nombre reservado con A.F.P. HABITAT S.A.

Punta Arenas, veintitrés de julio de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones doña nombre reservado, Técnico paramédico, con domicilio en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra Administradora de Fondo de Pensiones Habitat.

Expresa que se desempeñó por más de 43 años y en forma ininterrumpida como técnico paramédico del Hospital Clínico de Magallanes, cumpliendo funciones en la gran mayoría de este extenso periodo en Laboratorio Clínico del Hospital Clínico Magallanes, decidiendo a sus 65 años de edad renunciar a su trabajo para acogerse al Incentivo al Retiro establecido en la Ley 20.921.

Refiere que, en el año 1982, cuando recién se implementaba el nuevo sistema previsional establecido por el D.L 3.500, tomó la equivocada decisión de traspasarse de la Caja de Empleados Públicos CANAEMPU a la AFP PROVIDA, donde cotizó por más de 35 años. En las orientaciones previas efectuadas por el Hospital del tema previsional, donde participan también representantes de las AFP como invitados a explicar el proceso de pensiones, tomó conocimiento que el documento fundamental para concretar el proceso de pensiones era la renuncia voluntaria tramitada en la Contraloría Regional de Magallanes y Antártica Chilena, que el área de recursos humanos del Hospital, en concordancia con la Ley 20.921, solicita hacer efectiva antes de terminar la relación laboral que en este caso, por una razón de lograr el mejor monto de incentivo al retiro, fijó de común acuerdo con su jefatura para el 31 de diciembre de 2019, vale decir renunció a contar del 1 de enero de 2020.

Señala que antes de terminar su relación laboral acudió a la Oficina de Recursos Humanos para consultar sobre la resolución de renuncia voluntaria, indicándosele que estaba en trámite de registro en la Contraloría Regional de Magallanes y Antártica Chilena, que estaría de vuelta a mediados de enero de 2020, y paralelamente antes de terminar la relación laboral concurrió a la AFP Hábitat, en donde le señalaron que era requisito sin ecua non contar con la renuncia voluntaria, para iniciar el trámite de pensión, lo que se logró concretar el día lunes 20 de enero de 2020, en que entregó copia de la renuncia voluntaria a contar del 1 de enero del año 2020, dando inicio al proceso de selección de modalidad de pensión.

Con posterioridad al 20 de enero de 2020, se tuvo que ausentar por razones familiares y de salud de la región, debiendo viajar a la Región de la Araucanía, retornando el 9 de marzo de 2020, concurriendo a su regreso a la AFP Hábitat con esa fecha, en que se solicita ofertas de pensión, las que se concretan el día 19 de marzo de 2020, en que se toma conocimiento que la modalidad de pensión de retiro programado, que es la opción elegida, le sería cancelada a contar del 20 de enero de 2020, y no de la fecha del día siguiente al cese de funciones, como lo establece el Compendio de Normas Pensiones, por lo que se solicitó al ejecutivo de la AFP que interpusiera un reclamo identificado con el CREC-306921, solicitando se pague la pensión desde el cese de servicio habida consideración que existían dos recursos de protección interpuestos en el mes de octubre y noviembre de 2019, que tuvieron sentencias favorables en favor de afiliados a la AFP Hábitat, en las mismas circunstancias.

Con fecha 27 de marzo de 2020, se reciben dos respuestas, a saber:

“Estimada Sra. nombre reservado:

Junto con agradecer su contacto con nuestra Unidad de Servicio al Cliente, le informamos que hemos recepcionado su consulta N° 7529999, ingresada el 20 de marzo, a través de nuestro sitio web.

Informamos que, su consulta web reclamo normativo ha sido rechazado ya que no corresponde a materia.

Respecto a la consulta que nos plantea: “Respecto al trámite de pensión efectuado ayer 19/3/2020, quiero ampliar reclamación efectuada, expresando mi disconformidad con la fecha a contar de la cual se efectuará el pago de mi pensión, que de acuerdo a la norma vigente ( Compendio de Normas de Pensiones vigente) debiera hacerse efectiva a contar del día siguiente del término de mi relación laboral (1/1/2020), y no de la fecha en que solicité la pensión (20/1/2020). Lo anterior de acuerdo a la normativa que respecto a la fecha de devengamiento de la pensión, establece para los trabajadores afectos a normas estatutarias especiales, que si presentó la resolución o finiquito de trabajo, la Administradora definirá cómo fecha de devengamiento de la pensión el día siguiente al de cese de funciones, lo que hizo cuando solicitó la pensión, en que presentó la resolución de renuncia voluntaria. Por tanto se solicita cancelar la pensión a contar del 1/01/2020 o indicar las razones del por qué no se paga de acuerdo a la normativa vigente.”

