ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO NATALES CONTRA EMPRESA ELECTRICA DE MAGALLANES S.A.

Punta Arenas, treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones la abogada María Loreto Moraga Pinda, en representación de la Municipalidad de Natales, rol único tributario N°69.250.100-4, a su vez representada por su Alcaldesa Antonieta Oyarzo Alvarado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Empresa Eléctrica de Magallanes, rol único tributario 88.221.200-9, persona jurídica del giro de su denominación y en contra de don nombre reservado, subgerente comercial y servicio a clientes, cédula nacional de identidad RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, en relación al oficio EEMG N°1020/2024-G de fecha 03 de diciembre de 2024, mediante el cual informan que procederá al corte de suministro eléctrico en distintos lugares de la ciudad de Puerto Natales, solicitando se declare el acto impugnado es ilegal y arbitrario, ordenando que se deje sin efecto, restableciendo así el imperio del derecho, cesando de esta manera la afectación y la amenaza al legítimo ejercicio de los derechos fundamentales afectados, o las medidas que estime pertinentes.

Explica que el día 03 de los corrientes recibieron el oficio aludido, donde se le comunica que a partir del día siguiente se realizará el corte de suministro eléctrico en distintos puntos de la ciudad, incluyendo plazoletas, alumbrado público en diversos sectores y la avenida Costanera de la ciudad, lo que se hará de manera paulatina hasta el día 16 de diciembre del presente; ello debido a que la empresa ha intentado resolver mediante alternativas de pago y/o suscripción de convenios, pero no ha habido una respuesta favorable de la Municipalidad; lo que reconoce, pues la empresa hizo llegar una propuesta de pago mediante su oficio EEMG N° 991 de 18 de noviembre de 2025[2024]; la que fue sometida a votación del Concejo Municipal en la sesión N° 141 de 27 de noviembre del año en curso, sin embargo no se logró el quórum legal para autorizar la suscripción del convenio, acordando en dicha instancia que el tema debía pasar a conocimiento de la nueva administración y concejo municipal, que comenzaran sus funciones el viernes 06 de diciembre y realizarán su primera sesión ordinaria el día 09 de diciembre próximo.

Añade que es un requisito legal que el concejo autorice a la primera autoridad edilicia a suscribir convenios por montos superiores a las 500 unidades tributarias mensuales, y que, además, al superar el período alcaldicio en que se aprobará dicha suscripción requiere un quórum especial de 2/3 del concejo, superior al quórum ordinario de mayoría absoluta. El no contar con dicha autorización, hace que una eventual suscripción de convenio nazca con un vicio de nulidad absoluta.

Hace presente que la administración abonó, con fecha 08 de noviembre, un monto de $100.000.000 a la deuda que se mantiene con EDELMAG, por lo que su actuación carece de toda racionalidad.

Reconoce que el artículo 141 de la Ley General de Servicios Eléctricos autoriza al corte del suministro por deudas impagas, sin embargo, el artículo 147 el decreto supremo N° 327 del Ministerio de Minería que fija el Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos dispone que el concesionario podrá suspender el suministro en caso que un servicio se encuentre impago, derecho que sólo podrá ejercerse después de haber transcurrido 45 días desde el vencimiento de la primera boleta o factura impaga y si no efectúa la suspensión del servicio por esta causal antes de la emisión de la siguiente boleta o factura, las obligaciones por consumos derivadas del servicio para con la empresa suministradora que se generen desde la fecha de emisión de esta última boleta o factura, no quedarán radicadas en el inmueble o instalación. En consecuencia, al no haber ejercido el derecho de suspensión de consumo eléctrico en dicha oportunidad, las obligaciones ya no se encuentran radicadas en las instalaciones, por lo que, actualmente, no se verifica la hipótesis que permite realizar el mencionado corte de suministro, por lo que la actuación de EDELMAG resulta ser ilegal.

Añade que la misma discusión se mantiene en la actualidad, en la causa rol C-321-2024 del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales.

Refiere que la decisión de la recurrida es arbitraria, pues ambas disposiciones establecen expresamente la obligación de fundar y motivar las actuaciones y resoluciones de los órganos del Estado.

