nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, catorce de julio de dos mil veinte.

VISTOS:

nombre reservado, trabajadora social, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de nombre reservado, desconoce profesión u oficio, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado.

Expone que la recurrida ha vulnerado su derecho al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia y la protección de sus datos personales, también su derecho a la propiedad intelectual, consagrados en el artículo 19 N°4 y N° 25 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurso tiene por objeto que se ponga término a los actos ilegales y arbitrarios cometidos por la recurrida, consistentes en publicaciones en redes sociales y mensajería instantánea poniendo en duda su honra, y su condición de profesional, además de agregar calificativos negativos hacia su persona.

Según indica, las expresiones de la recurrida, han lesionado, perturbado e infringido los derechos señalados, especialmente porque se desempeña como trabajadora social, Mediadora Familiar, y Perito Social de forma particular, debiendo especialmente considerarse que trabaja en el área de Familia e infancia desde hace más de 10 años.

El hecho que origina el actuar de la recurrida, dice relación con que el último día del mes de marzo, interpuso un recurso de protección en favor de su hijo de 14 años, que al momento de la interposición de la presente acción se encontraba en trámite ante esta Corte con el Rol 466-2020; e interponiendo con posterioridad una segunda acción los primeros días de abril bajo el Rol 514-2020. A raíz de ésta última iniciativa, la llamaron de una radio para que les contara su experiencia, y los motivos por los cuales presentó el recurso. Agrega que dicha entrevista fue grabada y “viralizada” en las redes, viéndose como un acto positivo y valiente por parte de una madre en defensa de su hijo, en medio de la crisis sanitaria actual, y la posibilidad de que los niños regresen a las aulas en medio de esta Pandemia.

Desde la semana pasada administra un grupo de Facebook denominado “No al 27 Magallanes”, el cual tenía como finalidad, organizar a las madres, padres, apoderados, profesores, y todo aquel que tuviera a cargo menores de edad, con la finalidad de presentar un Recurso para proteger a sus hijos de esta crisis sanitaria.

En ese contexto, “elaboró” varios recursos, y “armó” una red con todas las regiones del país, incluido Magallanes. Tuvo reuniones virtuales con quienes dirigían los grupos por región, donde explicó en detalle qué es lo que se podía solicitar en estos casos, y cuáles eran las peticiones concretas, tomando en cuenta la realidad de cada región; en ese contexto, la recurrida habría asumido erróneamente que representaría a Magallanes.

Dentro de este contexto la recurrida le solicitó en varias oportunidades el texto del recurso que se presentaría, a lo que no accedió por cuanto ella señaló que trabajaba en 3 medios de comunicación, y hacía notas de prensa, por lo que entregar dicho documento podría significar que alguien más tuviera acceso a una iniciativa que nace de las madres de todas las regiones del país.

Ante esta negativa, posteó en el grupo que abarca la región de Magallanes: “A todos a quienes invité a este grupo y confían en mí, quiero comunicarles que por no tener acceso al recurso de protección que se pretende presentar la semana siguiente en la corte de apelaciones, ni siquiera para leerlo y menos para revisarlo con mis abogados, es que he decidido no continuar como representante regional de dicho recurso, obviamente no puedo hacerme cargo de algo que desconozco por completo el libelo de dicho documento. Procedo por lo tanto a restarme de este grupo y sinceramente pongo en duda la seriedad de este recurso en cuestión……….Pero ojo y un consejo muy en buena, no entreguen información personal ni mucho menos firmen algo que desconocen…”

Luego publicó su perfil profesional, indicando que tenía varios perfiles, mostrando su foto y perfil profesional, indicando: “ojo a no firmar algo que no entiendan, esta señora no es de fiar por eso tiene escondido su “recurso”…… Por cierto ud. dice ser mediadora…. Pero su prepotencia no tiene nada que ver con un mediador…”.

