nombre reservado con PATAGÓNICA PUBLICACIONES S.A.

nombre reservado, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho Vistos;

Que, el abogado Robinson Andrés Quelín Álvarez, dedujo a favor de nombre reservado, empleada pública, domiciliada en domicilio reservado de nombre reservado, un recurso de protección en contra de Patagonia Publicaciones S.A. (Diario El Pingüino) y/o Plataforma Multimedia, persona jurídica de su denominación, representada legalmente por nombre reservado, exponiendo que el 31 de mayo de 2018 la recurrida publicó en el Diario “El Pingüino” el siguiente titular “DESDE DIVERSOS SECTORES EXIGEN DRÁSTICOS Y PROFUNDOS CAMBIOS AL INTERIOR DEL SERVIU”, agregando que en la página 4 además se señala “ACUSAN QUE HABRÍA JEFATURAS QUE SE MANTIENEN DESDE EL GOBIERNO ANTERIOR Y QUE ESTÁN ENTORPECIENDO LA GESTIÓN”, agregando que se indica, entre otras cosas, que las principales críticas apuntan a que el organismo ha abandonado su rol como entidad patrocinadora dejando a miles de personas de escasos recursos en la indefensión y expuestos a inescrupulosos.

Agrega que en la misma fecha el diario en cuestión ha publicado “EL SERVIU REQUIERE CAMBIOS URGENTES EN SU GESTIÓN. QUIEN NO DESEE SUMARSE A ELLO DEBE DAR UN PASO AL COSTADO”, leyéndose del mismo artículo lo siguiente: “Cuando recientemente un estudio santiaguino calificó a nombre reservado como la ciudad con mejor calidad de vida en Chile, los comentarios locales en las redes sociales ardieron de rabia. Y el tema más recurrente fue el alto valor de los arriendos y la indignación de miles por no poder acceder a una vivienda. Ayer una serie de voces locales ahondaron en este tema y apuntaron directamente a la gestión del Serviu sobre la materia… incluso con nombre y apellido.

De hecho, fuentes al interior del organismo critican especialmente la decisión de mantener en sus cargos a nombre reservado, Jefa de Operaciones habitacionales y a nombre reservado, Jefa del Departamento Técnico, ambas militantes socialistas. Los dardos apuntan a que se estaría entorpeciendo la gestión.”

Sostiene que la publicación que realiza la recurrida atenta con el derecho asegurado en los numerales 4, 1, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que es, además de arbitrario e ilegal, falsa la información publicada, manifestando que causa perjuicio a la recurrente.

Precisa que la actora no tiene filiación política de ningún tipo, no es partidaria política de ningún sector, no milita, ni ha militado en partido político alguno, lo que en su concepto es relevante ya que se cuestiona de esta forma la calidad jurídica de su vinculación laboral.

Luego, pasa a explicar que la recurrida tiene “varias plataformas informativas” una de ellas es el Diario en su edición impresa, pero también cuenta con El diario en “edición digital”, además de página WEB y Facebook donde se reproducen todas las noticias para que en redes sociales se emitan opiniones y comentarios.

De igual forma acusa menoscabado el honor de la persona de la recurrente al hacer pública una afirmación falsa, cuestionando su idoneidad laboral y calificación profesional.

Desarrollando las garantías constitucionales que entiende amagadas, invoca en primer término el derecho a la vida, y la integridad física y psíquica, indicando que la publicación fue incluida como una de las noticias en Facebook, y a través de las redes sociales “de la plataforma multimedia más grande de la Patagonia” como se autodenomina la recurrida, además de realizar esta publicación escrita se hizo mención largamente en la radio pingüino y en el canal de televisión, donde fue objeto de críticas y descalificaciones infundadas, y además de manera virtual, lo que le produjo un daño irreparable en su integridad psicológica, ya que ha sido apuntada con el dedo y enjuiciada públicamente en su ámbito laboral y en un contexto social y familiar.

Luego, bajo el alero del respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia sostiene que los hechos descritos impiden que pueda desarrollar actividades personales, familiares y laborales, manifestando que las referidas publicaciones fueron practicadas no como una noticia, ni menos con algún rigor periodístico, ya que no existe constancia de un periodista responsable en la nota escrita en el diario, sino que solo un interés de menoscabar y dañar el honor de la recurrente.

