Protección contra Corporación Municipal de Punta Arenas para la educación

Punta Arenas, doce de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Que comparece Carlos Alberto Contreras Quintana, abogado, por doña nombre reservado, cédula de identidad N°NUM000, chilena, nutricionista, quien deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la educación, salud y atención al menor, RUT N°RUT reservado, representada por su Secretaria General doña nombre reservado

nombre reservado, señalando como acto ilegal y arbitrario la sanción de destitución aplicada por Resolución Interna N°NUM001 de fecha 22 de septiembre de 2025, y confirmada mediante Resolución Interna N°NUM002 de fecha 14 de octubre de 2025 que rechazó el recurso de reposición, invocando vulneración de las garantías consagradas en el artículo 19 N°2,3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que la recurrente se desempeñaba como nutricionista, categoría B, en el CESFAM Dr. Thomas Fenton, bajo contrato a plazo fijo.

Refiere que, a raíz del Consolidado de Información Circularizada N°09/2025 de la Contraloría General de la República y del Oficio NUM003 de fecha 22 de mayo de 2025, la Corporación dispuso instruir sumario administrativo mediante Resolución Interna N°NUM004, de 28 de mayo de 2025, con el objeto de determinar responsabilidades asociadas a la información entregada por Contraloría.

Indica que en dicho sumario se le formuló cargo único, consistente en haber salido del país mientras se encontraba haciendo uso de licencias médicas que prescribían reposo total laboral, indicando expresamente como lugar de reposo su domicilio ubicado en domicilio reservado y en DIRECCION002, Providencia, Santiago. Y, que el cargo formulado se configura una presunta vulneración al principio de probidad administrativa.

En sus descargos explicó que las licencias médicas cuestionadas se originaron en lesiones de simple y objetiva acreditación: un esguince de mano, un corte en la mano que dejo una cicatriz notoria y una fractura de tibia y peroné, cuya recuperación se extendió más allá de la prognosis inicial –todo según indica acreditado mediante imágenes e informes médicos que en el expediente-, con lo cual las licencias médicas habrían sido expedidas legalmente por patologías reales dando fundamentos de las salidas que se reprochan, tanto en la adquisición de medicamentos y enseres en Argentina (como práctica común en la región de Magallanes dada la conveniencia cambiaria de la época y la cercanía geográfica con dicho país), descartando la obtención de la licencia con fines de ocio o vacación.

En cuanto al viaje a México del 16 de mayo de 2024, expuso que los pasajes habían sido adquiridos con anterioridad, bajo la expectativa médica de recuperación en noviembre de 2023, lo que finalmente no ocurrió debido a complicaciones que prolongaron el reposo laboral. Señaló que la licencia no fue obtenida con fines recreativos, descarando que exista falta a la probidad y que desconocía la prohibición de salir del país durante su vigencia, alegando además que existiría error común, pues el empleador durante el período de licencia médica le envío correos electrónicos que ella respondió, sin saber que, aquello no era procedente durante el período de licencia médica, al igual que salir del país estando con licencia médica.

Indica que pidió tener presente como circunstancias atenuantes su irreprochable conducta anterior, cooperación eficaz y hoja de vida funcionaria, solicitando que se le absuelva.

Agrega que, posteriormente la Corporación Municipal de Punta Arenas, a través de su Secretaria General, procede a la dictación de la Resolución Interna N°NUM001 de fecha 22 de septiembre de 2025, la que le notifica personalmente con fecha 24 de septiembre de igual año. En la referida resolución se aprueba la vista fiscal, y se aplica “la medida disciplinaria de Destitución establecida en los artículos N°120 y Nº123 de la Ley Nº18.883 "Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales", por contravenir gravemente el principio de probidad administrativa, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 - letra g) de dicha disposición legal, referido a: "Obligaciones de cada funcionario" que dispone la obligatoriedad de “Observar estrictamente el principio de la probidad administrativa regulado por la ley N°18.575 en relación con el artículo 48 letra b) de la Ley 19.378 y demás disposiciones especiales", y el artículo 13 de la Ley Nº18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.

Frente a ello, señala, la recurrente interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado mediante Resolución Interna N°NUM002 de 14 de octubre de 2025, manteniéndose la destitución.

Sostiene que la sanción de destitución aplicada es el resultado de un sumario administrativo en el que se infringieron una serie de normas procesales, y en que no se respeta la garantía del debido proceso, pues tanto el sumario administrativo –como las resoluciones respectivas que disponen la destitución- son carentes de razonabilidad y proporcionalidad, y además implica una doble sanción a la recurrente de autos, en contravención abierta al principio non bis in ídem.

