Protección contra Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación

Punta Arenas, doce de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Que comparece Daniel Alberto Maldonado Lorenzo, abogado, en representación de don nombre reservado, chileno, médico, quien deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor y de su representante legal la Secretaria General, nombre reservado, señalando como acto ilegal y arbitrario la sanción de destitución aplicada por Resolución Interna NUM000 de fecha 12 de septiembre de 2025 y ratificada por Resolución Interna NUM001 de fecha 13 de octubre de 2025, invocando vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N°2,3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente se desempeñada como médico con contrato indefinido, categoría A, en el CESCOSF Sandra Vargas, manteniendo vínculo laboral ininterrumpido con dicha institución desde el año 2013, con una trayectoria profesional destacada e intachable sin ninguna anotación de demérito o sanción, con al menos 3 anotaciones de mérito y con gran aceptación, reconocimiento y cariño por parte de los usuarios de dicho establecimiento de salud.

Agrega que a partir del CIC N°9 DE 2025 y el oficio NUM002 de fecha 22 de mayo de 2025 ambos de la de la Contraloría General de la República, por medio del cual la contraloría impartió instrucciones para que las instituciones instruyan de inmediato procedimientos administrativos disciplinarios para determinar y hacer efectiva las eventuales responsabilidades “comprometidas en estos hechos”, con fecha 28 de mayo, por medio de la R.I NUM003 se instruye sumario administrativo en contra de don nombre reservado, por el hecho de que salió del país, vía área, con fecha 14 de mayo de 2023 haciendo uso de una licencia médica. En conformidad a lo anterior, y en lo que a la formulación de cargos en el siguiente tenor: “Entrada al país haciendo uso de licencia médica, siendo que dicha licencia se otorgó bajo reposo total laboral indicando expresamente como lugar de reposo su domicilio ubicado en domicilio reservado” y que “el cargo formulado anteriormente se configura una presunta vulneración al principio de probidad administrativa”.

Se señala que el recurrente sin contar con asesoría jurídica, decidió no presentar un escrito con los respectivos descargos, al sentir la convicción de que en virtud de la declaración que prestó ante el fiscal, los antecedentes médicos aportados luego de esta, que daban fe de la veracidad del motivo de su licencia, su actuar siempre desde la honestidad y la buena fe, su hoja de vida intachable y una formulación de cargos que no imputaba una grave vulneración a la probidad administrativa, no arriesgaba una sanción de destitución.

Precisa que en los puntos centrales de la declaración y los antecedentes médicos aportados, inmediatamente después de prestar declaración, se probó en el expediente sumarial, que el motivo de la licencia que dio origen al proceso disciplinario, surgió de una intervención quirúrgica de tipo reconstrucción ligamento cruzado anterior y meniscectomía parcial artroscópica, realizada por el Dr. nombre reservado, en la clínica red salud UC CHRISTUS, el 22 de marzo de 2023, según consta en la epicrisis y el informe de radiología, lo que a su vez, fue reconocido en el considerando 7° de la vista fiscal.

Así, a partir de esta intervención quirúrgica, el médico que lo operó emitió la primera licencia, que prescribía reposo entre el 20 de marzo hasta el 18 de abril de 2023, para permanecer en la ciudad de Punta Arenas, y así no tener que pernoctar durante dicho periodo en la ciudad de Santiago, ante lo cual, se encargaría del control médico post operatorio en Punta Arenas, el Dr. nombre reservado, quien, en ese contexto, vuelve a emitir una licencia médica por 30 días adicionales, entre el 19 de abril y el 18 de mayo de 2023, dado que resultaba humanamente imposible, que el recurrente volviese a tener una vida normal con solo un mes de licencia o recuperación.

Es en el transcurso de esta segunda y última licencia, es que don nombre reservado sumamente angustiado, en un estado depresivo, por no poder trabajar ni mantener una vinculación social constante como estaba acostumbrado, vio agravada su condición al tener que pasar su cumpleaños (12 de mayo 2023) solo y sin tener ninguna reunión social como es de costumbre.

