Protección contra Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de Magallanes y Antártica C

Punta Arenas, veintinueve de agosto de dos mil diecisiete.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, recurre de protección nombre reservado en representación de Marine Gel Antartic S.A., en contra Tesorería Regional de Magallanes y Antártica Chilena representada por el Director Regional Tesorero don nombre reservado y en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de Magallanes y Antártica Chilena, representada por doña nombre reservado, por los actos ilegales y arbitrarios que suponen las resoluciones N° 319 de 12 de junio de 2017 y N° 335 de 19 de junio de 2017, de la primera, y las contenidas en el Ordinario N° 351 de 19 de mayo de 2017 y N° 409 de 13 de junio del año en curso, del último, solicitando se dejen sin efecto las aludidas resoluciones y oficios; se ordene a la recurrida Tesorería Regional, proceder con el pago de las bonificaciones solicitadas por la recurrente, y decrete todas las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, en especial, se ordene a las recurridas en el futuro, abstenerse de continuar aplicando un concepto arbitrario e ilegal de insumo, al menos respecto de las situaciones jurídicas ya consolidadas.

Precisa que las resoluciones y oficios recurridos rechazan el pago de la bonificación que otorga la Ley N° 18.392 que establece un régimen preferencial aduanero y tributario para el territorio de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, respecto de la cual tiene legítimo derecho a que le sean pagadas.

Añade que la empresa recurrente fue creada para realizar la actividad de elaboración de extractos de algas marinas en la comuna de Porvenir, por medio del mecanismo establecido en la Ley Navarino, siendo aprobada su instalación por la Intendencia Regional el 10 de enero de 2008, resolución que se redujo a escritura pública el 07 de mayo del mismo año; para su funcionamiento ocupa una planta que arrienda en dicha ciudad, y cuyo costo de construcción ascendió a US$8.000.000.-, aportando 37 puestos de trabajo; lo que se vio aumentado en 15 puestos de trabajo, en los meses de diciembre de 2016 y marzo de 2017, cuyas bonificaciones fueron rechazadas, sin considerar las fuentes laborales indirectas de alrededor de 600 proveedores.

Explica que se dedican a la modificación o transformación de las algas como materia prima a un polvo seco que se convierte en los productos carragenina y alginatos. En el proceso productivo intervienen diversos equipos electromecánicos instalados en la planta, alimentados por energía eléctrica, gas industrial, agua dulce y de mar, siendo todos estos insumos obtenidos en la zona geográfica determinada por la Ley Navarino.

La aludida Ley otorga a las empresas que se instalen físicamente en terrenos ubicados dentro de los límites de la porción de territorio nacional cuyo fomento establece la ley, que su establecimiento y actividad signifique la racional utilización de los recursos naturales y que asegure la preservación de la naturaleza y del medio ambiente y por último que incorporen en las mercancías producidas, a lo menos, de un 25% en mano de obra e insumos de la zona delimitada en la misma ley; una bonificación equivalente al 20% del valor de las ventas de los bienes producidos por ellas o por el valor de los servicios según se trate, deducido el Impuesto al Valor Agregado que las haya afectado.

Las bonificaciones que otorga la Ley Navarino se enmarcan en un procedimiento reglado, en el cual no cabe la discrecionalidad de los órganos de la Administración del Estado. De este modo corresponde a Tesorería General de la República comprobar que el interesado ha cumplido con la obligación del impuesto al valor agregado que le haya afectado y que se haya acompañado la declaración jurada ante Notario donde se señale que las mercancías por las que se solicita la bonificación, ha cumplido con la exigencia de integración del 25% de mano de obra e insumos de la zona en las mercancías producidas. En caso de dudas respecto de la integración podrá presentarlas ante la SEREMI de Desarrollo Social, quien no está facultada para restringir arbitrariamente los alcances del término insumo establecido en la Ley.

SEGUNDO: Que, estima el recurrente que al reducir a escritura pública la autorización de la Intendencia Regional respecto de la instalación del proyecto, los particulares incorporan a su patrimonio un crédito contra el Estado de Chile, condicionado al cumplimiento de los requisitos antes descritos. Desde 2008 la empresa recurrente ha dado cumplimiento mensualmente con lo exigido por la ley en comento; de modo que debe accederse al crédito incorporado a su patrimonio.

