nombre reservado con BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Punta Arenas, trece de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparecen ante esta Corte de Apelaciones, nombre reservado, C.I. RUT reservado, chilena, divorciada, de profesión ganadera y nombre reservado.I. RUT reservado, chilena, divorciada, ganadera, ambas domiciliadas para estos efectos en domicilio reservado, Punta Arenas e interponen acción de protección en contra del Banco Del Estado De Chile, empresa autónoma del Estado del giro de su denominación RUT RUT reservado, representada por su Subgerenta General, doña nombre reservado, chilena, o por quien en ese momento ejerza el cargo, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

Refiere que su hermano, el causante nombre reservado, RUT RUT reservado, y la Sra. nombre reservado, RUT RUT reservado, también fallecida, mantenían una Cuenta Corriente Bipersonal Nº [cuenta reservada], en el Banco Estado y a la fecha de su fallecimiento, dicha cuenta bancaria ascendía al monto de $61.557.726.- Expone que su parte ha cumplido con tramitar la posesión efectiva, individualizando la mitad de los fondos de dicha cuenta, la que se encuentra concedida mediante resolución exenta Nº 1819 del Registro Civil, de fecha 12 de julio de 2022, publicada el 15 de julio de 2022, en Diario El Pingüino. Todo aquello de conformidad a las propias Circulares Nº 19 de 2004, modificada por Circular Nº 33 de 2021, del Servicio de Impuestos Internos, que en lo pertinente indican que si fallece uno de los dos titulares de una cuenta bipersonal, los fondos se considerarán del patrimonio exclusivo del sobreviviente, hasta concurrencia de 5 Unidades Tributarias Anuales (UTA) y que el saldo sobre ese monto, si existe, pertenecerá por partes iguales al otro depositante y a los herederos del fallecido.

En virtud de aquello, entiende que el saldo de la cuenta debe distribuirse entre los herederos de la sucesión de su hermano, Sr. nombre reservado, sucesión que está compuesta por ambas recurrentes, y a su vez, por quien represente los derechos de la sucesión de la Sra. nombre reservado, con quienes no mantienen contacto alguno.

Manifiesta que se ha solicitado se le entregue el dinero depositado conforme el artículo 37 de la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile, D.L. Nº 2.079 de 1977, ya que la norma en específico, no distingue según si son operaciones de ahorro, cuentas corrientes, cuentas en dólares, solamente señala “cuenta bipersonal”, independientemente de su ubicación en el párrafo Segundo, y teniendo presente que en ninguna otra parte del cuerpo que informa la regulación del Banco, existe otra disposición que regule las cuentas bipersonales, por lo que su aplicación resulta plenamente aplicable en la especie.

Al momento de solicitar los fondos, de manera verbal, la recurrida les ha indicado que el Banco “no entrega cantidades de dinero a cada persona”, y que “procederá a liberar un solo pago, por el total, al conjunto de herederos que comprendan la cuenta bipersonal”, e igualmente que “la regulación del artículo 37 es solo para las operaciones de ahorro y no las cuentas corrientes”, negándose a entregarles la mitad de los fondos que les corresponden como herederas.

Aclara que la sucesión de doña nombre reservado, se encuentra actualmente en litigio judicial en autos ROL C-1656-2022, del Segundo Juzgado de Letras de Punta Arenas, en autos caratulados “nombre reservado con nombre reservado”, en que se impugna la validez un contrato de fideicomiso del segundo titular de la cuenta bipersonal, sin que en dicha causa se haya dictado sentencia definitiva aún, por lo que no resulta posible, aún, comprobar que con quien se coordinen estas acciones. Agregan que el Sr. nombre reservado ha intentado inscribir su fideicomiso, ante el Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas, lo que habría sido negado por éste con fecha 01 de febrero de 2022, aduciendo, entre otras cosas el Sr. nombre reservado, que la condición sobre la que pendía el fideicomiso del Sr. nombre reservado y la Sra. nombre reservado ya se habría materializado al momento de suscribirse dicho contrato.