Así, motivado por su angustia, decidió que pediría su alta voluntaria, cuando tuviese control con el médico que lo operó en la ciudad de Santiago. Con posterioridad a esta decisión, unos amigos lo fueron a visitar a su hogar y vieron que se encontraba deprimido, y como sabían que debía viajar a la ciudad de Santiago, por control médico con el facultativo que lo operó, le regalaron un viaje a Buenos Aires, sin que este lo solicitare. En conformidad a lo anterior, viajó a Santiago, mantuvo su consulta médica con el Dr. nombre reservado y le solicitó expresamente su alta voluntaria, y luego de aquello viajó a Buenos Aires. Alta médica que significó que no existiera la prescripción de una nueva licencia, terminando su licencia en la semana número 8 de post operatorio, aun cuando lo recomendado médica y científicamente para volver a una vida normal en este tipo de intervenciones quirúrgicas, corresponde recién a las 12 semanadas de post operatorio, por lo que, con esta decisión, el único beneficiario fue la CORMUPA, pues volvió a trabajar un mes antes de lo recomendado medicamente.

Sostiene que sin considerar los antecedentes antes señalados, con fecha 21 de agosto de 2025, mediante la resolución interna NUM004, el fiscal a cargo de la investigación Sr. nombre reservado, emitió la Vista Fiscal, en la que de una manera totalmente infundada, sin ponderar ninguna atenuante, sin exponer el razonamiento jurídico para estimar que la conducta constituía una falta grave a la probidad, señaló que se encontraba “debidamente acreditada la responsabilidad disciplinaria de don nombre reservado en calidad de autor de los hechos materia de cargos (…)” y propuso “sancionar a don nombre reservado, RUT NUM005, médico CECOSF Sandra Vargas con DESTITUCIÓN DEL FUNCIONARIO”.

Con posterioridad, con fecha 12 de septiembre de 2025, mediante la Resolución Interna NUM000, la secretaria general de la CORMUPA resuelve el sumario administrativo, en donde nuevamente con una resolución completamente infundada, donde deliberadamente se decide no considerar las atenuantes del caso, y en definitiva, el principio de proporcionalidad se aprueba la vista fiscal y se procede a aplicar la medida disciplinaria de destitución, siendo notificada esta resolución con fecha 16 de septiembre de 2025.

Respecto de esta decisión, se procedió a presentar recurso de reposición, por medio del cual se expuso extensamente, entre otras cuestiones, que mi representado no había incurrido en una falta grave a la probidad administrativa y se procedió a acompañar nuevos antecedentes, que la contraria no tuvo en consideración al momento de decidir la sanción, tales como: 1) distintas anotaciones de mérito y felicitaciones de las cuales fue merecedor; 2) referencia a documentos científicos que demostraban que don nombre reservado volvió a trabajar un mes antes de lo recomendado. Y, además, se argumentó extensamente de que en conformidad a los antecedentes de hecho que constaban en el expediente sumarial, era menester ponderar atenuantes en virtud del principio de proporcionalidad, lo que fue fundado en argumentos doctrinarios y de jurisprudencia de la CGR, Cortes de Apelaciones y la Excelentísima Corte Suprema.

Sin perjuicio de lo anterior, sostiene y, sin hacerse cargo la recurrida, de las distintas argumentaciones realizadas, procedió a dictar la resolución interna NUM001 de fecha 13 de octubre de 2025, que resuelve el recurso de reposición interpuesto, y que de manera infundada, rechazó todas las alegaciones presentadas por esta parte, reafirmando su postura, en orden a señalar de que no resulta pertinente ponderar circunstancias atenuantes -aun cuando existan estas- para dictar una sanción disciplinaria, dado de que mi representado incurrió supuestamente en una falta grave a la probidad. Hace presente que, al igual a lo sucedido en la R.I. NUM000, en esta oportunidad, tampoco se procede a exponer el razonamiento jurídico para fundar debidamente la categorización de la conducta de mi representado como una falta grave a la probidad. Otra circunstancia a reprochar, es que la recurrida señaló como un seudo fundamento de su decisión, el hecho de que -supuestamente- no agregó antecedentes nuevos que permitan desvirtuar lo resuelto en la RS NUM000, cuestión que no es efectivo, porque sí se acompañaron nuevos antecedentes.

Alega falta de objetividad, imparcialidad y vulneración al debido proceso indicando que el fiscal formuló cargos incompletos al señalar “entrada al país haciendo uso de licencia médica, sin perjuicio de lo cual todas las actuaciones posteriores se reprochan el salir del país haciendo uso de licencia médica. Agrega que existe una vulneración manifiesta al debido proceso, al derecho a defensa y al principio de congruencias, ya que la formulación de cargos no dispone en ninguna de sus partes que se le imputaba el haber incurrido en una falta grave a la probidad.

