Contraloría, condenándose a su empleador por daño moral.

Expresa que doña nombre reservado, funcionaria civil y asociada de ANFUSAN, fue objeto de amedrentamiento por su pertenencia sindical, lo que relató directamente a la recurrente en llamada telefónica.

Refiere que con fecha 06 de noviembre del año en curso, la Fiscalía Naval le comunica la apertura de una investigación por supuesta "grabación ilícita de conversación telefónica” ante lo cual presenta reclamo formal escrito objetando incompetencia de dicho órgano, solicitando garantías de debido proceso y derivación a Dirección del Trabajo conforme a Ley N°21.643. Con posterioridad, el día 10 de noviembre, la Fiscalía Naval cita a la recurrente a audiencia el 20 de noviembre de 2025, sin resolver el reclamo previamente presentado y, asimismo, cita a nombre reservado para el mismo día y hora, demostrando coordinación represiva contra ambas.

Reclama que a la fecha de interposición del presente recurso (posterior a las 17:00 horas del viernes 14 de noviembre de 2025), la Fiscalía Naval no ha dado respuesta formal al reclamo, no ha entregado acuse de recibo del recurso jerárquico, manteniéndose ambas citaciones vigentes y generando estado de indefensión e incertidumbre procesal.

Afirma que se han vulnerado las garantías consagradas en los numerales 1, 2, 3 y 16 de la Constitución Política de la República. En efecto, el sometimiento de la recurrente a un procedimiento administrativo incompetente, sin garantías, reiterado por 10+ meses sin resolución, y ejercido como represalia por defensa de derechos laborales de compañera, vulnera su derecho a la integridad psíquica. Por otra parte, está siendo sometida a una investigación sumaria administrativa propia del régimen militar, reservado constitucionalmente para personal de las Fuerzas Armadas, lo que implica trato discriminatorio e ilegal que vulnera el principio de igualdad ante la ley. Además, el procedimiento adolece de vicios sustanciales los que se configuran por la falta de notificación de cargos precisos, no tener acceso al expediente, haber transcurrido más de 10 meses desde primera citación sin que exista resolución de fondo, omisión de respuesta a reclamos formulados y carecer de competencia la Fiscalía Naval. Finalmente, la investigación de que es objeto constituye represalia directa por haber defendido a una compañera acosada, actividad propia de su función como dirigenta sindical.

En razón de los argumentos expuestos solicita: 1.-Ordenar a la Fiscalía Administrativa Permanente de la Tercera Zona Naval: a) Suspender inmediatamente la audiencia citada para el 20 de noviembre de 2025 para la recurrente. b) Suspender inmediatamente la audiencia/comparendo citado para el 20 de noviembre de 2025 para nombre reservado. c) Cesar toda investigación administrativa en contra de la recurrente y de nombre reservado. d) Abstenerse de continuar conociendo asuntos de personal civil regido por el Código del Trabajo. 2.-Ordenar a la Dirección de Sanidad de la Armada de Chile: a) Derivar toda información relacionada hacia la DIRECCIÓN DEL TRABAJO, conforme a Ley N°21.643 y Ordinario N°5332/90. b) Garantizar fuero sindical de la recurrente y protección de nombre reservado, absteniéndose de represalia. c) Reparar daño moral causado por persecución institucional reiterada. 3.-Extender la protección a nombre reservado, asociada de ANFUSAN, ordenando la suspensión de su citación para el 20 de noviembre de 2025 y cesación de toda investigación en su contra. 4.- Declarar que la recurrente no es acosadora ni delincuente, sino víctima de represalia por ejercer derechos sindicales; y que nombre reservado es víctima de represalia por asociación sindical.

