Protección contra Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

Punta Arenas, treinta de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Que comparece nombre reservado, antropólogo, funcionario público, Jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, y deduce acción de protección en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, representada legalmente por su Director Nacional don Álvaro Lino Morales Marileo y en contra de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, organismo autónomo, representada por el Contralor Regional Subrogante don Cristian Eduardo González Celedón, señalando como acto ilegal y arbitrario la Resolución Exenta N°E20446/2025, de 2 de octubre de 2025, de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que dispuso que el actor debe reintegrar el monto de 554,4139 UTM, a agosto de 2025 equivalen a $38.058.852, y que corresponde a las asignaciones de zona y asignación de zona extrema que percibió entre el 31 de agosto del 2018 y el 31 de julio del 2023 como parte de sus remuneraciones y la materialización de dichos descuentos por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a partir de la remuneración de octubre de 2025 en razón de 16.3036 mensualidades, alegando vulneración a la garantía del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Señala, en síntesis, que es funcionario de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena por más de 29 años, desde el año 1996, y que mediante concurso público, el 22 de enero de 1999, se dictó la Resolución Afecta N°01, a través de la cual fue nombrado funcionario de planta, en el cargo de Jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de Conadi.

Indica que, en el año 2018, se planteó una comisión especial de estudios en el exterior, conforme a los artículos 70° y 71° de la Ley N°18.834, autorizándose su estadía en España para cursar un magíster y posteriormente un doctorado, refiriendo que cada una de las cinco resoluciones de la Conadi que autorizó su estadía fuera del país contaba con la firma del Director Nacional y otros funcionarios.

Da cuenta que respecto de estos hechos hubo dos requerimientos de información, en el año 2022 y 2023, indicando que a esa fecha la Contraloría Regional de Magallanes no se pronunció sobre eventuales irregularidades respecto de esas fiscalizaciones.

Refiere que, el 25 de octubre de 2023, debido a una denuncia anónima, la Contraloría Regional de Magallanes remite comunicación a la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas de Conadi (Ord N°E408762/2023 de 25 de octubre de 2023) señalando que la comisión especial de estudios se ajusta a derecho y que los estudios de post grado son pertinentes a los fines de la Corporación. Sin embargo, determina que en su caso se habían pagado equivocadamente dos asignaciones relativas a zona y bonificaciones por zona extrema, razón por la cual el servicio debía ejecutar el cobro de los valores involucrados.

Señala que en su oportunidad formuló descargos, efectuándose una respuesta por el Director Nacional de la Conadi a la Contraloría General de la República a través del oficio N°1394 de 21 de diciembre de 2024, la que fue desestimada, informándose que la cifra final adeudada asciende a $38.058.852.

Sostiene que la Contraloría lo excluyó del proceso, depositando en Conadi la tarea de notificarle cada una de las materias, y si bien se le ofreció la posibilidad de solicitar condonaciones, rebajas o facilidades de pago, entendió que apelar de aquello constituía la aceptación de una deuda que no reconoce.

Afirma que, el 2 de octubre de 2025, la Contraloría Regional de Magallanes dictó la Resolución Exenta N° E20446/2025, de la cual fue informado por correo electrónico de 14 de octubre de 2025, y que el resuelvo 1° dispone el reintegro de la suma de $38.058.852, deuda que al mes de agosto de 2025, equivale a 554,4139 UTM, en 34 parcialidades ascendente cada una de ellas a 16,3063 UTM de su monto vigente al momento de hacer efectivo el descuento, señalándose que serían deducidas de la pensión de retiro que percibe, precisando que no posee una pensión de retiro.

Agrega que, el viernes 17 de octubre de 2025 se le descontó de su remuneración la suma de $1.510.044, conforme a su liquidación de renta bajo el código “Reintegros a Conadi”.