Alega que el sumario se desarrolló con vulneraciones graves al debido proceso, detallando una serie de actuaciones que considera irregulares: designación de una fiscal inhábil; rechazo injustificado de solicitud de término probatorio; negativa a reconocer el recurso de reposición durante la investigación; denegación de prueba testimonial; omisión intencional de solicitar antecedentes relevantes como la hoja de vida funcionaria; falta de objetividad de la fiscal en su vista; y ausencia de ponderación de atenuantes tales como cooperación eficaz e irreprochable conducta anterior.

Sostiene que tanto la vista fiscal como las resoluciones sancionatorias omitieron pronunciarse sobre defensas relevantes y que sus descargos fueron tratados como una mera formalidad.

Afirma que la Corporación excedió sus competencias, pues la calificación y sanción del mal uso de licencias médicas corresponde a COMPIN o ISAPRE, conforme al Decreto Supremo N° 3/1984 del MINSAL. Señala que ya se le aplicó la sanción propia de esa normativa —devolución de subsidios— y que la destitución implica una doble sanción por los mismos hechos, infringiendo el principio non bis in ídem. Argumenta también que no existe tipificación legal que permita calificar su conducta como falta grave a la probidad, ya que el solo hecho de viajar durante una licencia médica no constituye por sí mismo vulneración a ese principio.

Sostiene que la decisión de destituirla carece de fundamentación, razonabilidad y proporcionalidad, ya que los hechos acreditados no justifican la sanción más gravosa del estatuto municipal, más aun considerando que el propio sistema de control de licencias ya prevé consecuencias específicas para infracciones al reposo médico.

Finalmente, indica que los actos impugnados vulneran sus derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, al debido proceso administrativo y al derecho de propiedad, por cuanto se le priva arbitrariamente de su estabilidad laboral, remuneraciones e intereses derivados del empleo.

Por lo expuesto pide que se deje sin efecto la sanción de destitución aplicada por Resolución Interna N°NUM001 de fecha 22 de septiembre de 2025, y confirmada mediante Resolución Interna N°NUM002 de fecha 14 de octubre de 2025, ordenando disponer su absolución o la aplicación de una sanción administrativa proporcional que en ningún caso puede ser la destitución por las circunstancias señaladas. En conjunto a lo anterior, se ordene la reincorporación de la funcionaria y efectuar el pago de todas y cada una de las remuneraciones a que hubiere tenido derecho y no percibidas desde que se le aplica la destitución hasta su efectiva reincorporación, todo con expresa condenación en costas o las medidas que se estime necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Que informa el recurso doña Silvana Jaramillo Hott, abogada, en representación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, solicitando el rechazo del recurso de protección.

Señala que la Corporación Municipal de Punta Arenas es una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro dando cuenta de la normativa que los rige.

Expone lo indicado en el recurso y señala que no se menciona los hechos en específico por el cual se le procede a formular a la encartada y que son de tal importancia, que, de no haber acontecido, no se hubiera formulado el cargo correspondiente dentro del proceso sumarial, como así mismo, no se hubiera resuelto aplicar la medida disciplinaria de destitución, pasando a detallar lo establecido en la resolución recurrida:

Según lo indicado por el Oficio de Contraloría General de la República, informó que doña nombre reservado, salió del País en los siguientes días: - Salida: 09 de octubre 2023 por paso fronterizo Monte Aymond; - Entrada: 10 de octubre 2023 por paso fronterizo Monte Aymond; - Salida: 13 de octubre de 2023 por paso fronterizo Dorotea; - Entrada: 15 de octubre de 2023 por paso fronterizo Dorotea;

Estando con licencia médica Folio NºNUM005, por enfermedad o accidente común, emitida con fecha 06 de octubre de 2023, cuyo inició del reposo comenzó el 06 de octubre de 2023, con un reposo laboral total de 30 días, en domicilio ubicado en domicilio reservado, emitido por el Dr.

nombre reservado, ubicado en domicilio reservado (fojas 56). - Salida: 12 de abril de 2024 por paso fronterizo Dorotea; - Entrada: 12 de abril de 2024 por paso fronterizo Dorotea;

Estando con Licencia médica Folio NºNUM006, por enfermedad o accidente común, emitida con fecha 09 de abril de 2024, cuyo inició del reposo comenzó con fecha 10 de abril de 2024, con reposo laboral total por 30 días, en domicilio domicilio reservado, emitido por el Dr. nombre reservado, de Clínica Magallanes S. A. (fojas 65). - Salida: 16 de mayo de 2024 por paso fronterizo nombre reservado; - Entrada: 26 de mayo de 2024 por paso fronterizo nombre reservado;

Estando con Licencia médica Folio NºNUM007, por enfermedad o accidente común, emitida con fecha 08 de mayo de 2024, cuyo inició del reposo comenzó con fecha el 10 de mayo de 2024, con reposo laboral total por 30 días, en domicilio ubicado en domicilio reservado, emitido por el Dr. nombre reservado del Centro de especialidades medica HTC (fojas 66).