Circunstancia que llevó a mi representado no presentar descargo alguno, en la confianza de que la sanción que eventualmente pudiera recibir, no sería en ningún caso la destitución. Empero, sin perjuicio de aquello, en la vista fiscal se procede a proponer la sanción de “destitución del funcionario”, aun cuando, en ninguna parte del considerando 13° de la vista fiscal -relativo a la “gravedad de la infracción acreditada”- se hace alusión a la existencia de una falta grave a la probidad, reduciendo la argumentación exclusivamente al hecho de que incurrió en una falta administrativa, pero sin fundamentar de ninguna forma, que esta constituyera una falta grave a la probidad administrativa, solo recién en el considerando 14° de “atenuantes y agravantes”, se hace referencia a esta calificación, y solo para efectos de señalar que: “Sin perjuicio de lo anterior, para este caso no se considerarán atenuantes ni agravantes ya que se constituye el hecho como falta grave a la probidad”. Ello, sin fundamentar de ninguna forma, porqué supuestamente habría incurrido en una falta grave a la probidad, circunstancia no menor, toda vez que la ley 18.883 dispone en su Art 123 inc. 2° que: “la medida disciplinaria de destitución procederá sólo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa (…)” Así las cosas, el error al formular los cargos y la ausencia de calificación de los hechos como una falta grave a la probidad, constituye adicionalmente un atentado directo contra la garantía de tipicidad, toda vez que se ha señalado que “la garantía de “tipicidad” para el inculpado se concreta en el deber que se impone a los cargos de ser “claros precisos y concretos, lo que se traduce en que describan pormenorizadamente los hechos constitutivos de las faltas que se le atribuyen al inculpado y la forma en que ellas han incididio en la infracción de los deberes establecidos en la normativa correspondiente”.

Además, destaca que en el considerando N°12 de la vista fiscal, señala que la conducta infringiría una serie de normativas legales, empero parte de la normativa citada simplemente no existe.

Se plantea también una falta de fundamentación de los actos administrativos, afirmando que la Resolución NUM000 reproduce extensamente textos ajenos (de otros sumarios), sin análisis propio ni valoración individual del caso; contiene errores formales (duplicación de considerandos; referencia a “la fiscal” en un sumario instruido por un fiscal hombre); no explica por qué la conducta constituye falta grave a la probidad, requisito indispensable para la destitución según el art. 123 inc. 2 de la Ley 18.883 y, la resolución que rechaza la reposición no refuta ninguno de los argumentos esgrimidos.

Sostiene además la desproporcionalidad de la sanción, indicando que la conducta, aun si infractora, no constituye falta grave a la probidad; que existen numerosas atenuantes acreditadas (colaboración eficaz, trayectoria intachable, uso limitado de licencias, viaje no premeditado, ausencia de dolo, retorno anticipado al trabajo) y que la jurisprudencia de Contraloría y de la Corte Suprema exige que la autoridad siempre pondera atenuantes antes de aplicar destitución, citando fallos como Rol 3976-2019 y Rol 18823-2019.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas indica en relación al artículo 19 N°2 que se alega discriminación arbitraria porque se aplicó la sanción más gravosa sin fundamentación, con un trato desigual respecto de otros funcionarios en situaciones similares. Respecto al artículo 19 N°3, se denuncia un procedimiento carente de objetividad, congruencia, motivación y respeto al derecho de defensa. Y, respecto del artículo 19 N°24 se señala que la destitución afecta bienes incorporales, como el derecho al cargo y la estabilidad funcionaria, sin existir causa legal válida.

Por lo anterior, solicita en definitiva se adopten todas las medidas necesarias que se estime concurrentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho y las garantías fundamentales vulneradas, especialmente, disponiendo que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por la Resolución Interna NUM000 de fecha 12 de septiembre de 2025. y ratificada por Resolución Interna NUM001 de fecha 13 de octubre de 2025 ordenando disponer su absolución o la aplicación de una sanción administrativa proporcional. En conjunto a lo anterior, se ordene la reincorporación del profesional y efectuar el pago de todas y cada una de las remuneraciones a que hubiere tenido derecho y no percibidas desde que se le aplica la destitución hasta su efectiva reincorporación, todo con expresa condenación en costas.

