Protección contra Corporación Municipal De Punta Arenas

Punta Arenas, diecisiete de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Que a folio 1, comparece José Luis Quelín Márquez, abogado, y deduce recurso de protección en favor de doña nombre reservado, enfermera, en contra de la Corporación Municipal De Punta Arenas, representada legalmente por su Secretaria General doña nombre reservado, en razón del acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la Resolución Interna N°NUM000, que resolvió recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Interna N°NUM001 que a su vez, confirmó la medida disciplinaria de destitución, estimando vulneradas las garantías establecidas en el artículo 19 N°2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Indica que doña nombre reservado se desempeñaba en el cargo de Coordinadora SAPU del CESFAM “18 de Septiembre”, perteneciente a la Corporación Municipal de Punta Arenas, categoría B, con contrato indefinido, y que durante catorce años de carrera funcionaria mantuvo una trayectoria intachable, no habiendo sido nunca sancionada en un proceso disciplinario y manteniendo buenas calificaciones.

Refiere que mediante Resolución Interna N°NUM002 de 28 de mayo de 2025 se instruyó sumario administrativo destinado a investigar una posible falta administrativa en el uso de licencia médica, por salir del país incumpliendo el reposo prescrito. Agrega que el 1 de agosto de 2025 se le formuló el cargo “Salida del país haciendo uso de licencia médica, siendo que dicha licencia se otorgó bajo reposo total laboral indicando expresamente como lugar de reposo su domicilio ubicado en domicilio reservado”, consignándose una salida del país el 14 de febrero de 2024 por el paso Monte Aymond con destino Argentina, durante una licencia médica emitida el 13 de febrero de 2024, con reposo laboral total de 5 días.

Afirma que en entrevista de 17 de junio, la funcionaria en el contexto del sumario administrativo, reconoció haber salido del país, hacia Río Gallegos, Argentina, durante el período que se encontraba con licencia médica, indicando que el motivo del viaje fue acompañar a su hermana y a su hijo, con el fin de no quedarse sola en su domicilio argumentando que estaba pasando por un cuadro de colonopatía, respaldada con certificado médico asociado a estrés laboral. Indicó además que el viaje no fue planificado con antelación, sino decidido espontáneamente estando con licencia médica.

Sostiene que la vista fiscal de 22 de agosto de 2025 propuso en aplicación del principio de proporcionalidad, aplicar la medida disciplinaria de suspensión de sus actividades por un mes con goce de sueldo de 50%.

Arguye que posteriormente se decretó una medida para mejor resolver a través de la Resolución Interna N°NUM003 de la Secretaria general de la Corporación Municipal de Punta Arenas, solicitando que la Fiscal solicite al Departamento de Recursos Humanos de la Corporación Municipal de Punta Arenas y al Departamento de Recursos Humanos del Hospital Clínico, los documentos y las fechas en que la recurrida solicitó su feriado legal en el mes de febrero de 2024.

Indica que la nueva vista fiscal, con los nuevos antecedentes sobre las solicitudes de feriado legal de la recurrente, sugiere como sanción aplicar la medida disciplinaria de destitución.

Luego, el 8 de octubre de 2025, por medio de la resolución Interna N°NUM001, se aprueba por parte de la Secretaria General de la Corporación Municipal la vista fiscal, aplicándosele a la recurrente la medida disciplinaria de destitución, rechazándose el recurso de reposición deducido.

Señala que la sanción se funda en haber infringido un reposo, sin embargo, carece de una fundamentación en cuanto a señalar como el incumplir el reposo medico transgrede la probidad administrativa, solo se limita a señalar que ese hecho la transgrede.

Sostiene que sanción se fundamenta en el mal uso de la licencia médica, aspecto, que no le compete determinar a la Corporación Municipal de Punta Arenas; que en los hechos no se configura la causal de destitución toda vez que no se determina la existencia de una infracción indicada en el artículo 123 de la Ley N°18.883 en sus distintas letras, y no se fundamenta porque existe una vulneración grave al principio de probidad.

Añade infracción a la garantía de igualdad ante la ley, al derecho al debido proceso administrativo, por cuanto no hubo un respeto al principio rector del concepto de infracción administrativa que se encuentra en estrecha relación con los principios de legalidad, reserva legal y tipicidad e infracción al derecho de propiedad.

Por lo expuesto pide que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por Resolución Interna N°NUM001 de 16 de octubre de 2025, disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional. En conjunto a lo anterior, se ordene la reincorporación de la funcionaria y efectuar el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplica la destitución hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Acompaña documentos fundantes del recurso.

Que informa el recurso doña Consuelo Miranda Corona, abogada, en representación de la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS, pidiendo que se rechace el recurso.

Refiere en primer término la naturaleza jurídica de la Corporación Municipal de Punta Arenas.

Luego da cuenta de los antecedentes del recurso deducido por la actora, dando cuenta de los antecedentes del sumario administrativo incoado en su contra.

