Protección contra Servicio Local de Educación Pública de Magallanes

nombre reservado, dos de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, trabajadora social, cédula de identidad NUM000, domiciliada para estos efectos en la ciudad de nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, representado legalmente por su Director Ejecutivo (S) don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, por haber incurrido en actuaciones y dictado actos ilegales y arbitrarios que son vulneratorios de garantías constitucionales y que habrían culminado con su desvinculación, puntualmente en contra de la resolución exenta NUM001, de 19 de diciembre de 2025, notificada por correo institucional el 24 de diciembre de 2025, por la cual se rechazaron recursos administrativos interpuestos contra una decisión anterior, sosteniendo que se mantuvo un acto carente de motivación suficiente y de criterios objetivos.

Expone como antecedentes adicionales relevantes de la alegada ilegalidad, la Resolución NUM002 del sumario administrativo de 10 de noviembre de 2025, que dispuso su suspensión preventiva por todo el transcurso del procedimiento, sin cargos formulados y sin ponderación de medidas menos gravosas; la Resolución NUM003 del sumario, de 22 de diciembre de 2025; y la calificación de enfermedad profesional asociada a riesgo psicosocial y liderazgo disfuncional, conforme a la resolución NUM004, de 11 de septiembre de 2025, de organismo competente (SUSESO/ISL).

En cuanto a los hechos, la recurrente expone que, desde su incorporación al Servicio, se desempeñó como encargada y única funcionaria de la Unidad de Bienestar y Calidad de Vida, con funciones técnicas y administrativas vinculadas a procesos masivos, indicando además que mantuvo evaluaciones sobresalientes (calificaciones iguales o superiores a 8,1), sin anotaciones de demérito.

Alega que, el 26 de diciembre de 2024, se le asignó la responsabilidad integral del proceso de gestión y reconocimiento de cargas familiares (aproximadamente 3.500 funcionarios), sin capacitación formal ni apoyo suficiente, debiendo reconstruir procesos con deficiencias estructurales; agrega que estas circunstancias fueron formalmente documentadas, sin medidas eficaces para corregirlas.

Prosigue señalando que, como consecuencia del contexto laboral, fue diagnosticada con enfermedad profesional, calificándose el ambiente laboral como factor de riesgo psicosocial asociado a un liderazgo disfuncional, conforme a resoluciones de la SUSESO y ISL, lo que motivó licencias médicas por aproximadamente dos meses, afirmando que la Administración tenía pleno conocimiento de dicha circunstancia al adoptar las decisiones impugnadas.

A su vez, refiere que al reincorporarse, se dictó la resolución del sumario que dispuso su suspensión preventiva, sin ponderar la facultad del artículo 136 del estatuto administrativo relativo a una destinación transitoria y que posteriormente, estando el sumario sin cargos y sin sanción disciplinaria firme, el Servicio resolvió no renovar su contrata para 2026, introduciendo reproches genéricos e implícitos sobre desempeño y clima laboral, decisión mantenida al rechazarse sus recursos administrativos mediante la Resolución Exenta NUM001.

Sostiene en los fundamentos de derecho y en síntesis, que la facultad de no renovar contratas no sería absoluta y estaría sujeta al control de razonabilidad y proporcionalidad; que existiría falta de motivación reforzada y ausencia de criterios objetivos; al no considerar sus evaluaciones sobresalientes, ni acreditar supresión de funciones, reestructuración institucional, ni razones de presupuesto, lo que implica una falta de motivación suficiente e infringir el principio de congruencia.

Además sostiene que la no renovación, dictada en un contexto de sumario inconcluso, configuraría una sanción encubierta y vulneraría el debido proceso y presunción de inocencia; que se configuraría desviación de poder; y que la suspensión preventiva, decretada por todo el sumario sin cargos, sería desproporcionada y perdería su naturaleza cautelar.

Finalmente, denuncia la vulneración de las garantías constitucionales del derecho a la integridad psíquica señalando que se agrava un daño de esta naturaleza preexistente en lugar de mitigarlo, se adoptaron decisiones previsiblemente perturbadoras y se omitió el deber de cuidado del empleador frente a una enfermedad profesional. Del derecho a la igualdad ante la ley, por la asignación desigual de cargas laborales, un trato diferenciado de la gestión del conflicto ya que frente a deficiencias estructurales del servicio la autoridad traslada el impacto exclusivamente a la recurrente sin adoptar medidas correctivas institucionales y también la aplicación selectiva de consecuencias gravosas, toda vez que existiendo otros funcionarios en situaciones equivalentes, sólo la recurrente es objeto de la suspensión preventiva durante todo el sumario y de la no renovación de la contrata.