Pese a ello, la recurrida Tesorería Regional ha emitido de manera arbitraria e ilegal, las resoluciones recurridas, rechazando las solicitudes de bonificación respecto de los meses de diciembre de 2016 y marzo de 2017. Dichas resoluciones tienen como antecedente los oficios emitidos por la SEREMI de Desarrollo Social, los que excluyen parte importante de los insumos utilizados por la actora en la producción de carrageninas, en una interpretación arbitraria e ilegal realizada del concepto insumo, limitándolo solo a abarcar “bienes tangibles naturales”, excluyendo insumos como energía eléctrica, agua y gas, sin que la ley realice tal distinción.

Considera que las recurridas han vulnerado el principio de la imparcialidad previsto en el artículo 11 de la ley N° 19.880, en el sentido que se encuentran obligados a actuar con objetividad, lo que se aprecia al haber percibido los beneficios de la ley en comento durante casi 9 años, y ahora sin existir cambio alguno en sus procesos ni en la forma de informar los porcentajes, la SEREMI recurrida, ha determinado modificar de forma arbitraria e ilegal el concepto de insumo, interpretación de la cual también se ha hecho parte la recurrida Tesorería, al utilizarla como justificación del rechazo de las solicitudes descritas. La antedicha interpretación atenta contra el artículo 19 del Código Civil, por cuanto el sentido de la ley es claro, y además vulnera el artículo 20 de dicho cuerpo legal, al desatender el sentido natural y obvio del término insumo. (conjunto de elementos que toman parte en la producción de otros bienes) La interpretación del concepto insumo que alude la SEREMI recurrida, lo confunde con materia prima, excluyendo arbitrariamente la energía eléctrica, el gas y el agua, aun cuando los mismos sean producidos en la zona del beneficio. Contradice la comprensión que sobre el concepto efectúa el Servicios de Impuestos Internos, (oficio N° 799 de 17.04.2008 refiere a insumo esencia del proceso productivo de las empresas como lo es la energía eléctrica) falta de coordinación, configura una nueva ilegalidad.

Los oficios impugnados se fundan a su vez en un oficio ordinario de la Intendencia Regional, donde sin tener competencia orgánica define el término insumo, acto que fue oportunamente reclamado, ROL Corte Civil 222-2017.

Resulta además arbitrario que se rechacen solicitudes de dos meses y se paguen las de enero y febrero de 2017, si ninguna de las circunstancias de la industria desarrollada ha cambiado.

Alega además que los actos recurridos carecen de motivación al utilizar el concepto de insumo que no tiene sustento, es falaz.

Esgrime que las resoluciones y oficios recurridos atentan contra el principio de la confianza legítima, ya que estos transgreden una situación jurídica consolidada desde el año 2008. Agrega que al momento de aprobarse el proyecto de instalación de la planta que opera la recurrente, se definió la fórmula de cálculo de porcentaje de integración, ninguno de los cuales se ha modificado. Las recurridas han establecido nuevos criterios para la aplicación de los beneficios de la ley, lo que vulnera los derechos que le otorga la resolución a su favor, al modificarlos unilateralmente, con lo que desatienden una relación jurídica que ha sido validada en los últimos 9 años por estos mismo órganos de la Administración del Estado.

Lo que ocasiona el actuar de las recurridas es una revocación impropia e ilegal de la resolución que aprobó la instalación de la empresa en la comuna de Porvenir, por cuanto se le derogan arbitraria e ilegalmente los derechos creados por la antedicha resolución, lo que vulnera el artículo 61 letra a) de la Ley N° 19.880.

Los hechos denunciados vulneran el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la Republica, por cuanto la recurrente incorporó en su patrimonio un crédito en contra del Estado de Chile, desde que se redujo a escritura pública la resolución dictada por el Intendente Regional aprobando la instalación de la empresa en Porvenir. La propiedad sobre un derecho adquirido, invulnerable por parte de Tesorería Regional, atendido lo previsto en el artículo 1° de la Ley Navarino. Cumplidos los requisitos para proceder con el cobro del crédito no existe justificación alguna para que la Tesorería rechace el pago de tales bonificaciones.