Al respecto adjuntamos respuesta a su consulta CREC-306921 enviada a su email el día de hoy 27/03, en referencia a la misma consulta que nos realiza.

Atentamente, Servicio de Información a Clientes AFP Hábitat.”

Acto seguido, el mismo día 27 de marzo de 2020, Habitat emite una segunda respuesta muy similar a la antes descrita que señala lo siguiente:

“Estimada Sra. nombre reservado:

Nos dirigimos a usted, con el propósito de entregar respuesta a su consulta, mediante la cual nos solicita que se pague la pensión desde el cese de funciones, debido que conoce la situación de otro afiliado a quien si se le pagó.

De acuerdo a lo solicitado, informamos que la pensión se paga desde que la suscripción se tramite o bien desde la Selección de Modalidad. No se pagan períodos anteriores a la fecha en que se acoge a pensión.

Es importante señalar que el caso que usted menciona, es un caso puntual y se encuentra fallado por la Justicia por recurso de protección.

Atentamente, nombre reservado

Jefe de la Unidad Área Soluciones al Cliente AFP Hábitat”.

Resume que ambas respuestas de la AFP Hábitat incumple abiertamente la normativa aplicable a los funcionarios públicos, respondiendo desde áreas distintas de la organización, con argumentos inconsistentes y contradictorios, que no se ajustan a la realidad y abiertamente contrarios a la normativa, que sólo pretenden justificar un incumplimiento de las instrucciones emanadas desde la entidad reguladora, que en su caso particular significó una menor percepción de $ 157.878.

Luego de hacer referencia a la procedencia de este recurso y que ha sido interpuesto dentro del plazo legal, expresa que la respuesta por parte de la recurrida es arbitraria porque carece de razonabilidad y es contraria a la justicia.

Señala que al ser dueña de sus ahorros previsionales es de toda lógica y justicia que decida retirarlo previa solicitud e incluso no siendo así y acogiendo la modalidad arbitraria e ilegal de la AFP que no accede a la solicitud de pagar conforme a la modalidad y texto legal expreso de la Normativa que regula el Sistema de Pensiones.

Hace referencia a jurisprudencia judicial de I. Corte de Apelaciones de Punta Arenas contenidas en las causas 2296-2019 y 2620-2019, establecieron sentencia favorables en dos situaciones similares que favorecieron a 2 ex afiliados de la AFP Hábitat, obligando a la mencionada AFP a pagar los saldos adeudados desde la fecha posterior al cese de servicio e inicio del período de pensión, consignando de que en ambos la actuación de dicha AFP derivó en acto ilegal pues contravino el ordenamiento jurídico en su conjunto al privar en ambos casos del derecho de goce de la propiedad.

Indica que no existe norma alguna en la Constitución Política de la Republica, especialmente en el artículo 19 Nº 18, como asimismo en el Decreto Ley 3.500 del año 1980 sobre el Sistema de Pensiones, que señale expresamente la prohibición retirar los ahorros previsionales o de la cual se pueda inferir algo así, e incluso retirando los fondos mediante el sistema inconstitucional que supone aceptar del D.L 3500, niegan expresamente entregarle su pensión en el plazo y forma que señala el Compendio de Normas Sobre esa base la Superintendencia de Pensiones, organismo regulador de este sistema, emitió el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, aprobado por Resolución Exenta N° 6, de fecha 18 de enero de 2011.

Esta normativa reguló lo relativo a la fecha de devengamiento de pensiones en el Capítulo IV, del libro III, título I, letra b), que textualmente indica lo siguiente:

1. Casos generales:

Los afiliados no afectos a normas estatutarias especiales, tendrán como fecha de devengamiento de su pensión de vejez, el día del cumplimiento de la edad legal o la fecha de la solicitud de pensión, según cual sea posterior.

