Protección contra Corporación Municipal de Punta Arenas para la educación

Punta Arenas, quince de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Que comparece Carlos Alberto Abarzúa Villegas, abogado, en representación convencional de doña nombre reservado, chilena, psicóloga, quien deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la educación, salud y atención al menor, RUT N°RUT reservado, representada por su Secretaria General doña nombre reservado, señalando como acto ilegal y arbitrario la Resolución Interna NUM002 de fecha 14 de octubre de 2025 que rechaza recurso de reposición y confirma la medida disciplinaria de destitución impuesta mediante Resolución NUM001 de fecha 22 de septiembre de 2025, invocando vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N°2,3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que su representada es una psicóloga que se ha desempeñado como funcionaria de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al menor, acumulando diecisiete años de trayectoria de servicio. Agrega que, durante el ejercicio de sus funciones, mantuvo un desempeño que no fue objeto de medidas disciplinarias previas.

Indica que la recurrente ha prestado servicios desde el año 2008 como profesional categoría B en el CESFAM Dr. Mateo Bencur, manteniendo una trayectoria intachable, reconocida por su equipo y superiores, en una función que ha significado contener y apoyar familias vulnerables, con una profunda vocación de servicio público.

Refiere que durante 2023 enfrentó una crisis médica y personal de gravedad, acreditada mediante certificados psiquiátricos. En ese contexto, solicitó licencias médicas psiquiátricas, las cuales fueron otorgadas por médicos especialistas y validadas por COMPIN y SUSESO, quienes además manifestaron que un viaje fuera de la región era clínicamente posible e incluso terapéuticamente recomendable, dada la naturaleza de su diagnóstico.

Agrega que mediante Resolución Interna NUM000 se instruyó sumario administrativo, que concluyó con Resolución Interna NUM001 de 22 de septiembre de 2025, aplicando la sanción de destitución por supuesta infracción vinculada al uso de licencias médicas. La recurrente interpuso reposición fundando sus alegaciones en antecedentes médicos, personales, familiares, clínicos, administrativos y jurisprudenciales.

Sin embargo, la Corporación rechazó la reposición sin análisis.

Así, sostiene que el acto ilegal y arbitrario que motiva el recurso consiste en la Resolución Interna NUM002 de 14 de octubre de 2025, que rechaza íntegramente el recurso de reposición. Según la recurrente, el acto impugnado carece de motivación racional y suficiente; omite analizar los antecedentes médicos acreditados; se limita a transcribir elementos del sumario sin responder alegaciones; ignora la doctrina administrativa y jurisprudencia sobre uso de licencias psiquiátricas; desatiende el principio de proporcionalidad al confirmar la sanción de destitución, la más gravosa del sistema disciplinario.

Denuncia que entre los hechos y alegaciones cuyo análisis fue omitido o desestimado sin justificación por la autoridad, destaca la existencia y validez clínica de las licencias otorgadas y aprobadas por COMPIN y SUSESO, señalando que la pertinencia terapéutica para el desplazamiento fue omitida en la resolución administrativa, indicando además que según jurisprudencia reciente no pueden ser cuestionadas por la administración, salvo prueba de mala fe o falsedad, lo que no existe.

Agrega que tampoco se considera el mérito previo de 17 años de servicio impecable, reconocido públicamente y por evaluaciones internas, circunstancia atenuante relevante y que fue desestimada sin ponderación adecuada.

Asimismo, señala que la normativa de la Superintendencia se Seguridad Social establece que las licencias psiquiátricas, a diferencia de aquellas asociadas a condiciones traumatológicas u hospitalarias, no imponen restricciones de desplazamiento geográfico salvo indicación expresa del médico tratante. Por esto, sostiene estas licencias son compatibles tanto con la movilidad dentro del territorio nacional como con la salida del país, siempre que se mantengan las condiciones de reposo y continuidad de tratamiento y sus efectos, así como la jurisprudencia de la Contraloría General de la República y tribunales superiores, que establecen el deber reforzado de ponderación y motivación en casos con historia clínica, antecedentes médicos certificados y contextos familiares vulnerables.