TERCERO: Que, informa la Sra. Secretaria Regional del Ministerio de Desarrollo Social de Magallanes y Antártica Chilena, doña nombre reservado y refiere que el artículo 1° inciso 3° de la Ley N° 18.392 encomienda a dicha Secretaria pronunciarse en caso de duda, acerca del porcentaje de integración en el producto final de los conceptos referidos por la misma norma, lo que se realiza ante la duda manifestada por alguna autoridad, en base a las disposiciones legales vigentes, dictámenes de la Contraloría General de la República e instrucciones del Intendente Regional, los que corresponden a la ley antes citada, el Dictamen N° 53.412 de 13 de noviembre de 2008 de la Contraloría General de la República, acerca de la aplicación de la ley y el oficio Ord. N° 232 de 03 de abril de 2017 de Intendente Regional que define concepto de insumos exigidos a los beneficiarios del régimen especial de la mencionada Ley.

CUARTO: Que, asimismo, informa la Tesorería Regional de Magallanes y Antártica Chilena, instando por el rechazo del recurso, por ser este inadmisible, improcedente y/o infundado, tanto en los hechos como en el derecho.

Alega en primer término que el recurso de protección no es la vía idónea para discutir la procedencia del derecho a bonificación, como pretende el actor, ya que dichas alegaciones son de fondo y son materia de un proceso de lato conocimiento, administrativo o judicial, lo que escapa al objeto del presente recurso, atendida su naturaleza cautelar y de emergencia. A la solicitud de bonificación del recurrente le es aplicable lo establecido en la Ley N° 19.980, en virtud del principio de impugnabilidad de los actos administrativos, previsto en su artículo 15, las resoluciones que rechazan su solicitud bonificación, eran susceptibles de los recursos de reposición y jerárquico establecidos en el artículo 59, los que no utilizó.

En segundo término, alega que el recurso es extemporáneo, ya que del libelo se desprende que lo que impugna la actora es que la Tesorería efectúe una consulta sobre la integración exigida por la Ley N° 18.392 a la Secretaría Regional de Desarrollo Social, y con ello deniega el pago, ya que en su visión, sólo es necesario el pago de la mencionada bonificación y la presentación de la declaración jurada de integración para percibir el beneficio, operatoria de pago que se vendría generando desde el 2008, fecha desde la cual sus procesos productivos no han cambiado. De este modo debió deducir la acción en el término de 30 días contados desde que tuvo conocimiento de la medida, esto es, desde el 12 y 18 de abril del año en curso, respecto de las solicitudes de diciembre de 2016 y marzo de 2017, respectivamente. Habiendo vencido dicho plazo, lo que se intenta es revivir una acción de protección ya caducada.

En cuanto al fondo del recurso, esgrime que malamente se puede hablar de que exista en el patrimonio de la recurrente un crédito contra el Fisco, cuando sujeta su nacimiento al cumplimiento de una condición, cual es satisfacer los requisitos del artículo 10 de la ley 18.392, que en este caso sería suspensiva, ya que de su acaecimiento dependería el nacimiento del derecho. Y el sólo hecho de contar con la autorización de acceder a las franquicias de la Ley 18.392, de pagar el impuesto y verificar la declaración jurada de integración no le otorga per sé el derecho a recibir a todo evento y por el sólo hecho de su existencia, el beneficio de la bonificación. Al efecto, la Contraloría General de la República, pronunciándose específicamente sobre el particular, en dictamen N°53.412 de 13 de noviembre de 2008, ha establecido con claridad que la autorización que la Intendencia otorga al beneficiario para hacer uso de las franquicias que otorga la señalada ley 18.392, en caso alguno concede a priori el derecho a percibir determinadas sumas de dinero por el pago de los distintos beneficios económicos establecidos en el mismo cuerpo normativo, ya que el peticionario deberá cumplir en cada caso, en cada solicitud de bonificación, con los requisitos que la misma ley establece. De otro modo no tendría sentido que los órganos de la administración del Estado, intervinieran en el proceso de erogación de dicha bonificación, verificando el cumplimiento de los requisitos para acceder al mismo beneficio, de lo contrario los habría establecido como meros pagadores del beneficio, lo que no se condice con lo previsto en el artículo 13, inciso primero, de la ley N° 19.041, que faculta al Servicio de Tesorerías para requerir todos los antecedentes necesarios que justifiquen los egresos de carácter no tributario, que deba efectuar en el ejercicio de sus funciones. La Tesorería, es el órgano competente para resolver sobre el pago de la bonificación, verificando el cumplimiento de los requisitos para percibirla, conforme al inciso 2° del artículo 10 de la Ley 18.392.

