Recurso de protección

nombre reservado, quince de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece la abogada Camila Paz Richard Álvarez quien en representación de nombre reservado, cédula de identidad N°NUM000, domiciliada en domicilio reservado de esta ciudad, deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, RUT N°RUT reservado, representada por su Secretaria General Sra. nombre reservado, cédula de identidad N°NUM001, con domicilio en domicilio reservado de nombre reservado, solicitando se acoja la acción constitucional, se deje sin efecto la medida de destitución acordada y se le restituya en el cargo o las que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar u debida protección, junto con ello se ordene la reincorporación de la funcionaria y se proceda a efectuar el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplica la destitución hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Refiere que con fecha 14 de octubre de 2025, interpuso recurso de reposición ante la recurrida, contra la resolución Interna N°NUM002 de 22 de septiembre del año en curso, que le fue notificada el 08 de octubre pasado, el cual fue rechazado mediante Resolución Interna N° NUM003 de 15 del mismo mes, por lo que en la especie se aplica lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos.

Agrega que ingresó a prestar servicios a la atención primaria de salud en 1983, desempeñándose como enfermera, jefe de sector, con contrato indefinido, en el CESFAM Dr. Mateo Bencur, desempeñándose previamente en el cargo de Directora, en 1995, 2010 y 2013; siempre desempeñando su labor de manera eficiente; señalando las funciones que debe desempeñar en su cargo actual.

Señala que, a principios de enero de 2023, sufrió un quiebre en su salud mental, por un agudo cuadro de agotamiento, estrés y pesar emocional, diagnosticada por profesional, otorgándole una licencia médica de 8 días. Tomó la decisión, de viajar vía terrestre con su cónyuge a su segundo domicilio en la ciudad de Temuco, donde además reside su hija menor, pues estimó que tendría más tranquilidad para realizar su descanso y mejorar su estado de salud mental, citando que no fue un viaje de placer, sino una acción terapéutica y esencial para su pronta recuperación. Su ingreso al país extranjero tenia la única finalidad de lograr su desplazamiento, siendo un mecanismo muy común atendida la distancia y geografía de la región y la alternativa más económica.

La recurrida interpretó tal salida del país como una falta de grave al principio de probidad administrativa y fundándose solo en éste hecho, se instruyó un sumario sin ponderar la proporcionalidad de la sanción ni la naturaleza del viaje, lo que culminó con la imposición de la máxima sanción disciplinaria, su destitución, desconociendo la competencia exclusiva de otros organismos para la fiscalización de la medida. Transcribe dicha resolución, que contiene los hechos imputados y la que reza: “salió del país los días 22 de enero de 2023, por vía terrestre, por el paso fronterizo Monte Aymond hacia Argentina, e ingresó el día 25 de enero de 2023 por el paso fronterizo Puesco, a Chile, haciendo uso de licencia médica folio N°NUM004, por enfermedad o accidente común, emitida con fecha 19 de enero de 2023, cuyo inicio de reposó comenzó el 20 de enero de 2023, indicando un reposo total laboral de 8 días en su domicilio ubicado en domicilio reservado de la comuna de nombre reservado, emitido por el Dr. nombre reservado.”

Funda su recurso de reposición, señalando que la resolución impugnada carece de fundamento legal, infringiendo el principio de legalidad, pues no existe norma que prohíba expresamente a un funcionario público salir del país durante el periodo en que se encuentra con licencia médica; máxime si no existe pronunciamiento previo de organismos técnicos que se pronuncien sobre el uso indebido de la licencia médica en cuestión. Añade que la resolución recurrida tiene como única base probatoria dos circunstancias o antecedentes para dar por acreditadas las infracciones sostenidas y que motivan el procedimiento, los registros de salida del país y la licencia médica expedida. Sostiene que la vulneración del principio de probidad administrativa y el incumplimiento de las obligaciones funcionarias, no constituyen un régimen excepcional de responsabilidad administrativa objetiva y no se considera la infracción imputada dentro las conductas que atentan contra la probidad en la Ley N°20.880. De igual modo, señala que la resolución establece una sanción administrativa transgrediendo el principio de proporcionalidad que impera en el ordenamiento jurídico y el derecho administrativo, pues la sanción más grave es la destitución. Sin embargo, la jefatura carece de discrecionalidad para su aplicación, puesto que debe respetar principios de proporcionalidad, fundamentación y debido proceso.

Alega que las resoluciones impugnadas se constituyen en ilegales por falta de competencia toda vez que se sustentan en una atribución que la Corporación Municipal se ha arrogado sin amparo legal. Tampoco cumple con los principios de reserva legal y tipicidad, la sanción disciplinaria de destitución se encuentra consagrada en el artículo 123 del Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales, pero sin embargo, la conducta sancionada no se encuentra contemplada en el articulo 62 de la Ley N° 18.575. Además, la infracción al deber de probidad, debe verificarse en el ejercicio de sus funciones, lo que no ocurre en la especie.

Manifiesta que el acto es arbitrario pues la sanción de destitución es abiertamente desproporcionada, se adopta sin ponderar su trayectoria intachable, ni la naturaleza terapéutica de su viaje a su segundo domicilio; además no se consideró que no registra anotaciones de demerito, ad portas de su retiro voluntario.