Además reclama la vulneración del derecho al debido proceso, puesto que se decreta una suspensión preventiva por todo el transcurso del sumario sin cargos formulados y sin una justificación específica del riesgo de entorpecimiento de la investigación, se mantiene la recurrente en una situación de indefinición disciplinaria, y posteriormente no se renueva la contrata en un contexto en que el sumario se encontraría inconcluso, lo que refleja una sanción encubierta.

Por último, alega la vulneración de la garantía del artículo 19 N° 4, vale decir, la honra y dignidad personal, por la suspensión preventiva total que instala frente a la comunidad funcionaria la idea de una falta grave, aun cuando no existen cargos formulados, la utilización de conceptos indeterminados como clima laboral o gravedad de los hechos que asocian implícitamente a la recurrente con conductas reprochables sin un respaldo procedimental, y la no renovación de contratos que consolidan en los hechos la imagen de reproche funcional, sin que exista una sanción que lo justifique.

Por todo lo expuesto pide que se deje sin efecto la resolución recurrida, manteniendo en el cargo a la recurrente con costas.

Informa la recurrida Servicio Local de Educación Pública, solicitando el rechazo de la acción.

En su informe reproduce como eje que el acto recurrido — Resolución Exenta NUM001, de 19 de diciembre de 2025 que rechazó los recursos administrativos— habría sido dictado con una extensa motivación, indicando que contiene 39 considerandos, y descartando entonces la afirmación de falta de fundamentación suficiente.

Respecto de la suspensión preventiva decretada en el sumario, el recurrido sostiene que se trata de una medida cautelar prevista en el artículo 136 inciso 1° de la Ley N°18.834 (Estatuto Administrativo), que el fiscal puede adoptar en el curso del procedimiento y que no constituye una sanción.

En relación con la trayectoria funcionaria invocada por la recurrente, el informe señala que el 14 de octubre del 2024 se aprobó el llamado y autorizó una pauta que regula el proceso de selección para proveer el cargo de profesional de bienestar y calidad del servicio local de educación pública.

Que allí se dio cuenta de las funciones y del conocimiento que respecto de ellas involucraba el cumplimiento del cargo.

En base a ese conocimiento del cargo a desempeñar, señala que la recurrente realizó su postulación. Agrega que luego, a través de la resolución exenta de fecha 18 de noviembre de 2024, se aprobó la adjudicación del cargo a la recurrente nombre reservado, según consta en su aceptación de igual fecha, documento donde se menciona el objetivo del cargo y las funciones principales del mismo.

Añade que posteriormente se prorroga la contrata hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cita en cuanto a la alegación de una sobrecarga estructural y falta de apoyo institucional, que en razón del reconocimiento del servicio recurrido de la gran cantidad de trabajo de la funcionaria recurrente, éste emitió y reconoció a través de una resolución de fecha 18 de diciembre de 2024, la asignación de funciones críticas, otorgándole para estos efectos y a contar del 01 de enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, una asignación equivalente a un aumento de 22,41% de la remuneración bruta y relevando que la función crítica a realizar correspondería al levantamiento y análisis de las cargas familiares, elaboración de resoluciones exentas de en esa materia, funciones todas que debían ser ejercidas con dedicación exclusiva y destacando además que la persona manifestó su aceptación para percibir en ese marco la mencionada asignación de funciones críticas.

En cuanto a la enfermedad profesional alegada, el informe de la recurrida admite que existe una calificación en tal sentido que se desprende en los antecedentes aportados por la actora, pero sostiene que no se habría podido dar cumplimiento total a las prescripciones del ISL, en razón de circunstancias internas (licencia médica y falta de personal), agregando además que el propio organismo fiscalizador verificaría el cumplimiento de medidas con fecha 19 de enero de 2026.

Prosigue el informe señalando que no existiría vinculación alguna entre el sumario y la no renovación de contrata, puesto que el sumario en tramitación se encuentra en fase o etapa indagatoria y con reserva, y la decisión de no renovar la contrata para el año 2026, se expresa en la Resolución Exenta NUM005, de fecha 27 de noviembre de 2025, que contiene 27 considerandos justificativos. Agrega también que, por regla general, el vencimiento del plazo produce el término del contrato por el solo ministerio de la ley.