Niega la existencia de una vulneración al derecho de propiedad del recurrente, quien no posee un derecho adquirido respecto de la bonificación que señala no haber percibido, sino a lo más, una mera expectativa. Si el beneficio no le fue otorgado en su oportunidad, fue porque no cumplió con los requisitos que la ley 18.392. La actora no posee ni ha poseído título legítimo que lo habilite para percibir la bonificación de la manera solicitada, ya que no cumplía con los requisitos legales para ello, a saber, con el 25% de integración que exige el artículo 1 de la ley 18.392, por lo que no puede afirmarse que haya detentado un crédito en contra del Estado.

Esgrime que no existe actuar ilegal ni arbitrario, ya que la Tesorería General de la República, es el órgano competente para resolver sobre el pago de la bonificación, verificando el cumplimiento de los requisitos para percibirla, como así lo prescriben la Ley N° 18.392, Ley N° 19.041 y el Dictamen N° 53.412 de 2008 del órgano contralor. Explica que en la especie se generaron dudas respecto del porcentaje de integración en el producto final, por lo que aplicando lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 1 ° de la Ley N° 18.392, solicitó el pronunciamiento de la SEREMI de Desarrollo Social, para que revisara nuevamente los antecedentes de la señalada empresa y su informe, para los efectos de determinar el aludido porcentaje; análisis que dicha Secretaría efectuó con apego a ley y a la interpretación que la Contraloría General de la República ha realizado y definido sobre la materia, al citar en los Ordinarios recurridos el dictamen 53.412 de 2008, y el Ord. 232 de la Intendencia Regional, que no es más que una reproducción de aquel pronunciamiento.

Al alegar la ilegalidad de su actuar, el recurrente lo confunde con arbitrariedad, sin perjuicio de lo cual, reafirma que ha procedido conforme a sus facultades legales, como órgano que tiene el deber de verificar que se cumplan todos los requisitos para acceder a la bonificación. Agrega que la SEREMI recurrida no ha efectuado una interpretación propia del concepto insumo sino que acude en su análisis, como lo indica en el texto de sus oficios 351 y 409, al Dictamen N°53.412 de 13 de noviembre de 2008 de la Contraloría General de la República, de aplicación obligatoria, y al Ordinario N° 232 del Sr. Intendente Regional. Es aquel dictamen el que establece que debe entenderse por el concepto de insumo, aquel bien empleado en lo producción de otros bienes -mercancías-, es decir, aquel bien que se incorporó materialmente en lo respectivo mercancía; para estar frente a un insumo es menester que se trate de: a) un bien empleado en la producción de otros bienes (mercancías); b) que ese bien se incorpore en la respectiva "mercancía", cuya venta será materia de bonificación, y; c) que esa incorporación sea material. En suma se requiere que este sea tangible, ya que de otro modo no podría cumplirse la exigencia de su incorporación material en la mercancía, lo que no acontece con la energía eléctrica, el gas y el agua, ni tampoco con otros ítems que el recurrente consideró en sus solicitudes de bonificación.

Sostiene que del informe de la SEREMI, se excluyó, además de lo reclamado: energía eléctrica, agua y gas; el valor de fletes, servicios externos y el arrendamiento de la planta en que opera la recurrente, los que fueron incluidos como insumos dentro de zona, en sus solicitudes cuyo pago fue denegado, sin embargo, estas últimas exclusiones no han cuestionadas. En un ejercicio simple, aun si se excluyeran únicamente como insumos aquellas no cuestionadas por la actora, no es posible cumplir con la integración requerida para el pago de la bonificación, aun considerando indebidamente dentro de ese porcentaje, los valores de agua, luz y gas.