Destaca que la Municipalidad ha realizado esfuerzos económicos para abonar a la deuda que se mantiene con EDELMAG, toda vez, como es de conocimiento de esta Corte, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, retuvo la suma de $1.267.541.928.- de un momento a otro, mermando sus arcas fiscales en un tercio del presupuesto 2024 que ya se encontraba aprobado al momento de realizarse la modificación legal que le impuso la obligación que derivó en el mencionado descuento de fondos; lo que fue conocido en el recurso de protección Rol N° 300-2024 caratulado: “Ilustre Municipalidad de Natales / nombre reservado”.

Sostiene que la decisión de suscribir el convenio de pago con la empresa, no se encuentra aún descartada, sino que deberá someterse a la aprobación del nuevo concejo municipal.

La decisión impugnada constituye un acto arbitrario que amenaza y atenta en contra de la garantía consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, derecho a la integridad física y síquica de la persona, toda vez que el corte de suministro eléctrico que abastece distintos lugares públicos de la ciudad de Puerto Natales, afecta gravemente a la comunidad, poniendo en peligro la seguridad de los vecinos y su integridad física y síquica, ya que no podrán realizar ciertas actividades cotidianas como desplazarse a sus lugares de trabajo, estudio y/o esparcimiento en horarios en que no exista luz natural. La decisión arbitraria de la empresa EDELMAG destinada a obtener el pago de lo que se le adeuda, carece de racionalidad, porque afecta gravemente la vida y actividades de las personas, privando del uso de las vías y lugares públicos, a quienes no son deudores directos de la Empresa.

Acompaña el Oficio EEMG N° 1020/2024-G de fecha 03 de diciembre de 2024; Ordinario municipal 1819 de 28 de noviembre de 2024; Decreto de pago N° 3526 de 08 de noviembre de 2024, que da cuenta de pago de $100.000.000, realizado por la Municipalidad de Natales a EDELMAG.

Informa por la empresa recurrida, el abogado Mauricio Sandoval Romero, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Sostiene que la recurrente carece del derecho que dice ostentar, o al menos carece de un derecho indubitado e indiscutido que le permita impetrar la acción de protección. Su representada es acreedora de la Ilustre Municipalidad de Natales, el municipio a través de su representante señaló ser deudora de la suma de $387.508.980, correspondientes a consumos de energía eléctrica correspondiente a alumbrado público, por el periodo comprendido entre el mes de julio de 2023 y junio de 2024, según consta en el Ordinario N° 1018 de la Municipalidad de Puerto Natales, de fecha 08 de julio de 2024. En dicho documento la alcaldesa Antonieta Oyarzo Alvarado señaló expresamente que “Habiendo solicitado una actualización de la deuda a junio 2024, y recibido la información el martes 2 de julio, así como efectuado un abono de $21.227.267 el día 10 de junio, la deuda actualizada asciende a $387.508.980”. Dicha obligación, reconocida por escrito, no fue pagada a su vencimiento, motivo por el cual inició una gestión preparatoria de la vía ejecutiva en los autos rol C-321-2024 del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales, el que con fecha 13 de septiembre del presente tuvo por reconocida la firma, por lo que quedó preparada la vía ejecutiva en conformidad al artículo 436 del Código de Procedimiento Civil. Apelada dicha resolución esta Corte de Apelaciones rechazó el recurso y confirmó la resolución apelada con fecha 06 de los corrientes en los autos rol 417-2024.

Añade que, con posterioridad al periodo antes referido (julio de 2023 a junio de 2024) se han generado nuevos consumos que han incrementado la deuda del municipio.

