Protección contra Corporación Municipal de Punta Arenas

Punta Arenas, cinco de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Que comparece doña nombre reservado, chilena, Técnico en nivel superior en enfermería, quien deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, representada por su Secretaria General doña nombre reservado

nombre reservado, señalando como acto ilegal y arbitrario la sanción de destitución aplicada por Resolución Interna N°NUM000 de fecha 06 de octubre de 2025 y la Resolución Interna N°NUM001 de fecha 16 de octubre de 2025 que rechazó el recurso de reposición, invocando vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N°2,3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que ingresó a prestar servicios en la Atención Primaria de Salud el año 2010, como Técnico Universitario en nivel superior en enfermería (TENS), desempeñándose hasta su destitución en el Centro de Salud Familiar Doctor Thomas Fenton siendo titular de 44 horas. Expone que durante toda su carrera funcionaria mantuvo una trayectoria intachable, no habiendo sido nunca sancionada en un procedimiento disciplinario y manteniendo buenas calificaciones.

Refiere que mediante Resolución Interna N°NUM002 de 28 de mayo de 2025 se instruyó sumario administrativo por posible falta en el uso de licencia médica, formulándose cargos el 01 de agosto de 2025 por supuesta salida del país durante un reposo total laboral prescrito en domicilio fijado en Punta Arenas.

Afirma que la resolución respectiva fundamenta los cargos en el Oficio NUM003 de la Contraloría Regional, detallando múltiples salidas e ingresos del país entre noviembre de 2023 y mayo de 2024 por el Paso Monte Aymond, conforme al siguiente detalle: salida e ingreso el 4 de noviembre de 2023; salida el 21 de noviembre e ingreso el 26 de noviembre de 2023; salida el 29 de noviembre e ingreso el 3 de diciembre; salida el 5 de diciembre e ingreso el 7 de diciembre; salida el 11 de diciembre e ingreso el 13 de diciembre; salida e ingreso el 14 de diciembre; y salida e ingreso el 18 de diciembre de 2023; salida e ingreso el 14 de enero; salida e ingreso el 21 de enero; salida e ingreso el 4 de febrero; salida el 17 de febrero e ingreso el 18 de febrero; salida e ingreso el 25 de febrero; salida e ingreso el 29 de febrero; salida e ingreso el 10 de marzo; salida e ingreso el 27 de marzo; salida e ingreso el 7 de abril; salida e ingreso el 21 de abril; salida e ingreso el 12 de mayo; salida e ingreso el 26 de mayo; salida e ingreso el 9 de junio; y finalmente salida e ingreso el 29 de diciembre de 2024; todos estos movimientos registrados mientras se encontraba haciendo uso de licencias médicas.

En la declaración que consta en el sumario explicó que su madre fue diagnostica con cáncer gástrico etapa IV desde febrero de 2023, asumiendo su cuidado, debiendo también concurrir a Río Gallegos a comprar medicamentos. Sostiene que también enfrentó la detención de su hermano en Argentina, por una presunta implicancia en una red de trata de personas, que informó de inmediato a su jefatura y que el médico, al apreciar su estado emocional, le extendió licencia médica, viajando ese mismo día a Río Gallegos para buscar representación legal, y desde entonces debió viajar en forma periódica los domingos principalmente.

Señala que mantuvo el cuidado de su madre y que su padre, afectado por la situación familiar, desarrolló un cuadro depresivo y alcohólico, viéndose además comprometida su economía al asumir dichos cuidados y los honorarios del abogado en Argentina.

Indica que tras el fallecimiento de su madre continuó con licencias médicas para poder procesar el duelo y en noviembre de 2024 fue sometida a una cirugía bariátrica.

Afirma que en el sumario dejó una declaración por escrito y acompañó informe médico del psiquiatra doctor Lagos, antecedentes médicos de sus padres y documentación relativa a la causa penal seguida en Argentina respecto de su hermano, explicando que tales elementos respaldan que sus viajes al extranjero Destaca que la vista fiscal de 25 de agosto de 2025 concluye que la funcionaria incurrió en una conducta reiterada y grave, al efectuar múltiples viaje al extranjero mientras seguía el uso de licencias médicas que prescribían reposo total en su domicilio, vulnerando de manera directa y objetiva el régimen legal de licencias médicas, los principios de probidad administrativa y los deberes de eficacia eficiencia y legalidad que rigen la Función Pública y que por Resolución Interna N° NUM000 de fecha 06 de octubre de 2025, de la Secretaria General, aprueba la vista fiscal y aplica medida disciplinaria de destitución a la recurrente.