Explica que el 01 de agosto de 2025, se le formuló el siguiente cargo: “Salida del país haciendo uso de licencia médica, siendo que dicha licencia se otorgó bajo reposo total laboral indicado expresamente como lugar de reposo su domicilio ubicado en domicilio reservado”. Luego transcribe la vista fiscal de 22 de agosto de 2025, donde se indica: a) que doña nombre reservado salió del país el 14 de febrero de 2024, por Monte Aymond con destino Argentina. b) La salida fue estando con licencia médica emitida el 13 de febrero de 2024 con reposo total de 5 días, desde el 14 de febrero de 2024 al 18 de febrero del mismo año Folio NUM004, en domicilio domicilio reservado, Punta Arenas. c)

Que, posterior a la licencia médica doña nombre reservado, solicito vacaciones desde el 19 de febrero de 2024, según lo informado por el departamento de Recursos Humanos de Corporación Municipal de Punta Arenas. d) Esto se confirma según ORD.

NUM005 remitido por parte del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas (a fojas 29). e) Con fecha 17 de junio se llevó a cabo la entrevista a doña nombre reservado, en donde reconoció haber salido del país (hacia Rio Gallegos Argentina), durante el periodo que se encontraba con licencia médica (fojas 58), específicamente el día 14 de febrero de 2024, fecha registrada por Contraloría como salida por paso Monte Aymond. f) Doña nombre reservado señalo que el motivo del viaje fue acompañar a su hermana y a su hijo, con el fin de no quedarse sola en su domicilio (fs. 58), argumentando que estaba pasando por un cuadro de colonopatía, respaldada con certificado médico (fs 35), agregando que el viaje no fue planificado con antelación, sino decidido espontáneamente estando con licencia médica. g) Reconoció que no se trató de una práctica habitual en su historia laboral y asumió responsabilidad en lo sucedido, calificándolo como un error no reiterado. Aporto como respaldo copia de la turnera (fs 34), indicando que no tenía turnos clínicos asignados durante los días en cuestión, solo labores administrativas que realizaba desde su hogar (fs 58).

Refiere que la recurrente señala que tanto en las vistas fiscales, como en la Resolución Interna NºNUM001 de 08 de octubre de 2025, que aprueba la última vista fiscal de 04 de septiembre de 2025, señala que la falta grave a la probidad radica en hacer uso indebido de licencias médicas mediante la realización de actividades incompatibles con el reposo médico prescrito, como lo es viajar al extranjero (Rio Gallegos), lo que constituiría una conducta especialmente grave, por cuanto vulnera directamente los principios de probidad administrativa y buena fe, manifestando que carece de fundamento ya que solo se señala el hecho que la transgrede.

Sin embargo, la contraparte omite lo indicado en el punto 9, 10 y 11 de la parte considerativa de la Resolución Interna NºNUM001 de fecha 08 de octubre de 2025 emanada por Secretaria General de Corporación Municipal de Punta Arenas, en donde precisamente se realiza la ponderación de los hechos y como se habría infringido gravemente al principio aludido.

En cuanto al derecho incoado, señala que la Corporación Municipal de Punta Arenas no sancionó a la recurrente por el solo hecho de haber infringido su reposo, sino más por haber quebrantado el principio de probidad, cuyo cumplimiento es obligación expresa del artículo 58 letra g) de la ley N°18.883, aplicable supletoriamente por remisión directa del artículo 4° de la Ley 19.378, en atención a que se acreditó el uso desleal del tiempo de licencia médica con fines ajenos al restablecimiento de la salud, generando descrédito institucional, sobrecarga de trabajo para los demás funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal, retrasos en la atención de los usuarios y deslealtad con la comunidad. Agrega, que respecto de las referencias realizadas a la Ley 18.834, normativa aplicable a los Servicios Públicos, estas no son aplicables a la Corporación Municipal de Punta Arenas, toda vez que su representada es una persona jurídica de derecho privado, haciendo presente que lo sancionado es la falta de probidad administrativa.

En cuanto a la proporcionalidad de la sanción, señala que la Contraloría General de la República a través de sus dictámenes 49.580, de 2008 y 53.223, de 2012 señalan claramente que en los casos en que se comete una infracción grave al principio de probidad administrativa, al existir una sanción específica asignada por ley, quienes ejercen la potestad disciplinaria se encuentran en el imperativo de disponerla, sin que proceda considerar circunstancias atenuantes alguna.

Descarta la vulneración de garantías constitucionales que señala la recurrente, e indica que se instruyó sumario administrativo en contra de la recurrente Enfermera del SAPU 18 de septiembre, dependiente de Corporación Municipal de Punta Arenas, en atención a los antecedentes remitidos mediante Oficio N° NUM006 de la Contraloría General de la República, en el marco del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9 de 2025, el cual adjunta un listado de funcionarios de la Corporación Municipal de Punta Arenas que habrían salido del país encontrándose con licencia médica, conforme a los registros oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile, siendo la recurrente uno de los funcionaros mencionados en la respectiva nómina.

Da cuenta que el sumario respectivo se llevó a cabo con estricta observancia a las normas establecidas la Ley 18.883, aplicable supletoriamente por el artículo 4° de la Ley 19.378, Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, teniendo presente los hechos recabados de dicha investigación, la declaración de la actora y documentos acompañados por la misma.