Esgrime que el artículo 146 del Reglamento de la Ley General de Servicios Eléctricos D.S. N° 327-97 dispone que: “El usuario o cliente deberá pagar el suministro en el plazo señalado en la respectiva boleta o factura. Dicho plazo no podrá ser inferior a 10 días desde la fecha de su despacho al cliente. Para estos efectos, usuario o cliente es la persona natural o jurídica que acredite dominio sobre un inmueble o instalaciones que reciben servicio eléctrico. En este inmueble o instalación quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio para con la empresa suministradora, salvo las excepciones contempladas en el artículo siguiente” y el artículo 225 q) de la Ley General de Servicios Eléctricos N° 20.018, establece: “q) Usuario o cliente: es la persona natural o jurídica que acredite dominio sobre un inmueble o instalaciones que reciben servicio eléctrico. En este inmueble o instalación quedarán radicadas todas las obligaciones derivadas del servicio para con la empresa suministradora”. Por su parte conforme lo establece el artículo 141° de la Ley General de Servicios Eléctricos, EDELMAG está facultada para suspender el suministro eléctrico respecto de aquellos servicios con deudas vencidas por más de 45 días, en el mismo sentido lo dispone el artículo 147 del Reglamento ya mencionado, el cual prescribe: “El concesionario podrá suspender el suministro en caso de que un servicio se encuentre impago, previa notificación al usuario, con al menos, 5 días de anticipación. Este derecho sólo podrá ejercerse después de haber transcurrido 45 días desde el vencimiento de la primera boleta o factura impaga. No obstante, si luego de vencido este plazo el concesionario no suspendiere el servicio por esta causal antes de la emisión de la siguiente boleta o factura, las obligaciones por consumos derivadas del servicio para con la empresa suministradora que se generen desde la fecha de emisión de esta última boleta o factura no quedarán radicadas en el inmueble o instalación, salvo que para ello contare con la autorización escrita del propietario.” El inciso final del art. 147 del Reglamento citado dispone que no obstante haberse otorgado la autorización referida, si con posterioridad a ella se configura la causal que autoriza a suspender el suministro y el concesionario no ejerciere tal derecho en los plazos y forma definidos en los incisos anteriores, las obligaciones derivadas del servicio eléctrico que se generen desde la fecha de emisión de la siguiente boleta o factura, dejarán de radicarse en el inmueble o instalación, salvo que el propietario de éstos otorgue nueva autorización en la forma establecida en el inciso anterior. La misma norma se aplicará cada vez que se cumpla la condición que habilita al concesionario para suspender el suministro por no pago.

Estima que al informar al municipio el corte del suministro eléctrico obró conforme a la normativa legal, en pleno ejercicio de sus derechos.

Alega que la recurrente carece de legitimación activa, pues ha sido interpuesto señalando que constituye un acto arbitrario que amenaza y atenta contra el derecho a la integridad física y síquica de los vecinos de Puerto Natales, de modo que lo ha sido en interés de la comunidad, y no en favor del Municipio recurrente, salvo que se reconozca que aquel fue afectado en su integridad física y psíquica. No discute que la legitimación activa y pasiva es amplia en el recurso de protección, sin embargo, no es una acción popular, de modo que no existe una legitimación popular, de lo que se sigue que el municipio no puede recurrir en el sólo interés de la comunidad de Puerto Natales. En la acción de protección la base subjetiva está inextricablemente unida al agravio que sufre un sujeto específico, sea persona natural, persona jurídica, nacional, extranjero, órgano del Estado, agrupaciones sin personalidad, etc. Siendo indispensable que el derecho fundamental supuestamente agraviado tenga un correlato con un interés actualmente comprometido de un sujeto, órgano o agrupación, no en un interés de la comunidad como la contraparte pretendió al ejercer su acción.

Informa el recurrido nombre reservado, el Subgerente Comercial y Servicio a Clientes de la empresa recurrida, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Señala que se desempeña como Subgerente Comercial de la empresa recurrida, encargado del Servicio al Cliente, como parte de sus funciones, se comunica con los clientes que mantengan deuda superior a 45 días, sujeta a corte de energía en cumplimiento de la facultad contenida en el artículo 141 de la Ley General de Servicios Eléctricos; la Municipalidad recurrente tiene la calidad de cliente, por lo que se ha comunicado con funcionarios municipales, ha asistido a diferentes reuniones con el municipio mencionado, además de despachar diferentes cartas que pretenden obtener el pago de las sumas adeudas por concepto de consumo de energía eléctrica. Añade que siempre ha intentado buscar una solución que concilie los intereses de ambas partes. Tales comunicaciones y reuniones responden al cumplimiento de sus obligaciones laborales por lo que no pueden ser consideradas como ilegales ni arbitrarias.