No obstante lo anterior, el afiliado podrá optar porque sus pensiones se devenguen a contar de la fecha de la suscripción del formulario Selección de Modalidad de Pensión si la opción es Retiro Programado o del mes del traspaso de la prima, si la opción es Renta Vitalicia Inmediata, Renta Temporal con Renta Vitalicia Diferida o Renta Vitalicia con Retiro Programado. 2. Trabajadores afectos a normas estatutarias especiales:

La fecha de devengamiento corresponderá al primer día del mes subsiguiente a aquel de presentación de la solicitud de pensión o de cumplimiento de la edad legal, según cuál sea posterior.

No obstante lo especificado, si el afiliado presenta la correspondiente resolución o finiquito de trabajo, la Administradora definirá como fecha de devengamiento de la pensión el día siguiente al de cese de funciones, siempre que esta fecha no sea anterior al cumplimiento de la edad legal para pensionarse por vejez.

A su vez el mismo compendio define a quienes considera como trabajadores afectos a normas estatutarias especiales, señalando que se refiere a aquellos que están afectos al Estatuto Administrativo, contenido en el D.F.L. N° 2004, del Ministerio de Hacienda, que contiene el texto refundido de la Ley 18.834, norma legal que reguló su desempeño durante toda su vida laboral, el que en su artículo 146.- establece que “el funcionario cesará en el cargo por las siguientes causales:

b) Obtención de jubilación, pensión o renta vitalicia en un régimen previsional, en relación al respectivo cargo público.

Por su parte el artículo 149 de la misma norma legal señala que: “el funcionario que jubile, se pensione u obtenga una renta vitalicia en un régimen previsional, en relación al respectivo cargo público, cesará en el desempeño de sus funciones a contar del día en que, según las normas pertinentes, deba empezar a recibir la pensión respectiva”.

Como se puede apreciar la norma legal en este caso consigna claramente la incompatibilidad entre remuneración en el cargo público y pensión, y establece un ordenamiento secuencial respecto a que terminado de percibir la remuneración por el cargo público el servidor está en condiciones de obtener sin solución de continuidad, la retribución pecuniaria que le corresponda de acuerdo al régimen previsional por el cual cotizó siendo funcionario activo.

Afirma entonces, que todo lo indicado deja sin sentido y contenido real la argumentación de la AFP que el funcionario público para ser considerado como trabajador sujeto a normas estatutarias especiales debe hacer uso de este beneficio antes de terminar su período activo, ya que de hacerlo caería en abierta transgresión de la normativa indicada, además de dejar de percibir los incentivos al retiro que le corresponden a todos los funcionarios del sector público.

Asimismo, se ha pronunciado la Contraloría General de la República que en dictamen N° 101.864, del 28 de diciembre de 2015, ante consulta de la Superintendencia de Pensiones respecto a la fecha que se debe considerar como cese de funciones y el correspondiente devengamiento de pensión indicando “que su pensión debió concederse desde el día siguiente al término de sus servicios, puesto que tal como se indicara en el dictamen N° 53.338, de 2015, al tenor de lo previsto en el Capítulo IV, del Libro III, título I, letra B) del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones sobre -“Fecha de devengamiento de la pensión”-, tratándose de trabajadores sujetos a estatutos especiales, como es el caso (…), “ si el afiliado presenta la correspondiente resolución o finiquito de trabajo, la Administradora definirá como fecha de devengamiento de la pensión el día siguiente al de cese de funciones, siempre que esta fecha no sea anterior al cumplimiento de la edad legal para pensionarse por vejez”.

Todo esto ha vulnerado la garantía constitucional del artículo 19 N° 24, no permitiéndole usar, gozar y disponer de los ahorros previsionales de los cuales es dueño, privándola de esta forma totalmente de los atributos esenciales del dominio.

Finaliza solicitando se sirva tener por interpuesta la presente Acción Constitucional de Protección, en contra del acto arbitrario e ilegal, en atención a la respuesta negativa a la solicitud de que se le pague la pensión desde el 1 de enero al 19 del mismo mes por un monto de $ 157.878, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones HABITAT, admitirla a tramitación, y acogerla en definitiva en todas sus partes, restableciendo el imperio del derecho, declarando que se ha vulnerado su derecho de propiedad en los términos expuestos en el presente recurso, y ordenar en definitiva:

a) Declare que la conducta de la Administradora de Fondos de Pensiones HABITAT es ilegal y arbitraria, por privar, perturbar y amenazar sus derechos consagrados en la Carta Fundamental en el ejercicio legítimo de su garantía constitucional del Derecho de Propiedad;

b) Se ordene al recurrido que cese en su conducta ilegal y arbitraria restableciéndose el imperio del derecho en el sentido de que se ordene a la recurrida, en el más breve plazo, la entrega de los montos en dinero por concepto de pago de pensión cuyo monto asciende a la fecha de hoy a la suma de $ 157.878, más intereses y reajustes.

c) Se condene expresamente en costas a la recurrida.

