Protección contra Ilustre Municipalidad de Torres del Paine

Punta Arenas, cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparecen nombre reservado, chileno, abogado, y nombre reservado, chilena, abogada, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Magallanes y Antártica Chilena, quienes deducen recurso de protección en favor de nombre reservado, chilena, funcionaria público desempeñándose como administrativa, técnico nivel superior, titular de la Planta de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, y en contra de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, representada por doña nombre reservado, en su calidad de alcaldesa, cuyo profesión desconocen, ambos domiciliados en domicilio reservado por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N°NUM000 de 10 de octubre de 2025, que dispuso su destitución de nombre reservado.

Se plantea que los actos administrativos impugnados han generado una afectación a los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. La finalidad del recurso se circunscribe a la revisión de la legalidad de la decisión sancionatoria dictada en el marco del sumario administrativo instruido en su contra, sin cuestionarse el mérito de esta, sino únicamente el examen de la razonabilidad de las medidas adoptadas y del respeto al principio de proporcionalidad, aspectos que no habrían sido debidamente observados en los actos reclamados. Lo anterior se ve agravado considerando que el ilícito atribuido constituye un numerus apertus, lo que contraviene los principios de tipicidad y reserva legal. Por respeto a las garantías judiciales destinadas a la protección de los derechos, se requiere de un recurso adecuado y efectivo que permita el control jurisdiccional de actos que afecten las garantías fundamentales.

Refieren que nombre reservado ingresó a la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine el año 2015 como funcionaria de planta administrativa grado correspondiente, desempeñándose durante una década con una trayectoria intachable, calificaciones de mérito y sin sanciones previas.

Con fecha 27 de mayo de 2025, su empleador dictó el Decreto Alcaldicio N°NUM001 mediante el cual se instruyó un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades derivadas de hechos informados por la Contraloría General de la República en el Oficio NUM002, relativos a posibles salidas del país durante períodos de licencia médica.

Posteriormente, el 10 de octubre de 2025, la recurrente fue notificada personalmente del Decreto Alcaldicio N°NUM000, que le impuso la sanción de destitución, fundada en la supuesta vulneración grave del principio de probidad administrativa por haber realizado salidas a la localidad de Río Turbio (Argentina) mientras se encontraba con reposo médico en 2023, y por no haber comunicado oportunamente el rechazo de licencias médicas.

Al día siguiente de ser notificada, la funcionaria continuó desempeñando sus funciones con normalidad, realizando los marcajes de asistencia los días 11 y 12 de octubre. El 12 de ese mes constató que se le había bloqueado el acceso a la intranet y a su correo institucional, lo que le impidió registrar digitalmente una jornada extraordinaria, debiendo solicitar su pago mediante declaración escrita. El 13 de octubre, se presentó nuevamente a su lugar de trabajo, marcando el ingreso, momento en que la alcaldesa Anahí Cárdenas le ordenó retirarse de las dependencias, indicándole que se encontraba destituida, pese a que la resolución aún no se encontraba firme por no haber vencido los plazos legales para interponer recursos. Se le señaló que podía recurrir administrativamente, pero fuera de su lugar de trabajo, todo ello en presencia de otros funcionarios.

El 17 de octubre de 2025, la funcionaria interpuso recurso de reposición en contra del Decreto N°NUM000. El 20 de octubre, se reincorporó a sus labores debido a la orden de no innovar dictada en otro recurso de protección (Rol 516– 2025), lo que permitió restituir sus accesos laborales y el uso del sistema de marcaje. Sin embargo, el 23 de octubre, se le notificó el Decreto Alcaldicio N°NUM003, mediante el cual el municipio se inhibió de resolver el recurso de reposición invocando el artículo 54 de la Ley 19.880, pese a que la acción judicial previa no se relacionaba con la legalidad de la destitución sino con hechos distintos.

Agregan que durante sus diez años de servicio en la Municipalidad la recurrente mantuvo una conducta intachable, con calificaciones sobresalientes, sin antecedentes disciplinarios y desempeñándose además en funciones gremiales. Sostienen que el sumario instruido imputó, mediante cargos formulados el 22 de agosto de 2025, una presunta vulneración grave del principio de probidad administrativa, atribuida al “mal uso” de licencias médicas y a haber salido del país durante días de reposo, así como a no haber informado oportunamente el rechazo de licencias por parte de la entidad previsional.

En sus descargos, la recurrente reconoció haber cruzado la frontera hacia Río Turbio durante días en que tenía licencia médica, pero explicó que se trató de salidas breves —todas inferiores a tres horas— motivadas por razones económicas propias de la zona fronteriza, destinadas al abastecimiento de bienes esenciales, sin fines recreativos ni afectación al patrimonio fiscal. En su reposición, reiteró la autenticidad de sus licencias médicas y detalló que la situación económica de la comuna en 2023 hacía habitual para los vecinos el abastecimiento en Argentina debido al tipo de cambio favorable.

