Protección contra Ilustre Municipalidad de Torres del Paine

Punta Arenas, cuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparecen nombre reservado, chileno, abogado y nombre reservado, chilena, abogada, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Magallanes y Antártica Chilena quienes deducen recurso de protección en favor de nombre reservado, chileno, técnico encargado de remuneraciones y recursos humanos de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, Presidente de la Asociación de Funcionarios desde agosto del año 2024 y, en contra de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, representada por doña nombre reservado

nombre reservado, en su calidad de alcaldesa, cuyo profesión desconocen, ambos domiciliados en domicilio reservado, por los actos que estiman arbitrarios e ilegales consistentes en la dictación del Decreto Alcaldicio NUM000, de fecha 10 de octubre de 2025, que dispuso su destitución y el Decreto Alcaldicio NUM001, de 22 de octubre de 2025, que rechazaron su reposición.

Relatan que nombre reservado ingresó el año 2019 a la Municipalidad como técnico encargado de Remuneraciones y Recursos Humanos, y que mediante Decreto NUM002 de 27 de mayo de 2025 se instruyó sumario por supuestas salidas al extranjero en licencia médica, culminando con la destitución por el Decreto NUM000.

Agregan que el 13 de octubre se le impidió continuar labores, siendo retirado por la alcaldesa, pese a no estar firme el acto. El 17 de octubre interpuso reposición y el 22 fue rechazado por Decreto NUM001.

Indican que el recurrente ha mantenido conducta intachable, siendo además presidente de la Asociación de Funcionarios, y que las salidas al extranjero fueron breves y justificadas por trámites familiares y médicos.

Señalan que los cargos imputados refieren mal uso de licencia médica y vulneración de probidad, hechos que no constituyen la causal del artículo 123 de la Ley 18.883 ni configuran infracción grave.

En sus descargos, el recurrente explicó que las salidas fueron por trámites de montepío y salud derivados del fallecimiento de su padre y patologías propias, sin perjuicio al servicio municipal.

Alegan ausencia de valoración de prueba, contradicciones en el acto administrativo, exposición de datos sensibles y falta de proporcionalidad, pues otros funcionarios recibieron sanciones menores.

Sostienen infracción a los principios de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y debido proceso, junto con vulneración de la igualdad ante la ley y derecho de propiedad del funcionario.

En este sentido indican que existe una distinción entre la facultad entregada a los organismos de salud pertinentes para investigar una transgresión a las normas legales y reglamentarias que rigen el uso, otorgamiento y autorización de las licencias médicas, para los fines de rechazar o invalidar tales beneficios, y obtener la devolución de los subsidios indebidamente percibidos y, por otra, la atribución de los órganos de la Administración para establecer y sancionar la responsabilidad administrativa de sus funcionarios por los mismos hechos.

Continúan señalando que la autoridad se encuentra obligada a aplicar la medida de destitución, cuando una ley expresa tipifica una determinada conducta con dicha sanción, como ocurre por ejemplo, con las letras a), b), c), d), e), f) y g) del artículo 123 de la Ley N°18.883 (Estatuto Funcionarios Municipales), esto es, solo cuando los hechos constitutivos de la infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa, como es el caso de aquellas conductas descritas en el artículo 62 de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

En este sentido sostienen que de esta forma, y sin perjuicio que las causales de destitución son taxativas, se hace necesario señalar que el decreto alcaldicio impugnado, que dispone la destitución de su representado no fue dictado conforme a derecho porque en los hechos de autos no se configura la causal de destitución toda vez que no se determina la existencia de una infracción indicada en el Artículo 123 en sus distintas letras, y no se indica porqué existe una vulneración grave al principio de probidad.

Agregan que el artículo 52 inciso 2° de la Ley N°18.575, refiere que ”El principio de la probidad administrativa consiste en observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”, tipificando el artículo 123 de la ley 18.883 sobre Estatuto para Funcionarios Municipales, qué conductas contravienen especialmente el principio de probidad administrativa, dentro de las cuales, no se encuentra el incumplimiento de reposo médico. De modo que a su juicio sostienen es claro que la recurrida no cumplió con los principios de reserva legal y tipicidad, cuyo sustrato se encuentra en el artículo 19 N°3 inciso 7 de la Constitución Política de la República.

Agregan además que en la especie la sanción disciplinaria de destitución se encuentra consagrada en el artículo 123 de la Ley N°18.883 pero la conducta atribuible al funcionario y sobre la cual se construye la sanción impuesta, esto es, haber salido del país mientras se encontraba haciendo uso de licencia médica, no se encuentra dentro de las descritas por el legislador en el artículo 62 de la Ley N°18.575, las que relacionadas con el artículo 52 inciso 2° del mismo cuerpo normativo, exigen que la infracción al deber de probidad administrativa, se verifique en el ejercicio de sus funciones, presupuesto fáctico que no se da en la especie, desde que el reposo prescrito por la licencia médica extendida al recurrente, resultan del todo incompatible con el ejercicio o cumplimiento contemporáneo o coetáneo de las labores para las cuales se adscribió a la Administración, no constituyendo los hechos materia de los cargos formulados la infracción que se le imputa al Funcionario.

