nombre reservado con nombre reservado

Punta Arenas, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho.

Vistos:

Comparecen don nombre reservado, funcionario soporte informático, doña nombre reservado, funcionaria administrativa; doña nombre reservado, paradocente; doña nombre reservado, bibliotecaria; doña nombre reservado, funcionaria asistente de alumno, todos prestan servicios en la Corporación Municipal de Punta Arenas y recurren de protección en contra de don nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado; y solicitan se acoja el presente recurso, obligando a los recurridos entregar las llaves de la oficina sindical, libros y registros de afiliados sindicalizados, estado y cuentas del sindicato dentro del plazo que se determine por esta Corte, o se adopten las medidas que estime a objeto de restablecer el imperio del derecho, con costas.

Refieren los recurrentes que son afiliados al Sindicato de Trabajadores Asistentes de la Educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, constituido el día 13 de septiembre de 1991, y forman parte del Tribunal Calificador de Elecciones, elegidos democráticamente mediante Asamblea de 28 de mayo del año en curso, en presencia de 330 socios.

Agregan que según sus estatutos la directiva dura en el cargo 3 años, los recurridos formaron parte de aquella, como Presidente, Tesorero, Secretario, Primera y Segunda Directora, respectivamente; todos cuyos cargos expiraron el día 08 de mayo pasado, a pesar de lo cual, se oponen a que exista nueva directiva y afectando la continuidad del sindicato, ocultando cualquier tipo de información para propender a libertad sindical, ya que detentan los bienes muebles e inmuebles del sindicato, negándose a su entrega.

Precisan que el día 01 de junio del presente se contactaron telefónicamente con el recurrido don nombre reservado, solicitando la documentación pertinente y la oficina del sindicato, para desarrollar las labores correspondientes a las elecciones de la nueva directiva, quien manifestó que no se le había informado de la conformación del Tribunal Calificador de Elecciones, desconociendo que pasó después de cesar en sus funciones el 08 de mayo pasado, cuando el sindicato quedó acéfalo, por lo que niega entregar información de socios, dinero ni llaves de la oficina; no obstante ello, interpuso junto a los demás miembros de la directiva saliente un recurso de nulidad ante el Tribunal Electoral de esta ciudad, el cual fue declarado inadmisible. Dichos requerimientos de documentos fueron reiterados vía telefónica y correo electrónico, sin obtener respuesta a la fecha. El tesorero de la directiva saliente recurrido Sr. nombre reservado, informó que había entregado chequera, dinero, y nóminas al recurrido Sr. nombre reservado, desconociendo el destino de los dineros de las cuotas sindicales, como tampoco los dineros provenientes de un avenimiento celebrado ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, en causa RIT T-25-2017, donde se percibió la suma de $13.000.000 de pesos, lo que evidencia el actuar oculto de la directiva, entorpeciendo la libertad sindical.

Refuerza la conclusión anterior, la circunstancia que los recurridos hicieron un llamado a través de las redes sociales, a objeto de invitar a participar a los trabajadores afiliados a este sindicato, a formar una nueva organización sindical, de lo cual se desprenden sus intenciones de dividir la asociación a la cual pertenecen.

Ante esta situación, a fin de continuar con el proceso eleccionario, obtuvieron de parte del empleador la nómina de trabajadores sindicalizados, estado de pago de cuotas sindicales y fechas de ingreso de los socios para efectos de postulación; y comienzan a desarrollar sus labores en dependencias de Caja de Compensación La Araucana.

Las conductas abusivas de los recurridos impiden la libertad sindical consagrada en el artículo 19 N° 19 de la Constitución Política de la República, con fines propios, los cuales tienen por objeto que el sindicato se mantenga sin directiva y cumplan su objetivo de formar una nueva agrupación sindical, lo que no será posible ya que se ha llevado a efecto el proceso normal de votaciones el 27 de junio del actual, adecuándose al estatuto vigente, con asesoría de abogados y fiscalización de la Inspección del Trabajo, pretendiendo con la presente acción cautelar la recuperación de los documentos, dineros y oficina sindical, que los recurridos impiden entregar a toda costa, siendo necesaria la intervención de esta Corte de Apelaciones.

