Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Punta Arenas, nueve de diciembre de dos mil veinticinco. VISTOS:

Que, a folio 1, comparece Sebastián Caroca Colarte, abogado, quien interponerecurso de protección en favor de doña nombre reservado y, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada legalmente por doña nombre reservado y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), representada legalmente por doña nombre reservado, por el accionar ilegal y arbitrario cometido al dictar resolución exenta sin los fundamentos valederos, perturbando y amenazando el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales contempladas en el N°18 y N°24 del artículo 18 de la Constitución Política de la República, solicitando se acoja la presente acción y se ordene se autoricen y paguen las licencias médicas rechazadas, con costas.

Señala que, con fecha 26 de agosto de 2025 la recurrente ha reclamado ante la Superintendencia de Seguridad Social, apelando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM000, NUM001, NUM002, extendidas por un total de 90 días a contar del 05 de marzo de 2025, por reposo no justificado. Esta ratificación se encuentra en la Resolución de Suseso denominada como NUM003, de fecha 17 de Octubre del año 2025, acto administrativo objeto del presente Recurso de Protección. Agrega que, la Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N° NUM000, NUM001 y NUM002, no se encontraba justificado.

Expone que los organismos recurridos sostuvieron que los antecedentes médicos y administrativos no justificarían la prórroga del reposo, argumentando que no existirían elementos clínicos suficientes, falta de precisión en los informes psicológicos y ausencia de fundamentos médicos que acreditaran la incapacidad laboral más allá del reposo previamente autorizado.

Afirma que dicha conclusión contradice los antecedentes aportados, incluyendo informes actualizados de su psiquiatra tratante, Dr. nombre reservado, quien diagnosticó un Trastorno Ansioso Depresivo, asociado a mobbing laboral, indicando reposo laboral y tratamiento farmacológico y psicoterapéutico; y del psicólogo nombre reservado, quien igualmente confirma el diagnóstico y la necesidad terapéutica.

Desarrolla extensamente el contexto personal y laboral que dio origen a su cuadro clínico: tras seis años trabajando como recepcionista médica en una clínica privada, asumió un rol dirigente sindical, recibiendo acoso, maltrato y presiones por parte de la jefatura, junto con la interposición de un juicio de desafuero en su contra. Esa situación habría desencadenado crisis de ansiedad, trastornos del sueño, miedo intenso, pánico, angustia permanente y deterioro significativo de su estabilidad emocional, lo que motivó el otorgamiento de licencias médicas y posterior tratamiento psiquiátrico y psicológico. Añade que pese a seguir todas las indicaciones médicas, fue finalmente desvinculada en enero de 2025 tras obtenerse su desafuero.

Sostiene que actuó diligentemente, aportando todos los antecedentes médicos exigidos, cumpliendo con tratamientos farmacológicos y psicológicos, y que la COMPIN y la SUSESO habrían omitido realizar una evaluación adecuada, completa y fundada de su estado de salud. Afirma que los organismos recurridos no solicitaron pericias, aclaraciones al médico tratante ni diligencias complementarias de verificación, limitándose a invocar motivos genéricos, incumpliendo —a su juicio— el deber de fundamentación de los actos administrativos contemplado en la Ley 19.880 y en la normativa sobre autorización de licencias médicas.

Alega que las resoluciones cuestionadas vulneran las garantías constitucionales del artículo 19 N.º 18 (derecho a la seguridad social) y del artículo 19 N.º 24 (derecho de propiedad), pues la negativa impide el pago del subsidio por incapacidad laboral, afectando su sustento económico.

Sostiene que los actos administrativos son ilegales por falta de fundamentación y por contravenir los procedimientos establecidos, y arbitrarios por carecer de razonabilidad, proporcionalidad y análisis técnico suficiente.

Que, a folio 9 informa el recurso nombre reservado, Secretario Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Expone que la recurrente mantuvo sucesivas licencias médicas de origen psiquiátrico asociadas a un cuadro de ansiedad, angustia y trastorno del sueño, gatillado por conflictos laborales internos. Indica que la trabajadora fue desvinculada tras un proceso de desafuero y que, desde noviembre de 2024 a febrero de 2025, COMPIN autorizó 90 días de reposo consecutivo, previo peritaje psicológico y solicitud de antecedentes médicos al tratante.

Añade que las licencias posteriores fueron rechazadas por reposo sin causa médica justificada, debido a que los antecedentes aportados no daban cuenta de un cuadro clínico de gravedad, ni de un compromiso funcional invalidante, ni de un proceso terapéutico claro, pues los informes no consignaban fecha de inicio de tratamiento, ajustes farmacológicos, regularidad de sesiones ni plan psicoterapéutico óptimamente definido.