Se denuncia falta de valoración adecuada de los antecedentes entregados en sede disciplinaria. El Decreto N°NUM000 fundamenta la destitución en la supuesta infracción grave al deber de probidad por uso indebido de licencias médicas y salidas del país incompatibles con el reposo, sin embargo, se sostiene que existe una diferencia entre la potestad fiscalizadora en materia de licencias médicas — radicada en COMPIN/ISAPRE conforme al DS N°NUM004— y la potestad disciplinaria de la administración, por lo que no correspondería sancionar administrativamente hechos que la ley no tipifica expresamente como vulneración grave del principio de probidad.

Se afirma que el incumplimiento de reposo médico no se encuentra tipificado como causal de destitución, ni constituye infracción al deber de probidad en el ejercicio de funciones, toda vez que los hechos ocurrieron durante períodos de suspensión de funciones y no en el desempeño activo de su labor pública. Por ello, la autoridad debió ponderar circunstancias atenuantes, como la necesidad económica y la trayectoria intachable, lo que no se habría realizado, configurándose una vulneración al principio de igualdad ante la ley. Alegan que otros funcionarios en situaciones similares recibieron sanciones menores, existiendo alternativas menos gravosas que la destitución.

Se denuncia vulneración al principio de reserva y confidencialidad, pues en el marco del sumario se habrían expuesto antecedentes médicos y personales de todos los funcionarios investigados. Asimismo, se señalan imprecisiones y contradicciones en el acto sancionatorio, incluyendo presunción de culpabilidad, exigencias inexistentes de notificación de rechazos de licencias médicas y la incorporación de hechos no instruidos por Contraloría.

Finalmente, se sostiene que la destitución y la inhibición para resolver la reposición infringen el derecho al debido proceso administrativo y el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24, en cuanto privan a la funcionaria de su carrera administrativa, estabilidad laboral y remuneraciones, afectando además su bienestar emocional y situación médica posterior.

Evacuó informe por la recurrida el abogado Carlos Alberto Contreras Quintana.

Señala previamente, en relación con las acciones ejecutadas por la recurrente, que posterior a la notificación del decreto de destitución la recurrente generó las siguientes acciones administrativas y jurisdiccionales: Con fecha 14 de octubre dedujo acción constitucional de protección número de rol protección 516-2025 de ingreso a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, reclamando de la acción ejecutada por la alcaldesa destinada al cumplimiento del decreto NUM000, acción fallada con fecha 07 de noviembre del año 2025 rechazando la pretensión deducida.

Respecto de esta sentencia se presentó recurso de apelación el que fue concedido con fecha 17 de noviembre, elevándose los antecedentes para el conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Con fecha 17 de octubre, después de ingresada su acción constitucional de protección deduce recurso de reposición administrativo en contra del decreto NUM000, razón por la cual se dictó el decreto alcaldicio NUM003 de fecha 23 de octubre de 2025, en el cual se comunica el deber de inhibirse del conocimiento del mismo por existir una acción jurisdiccional en curso; y, con fecha 09 de noviembre de 2025, presenta la acción constitucional de protección que informa.

Al efecto señala que, tras la interposición de una acción judicial por parte del recurrente, la administración quedó inhibida de pronunciarse sobre reclamaciones administrativas relacionadas con el mismo acto (decreto de destitución núm. NUM000), en virtud del artículo 54 de la Ley 19.880. Se recalca que el recurrente no presentó en su momento un reclamo de fondo contra la resolución, lo que acarrea consecuencias procesales relevantes que el tribunal deberá evaluar.

Respecto al procedimiento de destitución, sostiene que se cumplió con todas las exigencias legales y administrativas, incluyendo la debida motivación, proporcionalidad, razonabilidad y respeto al debido proceso, destacando que la funcionaria contó con asesoría jurídica, ejerció sus derechos y presentó descargos y pruebas durante una investigación de cinco meses.

Sobre la conducta sancionada, se enfatiza que no se trata solo de incumplir el reposo médico, sino de la salida reiterada al extranjero mientras se percibía el subsidio de la licencia médica, lo que constituye una infracción grave dado el deber especial de los funcionarios públicos de respetar la ley y ser ejemplo para la comunidad. Además, se señala el perjuicio material y de gestión para la municipalidad, que debe asumir costos y esfuerzos adicionales cuando los funcionarios incurren en estas conductas.

Para determinar la sanción, se utilizaron criterios como cantidad de días, número y extensión de salidas, y si hubo pernoctación. En base a estos parámetros, se decidió la destitución de ocho funcionarios y sanciones menores para otros tres. Se reprocha la actitud de la recurrente, quien no reconoce la gravedad de su conducta ni su impacto institucional, y aclara que solo podrían justificarse salidas al extranjero por motivos médicos, lo que no es el caso.