De otro lado agregan que al tenor de lo establecido en el artículo 123 de la ley 18.883, la infracción en comento debe ser aquella de la entidad suficiente para sustentar lo que constituye la sanción más gravosa que establece la ley para un funcionario público, esto es la destitución de su cargo, que además lleva aparejada la inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años. La falta en cuestión o conducta reprochada, esto es, incumplimiento de reposo médico, no se produjo en el contexto de lo que se pueda entender subsumido dentro del ejercicio de las funciones públicas de quien solicita el amparo constitucional, sino que en momentos en que sus funciones se encontraban suspendidas, ya que se le había diagnosticado una determinada enfermedad (debidamente acreditada mediante la licencia médica extendida por profesional competente, instrumento médico que además goza de una presunción de veracidad, que no fue desvirtuada durante el sumario administrativo) y se le había recetado reposo, esto es, no podía concurrir a su lugar de trabajo, por lo que malamente una conducta realizada fuera de su lugar de trabajo, cuando no se encontraba en funciones, es decir, interrumpida la prestación de sus servicios, pueda constituir o considerarse una dinámica que sanciona el artículo 123 de la ley 18.883. Esto es, no cumplía su labor pública, al momento de que concurrió a la ciudad de Río Turbio a República de Argentina, razonamiento que se puede extraer de lo que disponen el citado artículo 123 del Estatuto para funcionarios Municipales, en relación con el artículo 62 de la ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y 52 incisos segundo del mismo compendio legal.

De otro lado, en relación con la proporcionalidad de la sanción, sostienen que en este caso la autoridad administrativa debiendo ponderar la existencia de otros factores que mitiguen o excluyan la responsabilidad, no lo hizo, lo cual es una vulneración fragrante a la garantía de igualdad ante la Ley. Que debió considerarse entonces la irreprochable conducta anterior, que nunca fue objeto de algún proceso disciplinario anterior, y que sus salidas a la República de Argentina y particularmente a la localidad de Río Turbio fueron por razones de trámites familiares.

Hacen presente que el Municipio, del total de funcionarios sometidos a sumario administrativo por eventual mal uso de licencia médica solo aplicó la sanción de destitución a cinco funcionarios, y a los demás aplicó sanciones de menor entidad, lo que ratifica el argumento en cuanto era posible aplicar medidas disciplinarias distintas en base al principio de proporcionalidad.

Además, alegan la existencia de vicios del procedimiento sancionatorio dando cuenta primeramente de la contravención al principio de reserva y confidencialidad con el que se deben llevar este tipo de procedimientos sancionatorios, ya que el fiscal instructor desde la notificación de la primera resolución sumarial, evidencia y expone los antecedentes de todas los funcionarios investigados (19 trabajadores), es decir, su representado toma conocimiento de los antecedentes, licencias médicas, patologías, certificados y declaraciones de los otros dieciocho trabajadores de la Municipalidad de Torres del Paine que se encontraban siendo sumariados, a su vez, que ellos toman conocimiento de sus antecedentes personales, sensibles y confidenciales, como lo es por ejemplo una licencia médica, lo que contraviene abiertamente las leyes Nº19.628 y N°21.719 y se lleva a efecto sin que exista consentimiento de por medio.

También refieren la existencia de imprecisiones en el acto administrativo, en cuanto se señalaría en este que es tan determinante el hallazgo de Contraloría al respecto que es posible constatar que la presunción de inocencia no existe, desconociéndose la garantía constitucional y haciendo una presunción de culpabilidad. Además, agregan que se señala que el motivo de la salida no ha sido acreditado, lo cual no es veraz ya que acompañó en su escrito de descargos documentos que darían cuenta que su viaje a Río Turbio y Río Gallegos tenían estricta relación con trámites relativos al montepío y consecuencialmente la radicación argentina de su madre, ya que su padre era pensionado argentino. Refieren además que en el decreto se señala que en atención a los valores pagados y a las tareas que debieron ejecutar en su ausencia otros funcionarios, lo que se aleja de la realidad ya que su reposo nunca motivó contrataciones.

