nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE

nombre reservado, doce de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, con domicilio en domicilio reservado.

Alega que en autos ejecutivos, Rol Expediente Administrativo N°523-2003, tramitada ante el Señor Director Tesorero Regional de nombre reservado, don nombre reservado, solicitó el abandono del dicho procedimiento cuyas últimas gestiones útiles se realizaron el 5 de febrero de 2004.

Expone que dicha institución resulta procedente en sede administrativa, de acuerdo con las normas que cita, y el claro criterio adoptado por la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia en discusión, en orden a que el Tesorero Regional en la primera fase del procedimiento de cobro de obligaciones tributarias actúa como juez sustanciador en sede administrativa y, por ende, ejerce actividad jurisdiccional, por lo que le son aplicables las normas del libro I del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo a los artículos 2 y 190 del Código Tributario.

El acto recurrido lo hace consistir en la sentencia de 10 de agosto de 2023, notificada a su parte el 18 de dicho mes, por la que el recurrido desconoce por completo la procedencia de las normas aplicables a todo procedimiento, que se encuentran en el Código de Procedimiento Civil, negando el carácter jurisdiccional de su actuar, y rechazando la petición de abandono y de prescripción de la acción.

Agrega que el recurrido incurre en el mismo error una segunda vez, en la sentencia del 25 de agosto de 2023, notificada a esta parte el 20 de septiembre de 2023, al negar la procedencia de la apelación deducida en contra de la referida sentencia.

Finalmente, hace presente que no se ha producido el requerimiento judicial ante la justicia civil ordinaria, de la manera que lo ordena el artículo 179 del Código Tributario, es decir, el procedimiento de cobro se encuentra detenido en la etapa administrativa de cobro ante la Tesorería Regional Metropolitano, con lo que han transcurrido con creces los plazos de abandono del procedimiento contemplados en la ley.

En subsidio de la petición de abandono, solicitó se declarase la prescripción de la acción, petición que también se rechazó sin mayor fundamento, en circunstancias que los artículos 200 y 201 del Código Tributario establecen la prescripción de las acciones de cobro de impuestos por parte del Fisco, cuyo plazo es de tres años, por lo que resulta lógico sostener que pasado dicho plazo de tres años sin que el Servicio de Tesorerías haya realizado en el procedimiento gestión alguna para proseguir con el cobro de los impuestos adeudados, se produce la extinción del cobro ejecutivo de la obligación tributaria.

Las actuaciones ilegales y arbitrarias del recurrido, al estancar el proceso por más de tres años han conculcado y vulnerado su derecho de propiedad establecido en el N°24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Solicita en definitiva acoger el recurso y declarar que, por concurrir todos los requisitos legales, es procedente el abandono del procedimiento en causa Rol Expediente Administrativo N°523-2003, tramitada ante el o quien legalmente le subrogue; que, en consecuencia, la resolución de fecha 10 de agosto de 2023 que declara improcedente el abandono del procedimiento y extemporáneo la prescripción de la deuda es contraria a derecho; que, por la misma razón, es contraria a Derecho la resolución de fecha 25 de agosto de 2023, en cuanto declara improcedente la apelación deducida en contra de la precedente resolución; y que, a fin de reestablecer el imperio del Derecho, se ordene a la recurrida declarar abandonado el procedimiento y prescrita la deuda junto con alzar el embargo, o bien declararlo de oficio, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes y procedentes a fin de restablecer el imperio del Derecho.

Evacúa informe la recurrida.

Alega que en cumplimiento de la normativa que la regula, ha generado el expediente administrativo ROL N° 523-2003 de la Comuna de nombre reservado, siendo demandada la recurrente, por Formularios 29, girados por el Servicio de Impuestos Internos, por los folios que individualiza y que van desde los años 1999 a 2001.

Agrega que la ejecutada fue notificada y requerida personalmente de pago con fecha 5 de febrero de 2004 y en dicha oportunidad se trabó embargo sobre bienes muebles. El 5 de julio de 2023 y previo análisis de deudores con embargos insuficientes y bienes inmuebles vigentes, verificada la insuficiencia del embargo de fecha 5 de febrero de 2004, se procedió a dictar resolución que ordenó el embargo del inmueble inscrito a fojas 569 vta., N°877 del año 2017, correspondiente al rol 290-00025-23, trabándose embargo sobre dicho inmueble, el 14 de julio de 2023.

Tras la petición de abandono del procedimiento, el 10 de agosto de 2023, se dictó resolución por la cual se declaró improcedente el incidente de abandono del procedimiento y extemporánea la excepción de prescripción, atendido a que se había notificado personalmente al ejecutado, apelándose y rechazándose dicho recurso por improcedente, atendidos los argumentos señalados en la resolución respectiva, en esencia, a que en la etapa administrativa no existe propiamente un juicio, a que la normativa especial que regula el procedimiento no contempla el recurso de apelación, y atendido a que no resulta aplicable la regla de jerarquía del artículo 110 del Código Orgánico de Tribunales.

En cuanto al fondo, añade que no existe acto arbitrario, ya que la necesidad de seguir el cobro de las obligaciones tributarias deriva de la ley, además, la ejecutada adquirió un bien inmueble con posterioridad a la notificación y requerimiento de pago practicado en forma personal, por lo que tenía perfecto conocimiento de la deuda y del procedimiento ejecutivo de cobro.

Explica que en este caso no hay urgencia o motivo cautelar, ya que ningún perjuicio inminente sufrirá la recurrente en caso que no se actúe de inmediato, es más, pudiendo además, solicitar la inmediata remisión de los antecedentes al tribunal civil, pagar la deuda o suscribir un convenio de pago para enervar los procedimientos de apremio que se siguen en su contra.

Finalmente, señala que la improcedencia del abandono del procedimiento de cobro en el juicio de cobro de obligaciones tributarias, fue declarado mediante una resolución judicial fundada y debidamente notificada, que responde a una posición jurídica que es sostenida tradicionalmente por el Servicio de Tesorerías, y que cuenta con reconocimiento doctrinal y jurisprudencial, por lo que no existe menoscabo alguno al contribuyente Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por la recurrente, lo hace consistir en que la recurrida ha negado la procedencia de la institución del abandono del procedimiento, ha rechazado la excepción de prescripción que interpuso y negó lugar a concederle su recurso de apelación.

CUARTO: Que, resulta un hecho conocido por esta Corte, la tramitación de un recurso de hecho interpuesto en relación con la apelación denegada.

QUINTO: Que, más allá de la procedencia de las normas sobre abandono del procedimiento en la sede ejecutiva, se aprecia que lo solicitado en definitiva por la recurrente, dice relación con declarar el abandono del procedimiento, y la prescripción alegada, por lo que cabe sino concluir que tales circunstancias escapan de la naturaleza cautelar de la acción constitucional interpuesta, por cuanto ésta constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse ésta en una instancia de declaración de tales derechos.

SEXTO: Que, por tales razones, no es posible concluir en el caso de autos la presencia de derechos indubitados, sino que más bien se trata de interpretación sobre la procedencia de instituciones jurídicas y recursos procesales, motivo por lo que se debe ocurrir a la vía procesal pertinente para la declaración de los derechos que corresponda, más aún al considerar que se encuentra en tramitación un recurso de hecho sobre la misma materia, interpuesta por la misma recurrente.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara que SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°576-2023- PROTECCIÓN