Finalmente, se solicita al tribunal rechazar el recurso de protección, argumentando que no existió vulneración a las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso ni derecho de propiedad, y pide condena en costas para el recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que los hechos que motivan el presente recurso los hace consistir la recurrente en la dictación por parte de la recurrida, del Decreto Alcaldicio N°NUM000 de fecha 10 de octubre de 2025 que aplicó la medida disciplinaria de destitución.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida insta al rechazo del recurso, aduciendo que respecto al procedimiento de destitución se cumplió con todas las exigencias legales y administrativas, incluyendo la debida motivación, proporcionalidad, razonabilidad y respeto al debido proceso, destacando que la funcionaria contó con asesoría jurídica, ejerció sus derechos y presentó descargos y pruebas durante una investigación de cinco meses.

Sobre la conducta sancionada, se enfatiza que no se trata solo de incumplir el reposo médico, sino de la salida reiterada al extranjero mientras se percibía el subsidio de la licencia médica, lo que constituye una infracción grave dado el deber especial de los funcionarios públicos de respetar la ley y ser ejemplo para la comunidad. Además, se señala el perjuicio material y de gestión para la municipalidad, que debe asumir costos y esfuerzos adicionales cuando los funcionarios incurren en estas conductas.

QUINTO: Que, efectuado el análisis pertinente, y en primer término, es menester precisar que, pese a la gravedad de la medida contenida en la resolución impugnada, esto es, la destitución del cargo servido por la recurrente, ese solo hecho no torna per se al acto administrativo en cuestión en arbitrario o ilegal, por lo cual es necesario examinar si al dictarse la mencionada resolución se ha incurrido o no en una ilegalidad o arbitrariedad.

Así, y bajo el supuesto citado, de los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que el acto administrativo impugnado carezca de fundamento legal o se haya dictado fuera de la competencia de la autoridad edilicia, ni que configure un actuar arbitrario o ilegal en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Ello porque resulta patente que la medida disciplinaria cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, mediando designación de un Fiscal, con observación de una etapa indagatoria y posterior formulación de cargos, con acceso de la inculpada al examen del expediente, con presentación por parte de la recurrente y en el ejercicio pleno de su derecho a defensa de los correspondientes descargos y con la dictación de un decreto sancionatorio motivado que, a partir de los antecedentes reunidos por el fiscal instructor, contempló, desde la perspectiva disciplinaria, una decisión final de la autoridad competente, de tal suerte que se han observado las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883.

A mayor abundamiento, es un hecho no discutido que los procesos disciplinarios constituyen medios idóneos a través de los cuales la administración se vale para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario que infringe sus obligaciones y deberes en cuanto tal.

SEXTO: Que, por otro lado, no fluye ni se ha demostrado en lo concreto, que la sanción de destitución haya sido impuesta con ausencia de fundamento o vulnerando manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad, toda vez que el hecho ilícito administrativo imputado a la recurrente, vale decir, sus viajes al extranjero durante el goce de una licencia médica, específicamente a Argentina, en más de una oportunidad, a saber, en concreto, diez días de salidas, entre los años 2023 y 2024, en un lapso de trece meses, y sin que haya mediado una justificación de esos viajes como parte del tratamiento ordenado, se encuentra acreditado y fue ponderado por la autoridad con potestad disciplinaria, como una infracción grave al deber de probidad, que no ameritaba mitigantes, sino la sanción de destitución del cargo, razones por las cuales no se observa que la autoridad edilicia, finalmente competente para aplicar esa medida disciplinaria de conformidad a la ley, haya adoptado esa medida expulsiva en forma desproporcionada, sin fundamentos o fuera del ámbito o excediendo los límites de sus facultades o atribuciones.

SEPTIMO: Que, en función entonces de la ausencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados en los numerales 19 N°1, afectación psíquica o emocional del recurrente por lo acontecido; 19 N°2, igualdad ante la ley, respecto del trato y valoración presuntamente dispar dado a hechos que se juzgaron particularmente graves; 19 N°3, derecho al debido proceso, toda vez que la sustanciación del sumario y conclusiones motivadas a que arribó la autoridad y que vertió en la resolución impugnada se ajustan a estándares y proporcionalidad que se estiman ajustados a derecho; y garantía del 19 N°24, derecho de propiedad, en este caso del empleo, que no puede estimarse como un derecho absoluto y que cede ante la gravedad de la conducta no proba del recurrente, es que el recurso de protección interpuesto no puede entonces prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso intentado en favor de nombre reservado y en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Juan Santiago Villa Martínez.

Rol N°585-2025.PROTECCION.