Admite haber remitido cartas a la entidad recurrente, el 26 de abril del año en curso, proponiendo realizar un convenio de pago para regularizar la deuda que mantiene la actora. Luego el 30 de octubre de 2024, envió una nueva carta en la que informó el monto de la deuda, junto con hacer presente que como empresa se intentó resolver mediante todas las instancias posibles, reuniones, cartas, convenios de los que nunca se obtuvo una respuesta favorable, culminando con informar los cortes de suministro que se efectuarían, haciendo aplicación de lo dispuesto en la Ley General de Servicios Eléctricos y su reglamento.

Aduce que con fecha 18 de noviembre de 2024 mediante el envío de una carta, se entregó a la Ilustre Municipalidad una simulación de convenio de pago por deuda impaga, la que hizo llegar a la alcaldesa en ejercicio a ese momento, nombre reservado. Con fecha 09 de diciembre de 2024 se remitió la respuesta al Oficio Ordinario Nº 1039 de fecha 03 del mismo mes a la Directora Regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, en la cual se comunicó que a partir del 16 de diciembre de 2024 se procederá a revisar el convenio de pago, y se manifiesta el ánimo de lograr un mejor entendimiento que permita darle una solución a la deuda existente y continuidad a la prestación del servicio de electricidad en la comuna de Natales. Finalmente, con fecha 18 de diciembre de 2024 remitió carta que informó nuevamente el monto adeudado, y se realizó una propuesta de convenio, en virtud del acuerdo llegado en la reunión del día 16 de diciembre de 2024, detallándose inclusive una simulación en recuadro detallado del convenio propuesto.

Alega que la recurrente carece de un derecho indubitado y de legitimación activa, en los mismos términos que esgrime la empresa recurrida.

Acompaña las comunicaciones remitidas y recibidas por la recurrente, a las que alude en su libelo.

Encontrándose la causa en estado de ser vista, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho que la recurrente califica de arbitrario e ilegal, lo hace consistir en la decisión de la empresa encartada de proceder al corte del suministro eléctrico del alumbrado público de la ciudad Natales por registrar una deuda insoluta, lo que afecta la integridad física de los habitantes de la ciudad.

CUARTO: Que, a su turno los recurridos, instan por el rechazo del recurso, toda vez que la medida que se pretende dejar sin efecto descansa en la normativa vigente, de modo que no es ilegal ni arbitraria, además de sostener que la contraria carece de un derecho indubitado y de legitimación activa.

QUINTO: Que, de acuerdo con la normativa citada por las partes que se consignaron en lo expositivo, en este caso no está en discusión que la empresa recurrida se encuentra facultada para aplicar la medida de corte de suministro eléctrico ante el no pago de una deuda, lo que tuvo lugar respecto de la recurrente y corresponde al ejercicio de una potestad discrecional entregada por ley; por lo que no se observa un actuar ilegal.

Del mismo modo se descarta la arbitrariedad, cuando, como bien reconoce la propia recurrente, se ha otorgado plazo para lograr suscribir un convenio de pago, sin que se haya obtenido solución de lo adeudado, de este modo no es posible establecer que se trata de un acto antojadizo o caprichoso, sino que se ampara en la situación que la propia recurrente ha provocado con su incumplimiento.

SEXTO: Que, además resulta menester señalar que, el recurso de protección interpuesto en la especie no resulta procedente por encontrarse el asunto que lo motiva sometido al imperio del derecho, lo que descarta un caso excepción que permita adoptar por esta vía la medida que se solicita.

En efecto, el recurrente es parte litigante en el proceso judicial seguido en su contra ante el Juzgado de Competencia Común de Natales, donde se persigue el cobro de lo adeudado, donde ha podido entablar los recursos legales ante las decisiones adoptadas por dicho tribunal, encontrándose habilitada para ejercer todos los recursos jurisdiccionales que la ley le franquea con la finalidad de revertir el acto o decisión que le agravie, siendo por ende este procedimiento constitucional inidóneo para lo que pretende, esto es, que se deje sin efecto la medida de apremio aplicada, contando, por último, contra su decisión con las herramientas legales y recursos procesales ordinarios o extraordinarios para el efecto señalado.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por la abogada María Loreto Moraga Pinda, en representación de la Municipalidad de Natales en contra de la Empresa Eléctrica de Magallanes y de nombre reservado.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº588-2024 PROTECCIÓN.