Sostiene que no se han observado las formalidades mínimas y que toda la comunicación ha sido con la Dirección Nacional de Conadi y que se ha visto informado indirectamente acerca de decisiones que lo afectan por intermedio de ella, agregando que se habría procedido a un descuento superior al 50% de sus estipendios en promedio, aplicando intereses no razonables con antelación a cualquier notificación formal. Señala que las asignaciones de zona y de zona extrema fueron reiteradas mensualmente entre agosto de 2018 y agosto de 2023 lo que permite ser consideradas como un derecho adquirido legítimamente por ese funcionario, por lo que el cobro unilateral y el descuento por planilla no puede ser considerada una consecuencia lícita del ejercicio de la potestad revocatoria y/o invalidatoria de los artículos 61 y 53 de la Ley N°19.880.

Señala que la actuación de las recurrida resulta ser arbitraria, pues se opone al goce de derechos adquiridos legítimamente y de buena fe por parte del actor, vulnerándose el derecho de propiedad que se ejerce sobre las remuneraciones y que alcanza todos y cada uno de los conceptos de los cuales aquella se compone.

Por lo expuesto pide que se ordene a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) abstenerse de descontar de sus remuneraciones los montos por concepto de “reintegros a Conadi”, y que se deje sin efecto la orden de reintegro de emolumentos contenida en la Resolución Exenta N°E20446/2025 de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Acompaña documentos fundantes del recurso.

Que evacua informe Cristian González Celedón, abogado, Contralor Regional (S) de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, solicitando que se desestime en todas sus partes el recurso deducido.

Señala que el recurso se ha deducido en contra de la resolución exenta N°E20446, de fecha 2 de octubre de 2025, por la cual se ordenó al recurrente reintegrar la suma de $38.058.852 por concepto de remuneraciones indebidamente percibidas correspondientes a asignación de zona y bonificación de zona extrema mientras efectuaba estudios en el extranjero, y también en contra del descuento de remuneraciones practicado por la Conadi en octubre de 2025.

Indica que el recurrente fue nombrado titular como Jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas mediante resolución exenta N°1, de 28 de enero de 1999, y que luego fue designado en comisión de servicio en España por resolución exenta N°798/1.566/2018, de 31 de agosto de 2018, para cursar estudios de magíster en la Universidad Autónoma de Barcelona, extendiéndose posteriormente para continuar estudios de doctorado, conservando el derecho de percepción total de sus remuneraciones en moneda nacional durante el tiempo de 4 años y 9 meses que estuvo en el extranjero.

Refiere que, a raíz de una denuncia bajo reserva de identidad, mediante oficio N°E408762, de 25 de octubre de 2023, se determinó que el señor nombre reservado no tuvo derecho a percibir la asignación de zona ni la bonificación de zona extrema mientras realizaba sus estudios en el extranjero, ordenándose a Conadi calcular los emolumentos pagados en exceso y efectuar gestiones para su restitución; agrega que por oficio N°E516775, de 22 de julio de 2024, se rechazó la solicitud de reconsideración presentada por Conadi, requiriéndose arbitrar medidas para obtener la restitución de las sumas que pagó indebidamente.

Posteriormente, dicho servicio, mediante el memorándum N°364 de 2024, solicitó al recurrente el correspondiente reintegro, requerimiento que fue representado de ilegal por el actor, conforme a los fundamentos expuestos en su memorándum N°116 de 2024, suscrito en calidad de jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas, sin embargo, CONADI solicitó nuevamente la restitución de lo adeudado mediante el memorándum N°592, de 2024, sin obtener una respuesta satisfactoria, razón por la cual requirió a ese órgano de Control instrucciones al respecto a través de sus oficios Nos 228 del 12 de marzo de 2025 y 788, del 20 de agosto de 2025.

A continuación, y por medio del oficio N°E134606, de 2025, esta Entidad de Control instruyó a dicha corporación remitir los antecedentes pertinentes, con el objeto de ordenar los descuentos que correspondan en las remuneraciones del afectado, remitiendo la CONADI los antecedentes requeridos y que en ese contexto dicho organismo emitió la resolución exenta N°E20446, de 2025, acto objeto del presente recurso, disponiendo que el señor nombre reservado reintegre la suma de $38.058.852, equivalente a 554,4139 unidades tributarias mensuales (UTM) al mes de agosto de 2025, monto que debe ser pagado en treinta y cuatro parcialidades, cada una de 16,3063 UTM, calculadas conforme al valor vigente al momento de hacerse efectivo el descuento, las cuales serán deducidas de la pensión de retiro que percibe.