Que, consta a fojas 32 y 46 del expediente administrativo que, al mes de octubre del año 2023, contaba con días disponibles para hacer uso de feriado legal, y como también en el periodo de los meses de abril y mayo del año 2024, según lo informado por el Departamento de Recursos Humanos de Corporación municipal de Punta Arenas.

Consta a fojas 56 del expediente administrativo que se le otorgó a doña nombre reservado: 1) licencia médica Folio NºNUM005, por 30 días de reposo total laboral en su domicilio ubicado en domicilio reservado, dicha licencia médica fue emitida por don nombre reservado otorgada en domicilio reservado; 2) a fojas 65 una licencia médica Folio NºNUM006, por 30 días de reposo total laboral en su domicilio ubicado en domicilio reservado, emitido por médico nombre reservado, ubicado en Bulnes Nº1448; y 3) a fojas 66 licencia médica Folio NºNUM007, por 30 días de reposo total laboral en su domicilio ubicado en domicilio reservado, emitido por el médico nombre reservado, ubicado en Vicuña Mackenna Nº 210, Providencia, Santiago.

Que, a fojas 28 del presente expediente, consta el ORD NºNUM008 de fecha 11 de junio de 2025 emitido por el departamento de Migraciones de Policía de Investigaciones de Chile los movimientos migratorios de doña nombre reservado, en donde consta los siguientes movimientos migratorios: - Salida: de fecha 09 de octubre de 2023, por paso fronterizo Monte Aymond, Argentina; - Entrada: de fecha 10 de octubre de 2023, por paso fronterizo Monte Aymond, Argentina; - Salida: de fecha 13 de octubre de 2023, por paso fronterizo Dorotea, Argentina; - Entrada: de fecha 15 de octubre de 2023, por paso fronterizo Dorotea, Argentina; - Salida: de fecha 12 de abril de 2024, por paso fronterizo Dorotea, Argentina; - Entrada: de fecha 12 de abril de 2024, por paso fronterizo Dorotea, Argentina; - Salida: de fecha 18 de mayo de 2024, por paso fronterizo Aeropuerto Internacional nombre reservado, México. - Entrada: de fecha 26 de mayo de 2024, por paso fronterizo Aeropuerto Internacional nombre reservado, Panamá.

Respecto de las alegaciones de la recurrente señala que no existió vulneración del debido proceso, pues la fiscal inicialmente recusada fue reemplazada conforme a derecho, se concedió término probatorio al solicitárselo, no hubo privación de derecho a rendir prueba, ya que la testifical ofrecida fue presentada sin datos de contacto y minutos antes de vencer el plazo y que la defensa tuvo pleno acceso para formular descargos, aportar antecedentes y recurrir administrativamente.

Además, indica que no se configuró infracción al principio non bis in idem, puesto que el rechazo de licencias por COMPIN no constituye sanción disciplinaria ni es equiparable a la destitución impuesta por infracción al principio de probidad.

En relación con la proporcionalidad, sostiene que cuando la infracción constituye una vulneración grave del principio de probidad, la legislación y la jurisprudencia obligan a disponer la destitución, sin posibilidad de ponderar atenuantes. Añade que no se cuestionaron las patologías de la recurrente, sino el uso desleal del tiempo remunerado de licencia médica, con efectos negativos para el servicio y la comunidad.

Respecto de la supuesta vulneración del derecho de propiedad sobre el empleo, señala que la estabilidad no es absoluta y cede frente al establecimiento válido de responsabilidad disciplinaria, debidamente acreditada y fundamentada.

Finalmente, la Corporación concluye que el sumario se desarrolló conforme a las normas del Estatuto Administrativo Municipal, que se acreditó objetivamente que la funcionaria salió del país reiteradamente durante licencias médicas que imponían reposo total en domicilio, que la decisión de destitución se encuentra debida y legalmente fundada y que no existe arbitrariedad ni ilegalidad en los actos recurridos, por lo que solicita rechazar el recurso en todas sus partes.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, los hechos que motivan el presente recurso los hace consistir la recurrente en la dictación de la Resolución Interna N°NUM001 de 22 de septiembre de 2025 de la Corporación Municipal de Punta Arenas que le aplicó la medida disciplinaria de destitución y la Resolución Interna N°NUM002 de fecha 14 de octubre de 2025 que rechaza el recurso de reposición deducido y confirmó la aplicación de la referida sanción.