Comparece recurrida ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. e informa.

Inicia su defensa exponiendo que el recurso de protección constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos claramente preexistentes y no discutidos, mediante la adopción de medidas urgentes de resguardo, que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, moleste o amague ese ejercicio.

Señala que AFP Hábitat no ha incurrido en acto u omisión alguna que implique para la recurrente haber sufrido privación, perturbación o amenaza de carácter arbitrario o ilegal de un derecho que le impida, moleste o amague su ejercicio. Por el contrario, la recurrente pretende ejercer por esta vía un derecho, cuyo ejercicio y características no le corresponden y no está concebido para situaciones como las que ella alega.

Por lo tanto, concluye en este punto, es improcedente reclamar por esta vía el derecho pretendido, y en el evento que existiera alguna duda o controversia respecto a si corresponde o no acceder a su solicitud requeriría de un juicio de lato conocimiento. Es necesario que quien la ejerza acredite ser titular de un derecho indubitado.

Continúa y señala que no se cumple tampoco con los requisitos de privación, desconocimiento o vulneración de su derecho de propiedad como pretende. Los fondos previsionales de la Sra. nombre reservado se encuentran en su cuenta individual, tal como lo ordena la Ley, y se entregan como pensión, en la forma y oportunidad dispuesta en la misma y en la normativa aplicable. Se ha ajustado estrictamente en todo momento a la ley y normativa siendo absolutamente improcedente calificar su actuación como arbitraria o ilegal.

Indica que la recurrente no era funcionaria pública ni estaba afecta a estatutos especiales cuando solicitó su pensión, que es el instante que determina la aplicación de la normativa dictada por la Superintendencia de Pensiones respecto a la fecha de devengo de su pensión, por lo cual se deben aplicar las reglas generales al respecto, y no las excepcionales o especiales aplicables solo a las personas que al momento de su solicitud de pensión sí estaban afectas a dichas normas especiales.

Estima como evidente que la norma que la recurrente pretende sea aplicada rige para personas que son funcionarios públicos cuando solicitan su pensión y no para los que dejaron de serlo, ya que el objetivo de la misma es que, ante casos en que la solicitud de pensión sea presentada con anterioridad al cese de funciones, y por tanto el funcionario está sujeto a normas estatutarias, no perciba pensión y renta para un mismo periodo de tiempo de forma simultánea.

Las fechas de devengo de las pensiones siempre son las de la Solicitud, o con posterioridad a ella en el caso de quienes son funcionarios públicos cuando piden pensionarse, considerando las incompatibilidades que existen para dichos empleados a quienes no les está permitido continuar con sus funciones si se pensionan. Por eso, en tal caso, la pensión se paga desde el cese de funciones, esto es, después de la fecha de la solicitud, nunca antes de ésta como alega la Sra. nombre reservado.

Luego, detalla los siguientes hechos:

a) La recurrente está afiliada al sistema de pensiones regulado por el D.L. 3.500 desde el 8.10.1981. Con fecha 1 de marzo de 2017 se afilió a Hábitat. El 2.12.2014 cumplió la edad legal para pensionarse por vejez (60 años).

b) El 1 de enero de 2020, cesó en sus funciones, conforme a Resolución Exenta RA N°110737/5904/2019, de 17.12.2019, en la cual se acepta su renuncia como empleada pública del Hospital Clínico de Magallanes Doctor Lautaro Navarro Avaria, que acompaña.

c) El 20 de enero de 2020, esto es después de haber dejado de ser funcionaria pública, presentó su Solicitud de Pensión de Vejez Edad, en la Sucursal Punta Arenas. Conjuntamente con ello, presentó el Decreto de Cese de Funciones a contar del 01.01.2020.