En el intervalo que ambas situaciones se mantienen indeterminadas, nada pueden hacer, materializándose un escenario de incertidumbre y perjuicio, dado que de seguir la lógica expuesta, y prolongándose aquella por más de 5 años, luego su misma institución podría negarse a erogar dichos fondos, acusando la prescripción de las acciones.

Además, no consta que dicha sucesión y/o su fideicomisario hayan efectuado la posesión efectiva en la respectiva proporción que le corresponden en sus fondos.

Aclara que tras sucesivos requerimientos, fue respondida su consulta mediante correo electrónico de 18 de enero de 2024, suscrito por don nombre reservado, Abogado Externo del Banco Estado de Magallanes en la cual se le expone que : “conforme a la normativa interna del Banco del Estado de Chile, específicamente el "Protocolo para Entrega de Fondos del Cliente Fallecido", el pago debe realizarse a todos los herederos de los titulares, de forma conjunta, en un solo acto, debiendo estos comparecer al pago de forma personal o representados.”

Sostiene que la recurrida no puede asilarse en instrumentos de su propia autoría, para vedar el pleno ejercicio de las acciones derivadas del Dominio, y en particular, la facultad de poder girar y disponer de los fondos.

Aclara que desconocen, la existencia y oponibilidad de algún protocolo, ni en qué parte de éste se faculta el Banco, asimismo, para denegar la entrega de fondos de su propiedad. El “protocolo” y la “normativa interna” enunciados como fundamento del Banco recurrido, para no acceder a la entrega de los fondos, no pueden subsistir y prevalecer por sobre el Derecho de Dominio, consagrado en el artículo 19nº24 de la Constitución Política de la República.

Reiteran que la situación denunciada las mantiene angustiadas, más aún, porque la recurrida aprovecha esta interpretación para retener sus fondos, suponemos, con la finalidad luego de apropiarse de los mismos, mediante prescripción extintiva, de conformidad al artículo 156 de la Ley General de Bancos.

Solicita se acoja la acción y se ordene a la recurrida autorizando la liberación de los fondos correspondientes al 50% de los fondos que le corresponden a la sucesión de su hermano fallecido, nombre reservado, RUT RUT reservado, en la Cuenta Corriente Bipersonal Nº [cuenta reservada], en el Banco Estado, además del pago de las costas del recurso.

Acompañan, posesión efectiva de don nombre reservado, RUT RUT reservado, contrato de fideicomiso de nombre reservado, RUT RUT reservado, presentación de las recurrentes ante el Banco Estado, y correo electrónico de abogado del Banco Estado de fecha 18 de enero de 2024.

Posteriormente acompañan ebook de las causas a las que hacen referencia en su acción.

Informa nombre reservado Oyarzun, abogado, por la recurrida Banco del Estado de Chile, solicitando el rechazo del recurso.

Reconoce que Banco Estado, en varias oportunidades ha sido consultado y requerido del pago de diversos fondos quedados al fallecimiento del cliente don nombre reservado, RUT RUT reservado, relativos a varios productos que el causante mantenía, los que en definitiva han concluido con resultados favorables y en beneficio de sus herederas, las recurrentes.

No obstante, lo anterior, el problema siempre ha radicado en la existencia de una cuenta corriente bipersonal que el causante mantenía con doña nombre reservado, RUT RUT reservado.

Aclara que en ningún momento se ha negado a entregar los dineros quedados al fallecimiento de don nombre reservado, sino que únicamente se ha limitado a informar a las interesadas por diversas vías los requisitos necesarios que deben acreditar para proceder al cobro de los dineros reclamados, solicitando en consecuencia, que se le indique formalmente quiénes son los herederos de los causantes (de la cuenta corriente bipersonal) y cuya acreditación es responsabilidad exclusiva de los interesados y no del Banco recurrido.

Agrega que a la fecha tampoco existe un requerimiento formal de pago efectuado por todos los herederos de los cotitulares de la cuenta corriente bipersonal, tendiente a obtener los fondos de los Sres. nombre reservado y nombre reservado, y que motiven a que la Fiscalía o el Departamento Legal del Banco Estado, autoricen la entrega de los dineros conforme el procedimiento establecido para ello.