Destaca que los actos recurridos serían ilegales por falta de competencia, porque se le está sancionado por el supuesto mal uso de las licencias médicas, aspecto que no le compete determinar a la Corporación Municipal, sino que le corresponde a la COMPIN y a las ISAPRE investigar las denuncias que se les presenten, entre otras materias, acerca del uso indebido de licencias médicas.

Sostiene, además, que la sanción de destitución es arbitraria por desproporción de la sanción, al no ponderarse su trayectoria funcionaria intachable ni la naturaleza terapéutica de los viajes, y vulnera la igualdad ante la ley, al tratar a la recurrente con una severidad que no se justifica, apartándose del principio de proporcionalidad que rige el derecho administrativo sancionador.

Agrega que el actuar de la recurrida también vulnera el debido proceso, estando viciado de inicio a fin. Además, al privar al actor de su fuente de trabajo de manera injustificada, también vulnera su libertad de trabajo y su protección y el derecho de propiedad relativo a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo, privando con ello de la carrera funcionaria, la estabilidad en el empleo y las respectivas remuneraciones.

Por lo expuesto pide que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por Resolución Interna N°NUM000 de fecha 06 de octubre de 2025 y la Resolución Interna N°NUM001 de fecha 16 de octubre de 2025 que rechaza el recurso de reposición, disponiendo su absolución o una sanción administrativa proporcional. En conjunto a lo anterior, se ordene la reincorporación del funcionario y efectuar el pago de las remuneraciones no percibidas desde que se le aplica la destitución hasta su efectiva reincorporación, con costas.

Que informa el recurso doña Silvana Jaramillo Hott, abogada, en representación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Señala que la Corporación Municipal de Punta Arenas es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro dando cuenta de la normativa que los rige.

Expone lo indicado en el recurso, el cual a su vez, relata sustancialmente los mismos hechos asentados en el sumario administrativo Sostiene que del expediente sumarial se desprende que la recurrente reconoció haber efectuado viajes al extranjero durante la vigencia de licencias médicas remuneradas, describiendo la enfermedad de su madre, fallecida en mayo de 2024; deterioro de la salud de su padre; y detención de su hermano en Argentina—, acompañando cartas manuscritas, informes psiquiátricos, certificados médicos, antecedentes acerca de la enfermedad y fallecimiento de su madre y documentos relativos a la causa penal seguida a su hermano.

Indica que el fiscal instructor, ponderando tales antecedentes, concluyó que la funcionaria realizó un uso desleal del tiempo de licencia médica, con fines ajenos al restablecimiento de la salud, generando descrédito institucional, sobrecarga de trabajo para los demás funcionarios de atención primaria y retrasos en la atención de usuarios y deslealtad con la comunidad.

Indica que, respecto de las alegaciones vinculadas al incumplimiento del reposo médico, sostiene que la Corporación Municipal de Punta Arenas no sancionó a la recurrente únicamente por haber infringido el reposo, sino por haber vulnerado el principio de probidad administrativa, cuyo cumplimiento constituye una obligación expresa del artículo 58 letra g) de la Ley N°18.883, aplicable supletoriamente conforme al artículo 4° de la Ley N°19.378. Afirma que dicha infracción se configuró al acreditarse un uso desleal del tiempo de licencia médica remunerado para fines ajenos a su restablecimiento, generando descrédito institucional, sobrecarga de trabajo para otros funcionarios de la Atención Primaria de Salud Municipal, retrasos en la atención de usuarios y un acto de deslealtad hacia la comunidad.

Refiere que, en cuanto a la supuesta falta de competencia, la actora señala que la Municipalidad se habría arrogado atribuciones que no le corresponden, sin embargo, la Municipalidad no es parte del recurso y, además, la Corporación Municipal no sanciona el mal uso de la licencia médica, sino la falta grave al principio de probidad por haber salido del país mientras se hacía uso de dicho beneficio.

Indica que, respecto de la proporcionalidad de la sanción, la Contraloría General de la República, a través de los dictámenes N°49.580 de 2008 y N°53.223 de 2012, señala que cuando se infringe gravemente el principio de probidad administrativa y existe una sanción legal específica, la autoridad debe imponerla sin ponderar circunstancias atenuantes.