Por lo tanto, es evidente que cuando solicitó su pensión ya había dejado de ser funcionaria pública, por lo cual no estaba afecta a normas estatutarias especiales.

A mayor abundamiento, en la respectiva Solicitud, declaró no estar afecta al estatuto administrativo o leyes N°18.883, 19.378 o artículo 332 N°6 del Código Orgánico de Tribunales, según consta en documento que acompaña. Esta declaración coincide con el Decreto de cese de funciones acompañado por la propia afiliada.

d) Con fecha 21.01.2020 se emitió el Certificado de Saldo el cual Sra. nombre reservado retiró desde la Sucursal el 30.01.2020. Con esa misma fecha se informó al Sistema de Consultas y Ofertas de Montos de Pensión.

e) El 30 de enero de 2020, la afiliada realiza su primera Solicitud de Ofertas en SCOMP.

f) El 9 de marzo de 2020, la recurrente presenta su segunda Solicitud de Ofertas en SCOMP.

g) El 19 de marzo de 2020 la Sra. nombre reservado A. selecciona su Modalidad de Pensión, optando por Retiro Programado en AFP Hábitat.

Citando artículos del Decreto Ley 3.500 y del Estatuto Administrativo, afirma que cada vez que la Administradora recibe una Solicitud de Pensión de un funcionario público, está obligada a comunicar este hecho a su empleador. Una vez avisado el empleador, éste puede cesar al trabajador con lo cual esa fecha de cese, si es posterior al cumplimiento de la edad para pensionarse, será la del inicio de devengo de la pensión.

Es sólo ésta la forma en que un funcionario público (no un ex funcionario público) puede lograr la retribución pecuniaria sin solución de continuidad que alega la recurrente. Esta se produce cuando un funcionario público solicita su pensión y luego, cesa en sus funciones y empieza en ese momento a recibir el pago de su pensión. No puede pretenderse que se retrotraigan los efectos de una solicitud de pensión de un ex funcionario público, que ya dejó de serlo cuando solicita su pensión.

Así es como el 1 de abril 2020 se realiza el primer pago de pensión con fecha de devengo el 20 de enero de 2020, lo cual corresponde a la fecha en que presentó su Solicitud de Pensión con la cual esta se tramitó.

Esta fecha de devengo de pensión es la que se aplica como regla general para todos los pensionados para determinar la fecha de inicio de pago de sus pensiones, conforme a la normativa de aplicación obligatoria para las Administradoras de Fondos de Pensiones, como se detallará más adelante.

En efecto, no habiendo duda que cuando presentó su Solicitud de Pensión de Vejez, la recurrente ya no era funcionaria afecta a normas especiales, se determina que la fecha a contar de la cual devenga su pensión corresponde a la de su Solicitud, conforme a las reglas generales que establece la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

Transcribe las normas del Compendio aplicable en la especie, y expresa que es evidente que la definición respecto a qué tipo de trabajador es el que solicita la pensión, debe realizarse precisamente en el momento de Solicitar la pensión y en ningún caso con posterioridad. Si así no se hiciera, se llegaría al absurdo de que una persona que fue funcionaria pública y dejó de serlo en cualquier momento, tendrá definida como fecha de devengo de su pensión aquella en que dejó de ser funcionario público. Simplemente eso no resiste análisis.

Por lo tanto, la norma que sirve de base para el argumento de la recurrente está fuera de contexto y es más, si se aplicara como ella señala, estaría atentando contra la igualdad ante la Ley al establecer un privilegio para cualquier persona que en algún momento estuvo afecto a normas estatutarias especiales y dejó de serlo. Le bastaría con acompañar el cese de sus funciones y su pensión se debería retrotraerse en su devengo a contar de esa fecha.

En cuanto al derecho de propiedad que la recurrente afirma se le ha vulnerado, señala que en ningún caso ha existido acto u omisión arbitraria alguna que le haya hecho sufrir de privación, perturbación o amenaza respecto de su derecho de propiedad ni de ningún otro. La reiterada jurisprudencia emitida recientemente por los tribunales de justicia, coincide en que el derecho de propiedad de los fondos de los afiliados está supeditado a su único objetivo de otorgar pensiones, las que deben entregarse conforme a la legislación y normativa aplicable.

Son por lo tanto abiertamente contrarias a derecho las expresiones de la recurrente en cuanto a la inconstitucionalidad que significaría apegarse estrictamente a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico como en todo momento lo ha hecho AFP HABITAT.