Evacuaron informe los recurridos, solicitando el rechazo del recurso interpuesto, por cuanto no ha existido vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Como cuestión previa, señala, es menester contextualizar acerca de los hechos:

Con fecha 06 de enero de 2025, la trabajadora Srta. nombre reservado denunció ante su jefatura directa haber sido afectada por conductas eventualmente constitutivas de acoso laboral desplegadas por la recurrente, a raíz de lo cual, con fecha 08 de enero, el Sr. Director del Hospital de las Fuerzas Armadas dispuso la instrucción de una investigación sumaria administrativa (ISA) y designó fiscal administrativo, en estricto cumplimiento de la Directiva de la Dirección General del Personal de la Armada N°9-31/3 – 002/V, que “Dicta normas y establece procedimientos a los Mandos y Servidores Navales, sobre prevención, protección y control de situaciones que puedan constituir conductas indeseadas, relacionadas con acoso y violencias”. Recibida la resolución, el día 09 de enero de 2025 la Fiscalía Administrativa dispuso la apertura de la investigación y realización de diligencias. Con fecha 10 de enero la Srta. nombre reservado en su calidad de denunciada declaró: “…la jefatura de la denuncia, la F.F.P.P. nombre reservado comienza a intimidar a los asociados de ANFUSAN diciéndoles que soy una acosadora y señalándoles que se salgan de la asociación porque saldrán todos perjudicados, respecto de lo que hay un audio que también dejaré de disposición de esta Fiscalía Administrativa Permanente…” y entregó un archivo digital que contenía una conversación telefónica sostenida por ella con la Sra. nombre reservado. Enviado el expediente para examen, la Auditoría de la Comandancia en Jefe de la Tercera Zona Naval estimó que los antecedentes no daban certeza de que la grabación aludida por la recurrente hubiese sido obtenida con conocimiento de su interlocutora y, consecuentemente, que ésta consintiera en su divulgación, lo que eventualmente podía configurar el ilícito descrito y sancionado en el artículo 161-A del Código Penal, por lo que la investigación sumaria fue devuelta al Mando que la ordenó instruir para que el Fiscal Administrativo realizara las averiguaciones correspondientes y en caso de confirmar las mencionadas circunstancias, antes de emitir el Dictamen Fiscal definitivo, cumpliera con lo dispuesto en el art. 10 del Reglamento de Investigaciones Sumarias Administrativas de las Fuerzas Armadas, esto es, remitir los antecedentes al Juzgado Militar, Naval o de Aviación que corresponda, a fin que dicho tribunal califique si los hechos son o no constitutivos de delito; ello sin perjuicio de continuar con la substanciación de la investigación hasta su completo término. Por estas razones, con fecha 26 de septiembre de 2025, el Sr. Director del Hospital de las Fuerzas Armas ordenó reabrir la investigación y el Fiscal Administrativo citó a la Sra. nombre reservado y a la Srta. nombre reservado: la primera, en su declaración expresó que en momento alguno había hablado por teléfono con doña nombre reservado, y esta última, en contrapartida, indicó que ambas sostuvieron una conversación telefónica y que su interlocutora no estaba al tanto de que la llamada había sido grabada, razón por la que dando cumplimiento al art. 10 ya citado, se comunicó al Mando Instructor que los hechos podrían ser constitutivos de delito y se recomendó que los antecedentes fuesen elevados al Juzgado Naval de la III Zona Naval para que ese tribunal, a su turno, los derivase al Ministerio Público. Con fecha 06 de noviembre de 2025, la recurrente, terminada su declaración, presentó al Fiscal Administrativo un escrito denominado “Reclamo formal por vulneración de garantías y solicitudes en investigación por Ley N°21.643 (Ley Karin)” el cual fue elevado conjuntamente con un informe, por el Fiscal al Sr. Director del Hospital de las F.F.A.A., con fecha 10 de noviembre, mismo día en que se dispuso la realización de un “careo” entre ambas declarantes, conforme a la facultad entregada por el art. 58 del Reglamento de I.I.S.S. de las F.F.A.A., citándolas para el día 20 de noviembre. El día 13 de noviembre de 2025, la recurrente envió al Fiscal Administrativo un correo electrónico, adjuntando un documento titulado “RECURSO DE REPOSICION JERARQUICO” señalando expresamente que recurría contra “del Oficio de citación a audiencia del 10 de noviembre de 2025 para el 20 de noviembre a las 14.00 horas, emitido por esta Fiscalía Administrativa Permanente”. Dicho recurso, con fecha 19 de noviembre, fue rechazado en todas sus partes por la Fiscalía Administrativa, lo que fue notificado a la actora el día 20 de noviembre. La recurrente compareció el día y hora señalados a la diligencia de careo, la que se realizó sin que ello le irrogara perjuicio alguno y todavía más, le permitió señalar lo que estimase adecuado para su defensa.

