Protección contra Ilustre Municipalidad de Torres del Paine

Punta Arenas, cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparecen nombre reservado, chileno, abogado, y nombre reservado, chilena, abogada, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Magallanes y Antártica Chilena, quienes deducen recurso de protección en favor de nombre reservado, chilena, técnico grado 11 de la E.S.M., titular de la Planta de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, y en contra de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, representada por doña nombre reservado, en su calidad de alcaldesa, cuya profesión desconocen, ambos domiciliados en Av.

Bernardo O’Higgins, N°208, comuna de Torres del Paine, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en la dictación del Decreto Alcaldicio N°NUM000, de 10 de octubre de 2025, que dispuso su destitución.

Plantean que el acto administrativo impugnado ha generado una afectación a los derechos fundamentales consagrados en los numerales 1, 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Refieren que la recurrente ingresó a la Municipalidad el año 2009, como técnico grado 11 de la E.S.M., titular de Planta de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, con trayectoria funcionaria intachable.

Explican que mediante Decreto N°NUM001 de 27 de mayo de 2025 se instruyó sumario por supuestas salidas al extranjero durante licencias médicas, y que con fecha 10 de octubre se le notificó la destitución por el Decreto N°NUM000.

Agregan que la recurrente fue retirada de su lugar de trabajo el 13 de octubre pese a no encontrarse firme la resolución, hechos que motivaron judicialización previa.

Se indica que los cargos imputados refieren una supuesta vulneración grave del principio de probidad por realizar breves salidas al extranjero durante licencias médicas, lo que la recurrente niega constituya causal de destitución.

En sus descargos, la recurrente explicó que dichas salidas a Río Turbio y Río Gallegos fueron con motivo de diversos trámites relativos al montepío y consecuencialmente la radicación en Argentina de su suegra atendido que su suegro fallecido era pensionado argentino.

Alega falta de tipicidad, proporcionalidad, errores en el acto administrativo, exposición de datos sensibles y ausencia de fundamentación suficiente.

Sostiene infracción a los principios de legalidad, tipicidad y debido proceso, junto con vulneración de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad por afectar su estabilidad laboral tras 16 años de servicio.

Se afirma que el incumplimiento de reposo médico no se encuentra tipificado como causal de destitución, ni constituye infracción al deber de probidad en el ejercicio de funciones, toda vez que los hechos ocurrieron durante períodos de suspensión de funciones y no en el desempeño activo de su labor pública. Por ello, la autoridad debió ponderar circunstancias atenuantes, como la necesidad económica y la trayectoria intachable, lo que no se habría realizado, configurándose una vulneración al principio de igualdad ante la ley.

Alegan que otros funcionarios en situaciones similares recibieron sanciones menores, existiendo alternativas menos gravosas que la destitución.

Se denuncia vulneración al principio de reserva y confidencialidad, pues en el marco del sumario se habrían expuesto antecedentes médicos y personales de todos los funcionarios investigados. Asimismo, se señalan imprecisiones y contradicciones en el acto sancionatorio, incluyendo afectación de la presunción de culpabilidad y que no se justificó la salida del país.

Finalmente, se sostiene que la destitución y la inhibición para resolver la reposición infringen el derecho al debido proceso administrativo y el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N°24, en cuanto privan a la funcionaria de su carrera administrativa, estabilidad laboral y remuneraciones, afectando además su bienestar emocional y situación médica posterior.

Evacuó informe por la recurrida el abogado Carlos Alberto Contreras Quintana.

Señala previamente, en relación con las acciones ejecutadas por la recurrente, que posterior a la notificación del decreto de destitución la recurrente generó las siguientes acciones administrativas y jurisdiccionales: Con fecha 14 de octubre dedujo acción constitucional de protección número de rol protección 514- 2025 de ingreso a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, reclamando de la acción ejecutada por la alcaldesa destinada al cumplimiento del decreto NUM000, acción fallada con fecha 07 de noviembre del año 2025 rechazando la pretensión deducida. Respecto de esta sentencia se presentó recurso de apelación el que fue concedido con fecha 17 de noviembre, elevándose los antecedentes para el conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia. Con fecha 17 de octubre, después de ingresada su acción constitucional de protección, deduce recurso de reposición administrativo en contra del decreto NUM000, razón por la cual se dictó el decreto alcaldicio NUM002 de fecha 23 de octubre de 2025, en el cual se comunica el deber de inhibirse del conocimiento del mismo por existir una acción jurisdiccional en curso; con fecha 29 de octubre del año en curso, estando vigente la acción constitucional de protección rol 514-2025 con su correspondiente orden de no innovar, la recurrente presenta nuevo recurso de reposición solicitando dejar sin efecto el decreto alcaldicio NUM002 y, con fecha 09 de noviembre de 2025 presenta la acción constitucional de protección que informa.

Al efecto señala que, tras la interposición de una acción judicial por parte de la recurrente, la administración quedó inhibida de pronunciarse sobre reclamaciones administrativas relacionadas con el mismo acto (decreto de destitución núm. NUM000), en virtud del artículo 54 de la Ley 19.880. Se recalca que el recurrente no presentó en su momento un reclamo de fondo contra la resolución, lo que acarrea consecuencias procesales relevantes que el tribunal deberá evaluar.

Respecto al procedimiento de destitución, sostiene que se cumplió con todas las exigencias legales y administrativas, incluyendo la debida motivación, proporcionalidad, razonabilidad y respeto al debido proceso, destacando que la funcionaria contó con asesoría jurídica, ejerció sus derechos y presentó descargos y pruebas durante una investigación de cinco meses.