Acto seguido, bajo el derecho de propiedad expone que el cargo que ejerce la actora no se debe a favores políticos ni a cargos de confianza enlodándose su trayectoria y carrera funcionaria, individualizando los cargos en que la recurrente, señora nombre reservado, se ha desempeñado en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Finalmente solicita se disponga el cese de las publicaciones realizadas en los medios de comunicación individualizados en su recurso, y se ordene el cese inmediato de la reproducción y archivos de todos y cada uno de los antecedentes que se encuentran en las publicaciones del 31 de mayo del 2018 y posteriores, así como el cese de los actos arbitrarios e ilegales que no le permiten desarrollar su vida de forma normal, con costas.

Evacuando el respectivo informe, Patagonia publicaciones S.A negó los hechos de la forma en que se encuentran planteados en el recurso de protección, particularmente la afectación de garantías constitucionales, la actuación negligente, ilegal o arbitraria que se le atribuye, sosteniendo que no se cumplen los requisitos de procedencia de la acción constitucional de marras, controvirtiendo de igual forma en todas sus partes el relato de la recurrente.

En cuanto al derecho sostiene que los hechos denunciados son en realidad competencia de los tribunales ordinarios de justicia, sean estos civiles o penales, citando jurisprudencia en respaldo de esta posición. Desarrolla que existe 3 procedimientos diferentes por los cuales se pudo haber accionado, el primero de ellos el contemplado en la Ley N° 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, consistiendo la segunda vía en una querella criminal por injurias o calumnias, y, en tercer término, una acción en sede civil mediante una demanda por difamación de conformidad al artículo 2331 de Código Civil.

Posteriormente alega la inexistencia de los presupuestos legales para la procedencia del recurso, desde que este no discurre sobre una privación, perturbación o amenaza, por lo cual el recurso debe ser rechazado.

En el mismo sentido defiende la inexistencia de actos ilegales y arbitrarios ya que no ha violado la ley, y ha cumplido a cabalidad con todas las normas legales y reglamentarias que regulan la materia. Argumenta que le mal funcionamiento del SERVIU no es una opinión que corresponda a su parte, sino que se desprende de la simple lectura de la noticia que se trata de un conjunto de opiniones vertidas tanto por autoridades locales como por ciudadanos afectados, adicionando que esto no es un comentario aislado manifestado únicamente en la noticia apuntada por su contraria, citando 10 publicaciones en el diario “La Prensa Austral” y 2 del diario “El Magallanes”, desprendiendo de ello que la información entregada en la noticia materia del presente recurso no se refiere a hechos falsos, refiriendo que de estos antecedentes se puede formar convicción más allá de toda duda razonable sobre el mal funcionamiento al interior del servicio.

En otra línea señala que no hay agravios a derechos fundamentales desde que el recurso solo se hacen afirmaciones generales e hipotéticas respecto de una eventual responsabilidad que tendría el diario a consecuencia de las publicaciones cuestionadas sin que se desarrolle el derecho a la vida y la integridad física y psíquica, así como tampoco el derecho a la protección y respecto a la vida priva y la honra manifestando que su actuar se enmarca dentro del articulo 19 N° 12 de la Carta Fundamental, indicando, finalmente, que la carga de la acreditación de la vulneración a las garantías invocadas corresponde al recurrente solicitando en definitiva se declare sin lugar al recurso de protección, con expresa condenación en costas.

Encontrándose la causa en estado se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

SEGUNDO: Que el hecho sustancial que motiva el presente recurso consiste en constatar si en la información difundida por la recurrida por medio de los diferentes medios que constituyen su plataforma informativa, se vulneraron los artículos 19 N°1, 19 N°4 y/o 19 N°24 de nuestra Carta Fundamental.