Informa el recurrido don nombre reservado, quien en su calidad de Secretario del Sindicato de Asistentes de Educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, señala que las actas, correspondencias, archivos y otros a su cargo, propios de su responsabilidad, se encuentran desde el día 08 de julio en dependencias de las oficinas del Sindicato, puesto que desde ese día cesaron sus funciones como tal, así como también las claves de correos electrónicos y teléfono a su cargo. En cuanto a la no entrega de materiales e información solicitada por el Tribunal Calificador de Elecciones, se acordó por la Directiva y en reunión de delegados destinar los dineros a la Comisión Encargada de llevar a cabo las reformas estatutarias ($500.000 pesos) para los gastos en los que tenga que incurrir. Asimismo la Directiva acordó cesar en todas las actividades sindicales, ya que con fecha 08 de mayo terminaba su fuero y por ende su calidad de directiva del sindicato, quedando a la espera de las acciones a seguir según lo estipulado en los estatutos. Niega haber participado en algún recurso de nulidad ante el Tribunal Electoral como se indica en el recurso; informó del avenimiento arribado en sede laboral y rechaza la afirmación de su participación en un llamado de redes sociales u otro medio a conformar una nueva organización sindical.

Informa asimismo la recurrida doña nombre reservado, quien reconoce haber tenido la calidad de dirigente sindical, cuyo plazo expiró el 08 de mayo del año en curso, perdiendo todo tipo de contacto con el resto de la directiva anterior, ya que no comparte la posición del Sr. nombre reservado, del Sr. nombre reservado y de la Sra. nombre reservado, en ejercer acciones antisindicales como las denunciadas en el recurso. Añade que participó en las votaciones de la nueva Directiva este 27 de junio recién pasado, las cuales se hicieron con apego a la ley y estatutos. Aclara que no tiene responsabilidad en el uso de la oficina, celulares y otros elementos, ya que ello radicaba solo en el presidente y tesorero.

Informan conjuntamente los recurridos nombre reservado y nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso, con declaración que existiendo causa pendiente ante el Tribunal Electoral Regional, Rol N° 495/2018, el conflicto relativo al proceso electoral por las elecciones de renovación del Directorio y los actos conexos anteriores o posteriores a dicho proceso electoral de fecha 27 de junio de 2018, deben ser conocidos y resueltos en dicha sede, asimismo que respecto de la supuesta vulneración por actos de obstrucción a la libertad sindical de los recurridos estas acciones deben ser promovidas y resueltas por el Tribunal del Trabajo, con costas.

Refiere que los hechos invocados en el libelo no afectan el derecho de afiliación sindical, ni su autonomía, la presente acción cautelar importa un cuestionamiento a la directiva saliente, que cesó el pasado 08 de mayo. El conflicto dice relación con el proceso de elecciones para la renovación del directorio, lo que se litiga a la fecha ante el Tribunal Electoral Regional, existiendo causa pendiente en que se solicita la nulidad de las elecciones convocada por los recurrentes, que en su concepto infringe la ley y los estatutos. Lo discutido excede el marco de la acción de protección, ya que la comisión de actos vulneratorios a la libertad sindical deben ser conocidos y resueltos por el tribunal del trabajo competente.

Los recurrentes son cinco personas que se proclaman Tribunal Calificador de Elecciones, sin embargo el artículo 13 de los estatutos, en su inciso tercero dispone: "En el caso que la organización sindical se encuentre sin directiva vigente, los socios designarán una comisión integrada por tres socios, quienes se encargarán de recepcionar las candidaturas en los términos indicados en los incisos anteriores, como asimismo, efectuar los trámites que correspondan para la asistencia del ministro de fe en el acto eleccionario y para efectuar las comunicaciones pertinentes”, excediendo en número y una de ellas es hermana de quien se proclama nuevo presidente del Sindicato.

El recurrido nombre reservado, Tesorero del Sindicato, ha ocupado el cargo por seis años consecutivos en directivas diversa, alega que uno de los cuestionamientos en esta campaña de difamación y desprestigio es inventar una supuesta defraudación por la suma de $13.000.000 de pesos como indemnización en la causa RIT T-25-2017, sin embargo el pago de dicha suma se pactó en cuotas habiéndose percibido solamente $3.000.000 de pesos, lo cual fue informado los socios. En cuanto al manejo de la cuenta corriente esta es bipersonal y la nueva directiva podrá constituir una comisión revisora de cuentas, de modo que no existe un actuar oculto que afecte la libertad sindical, habiéndose pagado el arriendo y gastos comunes de la sede, resguardándose por existir bienes de significación económica en el lugar. Agrega que el recurrido nombre reservado, quien fuera presidente de la organización, no se resiste a hacer entrega del cargo, sino que lidera una opción distinta, de constituir un nuevo referente sindical, que opte por nuevos estatutos y principios, buscando realizar el principio de igualdad de género y plena incorporación de la mujer a la directiva sindical, creando un cargo adicional de Encargada de Asuntos de la Mujer, lo que no constituye una práctica antisindical, dado que es inherente al ejercicio de este derecho fundamental.