Por último, publicó: “Queridas y queridos míos ya no representaré a Magallanes en el Recurso de Protección que “supuestamente” se presentaría el lunes en la Corte de Apelaciones… Me olvidé que los EGOS GIGANTES, son mayores que el bien común, en este caso de los niños y niñas… Yo no me presto para tongos a quienes invité a unirse al grupo no al 27 Magallanes, les pido disculpas y si desean salir del grupo es decisión de cada uno. Perdón no fue mi intención crearle una complicación a nadie. Esta Sra. nombre reservado es la que ha hecho un lío de todo y ojo tiene varios perfiles”.

A su juicio, estas publicaciones atentan directamente contra su honra, derecho consagrado en el Art. 19 N°4 de la Constitución Política de la República, además han perturbado e infringido su derecho a la imagen, ya que toda persona tiene derecho a su propia imagen, el cual se encuentra garantizado en el Art. 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Así, a través de las publicaciones, se ha visto expuesta en su vida privada, denostando su nombre y poniendo en duda su calidad humana y su ética profesional, e interfiere en su desarrollo profesional con la comunidad, lo cual le causa agravio.

En conclusión, solicita se acoja el recurso con costas, y se ordene a la recurrida eliminar el contenido publicado en su descrédito, en todos los sitios web donde los haya publicado, principalmente en Facebook y whatsapp, abstenerse de publicar cualquier referencia hacia su persona, por cualquier medio, y retractarse de las publicaciones emitidas, disculpándose públicamente a través de los medios de comunicación locales sea Radios, Diarios locales El Pingüino, La Prensa Austral u otros, especialmente la red social Facebook.

Evacua informe el abogado Alejandro Hijerra Cárdenas, en representación de la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, expresa que el estado de salud de su representada, es delicado, ya que tiene una discapacidad del 72,50% de carácter físico y como causa secundaria tiene problemas de carácter mental y psíquico.

Indica que, efectivamente realizó las publicaciones en la red social Facebook, pero estas sólo se hicieron en un contexto de discusión entre dos personas adultas por la no entrega de un escrito judicial y la eventual interposición de un recurso de protección que iba a favorecer a un grupo de menores de edad, debido a las medidas tomadas por el Ministerio de Educación en el marco de la emergencia sanitaria.

Por otra parte, ellas formaban parte de un grupo de Facebook denominado “No al 27 Magallanes”, en el cual se informaba a padres, madres, apoderados, profesores y a todos quienes estén a cargo de menores de edad sobre la eventual interposición de un recurso de protección, respecto del eventual retorno a clases que se iba a producir el 27 de abril del presente y que tenía como finalidad proteger a los menores del Covid-19.

Es en este contexto, con fecha 21 de abril de este año, la recurrente ofreció una entrevista a Radio Polar, en la que señaló que interpuso un recurso de protección en favor de su hijo en contra de la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de Magallanes, en la causa Rol Ingreso Corte 514-2020, la cual se encuentra actualmente en el estado procesal de “Acuerdo”.

A partir de ese momento, la recurrida se contactó con los miembros del grupo de Whatsapp denominado “Recurso de Protección”, con la finalidad de consultarles acerca de este hecho, ya que la recurrente solo se limitó a hablar en dicho programa radial acerca de su propio recurso de protección en contra de la Seremi de Educación sin referirse acerca del grupo de padres y apoderados que tenían como finalidad resguardar a los estudiantes del plan de retorno que efectúa el Ministerio de Educación.

Es por tal motivo, que se produjo una discusión en dicho grupo, que transcribe. Según entiende, a simple vista se advierte que se está en presencia de una discusión entre dos personas por la no entrega de un modelo de escrito judicial.

Desde otro punto de vista, señala que la recurrida se desempeña en medios de comunicación y tenía la intención de comunicar el contenido de dicho recurso al público en general, teniendo en consideración que los actos de los tribunales son públicos salvo las excepciones que dispone la ley, de conformidad al artículo 9° del Código Orgánico de Tribunales, sin embargo y ante la negativa de la recurrente, la recurrida se desligó de seguir participando en los grupos de Facebook y de Whatsapp, ya que entiende que hay una conducta de personalismo o exceso de ego por parte de la recurrente, lo que se advirtió de la entrevista entregada.