Entiende que al indicarse por su parte los requisitos necesarios para el cobro solicitado, no ha existido hasta el momento, falta o abuso alguno que implique un actuar arbitrario y/o ilegal, ni mucho menos una vulneración de la garantía consagrada en el Número 24° del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República.

Manifiesta que le resulta ilógico el argumento de las recurrentes cuando alegan que su representado las fuerza a comunicarse con terceros desconocidos para obtener los fondos reclamados cuando esto es más que lógico, toda vez que existen en la actualidad una comunidad de bienes entre ambas sucesiones. Además, al indicar el procedimiento por el cual se entregan los dineros reclamados, solo se ha limitado a aplicar las normas atingentes al caso de autos, y que en ningún momento implican una negativa a entregar los dineros. El procedimiento para el cobro es claro y objetivo, por lo que deben concurrir la totalidad de los sucesores de los cotitulares de la cuenta corriente bipersonal, personalmente o representados, y la entrega se realiza a todos estos en un solo acto.

Sostiene que al Banco del Estado de Chile en ningún caso le corresponde conocer, ponderar y juzgar, las relaciones internas entre los titulares, cotitulares y sus sucesiones, que poseen sus diversos clientes, siendo estos un aspecto subjetivo, personal y privado de cada uno de ellos, por lo que el procedimiento para entregar los fondos quedados al fallecimiento de estos deben en todo momento, poseer un carácter formal, objetivo y ajustado a la ley, con la finalidad única de resguardar tanto sus propios intereses, como institución depositaria de los fondos, como también los intereses de sus clientes.

Da cuenta que el artículo 37 de la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile se aplica única y exclusivamente a las Cuentas de Ahorro, siendo a su juicio el razonamiento efectuado por las recurrentes una forzada interpretación de la norma, bastante antojadiza y acomodaticia en su favor, la cual solo intenta justificar el reclamo que acusan las actoras para efectos de así obtener el cobro de su parte en la referida cuenta. Aquello porque, en primer lugar, desconocen la geografía de la Ley referida, dejando entrever que sus normas son aleatorias, carente de coherencia entre ellas, toda vez que se tratarían de artículos aislados que al parecer debieran ser considerados de forma exclusiva dependiendo del caso en estudio. Circunstancia que de ser posible, permitiría incluso, que una institución bancaria privada pueda invocar la Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile para operar con una cuenta bipersonal, lo que lógicamente no corresponde puesto que su utilización debe ser restrictiva al Banco del Estado de Chile y siempre en coherencia con la totalidad de la norma.

Por otro lado, tal como mencionan las recurrentes en su recurso, la existencia, validez y efectos del referido Fideicomiso, en relación a la cotitular de la cuenta, en la actualidad se encuentran en discusión en los Tribunales de Justicia de nuestro país por lo cual, malamente podría Banco Estado darlo por cierto y válido, cuando además en el Fideicomiso no existe una debida especificidad respecto de ellos. Así, la aceptación de este como un antecedente justificativo del cobro de los fondos existentes en la cuenta corriente bipersonal, es a su juicio, al menos confusa, por lo cual se ven en la necesidad de requerir los antecedentes objetivos necesarios para su cobro, es decir, acompañar la posesión efectiva de ambos causantes, los antecedentes relativos al impuesto a la herencia, etc.

Tampoco califica de suficiente el argumento utilizado por las recurrentes relativa a los 05 años de la prescripción de acciones, por cuanto, no se puede desprender que este es un actuar imputable al Banco del Estado de Chile, toda vez que en la actualidad la imposibilidad de entregar los fondos deriva de la aparente descoordinación y escasa comunicación existente entre ambas sucesiones. Circunstancia que, es en todo momento irrelevante para el Banco siendo esta una labor que al recurrido no le corresponde realizar.