De lo anterior, concluye que la SEREMI recurrida, no está efectuando una nueva interpretación o modificando el concepto de insumo, sino muy por el contrario, está haciendo aplicación de aquel contenido en la ley, y de una interpretación ya existente establecida desde el 2008 por la Contraloría General de la República. En cuanto a la interpretación del Servicio de Impuestos Internos, que el recurrente alega en su favor, esta no es aplicable en la especie, ya que no se trata de una disposición de carácter tributario, y se refiere a una materia diversa, como lo es la actividad minera.

Destaca que los requisitos exigidos por la normativa que rige la materia para acceder al sistema de franquicias de que se trata, deben concurrir no solo en el momento en que se conceda la autorización de instalación en el área preferencial, sino que también durante todo el tiempo en que las empresas interesadas aprovechen los beneficios que el mismo contempla, y que, conforme a lo anterior, le corresponde entonces al Intendente Regional analizar y definir en cada caso específico la concurrencia de los supuestos descritos y, asimismo, disponer el término de los contratos. En el ejercicio de dicha facultad es que se ha emitido el ordinario N° 232.

Precisa que los antecedentes aportados como insumos y su importe, en cada solicitud de bonificación de la recurrente, fueron diversos, lo que excluye la arbitrariedad, ya que en los meses de enero y febrero de 2017, se determinó su procedencia, ya que aun excluyendo los ítems que no revisten el carácter de insumo (por ejemplo, arriendo, alojamiento, etc.) se cumplió con el porcentaje de integración exigido por la ley, en base a la documentación aparejada por el solicitante. En cambio, en los meses de diciembre de 2016 y marzo de 2017, después de efectuada dicha exclusión no fue posible que la solicitud alcance el porcentaje de integración de insumos locales.

Rechaza la falta de motivación y fundamentación de las resoluciones impugnadas, ya que aquellas contienen los fundamentos y consideraciones del rechazo de las bonificaciones solicitadas.

En cuanto al atentado al principio de confianza legítima, que esgrime el solicitante, este es aplicable a los casos en que la autoridad administrativa ha ejercido la potestad invalidatoria, cuyo no es el caso, sino que está resolviendo una solicitud de pago de bonificación de un periodo y documentación distintos, basados cada vez en situaciones fácticas diversas, y debiendo someterse dichos antecedentes a un análisis pormenorizado, de modo que no existen situaciones jurídicas consolidadas a favor del contribuyente, poseyendo este solo una mera expectativa respecto al pago de la bonificación, y por tanto no pudiendo formarse en el la confianza legítima de que recibirá a todo evento el mencionado beneficio.

Por ultimo no existe una revocación impropia e ilegal de la resolución de la Intendencia que aprobó la instalación de la recurrida, ya que la autorización otorgada conforme a la Ley 18.392, conceden la posibilidad de acceder a determinado régimen de excepción, pero no importan la incorporación a todo evento de la bonificación, sino en la medida que se cumplan en cada caso los requisitos que impone.

QUINTO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEXTO: Que, acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes-protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él (Corte Suprema Rol N°764/2011); es la no existencia de razones que justifiquen una actuación (Corte Suprema 4734/2003) o voluntad no gobernada por la razón (Corte Apelaciones de Santiago 1249/1994): Vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos (Corte de Apelaciones de Santiago 50/2004), o bien, acciones u omisiones que “pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad (Corte de Apelaciones de Coyhaique 37/2000).

SÉPTIMO: Que, acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídica. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil (Corte Suprema Rol N° 764/2011) y la privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o limites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho será privado o perturbado.