TERCERO: Que es un hecho indiscutido en esta causa, de conformidad a los antecedentes documentales acompañados, que: a) con fecha jueves 31 de mayo se publicó en la página 4 del Diario El Pingüino una Crónica cuyo titular es “Desde diversos sectores exigen drásticos y profundos cambios al interior del Serviu”, expresando además que “Acusan que habría jefaturas que se mantienen desde el gobierno anterior y que están entorpeciendo la gestión” y en el cuerpo de la noticia se indica “De hecho, fuentes al interior del organismo critican especialmente, la decisión de mantener en sus cargos a nombre reservado, jefa de Operaciones Habitacionales y a nombre reservado, jefa del Departamento Técnico, ambas militantes socialistas. Los dardos apuntan a que se estaría entorpeciendo la gestión.”; b) que la recurrida tiene una plataforma de información coordinada con redes sociales que importan una interacción con los oyentes, televidentes o lectores.

CUARTO: Que antes de resolver este conflicto se debe dejar claro que el artículo 20 de nuestra Carta Magna, señala expresamente cuáles son los derechos constitucionales respecto de los que procede deducir recurso de protección, al efecto indica: “El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada”.

QUINTO: Que, esta Corte, desde ya, desestima las argumentaciones de la recurrida en torno a que la competencia y procedimientos para esta discusión están radicadas en otros cuerpos legales y Tribunales, pues la acción de protección tiene una finalidad, pertinencia y trascendencia diversas la que persigue la ley 19.733, la normativa penal sobre calumnias o injurias y la responsabilidad extracontractual de orden civil; tampoco se puede concluir que una información que sindica a una persona con nombre y apellido no genere alguna consecuencia o perturbación en su vida cotidiana; del mismo modo esta acción no se trata del mal funcionamiento de un órgano estatal, sino que de la imputación efectuada en cuanto a una persona, esto es la recurrente, a propósito de la información del mal funcionamiento del servicio y, finalmente, no se atenderá la argumentación en torno a la deficiente formulación de la acción constitucional sometida a la presente decisión porque, más allá de aspectos formales y una carencia en el desarrollo de normas legales y constitucionales que se aplican en la especia, la acción es clara y el derecho debe ser determinado por este tribunal.

De esta forma, no existiendo discusión respecto el contenido de la información entregada en la crónica señalada, la controversia se da, finalmente, en términos de una eventual colisión de derechos fundamentales en el caso concreto, debiendo efectuarse un proceso de análisis en torno a los derechos fundamentales impetrados y su vigencia en el caso concreto que se trata, adjudicando o asignando el imperio que corresponde SEXTO: Que, con los antecedentes señalados precedentemente y previo a la resolución de la presente acción es necesario tener en consideración los siguientes elementos de carácter jurídico que inciden directamente en el asunto sometido a la consideración de esta Corte.

La Constitución Política de la República contiene en su artículo 19 los diversos derechos y garantías que forman parte de la discusión de autos, razón por la cual es necesario hacer una referencia breve al contenido de los mismos. En cuanto al derecho a la vida, consagrado en el artículo 19 número 1 es posible indicar lo que sigue, la Corte Interamericana de derechos humanos expresa que “el derecho a la vida es un derecho fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respectados, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida a las condiciones que le garantice una existencia digna. Los Estados tiene la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él”. Pág. 53-54, “El derecho a la vida en la jurisprudencia”, autor Hugo Tórtora Aravena, Editorial Metropolitana. En cuanto al derecho a la honra consagrado en el artículo 19 número 4 es necesario tener presente lo que sigue, nombre reservado expresa que “Es un derecho fundamental que busca proteger el valor intrínseco de las personas frente a la sociedad y evitar todo menosprecio o acto difamatorio que lesione la apreciación o fama que los demás tengan de una persona.”, por su parte el Tribunal Constitucional Español expresan que es “el derecho al respeto y al reconocimiento de la dignidad personal que se requiere para el libre desarrollo de la personalidad en la convivencia social, sin que pueda se escarnecido o humillado ante uno mismo o los demás”, finalmente, la Excelentísima Corte Suprema reconoce la distinción que el derecho a la honra tiene en sus dos alcances uno objetivo y otro subjetivo, objetivo se refiere a la apreciación de terceros, y el subjetivo tiene relación a la estimación propia o interna. Pero para el derecho sólo tiene relevancia desde el primer punto de vista. En cuanto al derecho de propiedad solo precisar que efectivamente la Constitución consagra en su artículo 19 número 24 la propiedad sobre toda clase de bienes, corporales e incorporales. Finalmente, en torno a la libertad de emitir opinión y de informar sin cesura previa, es pertinente indicar que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas señala en su artículo 10 lo que sigue: “1 Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito en formas impresa o artística, o por cualquier otro medio de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de ese artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberían, sin embargo, estar expresamente fijadas por ley y ser necesarias para: a) asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”, Nogueira Alcalá indica que “La información, a diferencia de la opinión es la elaboración de un juicio de ser, de una situación, de un hecho comprobables.”, agrega que “el derecho a recibir información obliga a los Estados u sus órganos y organismos a no realizar actos y conductas destinadas a evitar o limitar la libre recepción de la información de carácter público, de relevancia pública, destinada al público, como asimismo, el deber de promover las condiciones que posibiliten su pleno ejercicio, eliminando los obstáculos o trabas factuales, jurídicas o conductuales que afecten o entorpezcan a través de limitaciones, controles, o formalidades desproporcionadas o irrazonables a la recepción de información”.

