nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR DE LOS ANDES

Punta Arenas, veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, cédula nacional de identidad n.°RUT reservado, domiciliado, para estos efectos, en domicilio reservado, trabajador dependiente e interpone acción de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familia los Andes, RUT RUT reservadodel giro de su denominación, legalmente representada por nombre reservado, , ingeniero comercial, cédula nacional de identidad n.° RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Relata que el día 06 de octubre del año 2017 suscribió pagaré N° 021CON100178164 en favor de la recurrida, por la suma de $1.569.935 (un millón, quinientos sesenta y nueve mil, novecientos treinta y cinco pesos) por concepto de capital, más los respectivos intereses señalados en el mismo documento. La obligación debía ser solucionada en 36 cuotas mensuales correspondiendo la primera al 31 de diciembre del año 2017, y la última el 30 de diciembre de 2020.

Agrega que debido a complejidades de índole financiera, no pudo hacer frente al pago de las cuotas pactadas constituyendose en mora a partir de la cuota número 2, con vencimiento de fecha 30 de enero de 2018 y todas las siguientes. Así las cosas, Caja de Compensación Los Andes interpuso una demanda ejecutiva, con fecha 06 de agosto de 2018, como consta en la causa ROL C-1358-2018, tramitada ante el 2° Juzgado de Letras de Punta Arenas. En la causa ejecutiva indicada, con fecha 02 de diciembre de 2020, se efectuó presentación dándose por expresamente notificado y requerido de pago de la demanda ejecutiva interpuesta así como también, opuso la excepción contenida en el numeral 17° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, es decir, la prescripción de la deuda o sólo de la acción ejecutiva. El día 30 de diciembre del año 2021, el Tribunal dictó sentencia, acogiendo la excepción de prescripción opuesta y consecuentemente rechazó la demanda ejecutiva condenando en costas a la parte ejecutante.

Luego, el 06 de abril de 2022, se certificó por el secretario del tribunal que la sentencia se encuentra firma y ejecutoriada con misma fecha.

Así, transcurrido ya 5 años desde que el recurrido hizo exigible el pago de toda la obligación adeudada, al revisar su liquidación de sueldo de octubre de 2023, se percató que esta es considerablemente menor a lo que usualmente recibe. Al analizar el detalle de esta, se puede constatar que existía un cobro a favor de la Caja Compensación, por ítem denominado Descuento “Crédito Personal CCAF”, cuyo descuento asciende a la suma de $166.603 (ciento sesenta y seis mil, seiscientos tres pesos).- Así las cosas, esto último importa un detrimento ilegal y arbitrario a su remuneración mensual.

Refiere que mantiene un trabajo estable, siendo su empleador Ingecap Asesorias LTDA, RUT RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Manifiesta que jamás fue informado previamente por algún canal de comunicación respecto de la decisión unilateral de la recurrida en ejecutar los descuentos que finalmente ordenó a su empleador. Es por esta razón que nunca tuvo elementos ni informaciones de alguna clase o especie que le permitieran prever una afectación en su sueldo. Lo anterior, especialmente considerando que Caja de Compensación Los Andes, por voluntad propia, había judicializado el cobro de la deuda.

Entiende que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario y carente de fundamento legal, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales (Ley n.° 18.833) descontando una proporción estructural de su remuneración líquida, de manera intempestiva, sin entregar alguna información previa a su persona ni a su empleador.

Sostiene que aquello corresponde a una vulneración flagrante a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 2 y 24 de nuestra Constitución Política de la República.

Solicita, se acoja la acción, condenando expresamente en costas a las recurridas y ordenándoles:

I. Cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración;

II. Restituir los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción;

III. Condenar en costas a las recurridas.

Acompaña, liquidación de sueldo, correspondiente al mes de octubre de 2023; Ebook civil, causa ejecutiva ROL C-1358-2018, tramitada ante el 2° Juzgado de Letras de Punta Arenas, caratulada “CAJA DE COMP. DE ASIG. FAMILIAR LOS ANDES/nombre reservado” y Pagaré N° 021CON100178164 suscrito con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES con fecha 06 de octubre de 2017.

Informa, Inés Riquelme Arao, abogada, en representación de la caja de compensación de asignación familiar de los andes, quien solicita el rechazo del recurso.