Refiere que el rol de COMPIN y SUSESO como entes validadores, cuya decisión no fue contradicha ni refutada por la administración, vulnerando el principio de especialidad y competencia técnica en materias de salud.

Sostiene que la omisión de analizar alternativas menos gravosas que la destitución, tales como amonestación, multa o suspensión temporal, en directa infracción al principio de proporcionalidad y la falta de análisis sistemático de la doctrina jurisprudencial consolidada en casos análogos, donde la destitución se reserva para infracciones gravísimas y nunca para conductas carentes de dolo, con mérito previo y con documentación clínica atendible.

En cuanto a las vulneraciones de derechos reclamadas, en relación al artículo 19 N°2 se alega trato discriminatorio respecto de otros funcionarios sancionados en situaciones análogas con medidas inferiores a la destitución, sin justificación razonable. En relación al artículo 19 N°3 indica que la resolución impugnada no cumple con el deber de motivación suficiente, ni pondera la prueba ofrecida, vulnerando la jurisprudencia sobre discrecionalidad controlada y motivación reforzada en decisiones disciplinarias. Sostiene falta de fundamentación racional indicando que la autoridad municipal se limitó a transcribir piezas del expediente sin efectuar análisis alguno de las defensas efectuadas, lo que torna la resolución en arbitraria y contraria a derecho. Agrega que la autoridad no consideró adecuadamente las disposiciones del artículo 137 inciso segundo del Estatuto Administrativo para funcionarios municipales que establece que al determinar la sanción aplicable deben considerarse las circunstancias atenuantes que concurran al caso específico.

Agrega también que la resolución impugnada vulnera el principio de proporcionalidad en sus tres niveles (idoneidad, necesidad, proporcionalidad estricta) y sostiene el deber de ponderación de circunstancias personales, trayectoria y ausencia de dolo.

En relación al artículo 19 N°24 afirma que la destitución le priva de remuneraciones devengadas, estabilidad laboral y beneficios adquiridos sin compensación, afectando su patrimonio.

Por lo anterior solicita se declare que la Resolución Interna NUM002 del 14 de octubre de 2025, dictada por la Secretaría General de la Corporación Municipal de Punta Arenas, que rechaza íntegramente su recurso de reposición y confirma la medida disciplinaria de destitución es ilegal y arbitraria, vulnerando las garantías constitucionales de los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República; que se disponga que la Corporación Municipal de Punta Arenas: a) Deje sin efecto la Resolución Interna NUM002 de fecha 14 de octubre de 2025 que rechaza el recurso de reposición y confirma la sanción de destitución. b) Proceda a reincorporar a sus funciones como profesional categoría B en la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, específicamente en el CESFAM Dr. Mateo Bencur, conforme a la jurisprudencia uniforme de la Contraloría General de la República establecida en los Dictámenes N°85.700 de 2016, N°6.400 de 2018 y E540893N24 de 2024. c) Pague las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual permaneció alejada de sus funciones (desde el 14 de Octubre de 2025 hasta su efectiva reincorporación), toda vez que el impedimento provino de una situación de fuerza mayor derivada de la ilegalidad del acto administrativo, conforme al criterio consolidado de la Contraloría General de la República. d)

Aplique una sanción proporcional a la falta cometida, considerando su intachable trayectoria funcionaria, las circunstancias atenuantes concurrentes y la jurisprudencia consolidada de los tribunales superiores. e) Ordenar que se adopten todas las demás medidas que se estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los derechos de mi representada, en concordancia con el principio cautelar constitucional establecido por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°69.656-2020 y se condene en costas a la recurrida.

Que informa el recurso doña Laura Miranda Dahdal, abogada, en representación de la Corporación Municipal de Punta Arenas y de doña nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Expone que por Resolución Interna NUM000 de 28 de mayo de 2025 se instruyó un sumario administrativo, a partir de antecedentes enviados por la Contraloría General mediante Oficio NUM003, dentro del Consolidado CIC NUM004, que contiene nómina de funcionarios de la Corporación Municipal de Punta Arenas que habrían salido del país encontrándose con licencia médica, conforme a los registros oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile, siendo la recurrente una de las funcionarias mencionadas en la respectiva nómina.