Arguye que no existe ausencia de fundamento normativo, toda vez que los argumentos expuestos por la recurrida han derivado en todo momento de las normas relativas a la comunidad de bienes, normas de derecho sucesorio, entre otras, por lo cual si bien, a las recurrentes no se les ha entregado el citado “protocolo”, estos se pueden inferir de un entendimiento lógico de nuestro derecho común.

Acompaña en su informe, escritura Pública de Fideicomiso suscrita el 13 de Diciembre del 2019, en la Notaria de Punta Arenas de don nombre reservado, Repertorio Nº 4.736, inscripción de Fojas 1.115 Nº 960 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas del año 2020 y escritura Pública de Disolución y Liquidación de Sociedad de Hecho, suscrita el 30 de Junio de 2023, en la Notaría de Punta Arenas de don nombre reservado, Repertorio Nº 2.036 Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por las recurrentes lo hacen consistir en la negativa de la recurrida relativa a la entrega de la proporción que les corresponde respecto de los dineros que se encuentran en la institución recurrida, en una cuenta corriente bipersonal que su hermano (causante) nombre reservado, mantenía con nombre reservado, quien también se encuentra fallecida.

CUARTO: Que, al evacuar su informe la recurrida insta por el rechazo del recurso, en virtud de lo referido en la parte expositiva de la sentencia.

QUINTO: Que para resolver el recurso de autos corresponde establecer que no es un hecho controvertido que efectivamente existe esta cuenta bipersonal, lo que conforma una comunidad sobre la misma entre las recurrentes, herederas de nombre reservado y los eventuales herederos de la co-depositaria del dinero.

SEXTO: Que del análisis de los antecedentes presentados, lo expuesto por el recurrido, y la normativa vigente, se puede concluir que la actuación del Banco no muestra signos de arbitrariedad o ilegalidad. La institución financiera se ha adherido a los principios de legalidad y seguridad jurídica, actuando en consonancia con las disposiciones legales pertinentes. En este sentido, la información otorgada por el Banco para permitir el acceso a los fondos no constituye una infracción a los derechos del recurrente, sino más bien una observancia de las normas aplicables en materia sucesoria, más si se considera que no ha existido de parte de la recurrida una negativa explicita a entregar los montos referidos por las recurridas, limitándose solamente a otorgar información del procedimiento y documentación necesaria para la liberación total de aquellos.

SEPTIMO: Que, así las cosas, la doctrina y jurisprudencia han establecido que para que proceda un recurso de protección debe evidenciarse una acción u omisión arbitraria o ilegal que afecta derechos fundamentales. En el presente caso, la conducta del Banco no se ajusta a dicha categorización, ya que se encuentra fundamentada en la necesidad de respetar los procesos legales establecidos, y proteger los intereses de todas las partes involucradas en la comunidad hereditaria.

OCTAVO: Que, desde otra perspectiva, preciso es consignar que el artículo 37 del Decreto Ley Nº 2.079 de 1977, Ley Orgánica del Banco Estado de Chile, establece que “En caso de fallecimiento del titular de una cuenta, sus herederos podrán retirar estos depósitos hasta concurrencia de cinco sueldos vitales anuales de la Región Metropolitana Santiago o su equivalente en moneda extranjera, sin necesidad de posesión efectiva de la herencia ni de justificar el pago o exención del impuesto que pudiera afectarle. Bastará en este caso la presentación de los respectivos comprobantes de estado civil”.

En virtud de los argumentos presentados, se concluye que no se han satisfecho los requisitos para acoger el recurso de protección interpuesto por las recurrentes. La ausencia de una acreditación clara y fehaciente de un derecho indubitado sobre los fondos, junto con la falta de una actuación arbitraria o ilegal por parte del Banco, y la naturaleza propia del recurso de protección, llevan a determinar que el recurso no es el medio adecuado para resolver la disputa planteada, tomando en cuenta, además, que no se acompañó a los antecedentes la posesión efectiva a la que se hace referencia por las recurrentes.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso interpuesto por nombre reservado y nombre reservado en contra del Banco del Estado de Chile, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°59-2024- PROTECCIÓN