Sobre el derecho de igualdad ante la ley sostienen que se vulneró flagrantemente esta directriz que se erige como garantía constitucional. De esta manera, las diversas alegaciones efectuadas por este recurrente se encuentran entrelazadas en términos tales que aplicar una sanción como la destitución con infracción al principio de tipicidad por cuanto se requiriere que la misma sea el castigo de una determinada “acción típica, antijurídica y culpable” y que a consecuencia de dicho acometimiento ilícito pueda sustentarse la “sanción administrativa” lo que no ocurre en este caso, falta de fundamentación de la resoluciones y la infracción del principio de proporcionalidad de las sanciones, que no sólo constituye un acto arbitrario e ilegal -al contrariar las disposiciones del Estatuto Administrativo al cual se encontraba adscrito el recurrente, sino que, además, importa una vulneración del derecho de igualdad ante la ley que la Constitución garantiza a todas las personas.

Agregan que el presente caso los fundamentos del decreto que dispone la destitución, como del mismo modo el decreto que se inhibe de conocer el recurso de reposición en virtud del inciso final del artículo 54 de la ley 19.880, infringen el derecho al debido proceso administrativo, por cuanto no respetó el principio rector (proporcionalidad) en el concepto de infracción administrativa que se encuentra en estrecha relación con los principios de legalidad, reserva legal y tipicidad.

En lo que refiere al derecho de propiedad consagrado en Art 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, relativo a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo, prerrogativa que la judicatura está en el deber de preservar, indica que en la especie se ha dispuesto una destitución, maquillada de un supuesto actuar dotado de formalidad, pero que en los hechos es flagrantemente ilegal, carente de lógica y arbitrario, privando con ello de la carrera funcionaria, la estabilidad en el empleo y las respectivas remuneraciones que percibía nuestro representado, quien además ha desarrollado una carrera funcionaria por más de 20 años en la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, quedando inhabilitado para ingresar a otro servicio público de la comuna, y ante la escasa oferta laboral privada de la comuna de Torres del Paine sin duda limita de manera extrema el futuro laboral de don nombre reservado con la consecuencial afectación emocional.

Finalmente, solicitan se acoja el recurso y en definitiva se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por Decreto Alcaldicio NUM000 de 10 de octubre de 2025, y Decreto Alcaldicio NUM001 de fecha 22 de octubre de los corrientes disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional. En conjunto a lo anterior, se ordene la reincorporación del funcionario y efectuar el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplique la destitución y hasta su efectiva reincorporación, con costas o las medidas que se estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Evacuó el informe por la recurrida el abogado Carlos Alberto Contreras Quintana.

Señala previamente, en relación con las acciones ejecutadas por la recurrente, que posterior a la notificación del decreto de destitución el recurrente generó las siguientes acciones administrativas y jurisdiccionales: Con fecha 21 de octubre dedujo acción constitucional de protección número de rol protección 535-2025 de ingreso a la ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, reclamando de la acción ejecutada por la alcaldesa destinada al cumplimiento del decreto NUM000, acción fallada con fecha 10 de noviembre del año 2025 rechazando la pretensión deducida; con fecha 17 de octubre deduce recurso de reposición administrativo en contra del decreto NUM000 de fecha 10.10.2025, razón por la cual se dictó el decreto alcaldicio NUM001 de fecha 22 de octubre de 2025 por el cual se rechaza el recurso de reposición deducido en contra de la resolución que determinó su destitución quedando afirme dicha sanción y con fecha 09 de noviembre de 2025, presenta la acción constitucional de protección que informa.

Al efecto señala que, tras la interposición de una acción judicial por parte del recurrente, la administración quedó inhibida de pronunciarse sobre reclamaciones administrativas relacionadas con el mismo acto (decreto de destitución NUM000), en virtud del artículo 54 de la Ley 19.880. Se recalca que el recurrente no presentó en su momento un reclamo de fondo contra la resolución, lo que acarrea consecuencias procesales relevantes que el tribunal deberá evaluar.

Respecto al procedimiento de destitución, sostiene que se cumplió con todas las exigencias legales y administrativas, incluyendo la debida motivación, proporcionalidad, razonabilidad y respeto al debido proceso, destacando que el funcionario contó con asesoría jurídica, ejerció sus derechos y presentó descargos y pruebas durante una investigación de cinco meses.

Sobre la conducta sancionada, se enfatiza que no se trata solo de incumplir el reposo médico, sino de la salida reiterada al extranjero mientras se percibía el subsidio de la licencia médica, lo que constituye una infracción grave dado el deber especial de los funcionarios públicos de respetar la ley y ser ejemplo para la comunidad. Además, se señala el perjuicio material y de gestión para la municipalidad, que debe asumir costos y esfuerzos adicionales cuando los funcionarios incurren en estas conductas.

Para determinar la sanción, se utilizaron criterios como cantidad de días, número y extensión de salidas, y si hubo pernoctación. En base a estos, se decidió la destitución de ocho funcionarios y sanciones menores para otros tres. Se reprocha la actitud del recurrente, quien no reconoce la gravedad de su conducta ni su impacto institucional, y aclara que solo podrían justificarse salidas al extranjero por motivos médicos, lo que no es el caso.