Sostiene la inaplicabilidad del artículo 1 de la Ley N°20.477 a la Fiscalía Administrativa Permanente de la Tercera Zona Naval. En efecto, la actora ha confundido a determinados tribunales especiales del Poder Judicial que ejercen la jurisdicción militar y que se encuentran dotados por ley de facultades para cumplir su cometido -Fiscalías Navales- con aquellos órganos encargados de substanciar las investigaciones de naturaleza administrativa en las instituciones castrenses, de los que no emanan actos decisorios -Fiscalías Administrativas Permanentes-, que son diametralmente distintas y ha llevado al equívoco de presentar que estas últimas están comprendidas bajo la restricción de investigar hechos que involucran a civiles. Así, por tanto, el primer acto que se denuncia como arbitrario e ilegal por la recurrente, no es efectivo.

Sobre la competencia de la Fiscalía Administrativa Permanente de la Tercera Zona Naval para conocer sobre hechos eventualmente constitutivos de acoso laboral, sexual u otros hechos de violencia en el trabajo, la actora convenientemente ha omitido exponer que desde el año 2024 se encuentra en conocimiento tanto del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad del Hospital de las F.F.A.A. “Cirujano 1° nombre reservado” y consecuentemente de la Directiva D.G.P.A. N°002/V, que “Dicta normas y establece procedimientos a los Mandos y Servidores Navales, sobre prevención, protección y control de situaciones que pueden constituir conductas indeseadas, relacionadas con acoso y violencias”, ambas regulaciones que expresamente otorgan competencia a las Fiscalías Administrativas Permanentes para investigar la ocurrencia de hechos que revisten la potencialidad de constituir acoso laboral, sexual u otras violencias en el trabajo y que, aún más, se basó en ellas para fundamentar el reclamo que presentó el día 06 de noviembre del año en curso. Del mismo modo, despejar que si bien a través del Ord. N°5332/90, la Dirección del Trabajo con fecha 27 de octubre de 2016 ha establecido que se encuentran facultada para ejercer su facultad fiscalizadora y sancionatoria respecto a funcionarios públicos de la Administración Civil del Estado, ello es en “materia de accidentes del trabajo fatales y graves”. Además, la condición contractual de la recurrente no impide que la Fiscalía Administrativa Permanente substancie una investigación, conforme ha resuelto la Contraloría General de la República, a través de Dictamen N°523936, de fecha 06 de agosto de 2024, que aclaró que sus instrucciones para la implementación de la Ley Karin resultan aplicables a los servicios u órganos de la Administración del Estado cuyos funcionarios se rigen por el Código del Trabajo y que tratándose de estos últimos la responsabilidad administrativa debe ser determinada a través de una breve investigación que asegure el derecho a un debido proceso, destacando que la realización de una indagatoria acotada no obsta a la realización de una investigación sumaria administrativa, por cuanto estos últimos procedimientos contiene las reglas necesarias para cautelar el anotado principio y asegurar la adecuada defensa de los intervinientes.

Hace presente que no se ha establecido judicialmente mediante la sentencia definitiva citada en el recurso, que la recurrente ha sido víctima de acoso laboral, de represalia por parte de su empleador, ni menos que existiera un patrón en ese sentido, como tampoco se ha emitido un pronunciamiento a su favor acerca de una compensación por daño moral, por lo que la fundamentación en este sentido debe ser descartada.

En relación a las alegadas vulneraciones al debido proceso durante la investigación sumaria administrativa, menester es precisar que no existió mutación de cargos por cuanto a la fecha no se han formulado cargos en contra de la recurrente y el accionar presuntamente delictivo de su persona no obedece al objeto de la investigación sino un aspecto relevante, pero accesorio que será debidamente informado al Ministerio Público para que ese organismo competente en materia penal determine si las circunstancias merecen una investigación y ulterior persecución de responsabilidad criminal; el objeto de la investigación es una denuncia por conductas de acoso laboral en que, eventualmente, habría incurrido la recurrente en contra de otra trabajadora del Hospital de las F.F.A.A., no el delito que aquélla denomina “grabación ilícita” puesto que éste es de competencia de los Tribunales Ordinarios de Justicia. Por otro lado, la única solicitud formal de copia del expediente fue realizada por la actora con fecha 07/11/2025 y ella fue acogida. En cuanto al recurso de reposición jerárquico, conforme al artículo 59 de la Ley N°19.880, la autoridad tiene un plazo no superior a 30 días para resolverlos, de manera que la recurrente ha confundido el plazo para resolver un recurso con el plazo legal para interponerlo (5 días), confusión que conlleva a que el recurso de protección contravenga lo establecido en el inciso primero del art. 54 de la ley ya mencionada que previene “Interpuesta por un interesado una reclamación ante la administración, no podrá el mimo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquella no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada…”.