Por otra parte, es necesario tener presente que ninguno de los derechos y garantías señalados precedentemente tienen una aplicación irrestricta, pues siempre existen regulaciones y exigencias para asegurar su vigencia y aplicación, pues los derechos humanos suponen aquellos atributos que son propios del ser persona, pero su fundamento será variable según la doctrina en que se pretenda justificar el por qué existen y deben ser promovidos, protegidos, defendidos y asegurarse su imperio en los hechos, situación que ocurre a propósito de esta acción que debe ser conocida y resuelta por esta Corte delimitando, de la manera más clara posible, el núcleo esencial de los derechos impetrados y la penumbra de cada uno de ellos si fuere necesario para estos efectos, salvando una eventual colisión si ella se produjera.

SEPTIMO: Que, en la situación de autos es necesario señalar que efectivamente el artículo 19 número 12 ampara a la recurrida en su libertad a informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, situación que efectivamente se produjo en la noticia que genera la conculcación de derechos denunciada por la recurrente, pero es preciso determinar, de conformidad a lo informado, teniendo presente sus propios límites y aquellos consustanciales al mismo derecho precitado, si efectivamente todo el texto de la noticia está amparado por esta garantía en las circunstancias indicadas. Al respecto es menester indicar que, de manera alguna se conculca la garantía constitucional, que argumenta la recurrida, con la interposición de la acción de protección en el caso de autos, pues efectivamente el medio informó sin censura previa y por los medios de su plataforma, razón por lo cual no existe protección para el recurrido respecto del contenido de la información si ella transgrede de manera ilegal o arbitraria derechos garantizados a la recurrente y se requiere una acción al respecto.

De esta forma, es necesario constatar si aquella frase en que se hace referencia a la recurrente y que dice: “fuentes al interior del organismo critican especialmente, la decisión de mantener en sus cargos a nombre reservado, jefa de Operaciones Habitacionales y a nombre reservado, jefa del Departamento Técnico, ambas militantes socialistas. Los dardos apuntan a que se estaría entorpeciendo la gestión.”, efectivamente se encuentra amparada por el derecho a la información, constatando este Tribunal con el mérito de los antecedentes acompañados, de las argumentaciones y alegatos de las partes que esta frase transcrita no se refiere a la opinión de aquellos que parecen en la nota periodística, pero lo más grave es que se constata que la fuente, cuya protección de identidad está garantizada por la ley, si es que efectivamente existió una fuente, entregó una información falsa, a lo menos en el dato más preciso, cual es una militancia a un partido político que no detenta la recurrente, atribuyendo además, en un juicio del medio y no en una opinión de alguna persona, una responsabilidad en las políticas del Servicio a quienes desempeñan labores técnico profesionales y ambas situaciones, esto es, publicar un dato derechamente falso, como atribuir deficiencias en la gestión a quienes no tiene responsabilidad en ello objetivamente y, por lo demás, detentan un cargo técnico, genera responsabilidad para la recurrida y torna su acción en arbitraria, pues no cuenta con antecedentes serios y veraces, pudiendo o debiendo tenerlos por su responsabilidad en cuanto a empresa periodística, e ilegal porque pretende una protección que va más allá que la que constitucional y legalmente se encuentra establecida en cuanto a las consecuencias de la información emitida y al alcance en la protección o amparo de las fuentes. De esta forma el amparo en la garantía signada por la recurrida no se puede otorgar ni afirmar, ya que las acciones no se subsumen a la norma citada y por ello es que, no nos encontramos en una situación de colisión de garantías constitucionales.