Esgrime que los hechos denunciados vulneran las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Ello en virtud de las alegaciones esgrimidas y por cuanto no se respetó el principio rector del concepto de infracción administrativa que se encuentra en estrecha relación con los principios de legalidad, reserva legal y tipicidad. Reclama también que su derecho de propiedad también se ha visto afectado, toda vez que mediante la adopción de la medida de destitución por la Corporación Municipal de Punta Arenas, se ha vulnerado la permanencia o estabilidad en el empleo o cargo.

Informa por la Corporación recurrida la abogada Laura Miranda Dahdal, instando por el rechazo del recurso.

Reconoce que por Resolución Interna N° NUM005 de 28 de mayo de 2025, se instruyó sumario administrativo en contra de doña nombre reservado, designándose la Fiscal correspondiente, en atención a los antecedentes remitidos mediante Oficio N° NUM006 de la Contraloría General de la República, en el marco del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°NUM007 de 2025, el que contiene una nómina de funcionarios de la Corporación Municipal de Punta Arenas, quienes habrían salido del país encontrándose con licencia médica, conforme a los registros oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile, siendo la recurrente una de los funcionarias mencionadas en la respectiva nómina. Añade que se levantó un cargo único contra la recurrente por registrar una salida del país con licencia médica, lo que configura una presunta vulneración al principio de probidad administrativa, en particular porque salió del país el día 22 de enero de 2023 vía terrestre por paso fronterizo Monte Aymond e ingresó al país el 25 de enero de 2023 vía terrestre por paso fronterizo Paso Puesco. En la vista fiscal se propuso la sanción de destitución, la que fue aprobada, ponderándose los descargos de la actora y analizando detalladamente la gravedad de la conducta desplegada.

Alega que se ponderó la normativa vigente aplicable.

En lo que atañe a la incompetencia, refiere que el incumplimiento derivado de las acciones desplegadas por la recurrente, abre dos aristas, una de ellas de competencia de la COMPIN, y la otra correspondiente en este caso, a la Corporación Municipal de Punta Arenas, quien actuando dentro de sus atribuciones, y de acuerdo a lo instruido por la Contraloría General de la República, dio inicio al procedimiento administrativo sancionatorio, en el que se determinó, con el mérito de los antecedentes y de acuerdo a lo señalado en la resolución impugnada, la sanción de destitución por haberse constatado una infracción grave al principio de probidad.

Aclara que no se sancionó a la recurrente por el solo hecho de haber infringido su reposo, sino más bien por haber quebrantado el principio de probidad, cuyo cumplimiento es obligación expresa del artículo 58 letra g) de la ley N° 18.883, aplicable supletoriamente por remisión directa del artículo 4° de la Ley 19.378, en atención a que se acreditó el uso desleal del tiempo de licencia médica (remunerado) con fines ajenos al restablecimiento de la salud, generando descrédito institucional, sobrecarga de trabajo para los demás funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal, retrasos en la atención de los usuarios y deslealtad con la comunidad.

Niega la existencia de una vulneración al debido proceso, señalando que del mismo relato del recurso se obtiene que el proceso sumarial fue sustanciado comunicando [las resoluciones] y la encartada ejerció todas las facultades que la ley le otorga, prestó declaración, presentó documentación, se le notificaron los cargos, formuló sus descargos y presentó recurso de reposición.

Hace presente que la medida disciplinaria aplicada a la actora se dictó en el marco de un proceso sumarial ordenado instruir por parte de la Contraloría General de la República, proceso el cual se llevó ajustado a derecho, sin vicio alguno, tanto en el procedimiento en sí mismo, como en la resolución terminal, la que se encuentra debidamente motivada.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido haya realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, los hechos que la recurrente tilda de ilegal y arbitrario lo hace consistir en la dictación por parte de la recurrida, de la Resolución N° NUM002 de 22 de septiembre del año en curso, mediante la que se falla el procedimiento sumarial seguido en su contra, imponiéndosele la sanción de destitución, y en el pronunciamiento de la Resolución N° NUM003 de 15 de octubre de 2025, que rechaza el recurso de reposición interpuesto y ratifica la medida disciplinaria; lo que conculca las garantías fundamentales que invoca.

CUARTO: Que, por su parte la recurrida insta al rechazo del recurso, alegando, en primer término, que su actuar se ha ajustado a la normativa vigente, lo que excluye un actuar arbitrario, negando la existencia de una vulneración de las garantías constitucionales de la actora; considerando que la sanción impuesta descansa en la comisión de una falta grave al principio de probidad administrativa.

QUINTO: Que, efectuado el análisis pertinente y de forma preliminar es menester consignar que, pese a la evidente gravedad de la medida contenida en las resoluciones impugnadas, esto es, la destitución del cargo servido por la recurrente, ese sólo hecho no torna per se los actos administrativos en cuestión, en arbitrarios o ilegales, por lo cual es necesario examinar si al dictarse las mencionadas resoluciones, se ha incurrido en el fondo, en una ilegalidad o arbitrariedad.