Sobre la conducta sancionada, se enfatiza que no se trata solo de incumplir el reposo médico, sino de la salida reiterada al extranjero mientras se percibía el subsidio de la licencia médica, lo que constituye una infracción grave dado el deber especial de los funcionarios públicos de respetar la ley y ser ejemplo para la comunidad. Además, se señala el perjuicio material y de gestión para la municipalidad, que debe asumir costos y esfuerzos adicionales cuando los funcionarios incurren en estas conductas.

Para determinar la sanción, se utilizaron criterios como cantidad de días, número y extensión de salidas, y si hubo pernoctación. En base a estos parámetros, se decidió la destitución de ocho funcionarios y sanciones menores para otros tres. Se reprocha la actitud del recurrente, quien no reconoce la gravedad de su conducta ni su impacto institucional, y aclara que solo podrían justificarse salidas al extranjero por motivos médicos, lo que no es el caso.

Finalmente, se solicita al tribunal rechazar el recurso de protección, argumentando que no existió vulneración a las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso ni derecho de propiedad, y pide condena en costas para el recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que los hechos que motivan el presente recurso los hace consistir la recurrente en la dictación por parte de la recurrida, del Decreto Alcaldicio N°NUM000 de fecha 10 de octubre de 2025 que aplicó la medida disciplinaria de destitución.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida insta al rechazo del recurso, aduciendo que respecto al procedimiento de destitución se cumplió con todas las exigencias legales y administrativas, incluyendo la debida motivación, proporcionalidad, razonabilidad y respeto al debido proceso, destacando que la funcionaria contó con asesoría jurídica, ejerció sus derechos y presentó descargos y pruebas durante una investigación de cinco meses.

Sobre la conducta sancionada, se enfatiza que no se trata solo de incumplir el reposo médico, sino de la salida reiterada al extranjero mientras se percibía el subsidio de la licencia médica, lo que constituye una infracción grave dado el deber especial de los funcionarios públicos de respetar la ley y ser ejemplo para la comunidad. Además, se señala el perjuicio material y de gestión para la municipalidad, que debe asumir costos y esfuerzos adicionales cuando los funcionarios incurren en estas conductas.

QUINTO: Que, efectuado el análisis pertinente, y en primer término, es menester precisar que, pese a la gravedad de la medida contenida en la resolución impugnada, esto es, la destitución del cargo servido por la recurrente, ese solo hecho no torna per se al acto administrativo en cuestión en arbitrario o ilegal, por lo cual es necesario examinar si al dictarse la mencionada resolución, se ha incurrido o no en una ilegalidad o arbitrariedad.

Así, y bajo el supuesto citado, de los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que el acto administrativo impugnado carezca de fundamento legal o se haya dictado fuera de la competencia de la autoridad edilicia, ni que configure un actuar arbitrario o ilegal en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Ello porque resulta patente que la medida disciplinaria cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, mediando designación de un Fiscal, con observación de una etapa indagatoria y posterior formulación de cargos, con acceso del inculpado al examen del expediente, con presentación de por parte de la recurrente y en el ejercicio pleno de su derecho a defensa de los correspondientes descargos y con la dictación de un decreto sancionatorio motivado que a partir de los antecedentes reunidos por el fiscal instructor contempló, desde la perspectiva disciplinaria, una decisión final de la autoridad competente, de tal suerte que se han observado las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883.

A mayor abundamiento, es un hecho no discutido que los procesos disciplinarios constituyen medios idóneos a través de los cuales la administración se vale para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario que infringe sus obligaciones y deberes en cuanto tal.

SEXTO: Que, por otro lado, no fluye ni se ha demostrado en lo concreto, que la sanción de destitución haya sido impuesta con ausencia de fundamento o vulnerando manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad, toda vez que el hecho ilícito administrativo imputado a la recurrente, vale decir, sus viajes al extranjero durante el goce de una licencia médica, específicamente a Argentina, en más de una oportunidad, al registrar 13 días de salidas, durante el año 2023, en un lapso acotado de cinco meses, y sin que haya mediado una justificación de esos viajes como parte del tratamiento ordenado, se encuentra acreditado y fue ponderado por la autoridad con potestad disciplinaria, como una infracción grave al deber de probidad, que no ameritaba mitigantes, sino la sanción de destitución del cargo, razones por las cuales no se observa que la autoridad edilicia, finalmente competente para aplicar esa medida disciplinaria de conformidad a la ley, haya adoptado esa medida expulsiva en forma desproporcionada, sin fundamentos o fuera del ámbito o excediendo los límites de sus facultades o atribuciones.

SEPTIMO: Que, en función entonces de la ausencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados en los numerales 19 N°1, afectación psíquica o emocional del recurrente por lo acontecido; 19 N°2, igualdad ante la ley, respecto del trato y valoración presuntamente dispar dado a hechos que se juzgaron particularmente graves; 19 N°3, derecho al debido proceso, toda vez que la sustanciación del sumario y conclusiones motivadas a que arribó la autoridad y que vertió en la resolución impugnada se ajustan a estándares y proporcionalidad que se estiman ajustados a derecho, y garantía del 19 N°24, derecho de propiedad, en este caso del empleo, que no puede estimarse como un derecho absoluto y que cede ante la gravedad de la conducta no proba del recurrente, es que el recurso de protección interpuesto no puede entonces prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso intentado en favor de nombre reservado y en contra de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Juan Santiago Villa Martínez.

Rol N°584-2025.PROTECCION.