Asimismo, se estableció que dicha deuda devengará, a contar de la fecha de emisión de ese acto, un 12% de interés anual en favor del Fisco, de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de la ley N°10.336.

Sostiene que el recurso es extemporáneo, pues el recurrente se encontraba en pleno conocimiento de su deber de reintegro desde el 26 de julio de 2024, fecha en que mediante memorándum N°364 fue informado de los hechos, y que al momento de la interposición del recurso en noviembre de 2025 ya había transcurrido el plazo fatal de treinta días corridos, de acuerdo con lo expresado en el N°1 del auto acordado que regula la tramitación y fallo de la acción de protección.

Afirma que el asunto es ajeno a la naturaleza cautelar del recurso de protección, pues el recurrente no intenta amparar un derecho indubitado y no disputado, sino que pretende que se deje sin efecto la resolución exenta N°E20446, de 2025, de este origen, que le ordenó el reintegro de remuneraciones percibidas indebidamente, careciendo de derechos adquiridos, materia que no corresponde que sea dilucida por medio de la presente acción.

Sostiene que no existe ilegalidad o arbitrariedad, precisa que la cuestión debatida dice relación con el reintegro por la percepción indebida de beneficios pecuniarios, como son la asignación de zona y bonificación de zona extrema, y no respecto de su remuneración como lo plantea el recurrente y que la resolución impugnada fue dictada de acuerdo con las atribuciones conferidas por la Constitución y la Ley N°10.336, y siendo expedido, además, en concordancia con la resolución N°35, de 2018, que establece el procedimiento para la aplicación de las facultades previstas en los incisos primero y cuarto de citado artículo 67 de la ley N°10.336. Además, la mencionada resolución no obedeció a una conducta antojadiza o contraria a la razón, sino que constituye el resultado de un estudio acabado de los antecedentes en torno a la situación planteada, de la aplicación de la normativa vigente sobre la materia y en el ejercicio de una actuación legítima del Organismo Contralor llevada a cabo en uso de sus facultades y dentro del marco jurídico que reglamenta sus atribuciones, dando lugar a un acto debidamente motivado De otro lado, sostiene que en este caso no es procedente ejercer la facultad de revocación o invalidación como lo señala el actor, en atención a que la resolución impugnada fue emitida en uso de la facultad prevista en el artículo 67 de la Ley N°10.336, que confiere a la Contraloría General la atribución privativa de ordenar el reintegro de sumas indebidamente percibidas por funcionarios públicos, ejerciéndose una atribución legal específica que opera de manera autónoma y que no exige, como presupuesto, la invalidación o revocación del acto administrativo que dio origen al pago.

Refiere que la Resolución Exenta N°E20446 dispuso el reintegro en treinta y cuatro parcialidades de 16,3063 UTM, deducidas de la pensión de retiro, y que la deuda devenga 12% de interés anual conforme al artículo 146 de la Ley N°10.336 y que el monto ordenado reintegrar en parcialidades no excede del 50% de las remuneraciones del actor tomando como referencia un sueldo promedio de $3.735.266.

Refuta la alegación de falta de notificación del recurrente por parte de la entidad de control, dando cuenta que el actor fue notificado de su deber de reintegro a través del memorándum N°364 de 26 de julio de 2024, de la CONADI, en cuyo contenido se informa que, a través del oficio N°E516775 del 22 de julio de 2024, se rechaza la solicitud efectuada por el director nacional de reconsideración del oficio N°E408762 del 25 de octubre de 2023, que concluyó, en los sustancial, que no tuvo derecho a percibir la asignación de zona ni la bonificación de zona extrema en el periodo durante el cual el funcionario cursó estudios en el extranjero, ya que no cumple con la exigencia de residir en la provincia o territorio que dio origen al pago de las asignaciones en cuestión, y que el recurrente representó la ilegalidad conforme a los fundamentos expuestos en su memorándum N°118 de fecha 02 de agosto de 2024, suscrito en calidad de jefe de la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas.