OCTAVO: Que, corresponde ahora determinar si efectivamente este actuar ilegal y arbitrario atenta contra garantías constitucionales que detenta la recurrente, análisis que procederemos a efectuar en cada uno de los derechos impetrados. Así en cuanto al derecho de propiedad, sin perjuicio de la evidente cosificación de los derechos extrapatrimoniales que constituye una característica del ordenamiento jurídico chileno por nuestros días, no es posible constatar que exista un derecho especifico que forme parte del patrimonio de la recurrente afectado de manera directa por esta acción, si viene es cierto la recurrente tiene la propiedad de su cargo y de su calidad de funcionaria, ella no se afecta en lo inmediato y con el carácter de urgente para acceder a la protección por esta vía. En cuanto al derecho a la honra, efectivamente esta Corte estima que existe un daño a una funcionaria que ha sido calificada en distintos períodos, bajo distintas administraciones, con excelentes calificaciones, al sindicarla como responsable de aspectos en los cuales su labor tiene incidencia, pero no es la responsable, afectándose de manera palmaria y evidente esta especial valoración que cualquier ser humano tiene de su propia persona en cuanto a su valer, a su trayectoria y méritos, siendo especialmente importante el considerar su carrera funcionaria y experiencia en la materia y en el cargo, pero también es grave atribuir a una persona una militancia política que no tiene, no detenta y que se asocia indefectiblemente al sujeto cuando tiene una opción política, máxime si su reputación, logros y desarrollo profesional no contempla la militancia como parte integrante de su actuar. Finalmente, en cuanto a la afección del derecho establecido en el número 1 del artículo 19, esto es la salud e integridad psíquica de la recurrente, teniendo presente que no existe antecedente que permita acreditar dicha circunstancia en esta sede, no se puede desconocer que las máximas de experiencia indican que la imputación de un hechos falso a una persona genera una especial aflicción y preocupación que, puede ser mayor o menor, pero que en todo caso genera un daño psicológico que existe y cuya determinación en alcance y gravedad no es, ni puede ser, materia de este arbitrio.

NOVENO: Que, no es ajena a esta Corte la circunstancia que en el último tiempos se ha producido una serie de hechos en los cuales se difunden informaciones falaces que afectan a personas en su integridad y dignidad, por lo que no existiendo medios eficaces para evitar o reparar estas situaciones en un tiempo razonable y ante la ausencia de control por los propios medios, son los tribunales los que, por una u otra vía, deben otorgar la tutela y protección que todo estado de derecho y, especialmente una República democrática como acontece con nuestro país, debe asegurar a sus ciudadanos.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de esta materia de la Excma. Corte Suprema, se ACOGE el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, en contra Patagónica Publicaciones S.A. y su plataforma multimedia, representada por nombre reservado, y se ordena en razón de esta decisión: a) el cese de cualquier información referida a la recurrente en cuanto a su eventual responsabilidad en la gestión del Serviu Magallanes que tenga su origen en la publicación de fecha 31 de mayo del año en curso, tanto por medios escritos como por cualquier medio que forme parte de su plataforma, sea radio, televisión, o redes sociales; b) se dispone que dentro de quinto día de ejecutoriado este fallo o cause ejecutoria, la recurrida deberá publicar en todos los medios que componen su plataforma una rectificación en cuanto a la responsabilidad de la recurrente en la mala gestión atribuida al Serviu y a su militancia haciendo expresa referencia a la crónica publicada con fecha 31 de mayo del corriente; c) se condena en costas a la recurrida.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción del Abogado integrante Sr. Contreras.

Regístrese.

Se deja constancia que no firma el Ministro Sr. Stenger y el abogado integrante Sr. Contreras, no obstante haber concurrido a la vista del acuerdo, por encontrarse con permiso, el primero y fuera de la región, el segundo.

Rol N° 603-2018 Protección.