OCTAVO: Que, en síntesis, como se ha reseñado precedentemente, el acto que se denuncia como arbitrario e ilegal por parte del recurrente, es la exclusión de parte de los insumos utilizados por la actora en la producción de carrageninas y, al limitar el concepto de insumo solo a incluir “bienes tangibles naturales”, excluyendo insumos como energía eléctrica, agua y gas, sin que la ley realice tal distinción, lo que decantó en el hecho que las resoluciones y oficios recurridos rechazan el pago de la bonificación que otorga la Ley N° 18.392 que establece un régimen preferencial aduanero y tributario para el territorio de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, respecto de la cual sostiene que tiene legítimo derecho a que le sean pagadas y solicita se ordene a las recurridas en el futuro, abstenerse de continuar aplicando un concepto arbitrario e ilegal de insumo, al menos respecto de las situaciones jurídicas ya consolidadas.

NOVENO: Que, como primera cuestión corresponde discernir si la acción intentada por el recurrente es extemporánea o no, como lo promueve la Tesorería Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

En la especie, es dable consignar que éste ha sido presentado dentro de plazo, toda vez que el término de treinta días que aborda el Auto Acordado sobre Tramitación del recurso de protección se cuenta desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

En efecto, del mérito de los antecedentes consta que lo recurrido, en contra del Tesorero Regional, son las resoluciones N° 319 de 12 de junio de 2017 y N° 335 de 19 de junio de 2017, expedidas por la Tesorería Regional de Magallanes y Antárticas Chilena, de donde se infiere que la acción cautelar lo fue dentro del plazo referido precedentemente, por lo que ésta no resulta extemporánea.

DÉCIMO: Que, en seguida, de lo dicho ut supra, se aprecia que la cuestión sometida al conocimiento de esta Corte escapa a la naturaleza de un procedimiento inmediato, cautelar, donde los derechos sean indubitados y que permitan adoptar las medidas de protección ante la afectación de garantías constitucionales, lo que por cierto no se relaciona con la determinación –sin instancia de prueba- de los perjuicios que dice el recurrente le fueron causados por las citadas resoluciones N° 319 de 12 de junio de 2017 y N° 335 de 19 de junio de 2017, de la Tesorería Regional de Magallanes y Antártica Chilena ni de las contenidas en los Ordinarios números 351 de 19 de mayo de 2017 y 409 de 13 de junio del año en curso, de la Secretaría Regional de Desarrollo Social, que rechazan el pago de la bonificación que otorga la Ley N° 18.392 que establece un régimen preferencial aduanero y tributario para el territorio de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, respecto de la cual dice tener legítimo derecho a que le sean pagadas, lo que sin duda soslaya los márgenes de una acción cautelar, por lo que la acción constitucional será desestimada, no siendo el procedimiento incoado el adecuado para la resolución del conflicto, toda vez que las alegaciones del recurrente son de fondo y materia de un proceso de lato conocimiento, lo que escapa al objeto del presente recurso, atendida su naturaleza cautelar y de emergencia, ya que a la solicitud de bonificación del recurrente le es aplicable lo establecido en la Ley N° 19.980 de Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado en virtud del “principio de impugnabilidad” de los actos administrativos, previsto en su artículo 15 (todo acto administrativo es impugnable por el interesado) entendido como un principio general del derecho administrativo chileno, en cuya virtud se otorga el derecho a accionar y así poder defenderse frente a todo acto antijurídico proveniente de la administración, de donde se extrae que las resoluciones que rechazan su solicitud de bonificación, eran susceptibles de los recursos de reposición y jerárquico, establecidos en el artículo 59 de la ley 19.880, vía que no utilizó.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, los actos denunciados por el recurrente tampoco resultan ilegales ni arbitrarios.