Posteriormente el servicio le notificó nuevamente de su obligación de reintegro por medio del memorándum N° 592 de 2024 y en ambas comunicaciones la CONADI informó al funcionario sobre la posibilidad de concurrir a este Ente Contralor, para solicitar condonación o, en su defecto, facilidades para efectuar el reintegro, sin que ello haya ocurrido, cuestión que, además, es reconocida expresamente por el peticionario en su recurso.

Descarta la vulneración a la garantía del derecho de propiedad que indica el recurrente, indicando que quien carece de un título válido no puede ejercer ni reclamar legalmente algo que no le pertenece y, por ende, a quien no tiene la propiedad sobre un bien corporal o incorporal, nada puede amenazársele, ni nada puede perder, situación en la que se encuentra la recurrente.

Por lo expuesto pide el rechazo del recurso.

Acompaña antecedentes fundantes del informe.

Que evacuó informe Nik Torres San Martín, abogado, en representación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), solicitando el rechazo del recurso.

Alega en primer término la extemporaneidad del recurso, indicando que, si bien el recurrente cuestiona el primer descuento realizado el 17 de octubre de 2025, omite que mediante Memorándum N°364 de 26 de julio de 2024 Conadi solicitó el correspondiente reintegro, requerimiento que fue representado de ilegal por el actor, por lo que sostiene que el recurso debe ser declarado extemporáneo conforme al Auto Acordado desde que ha transcurrido con creces el plazo establecido en el numerando 1 del Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección.

Luego, sostiene la improcedencia del recurso de protección por exceder los fines de la acción cautelar, señalando que el recurrente cuestiona la legitimidad de ordenar la devolución de dineros percibidos por asignación de zona y bonificación de zona extrema durante el período de estudios en el extranjero, alegando buena fe y derechos adquiridos, sosteniendo que éste no es el procedimiento idóneo para resolver el conflicto planteado.

Afirma que Conadi actuó en cumplimiento de instrucciones del ente contralor mediante el oficio N°E408762, de 25 de octubre 2023; oficio N°E516775, de fecha 22 de julio de 2024; y Resolución Exenta N°E20446, de 2025. En consecuencia, CONADI estaba obligada a cursar los respectivos descuentos, en mérito de lo establecido en el artículo 67 de la Ley N°10.336.

Descarta en mérito de los antecedentes la supuesta falta de bilateralidad en la determinación de los descuentos cursados, solicitando en definitiva el rechazo del recurso.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que a través del presente recurso se reclama respecto del descuento practicado en la remuneración del recurrente en el mes de octubre de 2025, en ejecución de la Resolución Exenta N°E20446/2025 de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, que ordenó el reintegro de sumas percibidas por concepto de asignación de zona y bonificación de zona extrema, invocándose la afectación del derecho de propiedad del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitándose que la Conadi se abstenga de seguir realizando descuentos y que se deje sin efecto la orden de reintegro contenida en el acto contralor.

CUARTO: Que las recurridas solicitaron el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, en primer término, y respecto de la alegación de extemporaneidad, se debe tener presente que el artículo primero del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, señala que la acción debe ser deducida dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

En la especie, no aparece discutido que el actor fue requerido del reintegro de las sumas percibidas por concepto de asignación de zona y zona extrema percibida mientras cursaba estudios de post grado en la Universidad Autónoma de Barcelona, a través del memorándum N°364, de 26 de julio de 2024, emanado de CONADI, instrumento que le comunicó la improcedencia de la percepción de los mencionados estipendios y la exigencia de que debían ser restituidos, a propósito del rechazo de la reconsideración formulada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Que, corroborando lo anterior, el propio recurrente expone que no sólo tomó conocimiento del requerimiento de reintegro, sino que además manifestó oposición al mismo, al indicar que representó su ilegalidad, lo que revela que ya entonces conocía el fundamento y finalidad del cobro que se impugna, esto es, la restitución de asignaciones que se estimó que fueron indebidamente percibidas durante el período de comisión en el extranjero, por lo que necesariamente debe concluirse que el actor tomó conocimiento de la solicitud de devolución de las asignaciones el 26 de julio de 2024.