Precisa que la usuaria registra múltiples licencias previas, que se evaluó reiteradamente la documentación y que la Superintendencia confirmó los rechazos mediante Resoluciones Exentas NUM004 (17.05.2025) y NUM003 (17.10.2025). Sostiene que el reposo extendido no cumplía rol terapéutico, que no existían elementos suficientes para justificar nuevas prórrogas y que la licencia médica, por su naturaleza, es un beneficio transitorio, orientado al reintegro laboral, lo que no se cumpliría en este caso.

Recalca que no existe acto ilegal ni arbitrario, pues el rechazo se fundó en las guías clínicas referenciales del Decreto N° 7/2013 y en los criterios técnico–sanitarios aplicables. Solicita rechazar el recurso.

Que, a folio 11 informa Romina Ugalde Rañileo, abogada, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social.

Inicia su informe alegando la improcedencia del recurso, señalando que el asunto dice relación con una materia propia del derecho a la seguridad social, esto es, autorización o rechazo de licencias médicas y pago de subsidios, garantía que no se encuentra amparada por el artículo 20 de la Constitución. Afirma que, por tratarse de una materia excluida del catálogo protegido, el recurso no podría prosperar.

En subsidio, informa sobre el fondo, explicando el marco normativo que regula las licencias médicas y el subsidio por incapacidad laboral. Señala que estudió los antecedentes clínicos y administrativos acompañados por la recurrente y concluyó que el reposo más allá de los 90 días ya autorizados no se encontraba justificado, pues los informes aportados no describían síntomas graves, evolución tórpida, grado de compromiso funcional, ni refractariedad terapéutica.

Asimismo, el tratamiento farmacológico carecía de información esencial —fecha de inicio, ajustes y respuesta terapéutica— y el informe psicológico no detallaba frecuencia de sesiones ni existencia de un proceso terapéutico estructurado.

Sostiene que el reposo no cumplía función terapéutica y que la documentación presentada era insuficiente para acreditar incapacidad laboral temporal. Afirma que la autoridad actuó dentro de sus competencias, con fundamentación técnica, conforme a la Ley N° 16.395, DFL N° 1/2005 y DS N° 3/1984. Añade que el rechazo no vulnera el derecho de propiedad, pues el subsidio es un derecho eventual, que solo nace si existe licencia autorizada; al no cumplirse ese presupuesto, no hay afectación patrimonial protegible. Concluye solicitando el rechazo del recurso.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, a través del presente recurso se reclama respecto de la Resolución Exenta NUM003, de fecha 17 de octubre del año 2025, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM000, NUM001, NUM002, extendidas por un total de 90 días a contar del 5 de marzo de 2025, por reposo no justificado.

CUARTO: Que, en primer término, en cuanto a la alegación efectuada por la Superintendencia de Seguridad Social alegando la improcedencia del recurso, señalando que el asunto dice relación con una materia propia del derecho a la seguridad social, garantía que no se encuentra amparada por el artículo 20 de la Constitución, si bien es correcto lo señalado por la recurrida, del texto del recurso se advierte que el recurrente alega afectación al derecho de propiedad, garantía si cubierta por la presente acción constitucional por lo que su alegación será rechazada.

QUINTO: Que, a la luz de los antecedentes señalados, es necesario considerar que el artículo 16 del Decreto Supremo N°3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones Médicas Preventivas e Invalidez Instituciones de Salud Previsional, dispone que la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre en su caso, podrán rechazarlas, aprobarlas y reducir o ampliar el período de reposo solicitado, o cambiarlo de total a parcial o viceversa, dejando en todo caso, constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.

SEXTO: Que, las licencias médicas reclamadas, fueron revisadas por la SUSESO, institución que al conocer de los antecedentes de la recurrente determinó confirmar lo resuelto por la COMPIN.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes acompañados, se puede colegir que, tras las instancias de revisión y estudio, activadas por la recurrente conforme al procedimiento especial contemplado al efecto, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de las licencias médicas reclamadas, decisión que fue adoptada por la recurrida SUSESO dentro del ámbito de sus facultades legales, lo que conduce desde ya a descartar la existencia de ilegalidad en la actuación.

OCTAVO: Que, por otra parte, la fundamentación entregada por la SUSESO al pronunciarse del reclamo presentado por la recurrente, a juicio de estos sentenciadores tornan la decisión, como una debidamente fundada, por lo que no se está frente a una caprichosa o carente de razonabilidad, lo que lleva a concluir la inexistencia de un acto ilegal o arbitrario, por lo que es innecesario efectuar un análisis sobre una posible vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por don Sebastián Caroca Colarte, abogado, en favor de doña nombre reservado y, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N.º 598-2025 Protección.