Que informa el recurso doña Laura Miranda Dahdal, abogada, en representación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Expone que por Resolución Interna NUM003 de 28 de mayo de 2025 se instruyó un sumario administrativo, a partir de antecedentes enviados por la Contraloría General mediante Oficio NUM002, dentro del Consolidado CIC N°9/2025, que contiene nómina de funcionarios de la Corporación Municipal de Punta Arenas que habrían salido del país encontrándose con licencia médica, conforme a los registros oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile, siendo la recurrente una de las funcionarias mencionadas en la respectiva nómina.

Agrega que, en la carpeta sumarial, se encuentra dentro de la indagatoria, rolan entre otros antecedentes laborales del Sr. nombre reservado, así como la información de entradas y salidas del país y los comprobantes de licencias médicas de las que hizo uso durante dichos períodos, las que indican reposo total en su domicilio.

Agrega que con fecha 1 de agosto de 2025 el fiscal a cargo del procedimiento formuló un cargo único siendo este “Entrada al país, haciendo uso de licencia médica, siendo que dicha licencia se otorgó bajo reposo total laboral indicando como lugar de reposo su domicilio ubicado en domicilio reservado y que el cargo formulado anteriormente se configura una presunta vulneración al principio de probidad administrativa”. Agrega que dentro de los considerandos de dicha resolución se señalan la licencia médica otorgada y los movimientos migratorios del funcionario en donde consta salidas y entradas al país los días 14 y 19 de mayo de 2023, por vía aérea por el paso fronterizo nombre reservado hacia y desde Argentina.

Señala que de la declaración del sumariado se extrae que mantuvo licencia médica marzo y abril por diagnóstico de rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha por médico particular Dr. nombre reservado, Médico traumatólogo quien lo asistió en su tratamiento y rehabilitación. Respecto de los descargos, consta en la carpeta sumarial, a fojas 56, que el sumariado no solicitó prórroga ni evacuó descargos dentro del plazo establecido.

Indica que la vista fiscal es de fecha 21 de agosto de 2025 y recoge dentro de sus considerandos antecedentes del expediente entre los que se encuentran las licencias médicas y las salidas del país. Asimismo, indica que se desarrolla la gravedad de la conducta y la fiscal concluyó que se acreditaba una infracción grave al principio de probidad, valorando las salidas al extranjero durante períodos de reposo total y proponiendo la sanción de destitución, conforme al art. 123 letra g) de la Ley 18.883 y art. 48 letra b) de la Ley 19.378.

Posteriormente, por Resolución Interna NUM000 de 12 de septiembre de 2025, la Secretaria General resolvió el sumario, acogiendo la propuesta de la fiscal y fundamentando extensamente la gravedad de la conducta.

Agrega que el Sr. nombre reservado representado por su abogado, interpone dentro de plazo recurso de reposición indicando la trayectoria del recurrente en la Corporación Municipal de Punta Arenas, señalando además la efectividad de su viaje a Argentina desde el 14 hasta el 19 de mayo de 2023 estando con licencia médica. Señala además la historia de sus licencias médicas, y lo complejo de la operación que requiere cuidados post operatorios, que incluyen tratamientos kinesiológicos y médicos, los cuales suelen extenderse por varias semanas o meses. Indica que aquello demuestra que las licencias fueron verdaderas y justificadas y que el motivo de la solicitud de licencia no fue viajar a argentina, y que este viaje fue breve y no fue planeado previo a la emisión de la licencia médica. Añade que regresa a trabajar luego de solicitar su alta voluntaria al médico tratante luego de su última licencia médica, en circunstancias que lo recomendable es retornar luego de 12 a 24 semanas postoperatorio, lo que según su apreciación demuestra que el Sr. nombre reservado no estaba haciendo uso abusivo o irreal de su licencia médica y su convicción de retornar al trabajo incluso en contra de la recomendación médica lo que estima es un acto de lealtad con la institución. Respecto de la gravedad de la infracción, éste indica en su recurso que no debe ser calificada como grave, ya que se debe considerar el motivo que dio origen al reposo, que el periodo de salida fue breve, que el periodo del viaje demuestra que la licencia no tuvo vinculación alguna con la realización del viaje, que el viaje no fue premeditado, que la actuación fue realizada de buena fe, el uso restringido del Sr. nombre reservado de licencias médicas a lo largo de su carrera y que solo en una oportunidad incumplió la normativa vigente. Por último, reitera la necesidad de ponderar las circunstancias atenuantes.

