Protección contra Sindicato de Empresas de Servicios Generales

nombre reservado, cinco de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, y nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, quienes deducen recurso de protección en contra del Sindicato de Empresas de Servicios Generales, nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, fundado en el carácter ilegal y arbitrario de la decisión de la directiva sindical que resolvió su desafiliación, medida que califican como una expulsión encubierta, adoptada sin respetar las garantías del debido proceso y en infracción a los estatutos sindicales.

Exponen en síntesis y como antecedentes del recurso que el conflicto se origina en el contexto de una discusión sindical relativa a la política de implementación de uniformes impulsado por la empresa Falabella y respecto de la cual se realizaron asambleas y gestiones internas durante el mes de agosto de 2025.

Indican que al efecto y con fecha 13 de octubre de 2025, en el marco de una reunión sindical, la directiva anunció que se procedería a desvinculaciones por filtrar información en materia de la señalada política. Agregan que esta declaración formulada en términos de amenaza se reveló días después como el preámbulo de una purga interna planificada.

Así señalan que el 24 de octubre fueron convocadas a la oficina de la Directiva, siendo notificadas de la expulsión del sindicato, bajo el cargo de haber “filtrado información” a la empresa, sin precisar hechos concretos ni pruebas específicas. Indican además que en esa oportunidad se les hizo entrega de una carta, fechada con ocho días de antelación, esto es, con fecha 16 de octubre de 2025, en que se les notificaba de dicha medida. La carta estaba firmada por la presidenta, tesorera y secretario del sindicato y en ella se les comunicaba la desafiliación inmediata, señalando que se trataba de una causal estatutaria que no admitía reincorporación futura. En relación a la fecha anterior exponen que ello daba cuenta de una decisión unilateral ya tomada.

Consignan desde el punto de vista jurídico que dicha medida constituye una expulsión encubierta, pese a denominarse “desafiliación”, con efectos gravemente lesivos para sus derechos sindicales.

Agregan que se vulnera el derecho al debido proceso, al no haberse seguido un procedimiento racional y justo, sin formulación de cargos claros ni posibilidad real de defensa y que se infringen los estatutos del sindicato, en particular las normas que reservan a la asamblea la adopción de sanciones graves y que garantizan el derecho a defensa del afiliado.

Exponen que la actuación sindical resulta arbitraria, al fundarse en imputaciones genéricas, sin prueba, y desproporcionadas, al aplicar la sanción más gravosa posible y que esa actuación vulnera disposiciones constitucionales, entre ellas las garantías del derecho al debido proceso, derecho a la vida privada y honra y protección de datos personales, además de normas estatutarias.

Finalizan requiriendo se declare la nulidad de la medida de expulsión por infracción de normas constitucionales y estatutarias; que se condene a la directiva sindical a entregar disculpas públicas formales por difamación a su honra, al ligarlas a una supuesta filtración de información que no se acreditó.

Informa el recurrido Sindicato nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso.

Al efecto señala en primer término, que las recurrentes ya se encuentran afiliadas a otro sindicato de trabajadores que pertenece igualmente a la empresa Falabella, por lo que se entiende que las recurridas han manifestado su intención expresa de no querer volver a afiliarse al sindicato.

Alega la improcedencia del recurso de protección para conocer de materias propias del derecho colectivo del trabajo.

Expone en lo principal que el recurso de protección está siendo utilizado como un sustituto procesal de acciones laborales específicas, existiendo procedimientos idóneos ante los Juzgados del Trabajo, conforme a los artículos 420 y siguientes del Código del Trabajo, tales como las acciones por prácticas antisindicales y tutela laboral.

Prosigue consignando que no existe un derecho indubitado y preexistente de las recurrentes que pueda ser protegido por esta vía cautelar y que la controversia en cuestión requiere declaración de derechos.

En cuanto al fondo expone que las recurrentes fueron desafiliadas, no expulsadas, en estricto cumplimiento de los estatutos sindicales, específicamente del artículo 30 inciso cuarto, que contempla como causal de desafiliación la filtración de información tratada en asambleas.

Añade que la decisión fue adoptada por la directiva, órgano estatutariamente competente, sin requerir acuerdo de la asamblea, facultad que no ha sido objetada por la Dirección del Trabajo y que existen antecedentes concretos que acreditan la filtración de información a la empresa, lo que fue constatado tras la Asamblea Extraordinaria de fecha 13 de octubre de 2025.

Cita que las recurrentes además, se afiliaron posteriormente a otro sindicato de la empresa, lo que evidencia su falta de interés en reincorporarse al sindicato recurrido.

En función de lo anterior afirma que no se ha vulnerado el derecho al debido proceso ni ninguna otra garantía constitucional, pues no existe un juicio ni sanción penal, sino la aplicación de una medida disciplinaria interna, conforme a estatutos válidamente aprobados y registrados ante la Dirección del Trabajo, solicitando en consecuencia el rechazo del recurso en todas sus partes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata por consiguiente, de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, vale decir, que se encuentre en posición y condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que en ese orden de ideas se precisa que el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por las recurrentes, se corresponde con la decisión de la directiva sindical de la organización de que formaban parte, tomada con fecha 24 de octubre de 2025 y mecanismo a través del cual se les notificaba de la determinación de proceder a su desafiliación o expulsión de la misma, en razón de una imputación de filtrar información.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que examinado el recurso y los antecedentes que lo informan, se puede advertir que el objeto de la discusión, esto es, la potencial afectación de los derechos sindicales de las recurrentes y derivada de la medida de expulsión o desafiliación tomada por la organización sindical de que formaban parte, se corresponde con una materia entregada en cuanto al fondo y la forma a la competencia declarativa de los juzgados del trabajo, de tal suerte que la vía jurisdiccional elegida, en la especie un recurso de protección, no es la vía idónea para ello.

SEXTO: Que a mayor abundamiento además, y dada la circunstancia sobreviniente y posterior a los hechos de aparecer ambas recurrentes afiliadas a otra organización sindical, se precisa que la acción de protección ha incurrido también en falta de oportunidad.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por las recurrentes nombre reservado y nombre reservado, en contra del Sindicato de Empresas de Servicios Generales, nombre reservado.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Osvaldo Oyarzun Miranda.

Se deja constancia que no firma la Ministra Sra. Caroline Turner González, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse con permiso conforme lo dispone el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N°593-2025.PROTECCIÓN.