Desde el ángulo del derecho, el servicio recurrido enfatiza que cumple con la exigencia de motivación de los actos administrativos en los términos de la Ley N°19.880 (artículo 11) y la variación de su intensidad según la naturaleza del acto; que releva la temporalidad propia de las contrata como un elemento esencial de la designación, conforme al artículo 10 del Estatuto Administrativo, destacando que para el caso de la recurrente, ella se desempeñó desde el 18 de noviembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2025, no afectando el vencimiento del plazo fijado la designación de derechos adquiridos.

Agrega además que la resolución fue notificada, descartando la alegación de la actora en términos una desviación de poder. En relación a la vulneración de garantías que señala la recurrente, cita respecto de la integridad psíquica que la actora no menciona de que forma el acto recurrido la dañó y afectó directamente.

En cuanto a la garantía de igualdad de la ley reclamada, estima que los argumentos de la actora son insuficientes para acreditar la vulneración de dicha garantía. Así también y respecto del derecho al debido proceso, destaca que esa alegación es improcedente y en lo concerniente a la garantía del derecho y respeto a la honra, menciona que no existió un ánimo de afectar ese aspecto y que el acto fue notificado personalmente a la recurrida, tomando todos los resguardos del caso.

Por último, señala que el recurso de protección es una acción cautelar destinado a amparar garantías frente a un acto ilegal o arbitrario y que esos elementos no habrían sido acreditados en relación al actuar del servicio, por lo que solicita, en conclusión, el rechazo del recurso.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata por consiguiente, de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, vale decir, que se encuentre en posición y condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que en ese orden de ideas se precisa que el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por la recurrente, la actora lo hace consistir en la no renovación de su contrata para el año 2026, por parte de la recurrida.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que al efecto y del análisis de los antecedentes allegados a este expediente se aprecia que la recurrida no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno.

En ese orden de ideas, cabe recordar que toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la Ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. De este modo, en principio resulta evidente que la autoridad se encuentra facultada para poner término al empleo a contrata, incluso antes del vencimiento del plazo consignado en el nombramiento, potestad que desde luego debe ejercerse con arreglo a la ley, puesto que la resolución dictada por un jefe superior del servicio que pone término a un cargo a contrata es un acto legalmente reglado.

SEXTO: Que, en idéntico sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema, en los autos rol N°26.301-2023, al concluir que las “contratas anuales” constituyen un vínculo transitorio, encontrándose, por ello, la Administración facultada para no renovar su vigencia para el período siguiente, siempre que el desempeño del actor haya sido por un término inferior a cinco años consecutivos y sin que se requiera dar cumplimiento al deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el periodo siguiente, asistiéndole al trabajador el principio de confianza legítima, sólo en el evento de haber permanecido en sus labores por un lapso mayor al señalado, pudiendo terminar su relación estatutaria, en esta última hipótesis, por razones de desempeño deficiente, lo que debe materializarse a través del respectivo sistema de calificaciones o, bien, por faltas que lo ameriten y que hayan sido establecidas en un sumario administrativo.

SÉPTIMO: Que sin perjuicio de los argumentos legales y jurisprudenciales señalados y a mayor abundamiento, en el plano fáctico se observa que la resolución de no renovación de la contrata de la recurrida y aquella posterior que resolvió su posterior recurso de reconsideración, manteniendo dicha medida, se encuentran además suficientemente razonadas y motivadas, conteniendo los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta (se exponen 27 considerandos en la primera de ellas), entre ellas, la noción de confianza legítima, el análisis de su evaluación de desempeño y la decisión de prescindir de sus servicios por incumplimiento de las funciones que motivaron su contratación, observándose entonces y a juicio de esta Corte cabalmente con el deber de motivación que exige el artículo 11 de la Ley N°19.880. Lo anterior, sin perjuicio del alcance adicional que no compete a esta instancia jurisdiccional ponderar el mérito de dichos fundamentos, por corresponder a una decisión propia de la Administración.

Del mismo modo se precisa, que examinados los antecedentes no es dable vislumbrar o construir una relación entre la decisión de no renovación anual de la contrata, con la existencia de un sumario actualmente pendiente y en fase indagatoria, como lo señala la recurrente, ni concluir que ella no ha tenido las todas las instancias de reclamo que le franquea la reglamentación, para efectos de sostener que se ha vulnerado su derecho al debido proceso.

OCTAVO: Que, de esta forma, el acto impugnado no contraviene la ley, más aun considerando la naturaleza transitoria de los cargos a contrata, y tampoco resulta arbitrario o antojadizo, pues contiene los fundamentos que la justifican. De allí entonces que el recurso incoado no puede prosperar.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la recurrente nombre reservado en contra del recurrido Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Osvaldo Oyarzun Miranda.

Rol N°6-2026 PROTECCIÓN.