Que, en ningún caso, tal como se indicó en la R. I.

N°NUM001 de fecha 08 de octubre de 2025, ni el fiscal del presente proceso ni la Secretaria General ha cuestionado en modo alguno la situación de salud que afectaba a la actora al momento de viajar, lo que se ponderó, fue si dicha conducta infringió alguna obligación o incurrió en una prohibición estatutaria que amerite aplicar alguna sanción, y en donde cobra especial relevancia el poder establecer si el viaje tuvo como propósito realizar algún tratamiento médico prescrito por el profesional que extendió la licencia, si se enmarca en un caso fortuito o de fuerza mayor o si tuvo fines de ocio, vacacionales o de otra naturaleza; como, así también, el tiempo que se mantuvo fuera del país, ya que estos hechos resultan relevantes para ponderar y determinar la gravedad de la conducta y la medida disciplinaria proporcional a la falta cometida, infringiendo de esta manera gravemente el principio de probidad, lo cual se encuentra debidamente fundamentado en la resolución antes descrita, siendo ratificado lo anterior por Resolución Interna Nº1323 de fecha 16 de octubre de 2025.

Por lo expuesto pide tener por evacuado el informe.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, los hechos que motivan el presente recurso los hace consistir la recurrente en la sanción disciplinaria de destitución aplicada por Resolución Interna N°NUM001 de fecha 8 de octubre de 2025 y la Resolución Interna N°NUM000 de 16 de octubre que rechazó el recurso de reposición y confirmó la mentada medida disciplinaria.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, efectuado el análisis pertinente, y en primer término, es menester precisar que, pese a la gravedad de la medida contenida en la resolución impugnada, esto es, la destitución del cargo servido por la recurrente, ese solo hecho no torna per se al acto administrativo en cuestión, en arbitrario o ilegal, por lo cual es necesario examinar si al dictarse la mencionada resolución, se ha incurrido o no en una ilegalidad o arbitrariedad.

Así, y bajo el supuesto citado, de los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que el acto administrativo impugnado carezca de fundamento legal o se haya dictado fuera de la competencia de la autoridad edilicia, ni que configure un actuar arbitrario o ilegal en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Ello porque resulta patente que la medida disciplinaria cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, mediando designación de un Fiscal, con observación de una etapa indagatoria y posterior formulación de cargos, con acceso del inculpado al examen del expediente, con presentación por parte del recurrente y en el ejercicio pleno de su derecho a defensa de los correspondientes descargos y con la dictación de un decreto sancionatorio motivado que a partir de los antecedentes reunidos por el fiscal instructor contempló, desde la perspectiva disciplinaria, una decisión final de la autoridad competente, de tal suerte que se han observado las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883.

A mayor abundamiento, es un hecho no discutido que los procesos disciplinarios constituyen medios idóneos a través de los cuales la administración se vale para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario que infringe sus obligaciones y deberes en cuanto tal.

SEXTO: Que, en ese mismo orden de ideas no cabe a esta judicatura, por la vía de la presente acción constitucional de protección, revisar el mérito o conveniencia del acto administrativo o sustituir la apreciación técnica o discrecional del órgano competente, máxime si el mismo ordenamiento jurídico contempla otras vías de impugnación, como el recurso de reclamación ante la propia Contraloría General de la República, de conformidad a lo previsto en la Ley N°10.336.

SÉPTIMO: Que, por otro lado, no fluye ni se ha demostrado en lo concreto, que la sanción de destitución haya sido impuesta con ausencia de fundamento o vulnerando manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad, toda vez que el hecho ilícito administrativo imputado a la recurrente, vale decir, su viaje al extranjero durante el goce de una licencia médica, específicamente a Argentina y, sin que haya mediado una justificación de ese viaje como parte del tratamiento ordenado, se encuentra acreditado y fue ponderado por la autoridad con potestad disciplinaria, como una infracción grave al deber de probidad, que no ameritaba mitigantes, sino la sanción de destitución del cargo, razones por las cuales no se observa que la autoridad edilicia, finalmente competente para aplicar esa medida disciplinaria de conformidad a la ley, haya adoptado esa medida expulsiva en forma desproporcionada, sin fundamentos o fuera del ámbito o excediendo los límites de sus facultades o atribuciones.

OCTAVO: Que en función entonces de la ausencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados en los numerales 19 N°2, igualdad ante la ley, respecto del trato y valoración presuntamente dispar dado a hechos que se juzgaron particularmente graves; 19 N°3, derecho al debido proceso, toda vez que la sustanciación del sumario y conclusiones motivadas a que arribó la autoridad y que vertió en la resolución impugnada se ajustan a estándares y proporcionalidad que se estiman ajustados a derecho, y la garantía del 19 N°24, derecho de propiedad, en este caso del empleo, que no puede estimarse como un derecho absoluto y que cede ante la gravedad de la conducta no proba del recurrente; es que el recurso de protección interpuesto no puede entonces prosperar.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal De Punta Arenas.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referido Auto Acordado.

ROL N°602-2025. PROTECCIÓN.