Agrega que, en la carpeta sumarial, se encuentra dentro de la indagatoria, rolan entre otros antecedentes laborales de la Sra. nombre reservado, así como la información de entradas y salidas del país y los comprobantes de licencias médicas de las que hizo uso durante dichos períodos, las que indican reposo total en su domicilio.

Agrega que con fecha 31 de julio de 2025 la fiscal a cargo del procedimiento formuló un cargo único siendo este “Salida del país, haciendo uso de licencia médica, siendo que dicha licencia se otorgó bajo reposo total laboral indicando como lugar de reposo su domicilio ubicado en domicilio reservado”. Agrega que dentro de los considerandos de dicha resolución se señalan las licencias médicas otorgadas y los movimientos migratorios de la funcionaria en donde consta salidas y entradas al país los días 13 de mayo de 2023, por paso fronterizo Monte Aymond con destino Argentina; entrada con fecha 19 de mayo de 2023 por paso fronterizo Arturo Merino Benitez con origen Argentina; Salida con fecha 14 de febrero de 2024 por paso fronterizo Dorotea con destino Argentina; Entrada al país con fecha 18 de febrero de 2024 por paso fronterizo Dorotea con origen Argentina Señala que se presentó descargos el 19 de agosto de 2025, alegando razones médicas de sus licencias y acompañando un certificado de psiquiatra que indicaba que el reposo no era exclusivamente domiciliario y permitía deambulación.

Sin embargo, la fiscal concluyó que se acreditaba una infracción grave al principio de probidad, valorando las salidas al extranjero durante períodos de reposo total y proponiendo la sanción de destitución, conforme al art. 123 letra g) de la Ley 18.883 y art. 48 letra b) de la Ley 19.378.

Posteriormente, por Resolución Interna NUM001 de 22 de septiembre de 2025, la Secretaria General resolvió el sumario, acogiendo la propuesta de la fiscal y fundamentando extensamente la gravedad de la conducta. En dicha resolución se analizó normativa y jurisprudencia administrativa, incluyéndose criterios de la Superintendencia de Seguridad Social —especialmente el dictamen N°83.628/2025— que señala que los viajes al extranjero durante licencias psiquiátricas, si no corresponden a un procedimiento médico justificado, dificultan el control de las entidades fiscalizadoras. Se ponderaron también atenuantes y proporcionalidad, concluyéndose igualmente que la conducta era constitutiva de causal de destitución.

La recurrente interpuso reposición el 8 de octubre de 2025, invocando numerosos argumentos: trayectoria funcionaria, atenuantes, proporcionalidad, debido proceso, igualdad ante la ley, valoración probatoria, contexto terapéutico, confianza legítima, seguridad jurídica, inexistencia de falta grave a la probidad y falta de competencia de la autoridad para calificar licencias médicas.

En subsidio, pidió la aplicación de una sanción menor.

Luego, indica la Resolución Interna NUM002 de 14 de octubre de 2025 rechazó la reposición, abordando los argumentos planteados y concluyendo que el procedimiento disciplinario se había ajustado completamente a la normativa aplicable, que las consideraciones médicas y atenuantes sí fueron ponderadas y que la gravedad de los hechos justificaba la sanción de destitución. Se afirmó que existió formulación de cargo, descargos oportunos, Vista Fiscal y una resolución final debidamente motivada.

Finalmente, el informe indica que el sumario se desarrolló con estricto apego a las normas de la Ley 18.883 y de la Ley 19.378, que los hechos fueron debidamente acreditados y que todas las etapas del procedimiento — indagatoria, descargos, vista fiscal y resolución— se ajustaron a derecho. Solicita, por tanto, tener por evacuado el informe.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, los hechos que motivan el presente recurso los hace consistir la recurrente en la sanción de destitución aplicada por Resolución Interna NUM002 de fecha 14 de octubre de 2025 que rechaza recurso de reposición y confirma la medida disciplinaria de destitución impuesta mediante Resolución NUM001 de fecha 22 de septiembre de 2025.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida insta al rechazo del recurso, aduciendo que respecto al procedimiento de destitución se cumplió con todas las exigencias legales y administrativas, incluyendo la debida motivación, proporcionalidad, razonabilidad y respeto al debido proceso, teniendo presente los hechos recabados de dicha investigación, la declaración de la recurrente y documentos acompañados por la misma, entre otros antecedentes que versan en el expediente.