Que, en ese sentido, se desechará la alegación del actor en orden a que acto recurrido se habría concretado, principalmente, a propósito de la dictación de la Resolución Exenta N°E20446/2025, de 2 de octubre de 2025, y especialmente con el primer descuento practicado en su remuneración el 17 de octubre de 2025, por cuanto dichos actos corresponden a la ejecución de la obligación de restitución ordenada por el órgano contralor de la cual tenía pleno conocimiento más de un año antes. En el mismo sentido será desestimada la alegación en orden a que el descuento en las remuneraciones constituye una afectación constante y permanente respecto del derecho de propiedad, teniendo presente que el plazo para deducir el recurso se ancla en el conocimiento del acto que se reprocha, lo que ya era de conocimiento del actor, según se dijo, al menos desde el 26 de julio de 2024, por lo que, habiéndose deducido la acción de protección el 13 de noviembre de 2025, aparece que el recurso ha sido deducido más allá del plazo fatal de treinta días corridos previsto en el numeral 1° del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, lo que lleva a acoger la alegación de extemporaneidad deducida por las recurridas.

SEXTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, el artículo 67 de la Ley 10.336 dispone que: El contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios de los Organismos y Servicios que controla, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente. Estos descuentos podrán hacerse efectivos también sobre el desahucio y las pensiones de jubilación, retiro y montepío. Si recaen sobre remuneraciones mensuales no podrán exceder del 50% de las mismas.

Asimismo, el Contralor podrá ordenar que se descuente, en las condiciones ya indicadas, de las remuneraciones de los funcionarios a que se refiere el inciso anterior, las sumas que el Fisco u otra institución estatal deba pagar a terceros en virtud de sentencia judicial, cuando se haga efectiva la responsabilidad civil por actos realizados en el ejercicio de las funciones respectivas.

Las oficinas pagadoras deberán remitir a la Contraloría el comprobante de ingreso respectivo, dentro del mes siguiente a aquel en que se haya ordenado el descuento.

Salvo el caso de que la obligación derive de una sentencia judicial, el Contralor podrá, por resolución fundada, liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las remuneraciones a que se alude en los incisos anteriores, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error. Cuando en uso de sus facultades el Contralor General libere total o parcialmente a los funcionarios o ex funcionarios de la restitución de los valores que hubiesen percibido indebidamente, pero de buena fe, esta liberación alcanzará también a quienes hayan ordenado o efectuado el pago, salvo que el Contralor disponga lo contrario, atendidas las circunstancias especiales que en cada caso concurran.”

SÉPTIMO: Que atendido el tenor de la norma precitada, estos sentenciadores concuerdan con lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Chillán en causa rol 128-2025 ingreso de protección, en cuanto señala el mencionado fallo: “15 .- Que, conforme a todo lo señalado, percibir una asignación no establecida en la ley constituye un pago erróneo, pago que genera un enriquecimiento ilegítimo en favor del funcionario respectivo, surgiendo, por tanto, la necesidad del órgano, en cuanto dejar de pagarlas y para el funcionario la obligación de reintegrar las sumas mal percibidas, ello con el objeto de saldar la obligación que tiene.

En dicho contexto, tanto el actuar del servicio recurrido como lo resuelto por la Contraloría Regional de Ñuble se ajusta a lo dispuesto en la ley, de manera que no se avizora en dichas actuaciones ilegalidad o arbitrariedad alguna que vulnere alguna de las garantías constitucionales invocadas por los recurrentes, que requiera de algún pronunciamiento o protección por parte de esta Corte.”

OCTAVO: Que atendido el mérito de lo expuesto, forzoso es concluir que la presente acción cautelar ha sido deducida en forma extemporánea, sin perjuicio de lo señalado en los motivos sexto y séptimo precedentes, todo lo que lleva a rechazar el recurso de protección según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se acoge la alegación de extemporaneidad, y en consecuencia, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Contraloría Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referido Auto Acordado.

ROL N°599-2025 PROTECCIÓN.