Explica que a fin de adecuar los estatutos a lo previsto en la nueva redacción del artículo 231 del Código del Trabajo, que obliga que a lo menos un tercio de los miembros del directorio esté integrado por mujeres, se sometió a votación la reforma el 24 de abril de 2018, no fue aprobado, absteniéndose la directiva de gestionar convocatoria alguna.

Refiere que en la última asamblea ordinaria de socios de fecha 07 de mayo de 2018 se acordó elegir una "Comisión a cargo de presentar una nueva propuesta de reforma de estatutos", a poco andar dicha comisión cambió su objeto y perdió su constitución plural original, dado que de las siete personas electas en asamblea general renunciaron tres y sólo quedaron cuatro que representaban una sola opción, sin que pudiera manifestarse libremente y con garantías aquel sector que insiste en reformar estatutos, hace presente que en las elecciones de 24 de abril de 2018 en que se votó la reforma de estatutos este sector fue mayoría y no obstante, no se obtuvo el quórum para la reforma.

Precisa que un primer reclamo interpuesto ante el Tribunal Electoral Regional, fue declarado inadmisible sin embargo existe un segundo aun pendiente. En tanto, no exista pronunciamiento del dicho tribunal resulta del todo improcedente que los recurrentes se atribuyan la representación del Sindicato de Trabajadores Asistentes de la Educación y no pueden pretender se les entreguen los bienes, dineros y efectos de oficina de dicho sindicato que permanece en receso, en tanto no se efectúen elecciones válidas conforme a sus estatutos y a la ley, garantizando la posibilidad que todas socias y trabajadores puedan acceder a cargos en el Directorio, con derecho a fuero sindical, lo que ciertamente no se ha cumplido.

Añade que los recurrentes invocan confusamente la afectación a su derecho o garantía de libertad sindical, sin describir en que forma las actuaciones conculcan dicha garantía fundamental, no habiéndose comprometido, negado o conculcado por los recurridos. Hace presente que la comisión designada para la reforma de estatutos no se encontraba facultada para nominar un Tribunal calificador de elecciones o efectuar una convocatoria y promover elecciones de renovación de directorio, en un proceso que desconoce lo estatutos y la ley; ya que convocan a una asamblea, donde informan a los asistentes que no resulta necesaria una reforma a los estatutos sino solo una adecuación de los mismos, por lo cual solo corresponde la elección de las cinco primeras mayorías como miembros del directorio, fundado ello en un nuevo Dictamen de la Dirección del Trabajo, el cual es posterior a la designación de la comisión de reforma de estatutos, sin perjuicio de lo cual no se generó una modificación de estatutos o un procedimiento electoral que garantice la integración del sindicato por al menos un 30% de socias activas del mismo, sino que en definitiva se promovió y realizó un sistema de elección indirecta, con una sola urna, sin control alguno sobre los electores, sin formalización de las candidaturas, sin observar los plazos mínimos de presentación y con un sistema de voto único pero múltiple que generó confusión y en definitiva permitió un proceso electoral irregular, que es precisamente el conflicto que se deberá resolver en definitiva por el Tribunal Electoral Regional, oportunidad procesal en que los recurrentes como integrantes del TRICEL y responsables de haber gestado dicho proceso electoral podrán presentar sus descargos y antecedentes justificativos de su personería y de la legitimidad que invocan.

Entienden que el Directorio saliente no se encuentra en la obligación legal de proporcionar o facilitar medios o recursos financieros del sindicato para propiciar o realizar dichos objetivos, de hecho acordó no disponer de recurso alguno y es así como se les informó oportunamente, dado que el sindicato se encuentra en receso, en forma tal que no se ha girado dineros de la cuenta corriente que el sindicato tienen en el Banco de Crédito e Inversiones, para ningún efecto.