QUINTO: Que, efectuado el análisis pertinente, y en primer término, es menester precisar que, pese a la gravedad de la medida contenida en la resolución impugnada, esto es, la destitución del cargo servido por la recurrente, ese solo hecho no torna per se al acto administrativo en cuestión, en arbitrario o ilegal, por lo cual es necesario examinar si al dictarse la mencionada resolución, se ha incurrido o no en una ilegalidad o arbitrariedad.

Así, y bajo el supuesto citado, de los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que el acto administrativo impugnado carezca de fundamento legal o se haya dictado fuera de la competencia de la autoridad edilicia, ni que configure un actuar arbitrario o ilegal en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Ello porque resulta patente que la medida disciplinaria cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, mediando designación de un Fiscal, con observación de una etapa indagatoria y posterior formulación de cargos, con acceso del inculpado al examen del expediente, con presentación por parte del recurrente y en el ejercicio pleno de su derecho a defensa de los correspondientes descargos y con la dictación de un decreto sancionatorio motivado que a partir de los antecedentes reunidos por el fiscal instructor contempló, desde la perspectiva disciplinaria, una decisión final de la autoridad competente, de tal suerte que se han observado las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883.

A mayor abundamiento, es un hecho no discutido que los procesos disciplinarios constituyen medios idóneos a través de los cuales la administración se vale para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario que infringe sus obligaciones y deberes en cuanto tal.

SEXTO: Que, en ese mismo orden de ideas no cabe a esta judicatura, por la vía de la presente acción constitucional de protección, revisar el mérito o conveniencia del acto administrativo o sustituir la apreciación técnica o discrecional del órgano competente, máxime si el mismo ordenamiento jurídico contempla otras vías de impugnación, como el recurso de reclamación ante la propia Contraloría General de la República, de conformidad a lo previsto en la Ley N°10.336.

SÉPTIMO: Que, por otro lado, no fluye ni se ha demostrado en lo concreto, que la sanción de destitución haya sido impuesta con ausencia de fundamento o vulnerando manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad, toda vez que el hecho ilícito administrativo imputado a la recurrente, vale decir, sus viajes al extranjero durante el goce de licencias médicas, específicamente a Argentina, en más de una oportunidad y, sin que haya mediado una justificación de esos viajes como parte del tratamiento ordenado, se encuentra acreditado y fue ponderado por la autoridad con potestad disciplinaria, como una infracción grave al deber de probidad, que no ameritaba mitigantes, sino la sanción de destitución del cargo, razones por las cuales no se observa que la autoridad edilicia, finalmente competente para aplicar esa medida disciplinaria de conformidad a la ley, haya adoptado esa medida expulsiva en forma desproporcionada, sin fundamentos o fuera del ámbito o excediendo los límites de sus facultades o atribuciones.

OCTAVO: Que en función entonces de la ausencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados en los numerales 19 N°2, igualdad ante la ley, respecto del trato y valoración presuntamente dispar dado a hechos que se juzgaron particularmente graves; 19 N°3, derecho al debido proceso, toda vez que la sustanciación del sumario y conclusiones motivadas a que arribó la autoridad y que vertió en la resolución impugnada se ajustan a estándares y proporcionalidad que se estiman ajustados a derecho, y la garantía del 19 N°24, derecho de propiedad, en este caso del empleo, que no puede estimarse como un derecho absoluto y que cede ante la gravedad de la conducta no proba del recurrente; es que el recurso de protección interpuesto no puede entonces prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso intentado en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°570-2025.PROTECCION.