Finaliza solicitando el rechazo en todas sus partes el recurso interpuesto por carecer de fundamentos legales, con expresa condenación en costas.

Se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

SEGUNDO: Que, sobre la declaración de improcedencia de la acción y según se lee en el propio recurso, son alegaciones que dicen con el fondo de lo debatido, por lo que dicha alegación será desestimada, estándose a lo que se resuelva.

TERCERO: Que, en cuanto al fondo, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por la recurrente, lo hacen consistir en que la recurrida estableció como fecha de devengo de su pensión a contar de la fecha de presentación de la solicitud de la pensión, esto, es el día 20 de enero de 2020, infraccionando lo dispuesto en el numeral 2, del Libro Tercero, Título I, del Compendio de Normas del sistema de Pensiones, privándolo de su derecho de propiedad.

CUARTO: Que, la recurrida evacuó informe al tenor de lo expuesto en la parte expositiva del presente fallo.

QUINTO: Que, según los términos del recurso y su contestación no ha resultado controvertido que efectivamente la actora cumplió 65 años de edad el 2 de diciembre de 2014; que prestó servicios en el grado 11°, Escala Única de Sueldos de la Planta Técnico, con jornada de 44 horas semanales, del Servicio de Salud de Magallanes, cesando en sus funciones a contar del 01 de enero de 2020 y que con fecha 20 de enero de 2020, presentó su solicitud de pensión de vejez ante la Administradora recurrida.

SEXTO: Que, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones en el Libro Tercero, Título I, dispone que “1. Casos generales. Los afiliados no afectos a normas estatutarias especiales tendrán como fecha de devengamiento de su pensión de vejez, el día del cumplimiento de la edad legal o la fecha de la solicitud de pensión, según cual sea posterior.

2. Trabajadores afectos a normas estatutarias especiales. La fecha de devengamiento corresponderá al primer día del mes subsiguiente a aquel de la presentación de la solicitud de pensión o de cumplimiento de la edad legal, según sea posterior.

No obstante lo especificado, si el afiliado presenta la correspondiente resolución o finiquito de trabajo, la Administradora definirá como fecha de devengamiento de la pensión el día siguiente al de cese de funciones, siempre que esta fecha no sea anterior al cumplimiento de la edad legal para pensionarse por vejez.”

SEPTIMO: Que, entonces, resulta indubitado que la actora se encuentra en la última de las hipótesis señaladas en el número 2 del citado compendio, toda vez que cesó en su funciones el 01 de enero de 2020, con posterioridad al cumplimiento de la edad legal para pensionarse y acompañó a su solicitud de pensión la resolución que dispone el cese de sus funciones, por renuncia voluntaria, a contar del 31 de diciembre de 2019, correspondiéndole entonces, el devengamiento de su pensión de vejez, el día siguiente al de cese de funciones.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el establecimiento como fecha de devengamiento de la pensión de vejez el día siguiente de la presentación de la solicitud de pensión que ha informado la AFP Habitat, deviene en ilegal, por cuanto se aparta del texto expreso de la ley y, además, en arbitraria, al establecer un requisito no contemplado en la norma, esto es, que al momento de la solicitud de la pensión se encuentre todavía en servicio. En ese mismo sentido, ha privado la recurrida del derecho de propiedad a la recurrente sobre los estipendios que le correspondía percibir por concepto de jubilación.

NOVENO: Que las conclusiones precedentes, permiten dar por establecido que el actuar de la recurrida ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, toda vez que se le ha privado del derecho al pago que le corresponde por concepto de pensión de vejez, de manera que esta situación debe ser corregida por la vía de acoger la presente acción cautelar y disponer las medidas correctoras que se dirán en lo resolutivo.

DECIMO: Que, en igual sentido se ha fallado por esta Corte en las causas roles 2296-2019 de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve y 2620-2019 de fecha dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, sobre recurso de protección.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado contra de la Administradora de Fondo de Pensiones Habitat S.A., disponiéndose la siguiente medida:

a.- Que deberá procederse el pago de la pensión de vejez que se devenguen desde el 01 de enero y hasta el 19 de enero de 2020.

Redacción de la Ministra Srta. San Martín.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº 598-2020-PROTECCIÓN.