No son ilegales porque no son contrarios al ordenamiento jurídico vigente, ello porque es el propio inciso 3° del artículo 1° de la Ley N° 18.392 que “establece un régimen preferencial aduanero y tributario para el territorio de la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, por un plazo de 25 años”, el que entrega a la Secretaría de Desarrollo Social (antes Secretaría Regional de Planificación y Coordinación) el pronunciarse, en caso de duda, sobre el porcentaje de integración en el producto final de los conceptos referidos por la misma norma, al señalar que: “Para los efectos de esta ley se entenderá por empresas industriales aquellas que desarrollan un conjunto de actividades en fábricas, plantas o talleres destinados a la elaboración, conservación, transformación, armaduría y confección de sustancias, productos o artículos en estado natural o ya elaborados, o para la prestación de servicios industriales, tales como molienda, tintorería y acabado o terminación de artículos y otros que sean necesarios directamente para la realización de los procesos productivos de las empresas señaladas en el inciso anterior, incorporen en las mercancías que produzcan, a los menos, un 25% en mano de obra e insumos de la zona delimitada en el inciso primero de este artículo. Será competente para pronunciarse, en caso de duda, acerca del porcentaje de integración en el producto final, de los conceptos referidos precedentemente, la Secretaría Regional de Planificación y Coordinación”, es decir, dicha Secretaría Ministerial determina el porcentaje de integración en el producto final de los conceptos referidos por dicho precepto ante la duda manifestada por alguna autoridad, en base a las disposiciones legales vigentes, los dictámenes de la Contraloría General de la República e instrucciones del Intendente Regional, los que en la especie son la citada Ley N°18.392; el Dictamen N° 53.412 de 13 de noviembre de 2008 de la Contraloría General de la República, sobre la aplicación del citado texto legal y; el oficio Ord. N° 232 de 03 de abril de 2017 de Intendente Regional que define concepto de insumos exigidos a los beneficiarios del régimen especial de la mencionada Ley, debiendo el peticionario cumplir en cada caso y en cada solicitud de bonificación, con los requisitos que la misma ley establece.

El citado dictamen establece qué debe entenderse por concepto de “insumo”, a saber, aquel bien empleado en lo producción de otros bienes -mercancías-, es decir, aquel bien que se incorporó materialmente en lo respectivo mercancía; para estar frente a un insumo es menester que se trate de: a) un bien empleado en la producción de otros bienes (mercancías); b) que ese bien se incorpore en la respectiva "mercancía", cuya venta será materia de bonificación, y; c) que esa incorporación sea material. En suma se requiere que este sea tangible, ya que de otro modo no podría cumplirse la exigencia de su incorporación material en la mercancía, lo que no acontece con la energía eléctrica, el gas y el agua, ni tampoco con otros ítems que el recurrente consideró en sus solicitudes de bonificación.

De otro lado, tampoco fue ilegal la actuación de la Tesorería Regional de Magallanes ya que dicho órgano es el competente para resolver sobre el pago de la bonificación, verificando el cumplimiento de los requisitos para percibirla, como así lo prescriben la Ley N° 18.392, Ley N° 19.041 y el Dictamen N° 53.412 de 2008 de la Contraloría General de la República y, en la especie, se generaron dudas respecto del porcentaje de integración en el producto final, por lo que aplicando lo dispuesto en el inciso 3° del artículo 1 ° de la Ley N° 18.392, solicitó el pronunciamiento de la Secretaría Regional de Desarrollo Social, para que revisara nuevamente los antecedentes de la señalada empresa y su informe, para los efectos de determinar el aludido porcentaje; análisis que dicha Secretaría efectuó con apego a ley y a la interpretación que la Contraloría General de la República ha realizado y definido sobre la materia, al citar en los Ordinarios recurridos el dictamen 53.412 de 2008, y el Ord. 232 de la Intendencia Regional, que no hace más que reproducir aquel pronunciamiento.

Del mismo modo, dichos actos no son arbitrarios porque no son fruto del antojo de los recurridos, existiendo claras razones que justifican la disquisición que han hecho, acciones que en modo alguno contrarían la lógica ni la recta razón, como asimismo, el normal comportamiento de ambas autoridades, las que se rigen por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad denunciados.

DUODÉCIMO: Que, de consiguiente, de lo dicho más arriba, se hace innecesario entrar al análisis de la garantía fundamental que entiende conculcada el recurrente y las demás alegaciones esgrimidas.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se RECHAZA el recurso de protección intentado por nombre reservado en representación de Marine Gel Antartic S.A., en contra Tesorería Regional de Magallanes y Antártica Chilena representada por el Director Regional Tesorero don nombre reservado y en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social de Magallanes y Antártica Chilena, representada por doña nombre reservado.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº 568-2017. PROTECCIÓN.