Luego, se indica que la Resolución Interna NUM001 de 13 de octubre de 2025 rechazó la reposición, abordando los argumentos planteados y concluyendo que el procedimiento disciplinario se había ajustado completamente a la normativa aplicable, que las consideraciones médicas y atenuantes sí fueron ponderadas y que la gravedad de los hechos justificaba la sanción de destitución. Se afirmó que existió formulación de cargo, Vista Fiscal y una resolución final debidamente motivada.

Finalmente, el informe indica que el sumario se desarrolló con estricto apego a las normas de la Ley 18.883 y de la Ley 19.378, que los hechos fueron debidamente acreditados y que todas las etapas del procedimiento — indagatoria, vista fiscal y resolución— se ajustaron a derecho. Solicita, por tanto, tener por evacuado el informe.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, los hechos que motivan el presente recurso los hace consistir el recurrente en la sanción de destitución aplicada por Resolución Interna NUM000 de fecha 12 de septiembre de 2025 y ratificada por Resolución Interna NUM001 de fecha 13 de octubre de 2025.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida insta al rechazo del recurso, aduciendo que respecto al procedimiento de destitución se cumplió con todas las exigencias legales y administrativas, incluyendo la debida motivación, proporcionalidad, razonabilidad y respeto al debido proceso, teniendo presente los hechos recabados de dicha investigación, la declaración del recurrente y documentos acompañados por la misma, entre otros antecedentes que versan en el expediente.

QUINTO: Que, efectuado el análisis pertinente y, en primer término, es menester precisar que, pese a la gravedad de la medida contenida en la resolución impugnada, esto es, la destitución del cargo servido por el recurrente, ese solo hecho no torna al acto administrativo en cuestión, en arbitrario o ilegal, por lo cual es necesario examinar si al dictarse la mencionada resolución, se ha incurrido o no en una ilegalidad o arbitrariedad.

Así, y bajo el supuesto citado, de los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que el acto administrativo impugnado carezca de fundamento legal o se haya dictado fuera de la competencia de la autoridad, ni que configure un actuar arbitrario o ilegal en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Ello porque resulta patente que la medida disciplinaria cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, mediando designación de un Fiscal, con observación de una etapa indagatoria y posterior formulación de cargos, con acceso del inculpado al examen del expediente, con presentación por parte del recurrente y en el ejercicio pleno de su derecho a defensa y con la dictación de un decreto sancionatorio motivado que a partir de los antecedentes reunidos por el fiscal instructor contempló, desde la perspectiva disciplinaria, una decisión final de la autoridad competente, de tal suerte que se han observado las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883.

A mayor abundamiento, es un hecho no discutido que los procesos disciplinarios constituyen medios idóneos a través de los cuales la administración se vale para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario que infringe sus obligaciones y deberes en cuanto tal.

SEXTO: Que, así las cosas, no fluye ni se ha demostrado en lo concreto, que la sanción de destitución haya sido impuesta con ausencia de fundamento o vulnerando manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad, toda vez que el hecho ilícito administrativo imputado a la recurrente, vale decir, sus viajes al extranjero durante el goce de una licencia médica, específicamente a Argentina y, sin que haya mediado una justificación de esos viajes como parte del tratamiento ordenado, se encuentra acreditado y fue ponderado por la autoridad con potestad disciplinaria, como una infracción grave al deber de probidad, que no ameritaba mitigantes, sino la sanción de destitución del cargo, razones por las cuales no se observa que la autoridad edilicia, finalmente competente para aplicar esa medida disciplinaria de conformidad a la ley, haya adoptado esa medida expulsiva en forma desproporcionada, sin fundamentos o fuera del ámbito o excediendo los límites de sus facultades o atribuciones, máxime si por la profesión del recurrente, carece de todo sustento enarbolar una justa causa de error en su actuar.

SEPTIMO: Que en función entonces de la ausencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados en los numerales 19 N°2, igualdad ante la ley, respecto del trato y valoración presuntamente dispar dado a hechos que se juzgaron particularmente graves; 19 N°3, derecho al debido proceso, toda vez que la sustanciación del sumario y conclusiones motivadas a que arribó la autoridad y que vertió en la resolución impugnada se ajustan a estándares y proporcionalidad que se estiman ajustados a derecho, y la garantía del 19 N°24, derecho de propiedad, en este caso del empleo, que no puede estimarse como un derecho absoluto y que cede ante la gravedad de la conducta no proba del recurrente; es que el recurso de protección interpuesto no puede entonces prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso intentado en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas y de su representante legal la Secretaria General, nombre reservado, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°586-2025.PROTECCION.