Finalmente, se solicita al tribunal rechazar el recurso de protección, argumentando que no existió vulneración a las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso ni derecho de propiedad, y pide condena en costas para el recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, los hechos que motivan el presente recurso los hace consistir el recurrente en la dictación por parte de la recurrida, del Decreto Alcaldicio NUM000 de fecha 10 de octubre de 2025 que aplicó la medida disciplinaria de destitución y el Decreto Alcaldicio NUM001 de fecha 22 de octubre de 2025 que rechazó el recurso de reposición interpuesto.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida insta al rechazo del recurso, aduciendo que respecto al procedimiento de destitución se cumplió con todas las exigencias legales y administrativas, incluyendo la debida motivación, proporcionalidad, razonabilidad y respeto al debido proceso, destacando que el funcionario contó con asesoría jurídica, ejerció sus derechos y presentó descargos y pruebas durante una investigación de cinco meses.

Sobre la conducta sancionada, se enfatiza que no se trata solo de incumplir el reposo médico, sino de la salida reiterada al extranjero mientras se percibía el subsidio de la licencia médica, lo que constituye una infracción grave dado el deber especial de los funcionarios públicos de respetar la ley y ser ejemplo para la comunidad. Además, se señala el perjuicio material y de gestión para la municipalidad, que debe asumir costos y esfuerzos adicionales cuando los funcionarios incurren en estas conductas.

QUINTO: Que, efectuado el análisis pertinente, en primer término, es menester precisar que, pese a la gravedad de la medida contenida en la resolución impugnada, esto es, la destitución del cargo servido por el recurrente, ese solo hecho no torna per se al acto administrativo en cuestión en arbitrario o ilegal, por lo cual es necesario examinar si al dictarse la mencionada resolución se ha incurrido o no en una ilegalidad o arbitrariedad.

Así y bajo el supuesto citado, de los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que el acto administrativo impugnado carezca de fundamento legal o se haya dictado fuera de la competencia de la autoridad edilicia, ni que configure un actuar arbitrario o ilegal en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Ello porque resulta patente que la medida disciplinaria cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, mediando designación de un Fiscal, con observación de una etapa indagatoria y posterior formulación de cargos, con acceso del inculpado al examen del expediente, con presentación por parte del recurrente y en el ejercicio pleno de su derecho a defensa de los correspondientes descargos y con la dictación de un decreto sancionatorio motivado que a partir de los antecedentes reunidos por el fiscal instructor, contempló desde la perspectiva disciplinaria una decisión final de la autoridad competente, que además fue revisada con motivo del recurso interpuesto, de tal suerte que se han observado las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883.

A mayor abundamiento, es un hecho no discutido que los procesos disciplinarios constituyen medios idóneos a través de los cuales la administración se vale para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario que infringe sus obligaciones y deberes en cuanto tal.

SEXTO: Que, por otro lado, no fluye ni se ha demostrado en lo concreto, que la sanción de destitución haya sido impuesta con ausencia de fundamento o vulnerando manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad, toda vez que el hecho ilícito administrativo imputado al recurrente, vale decir, sus viajes al extranjero durante el goce de una licencia médica, específicamente a Argentina, en más de una oportunidad, a saber, en concreto, veinte salidas dentro de un lapso de veintidós meses, y sin que haya mediado una justificación de esos viajes como parte del tratamiento ordenado, se encuentra acreditado y fue ponderado por la autoridad con potestad disciplinaria, como una infracción grave al deber de probidad, que no ameritaba mitigantes, sino la sanción de destitución del cargo, razones por las cuales no se observa que la autoridad edilicia finalmente competente para aplicar esa medida disciplinaria de conformidad a la ley y posteriormente ratificada en la resolución impugnada, haya adoptado esa medida expulsiva en forma desproporcionada, sin fundamentos o fuera del ámbito o excediendo los límites de sus facultades o atribuciones.

SEPTIMO: Que, en función entonces de la ausencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados en los numerales 19 N°1, afectación psíquica o emocional del recurrente por lo acontecido; 19 N°2, igualdad ante la ley, respecto del trato y valoración presuntamente dispar dado a hechos que se juzgaron particularmente graves; 19 N°3, derecho al debido proceso, toda vez que la sustanciación del sumario y conclusiones motivadas a que arribó la autoridad y que vertió en la resolución impugnada se ajustan a estándares y proporcionalidad que se estiman ajustados a derecho; y, por último, garantía del 19 N°24, derecho de propiedad, en este caso del empleo, que no puede estimarse como un derecho absoluto y que cede ante la gravedad de la conducta no proba del recurrente; es que el recurso de protección interpuesto no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso intentado en favor de nombre reservado y en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TORRES DEL PAINE, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del Ministro Sr. Juan Santiago Villa Martínez.

Rol N°582-2025.PROTECCION.