Afirma que no existe vulneración del debido proceso, toda vez que del propio recurso de protección y del examen del proceso se desprende que se cumplieron íntegramente todas las etapas que por ley debe abordar el presente sumario administrativo, descartando la vulneración de garantías constitucionales que señala la recurrente.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, los hechos que motivan el presente recurso los hace consistir la recurrente en la dictación de la Resolución Interna N°NUM000 de 06 de septiembre de 2025 de la Corporación Municipal de Punta Arenas que le aplicó la medida disciplinaria de destitución y la Resolución Interna N°NUM001 de 06 de octubre de 2025 que rechaza el recurso de reposición deducido.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida insta al rechazo del recurso, aduciendo que respecto al procedimiento de destitución se cumplió con todas las exigencias legales y administrativas, incluyendo la debida motivación, proporcionalidad, razonabilidad y respeto al debido proceso, teniendo presente los hechos recabados de dicha investigación, la declaración del actor y documentos acompañados por la misma, entre otros antecedentes que versan en el expediente.

Sobre la conducta sancionada, se enfatiza que no se trata solo de incumplir el reposo médico, sino por haber quebrantado gravemente el principio de probidad cuyo cumplimiento es obligación expresa del artículo 58 letra g) de la Ley N°18.883, aplicable supletoriamente por remisión directa del artículo 4° de la Ley 19.378, en atención a que se acreditó el uso desleal del tiempo de licencia médica remunerado con fines ajenos al restablecimiento de la salud, generando descrédito institucional, sobrecarga de trabajo para los demás funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal, retrasos en la atención de los usuarios y deslealtad con la comunidad.

QUINTO: Que, efectuado el análisis pertinente, y en primer término, es menester precisar que, pese a la gravedad de la medida contenida en la resolución impugnada, esto es, la destitución del cargo servido por la recurrente, ese solo hecho no torna per se al acto administrativo en cuestión, en arbitrario o ilegal, por lo cual es necesario examinar si al dictarse la mencionada resolución, se ha incurrido o no en una ilegalidad o arbitrariedad.

Así, y bajo el supuesto citado, de los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que el acto administrativo impugnado carezca de fundamento legal o se haya dictado fuera de la competencia de la autoridad edilicia, ni que configure un actuar arbitrario o ilegal en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Ello porque resulta patente que la medida disciplinaria cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, mediando designación de un Fiscal, con observación de una etapa indagatoria y posterior formulación de cargos, con acceso del inculpado al examen del expediente, con presentación por parte del recurrente y en el ejercicio pleno de su derecho a defensa de los correspondientes descargos y con la dictación de un decreto sancionatorio motivado que a partir de los antecedentes reunidos por el fiscal instructor contempló, desde la perspectiva disciplinaria, una decisión final de la autoridad competente, de tal suerte que se han observado las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883.

A mayor abundamiento, es un hecho no discutido que los procesos disciplinarios constituyen medios idóneos a través de los cuales la administración se vale para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario que infringe sus obligaciones y deberes en cuanto tal.

SEXTO: Que, por otro lado, no fluye ni se ha demostrado en lo concreto, que la sanción de destitución haya sido impuesta con ausencia de fundamento o vulnerando manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad, toda vez que el hecho ilícito administrativo imputado a la recurrente, vale decir, sus viajes al extranjero durante el goce de una licencia médica, específicamente a Argentina, en reiteradas oportunidades y sin que haya mediado una justificación de esos viajes como parte del tratamiento ordenado, se encuentra acreditado y fue ponderado por la autoridad con potestad disciplinaria, como una infracción grave al deber de probidad, que no ameritaba mitigantes, sino la sanción de destitución del cargo, razones por las cuales no se observa que la autoridad edilicia, finalmente competente para aplicar esa medida disciplinaria de conformidad a la ley, haya adoptado esa medida expulsiva en forma desproporcionada, sin fundamentos o fuera del ámbito o excediendo los límites de sus facultades o atribuciones.

SEPTIMO: Que en función entonces de la ausencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados en los numerales 19 N°1, afectación psíquica o emocional del recurrente por lo acontecido; 19 N°2, igualdad ante la ley, respecto del trato y valoración presuntamente dispar dado a hechos que se juzgaron particularmente graves; 19 N°3, derecho al debido proceso, toda vez que la sustanciación del sumario y conclusiones motivadas a que arribó la autoridad y que vertió en la resolución impugnada se ajustan a estándares y proporcionalidad que se estiman ajustados a derecho, y la garantía del 19 N°24, derecho de propiedad, en este caso del empleo, que no puede estimarse como un derecho absoluto y que cede ante la gravedad de la conducta no proba del recurrente; es que el recurso de protección interpuesto no puede entonces prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso intentado en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción del ministro Juan Santiago Villa Martínez.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante Sr. Arias, por encontrarse ausente.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°567-2025.PROTECCION.