Reconoce que se otorgó un crédito al recurrente por un capital de $1.569.935.- a una tasa de 2.05%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota de $70.042.- cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de diciembre de 2017.

La primera cuota se pagó regularmente en el plazo establecido, en forma posterior con fecha 10.11.2023, se recibió la suma de $166.603., cuyo monto se contabilizo como pagada la cuota del mes de enero de 2018.

Manifiesta que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833.

Sostiene que se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita. Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con su representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Rechaza, entonces, haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

No obstante, lo expuesto, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente. Asimismo, expone que dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.

Hace presente que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, su representada dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Que, en estas circunstancias, solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que se ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el recurrente, lo hace consistir en la retención en la remuneración realizada por parte de la recurrida, Caja de Compensación los Andes, respecto de un crédito social otorgado a la actora existiendo una causa civil en tramitación y respecto del cual se declaró prescrita la acción.

CUARTO: Que, al evacuar su informe la recurrida insta por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva.

QUINTO: Que, De este modo, la cuestión controvertida en el presente recurso viene dada por la temporalidad de los descuentos efectuados en contra del actor y si aquello resulta ilegal y arbitrario habiendo utilizado al respecto el mecanismo contemplado en el artículo 22 de la ley 18.833.

SEXTO: Que en este sentido, cabe apreciar que el artículo 22 de la ley 18.833 establece que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.”

SEPTIMO: Que, son hechos de la causa la existencia de un crédito otorgado al actor con fecha 06 de octubre de 2017, el cual no fue pagado por aquel. A su vez, dicho cobro se encuentra judicializado mediante la acción civil pertinente deducida por la recurrida, y en la que con fecha 30 de diciembre de 2021 se acogió la excepción de prescripción opuesta por el recurrente.

OCTAVO: Que de lo consignado precedentemente es posible afirmar que la recurrida ha utilizado el mecanismo de cobro previsto en el artículo 22, de la Ley 18.833 de manera ilegal y arbitraria.

En efecto, si bien las Cajas de Compensación cuentan con la facultad legal de solicitar el descuento, con cargo a las remuneraciones de los afiliados, de los créditos sociales otorgados, tal beneficio sólo se prevé por la ley para el cobro oportuno de lo adeudado por cuotas de esta clase de créditos, situación que no se da en la especie desde que en causa Rol C-1358-2018 del Segundo Juzgado de Letras de esta ciudad se acogió la excepción referida en el punto anterior.

De este modo, al tiempo de efectuarse por la recurrida el descuento en la remuneración del mes de octubre (y noviembre) de 2023, al haberse declarado prescrita la acción respecto al cobro, torna ilegal dicho proceder, dando cuenta de este modo, de un uso abusivo de una modalidad de pago.

NOVENO: Que, en consecuencia, es dable concluir que la recurrida no sólo actuó de manera ilegal, sino también injustificada, en cuanto utilizó un mecanismo especial de cobro que no es aplicable en la especie, desconociendo además sus actuaciones propias y los efectos que aquellas tuvieron en relación con la exigibilidad del crédito. De acuerdo con lo razonado, la recurrida no puede pretender revivir el pago en parcialidades para el solo efecto de justificar la utilización del sistema de cobro de descuento por planilla, en razón de que ya optó en su oportunidad por demandar la totalidad del crédito, lo que, en todo caso, no obsta a que pueda perseguir el pago del mismo por las vías legales ordinarias que procedan.

DECIMO: Que, de todo lo dicho, no cabe duda de que el actuar ilegal y arbitrario de la Caja de Compensación vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, en cuanto los descuentos indebidos afectaron la propiedad del recurrente sobre su remuneración, razones todas por las que la presente acción constitucional necesariamente ha de ser acogida, más si no se acreditó por la recurrida el cese y la devolución de los descuentos reconocidos por la misma.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la de Compensación de Asignación Familia los Andes, y en consecuencia, se ordena que la recurrida se abstenga de solicitar al empleador el descuento de los saldos impagos del crédito social otorgado el 06 de octubre de 2017, debiendo hacer devolución de todos los descuentos ligados a aquel.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°602-2023- PROTECCIÓN.