Los recurridos al efectuar su presentación al Tribunal Electoral Regional, no han incurrido en ilegalidad alguna, no han desarrollado acciones obstructivas o conducentes a perjudicar al sindicato. Por el contrario, la directiva saliente, encontrándose el sindicato en receso, está disponible y se allana a entregar el cargo a la directiva que en definitiva resulte electa en un procedimiento transparente y que dé garantías, como lo indican los estatutos que las distintas propuestas serán votadas, escuchadas y respetadas. En todo caso, observará lo que en definitiva resuelva el Tribunal Electoral Regional. Luego, quien no tiene un título indubitado para exigir documentos o información personal de los socios afiliados, tales como quien se encuentra afiliado o al día en el pago de sus cuotas sociales no tiene derecho de exigir la entrega de recursos o documentación alguna.

La libertad sindical, entendida como la facultad de constituir sindicatos, organizarlos y de afiliarse o desafiliarse de los mismos, darse su propia directiva y procedimiento interno de elecciones y de renovación de su Directorio, puede y debe ser amparada por el Tribunal Competente. En esta dimensión orgánica o funcional tiene expresa protección en el Código del Trabajo, resultándole aplicable el procedimiento de Tutela Laboral. Luego, es este un procedimiento que, debe ser conocido por el Tribunal del Trabajo competente, pues en estricto rigor se demanda se declare la comisión de determinadas infracciones que no fueron reclamadas ni en la Inspección del Trabajo ni ante el Tribunal del Trabajo competente, en tanto no se compromete en modo alguno el ejercicio de un derecho fundamental por parte de trabajadores organizados colectivamente, sino que es un grupo de personas que al margen de todo procedimiento se atribuye facultades y derechos de los cuales carece.

En iguales términos informa la recurrida doña nombre reservado, quien agrega que participa de un grupo de mujeres que busca se respete su derecho a que un tercio del Directorio con derecho a fuero, corresponda a socias asistentes de la educación, instando por la reforma de los estatutos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por los recurrentes, lo hacen consistir en la negativa de la directiva saliente del Sindicato de Asistentes de la Educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, de hacer entrega de la documentación, dinero y bienes de dicha organización, obstruyendo con ello la realización de elecciones para la designación de una nueva directiva, vulnerando su libertad sindical al pretender crear una organización paralela.

TERCERO: Que, los recurridos –en términos generales- niegan haber incurrido en las conductas que se le imputan, aludiendo a la existencia de un proceso ante el Tribunal Electoral Regional, en el cual se discute la validez de lo actuado por los recurrentes al convocar a elecciones gremiales, e impugnar el proceso eleccionario. Asimismo sostienen que para impugnar las supuestas prácticas que se denuncian, se debe entablar una acción de tutela laboral, de competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo, careciendo los actores de representación de la organización sindical, lo que impide estimar la existencia de un derecho indubitado que justifique la interposición del recurso de protección.

CUARTO: Que, la controversia planteada, atendida su naturaleza, no es propia de la presente acción cautelar, la que no resulta ser la vía idónea al efecto, por cuanto para acceder a la misma, se debe estar en presencia de un derecho indubitado, no constituyendo el recurso de protección una instancia de declaración o reconocimiento de derechos, como se pretende en la especie. En este sentido la Excma. Corte Suprema ha sostenido que atendida la naturaleza de la controversia: “...no corresponde a una materia que pueda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que esta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre” (Tomado de sentencia dictada en la causa Rol N° 1735-2015 de la Excma. Corte Suprema).

A lo anterior se adiciona que -como señalan correctamente los recurridos- de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 18.593 de Tribunales Electorales Regionales, en su artículo 10 N° 2, corresponde a dichos Tribunales conocer de las reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones de carácter gremial y de las de cualesquiera otros grupos intermedios.

De dicha norma, se desprende que existe en el ordenamiento jurídico nacional un procedimiento para impugnar las irregularidades que se alegan en la presente acción cautelar, de modo que aquellas exceden la competencia de esta Corte y el marco normativo de la acción de protección de determinados derechos que –como se dijo- siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por algún acto u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema en las causas Rol N° 10.940- 2015 y Rol N° 36.668-2017.

QUINTO: Que, atento lo razonado el presente recurso no podrá prosperar, sin perjuicio de otras acciones o derechos que pudieren corresponder a los recurrentes.

Esta decisión que se adelanta, no se ve modificada por los documentos acompañados por los recurrentes, todos los que carecen de incidencia para dicho efecto, como asimismo la objeción de falsedad, planteada por uno de los recurridos, respecto del instrumento que indica y, por último la solicitud de diligencias que se estiman innecesarias para la resolver.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en el artículo 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en esta causa por don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redactada por el Ministro sr. Kusanovic.

ROL Nº 582-2018 PROTECCIÓN.