Manifiesta que, sin perjuicio de lo señalado previamente, no es efectivo que se haya perturbado, amenazado ni menos privado del ejercicio o vigencia de algún derecho fundamental del que fuese titular la recurrente.

Respecto a una supuesta coacción y presiones en contra de la recurrente para que, en una audiencia “conjunta” reconociera amedrentamientos¸ se debe considerar que la audiencia de careo es una herramienta investigativa que se encuentra lejos de producir vulneraciones a los derechos de las personas discordantes, ya que lo que busca es justamente otorgarles la oportunidad procesal de manifestar libremente si mantiene sus dichos o los modifica, además de agregar o quitar partes de su relato e, inclusive, hacer las averiguaciones por intermedio del Fiscal, sobre las circunstancias que llevaron a la discordia, por lo que no vislumbra en modo alguno que ello irrogue algún daño o perjuicio, menos en su ámbito psíquico, en los términos que ambiguamente ha planteado la recurrente.

Finalmente, agrega, que, si bien a través del recurso se pretende impugnar diversos aspectos de la investigación sumaria administrativa, lo cierto es que el objeto principal consistía en impedir la realización de la diligencia de careo decretada, la cual se realizó el día 20 de noviembre, compareciendo personalmente ambas discordantes, y sin que durante su desarrollo se produjera inconveniente alguno ni se presentara el alegado daño esgrimido. Lo anterior, da cuenta que el recurso ha perdido oportunidad, ya que el principal acto calificado, infundadamente, como arbitrario e ilegal, ya se materializó y no produjo los efectos que pretendía imputársele.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, los hechos que motivan el presente recurso los hace consistir la recurrente en: 1) ser sometida a investigación sumaria administrativa ante órgano militar incompetente; 2) ser investigada por supuesto delito de "grabación ilícita" cuando voluntariamente entregó a la Fiscalía prueba de acoso laboral; 3) coaccionar a nombre reservado (asociada sindical) a participar en audiencia conjunta, con el propósito de presionarla a reconocer una grabación en la que relata su propio amedrentamiento.

TERCERO: Que, informó el recurrido, en los términos que se consignan en lo expositivo del presente fallo.

CUARTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, especialmente aquellos acompañados por la recurrida, se desprende que todas las actuaciones reprochadas han sido ejecutadas por autoridad competente, de acuerdo a sus atribuciones legales y en el marco de un procedimiento tramitado conforme a la normativa vigente.

Asimismo, se ha de tener presente que la investigación administrativa que fundamenta el presente recurso de protección, no se encuentra terminada, pues se halla en actual tramitación, sin que, por lo tanto, se esté frente ante un acto final que pueda servir de fundamento a esta acción constitucional.

QUINTO: Que, así las cosas, estos sentenciadores estiman que no ha existido actuación ilegal o arbitraria alguna, pues conforme a lo reseñado y analizado en el considerando precedente se comprueba que las recurridas, en su actuar, se han ajustado a la normativa legal vigente, sin perjuicio de la calidad de dirigente sindical y empleada civil regida por el Código del Trabajo de la recurrente.

En definitiva, habiéndose descartado la existencia de un acto ilegal o arbitrario de parte de la recurrida, no resulta procedente analizar la vulneración de garantías constitucionales reclamadas.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el intentado por nombre reservado en contra de la FISCALIA ADMINISTRATIVA PERMANENTE DE LA III ZONA NAVAL y de la DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA ARMADA DE CHILE / HOSPITAL DE LAS FF.AA. CIRUJANO GUZMÁN.

Dése cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°604-2025.PROTECCION.-