En ese contexto y desde el ángulo de la legalidad, cabe señalar que examinados los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que los actos administrativos impugnados carezcan de fundamento legal o se hayan dictado fuera de la competencia o potestad disciplinaria de la autoridad edilicia, en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Así, del mismo examen resulta patente que la medida disciplinaria de destitución cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, contempló desde la perspectiva disciplinaria, una decisión final de la autoridad competente, la cual fue objeto posterior de revisión jerárquica vía recurso de reposición e impugnación que fue también motivadamente rechazado, de tal suerte que desde esta perspectiva, se han observado todas las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883.

En el mismo sentido, es menester precisar que resulta un hecho no discutido que los procesos disciplinarios constituyen medios idóneos a través de los cuales la administración se vale para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario que infringe sus obligaciones y deberes en cuanto dicha calidad.

SEXTO: Que, empero y no obstante el mérito y la legalidad de los actos recurridos, resta despejar si los mismos al aplicar la medida de destitución de la recurrente, han eventualmente infringido o incurrido en falta de fundamento o vulnerado manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad, al evaluar el hecho ilícito administrativo atribuido a la afectada, esto es, el viaje al extranjero durante el goce de licencia médica, en particular, a la República Argentina, los días 22 a 25 de enero de 2023; periodo en que hacía uso de reposo total en su domicilio por licencia médica expedida el 19 de enero de 2023, por 8 días, sin que haya mediado una justificación de ese viaje como parte del tratamiento ordenado.

Sobre el particular, huelga indicar que no está controvertido o aparece fuera de discusión el hecho probado que la recurrente se desplazó al extranjero mediando el uso de una licencia médica vigente que no reúne o justifica ese desplazamiento como parte del tratamiento ordenado, y que esa conducta que no puede desligarse del desempeño leal del cargo y que denota un incumplimiento funcionario y el uso del tiempo de reposo en actividades incompatibles, efectivamente quiebra la observancia de los deberes de probidad y de desempeño administrativo, ameritando en consecuencia un reproche disciplinario, el que asoma genéricamente fundamentado.

No obstante, lo anterior, resta dilucidar a su vez, si el corolario de sanción específica para la conducta reprochada, en la especie, la adopción de la medida disciplinaria más grave, vale decir, la destitución del cargo, contemplada en el artículo 123 de la Ley N°18.883 y que la empleadora calificó de vulneración grave al principio de probidad, imponiéndola sin atenuantes, resulta proporcionada con el escenario de incumplimiento descrito.

Bajo esa premisa y examinados nuevamente los antecedentes que justifican la imposición de la sanción disciplinaria en comento, a juicio de esta Corte, dichos antecedentes no permiten sostener su proporcionalidad y gravedad extrema, toda vez que se han soslayado para efectos de su imposición y aun a pretexto de tratarse de un imperativo legal obligatorio para la administración a partir de la calificación de gravedad de la conducta, una serie de circunstancias o elementos que mitigan el comportamiento de la recurrente, tales como el alcance acotado del hecho reprochado (un viaje con desplazamiento de tránsito), la extensa trayectoria profesional de la afectada (alrededor de 40 años de servicios), su actual rango etario, su conducta funcionaria intachable, unido ello a la patología que padece y las desmedidas consecuencias que una medida expulsiva como la adoptada, acarreará en su futuro laboral. A juicio de esta Corte además, la circunstancia que el viaje emprendido por la investigada responde a un tránsito y traslado hacia la zona central del país, el que no puede efectuarse vía terrestre por el territorio nacional por la falta de conectividad de esta región con el resto de Chile, permiten morigerar en este caso el reproche disciplinario, máxime si esos antecedentes que se alegaron por la recurrente, fueron desatendidos por la recurrida, configurándose entonces una arbitrariedad, que se refleja en la desproporción de la adopción de la medida disciplinaria de destitución.

SEPTIMO: Que, conforme a lo razonado, se observa de la imposición de la medida más gravosa que prevé el ordenamiento jurídico que regula la relación funcionarial, cuya arbitrariedad ha resultado comprobada, un proceder que conculca las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad, en particular sobre las remuneraciones que percibe en su calidad de funcionaria de la Corporación recurrida, por cuanto se le ha brindado un trato severo, sin considerar sus circunstancias particulares, y procede entonces dar lugar a la acción cautelar interpuesta.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N° 2 y 24, 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE el recurso interpuesto por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, solo en cuanto se dejan sin efecto las resoluciones internas dictadas por la recurrida, N° NUM002 de 22 de septiembre de 2025 y N° NUM003 de 15 de octubre del mismo año, y en consecuencia, se ordena la reincorporación a la brevedad al cargo y labores que cumplía la recurrente en forma previa a la dictación de la resolución de destitución impugnada, disponiéndose el pago de las remuneraciones devengadas desde la aplicación de la medida de destitución hasta su efectiva reincorporación. Lo anterior, sin perjuicio que, la administración recurrida dicte la medida disciplinaria que juzgue proporcional a la magnitud o entidad de la infracción cometida.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Osvaldo Oyarzun Miranda.

Rol N°600-2025.PROTECCION. -