En relación a las publicaciones, aquellas se debieron a la molestia que sentía por esta actitud de la recurrente, puesto que, se advierte, del recurso de protección 514-2020 en contra de la Seremi de Educación, que solo aparece ella en representación de su hijo y no aparece en dicho escrito que se haya incorporado a otras personas o que posteriormente se hayan hecho parte.

Asimismo, las declaraciones se han hecho en virtud de lo establecido en la garantía constitucional del artículo 19 N° 12 de la Constitución Política de la Republica, que consagra “El Derecho a la Libertad de Expresión”, puesto que se garantiza la libertad de emitir opinión, y la de informar, sin censura previa y por cualquier medio, lo que es ratificado por la normativa internacional que también invoca la recurrente.

En concreto, la conducta de la recurrida derivó de la discusión que se tuvo en su momento por la no entrega del escrito judicial por parte de la recurrente y por problemas de egos o personalismos que se manifestó en la conversación de Whatsapp, por lo tanto, más que un daño a la imagen de una persona, sólo se trata de un momento de molestia o enojo por una discusión entre dos personas adultas y su actitud está lejos de dañar la Honra y la Fama de la recurrente, ya que no se ponen en duda sus méritos académicos o su experiencia laboral.

La fama de su trabajo como mediadora y perito familiar, solo es comprobable en su desempeño diario en los tribunales de justicia, ya que tiene la obligación de evacuar informes respecto de las ciencias o artes que conoce. Resulta difícil que una publicación en redes sociales comprometa su desempeño como profesional, más aun cuando no pone en duda su calidad como perito, sino que solo se hace alusión a un momento de molestia que sintió por la discusión que tuvo con la recurrente.

A su entender, además de lo anterior, el recurso de protección no es la vía jurídica apropiada para resolver el presente conflicto, como lo es la normativa penal.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que los hechos sustanciales que motivan el presente recurso consisten en las publicaciones realizadas por la recurrida en redes sociales, que afectarían la honra y el derecho a la imagen de la recurrente.

CUARTO: Que, como se dijo anteriormente y como se ha resuelto en reiteradas oportunidades por esta Corte de Apelaciones, el recurso de protección corresponde a una acción extraordinaria, urgente, y de naturaleza cautelar, cuyo objetivo es restablecer el imperio del derecho tras un acto u omisión ilegal o arbitraria que afecte derechos del recurrente; en los hechos, esta urgencia y necesidad no se advierten, principalmente considerando el tenor de las publicaciones cuestionadas, su causa y porque fueron realizadas en grupos de carácter privado, como se desprende de los antecedentes acompañados en esta instancia.

QUINTO: Que, además de lo anterior, debe considerarse que el ejercicio de la libertad de expresión, resulta esencial en el desarrollo de una sociedad democrática, por lo que cualquier acto que implique coartarla, debe atender a motivos graves y calificados, en donde se acredite que por su ejercicio abusivo, se vean vulnerados efectivamente derechos indubitados, causando perjuicios concretos.

SEXTO: Que en el caso de autos, tal situación no se advierte, ya que las expresiones proferidas por la recurrida en grupos privados de mensajería, no tienen, a juicio de esta Corte, la entidad suficiente para dañar o afectar la honra de la recurrente, toda vez que son opiniones y expresiones producto de desacuerdos entre puntos de vista a propósito de la interposición de una acción de protección.

SEPTIMO: Que la afectación al derecho a la imagen denunciada tampoco lo es tal, ya que, por una parte, no se acompañan antecedentes que efectivamente acrediten esta afectación, y por la otra, porque la denuncia de la recurrente dice relación con la publicación de la foto de su perfil de redes sociales, y su perfil profesional, siendo un hecho notorio que ambas son públicas y de acceso común. Por lo demás no existe un aprovechamiento de la imagen de la recurrente, por lo que mal puede entenderse que se está utilizando su imagen en los términos del artículo 19 N°25 de la Constitución.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 19 y 20 de la Constitución Política del Estado, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara:

QUE SE RECHAZA el recurso de protección presentado por nombre reservado en contra de nombre reservado.

Redacción del Ministro Sr. Stenger.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL PROTECCIÓN 599-2020.