CUARTO: Que, por su parte, la recurrida insta al rechazo del recurso, aduciendo que respecto al procedimiento de destitución se cumplió con todas las exigencias legales y administrativas, incluyendo la debida motivación, proporcionalidad, razonabilidad y respeto al debido proceso, teniendo presente los hechos recabados de dicha investigación, la declaración de la recurrente y documentos acompañados por la misma, entre otros antecedentes que versan en el expediente.

Sobre la conducta sancionada, se enfatiza que no se trata solo de incumplir el reposo médico, sino por haber quebrantado gravemente el principio de probidad cuyo cumplimiento es obligación expresa del artículo 58 letra g) de la Ley N°18.883, aplicable supletoriamente por remisión directa del artículo 4° de la Ley 19.378, en atención a que se acreditó el uso desleal del tiempo de licencia médica remunerado con fines ajenos al restablecimiento de la salud, generando descrédito institucional, sobrecarga de trabajo para los demás funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal, retrasos en la atención de los usuarios y deslealtad con la comunidad.

QUINTO: Que, efectuado el análisis pertinente y, en primer término, es menester precisar que, pese a la gravedad de la medida contenida en la resolución impugnada, esto es, la destitución del cargo servido por la recurrente, ese solo hecho no torna al acto administrativo en cuestión, en arbitrario o ilegal, por lo cual es necesario examinar si al dictarse la mencionada resolución, se ha incurrido o no en una ilegalidad o arbitrariedad.

Así, y bajo el supuesto citado, de los antecedentes allegados al proceso sumarial no se advierte que el acto administrativo impugnado carezca de fundamento legal o se haya dictado fuera de la competencia de la autoridad, ni que configure un actuar arbitrario o ilegal en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado.

Ello porque resulta patente que la medida disciplinaria cuestionada se dictó en el marco de un procedimiento sumarial debidamente instruido, mediando designación de un Fiscal, con observación de una etapa indagatoria y posterior formulación de cargos, con acceso del inculpado al examen del expediente, con presentación por parte del recurrente y en el ejercicio pleno de su derecho a defensa de los correspondientes descargos y con la dictación de un decreto sancionatorio motivado que a partir de los antecedentes reunidos por el fiscal instructor contempló, desde la perspectiva disciplinaria, una decisión final de la autoridad competente, de tal suerte que se han observado las exigencias del debido proceso administrativo y de los artículos 118 y siguientes de la Ley N°18.883.

A mayor abundamiento, es un hecho no discutido que los procesos disciplinarios constituyen medios idóneos a través de los cuales la administración se vale para hacer efectiva la responsabilidad del funcionario que infringe sus obligaciones y deberes en cuanto tal.

SEXTO: Que, en la especie, no fluye ni se ha demostrado en lo concreto, que la sanción de destitución haya sido impuesta con ausencia de fundamento o vulnerando manifiestamente los principios de proporcionalidad o razonabilidad, toda vez que el hecho ilícito administrativo imputado a la recurrente, vale decir, sus viajes al extranjero durante el goce de licencias médicas, específicamente a Argentina y México, en reiteradas oportunidades en el caso del primer país y una vez en el segundo caso y, sin que haya mediado una justificación de esos viajes como parte del tratamiento ordenado, se encuentra acreditado y fue ponderado por la autoridad con potestad disciplinaria, como una infracción grave al deber de probidad, que no ameritaba mitigantes, sino la sanción de destitución del cargo, razones por las cuales no se observa que la autoridad edilicia, finalmente competente para aplicar esa medida disciplinaria de conformidad a la ley, haya adoptado esa medida expulsiva en forma desproporcionada, sin fundamentos o fuera del ámbito o excediendo los límites de sus facultades o atribuciones.

SEPTIMO: Que en función entonces de la ausencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados en los numerales 19 N°2, igualdad ante la ley, respecto del trato y valoración presuntamente dispar dado a hechos que se juzgaron particularmente graves; 19 N°3, derecho al debido proceso, toda vez que la sustanciación del sumario y conclusiones motivadas a que arribó la autoridad y que vertió en la resolución impugnada se ajustan a estándares y proporcionalidad que se estiman ajustados a derecho, y la garantía del 19 N°24, derecho de propiedad, en este caso del empleo, que no puede estimarse como un derecho absoluto y que cede ante la gravedad de la conducta no proba del recurrente; es que el recurso de protección interpuesto no puede entonces prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso intentado en favor de nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°562-2025.PROTECCION.