Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

nombre reservado, veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, cédula de identidad NUM000, domiciliado en domicilio reservado de esta ciudad, quien recurre de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por la Sra. nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado de la comuna de nombre reservado, solicitando sea acogido y se ordene a la recurrida modificar las resoluciones que rechazan las licencias médicas y en su lugar acogerlas, junto a las medidas que sean necesarias para cautelar los derechos fundamentales del recurrente y en su caso, hacer uso de las facultades oficiosas con las que cuenta esta Corte, en particular que se realicen los cálculos necesarios para cada una de las instituciones recurridas, y las deudas existentes sean pagadas, como corresponde en derecho con los intereses y reajustes legales, más los costos de cobranzas asociados, por los montos adeudados.

Explica que con fecha 10 de septiembre de 2025 se dictó la “RESOLUCIÓN EXENTA NUM001. No acoge solicitud por haberse presentado fuera de plazo establecido al efecto” rechazando la reconsideración planteada respecto de la resolución exenta N°NUM005 de fecha 26 de agosto de 2025 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, que determinó el rechazo de 3 licencias médicas, siendo las: N°s NUM002; NUM003; NUM004, extendidas por un total de 90 días a contar del 03 de mayo de 2025, señalando que el reposo prescrito no se encontraba justificado.

Afirma que se desempeñaba en la empresa Distribuidora Memo Zona Franca, cumpliendo sus funciones de manera regular, a la fecha con feriado legal debido a su delicado estado de salud, que le impide desarrollar sus labores con normalidad.

Desde mediados de agosto de 2023 comenzó a experimentar dolor lumbar, mareos, desmayos y una sensación de debilidad generalizada, fue diagnosticado con mieloma múltiple, enfermada grave y de carácter crónico que ha afectado su estado de salud y capacidad laboral; por lo que ha requerido tratamiento médico constante, con licencias médicas continuas desde septiembre de 2023 a abril de 2025, debidamente autorizadas. No obstante, desde mayo a agosto de 2025 las licencias médicas no han sido pagadas, lo que ha generado una grave afectación económica y emocional.

Aduce que ha efectuado gestiones administrativas ante la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando la revisión y validación de las licencias médicas impagas, las que han rechazado injustificadamente dichas licencias, a pesar de encontrarse respaldadas por informes médicos y antecedentes clínicos que acreditan la continuidad de la enfermedad y la imposibilidad de desempeñar labores remuneradas.

La COMPIN rechazó las licencias médicas referidas, lo que fue confirmado por la resolución de la recurrida, la que se basa en que “el tiempo de reposo autorizado, que alcanza 600 días por la misma patología y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que la afección que el afiliado presenta, es de curso crónico, las que por tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le produce algún grado de incapacidad no modificable con el reposo, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, pues el reposo ya no contribuye a la recuperación ni se orienta el reintegro laboral del paciente.”

Expresa que la resolución impugnada corresponde al rechazo de la reconsideración impetrada por supuesta extemporaneidad de la solicitud de reposición y confirmo el rechazo de sus licencias médicas; en la que no contiene razonamiento técnico ni análisis de los informes del médico tratante, lo que configura la arbitrariedad. Considera que la resolución es ilegal al infringir lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley N°19.880, en cuanto a la exigencia de fundamentación de los actos administrativos. Se contraviene los artículos 11 y 16 de la Ley N°19.880 y el artículo 16 del D.S. N°3/1984 del Ministerio de Salud, que exige fundar toda decisión de rechazo o modificación de licencias médicas. En consecuencia, la SUSESO ha incurrido en un acto ilegal al omitir los fundamentos de hecho y derechos exigidos por la ley, y al no ejercer las facultades de verificación médica contempladas en el artículo 21 del mismo reglamento.

Considera que los hechos denunciados vulneran las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, toda vez que el rechazo injustificado de las licencias médicas ha generado un deterioro aun mayor al recurrente, provocando que sus dolores se vean intensificados por los malos momentos que ha debido enfrentar en este último tiempo por la decisión de la recurrida; por crear objeciones ante los diagnósticos médicos y tratamientos realizados, incurriendo en una discriminación ha puesto en riesgo la estabilidad laboral de la recurrente, puesto que las enfermedades que padece le impiden realizar sus labores con normalidad; afectándose en forma directa su patrimonio, ya que la fundamentación de un “reposo no justificado” ha generado un menoscabo económico al no percibir ingresos por el no pago de las licencias médicas por el concepto de incapacidad laboral y de este modo el recurrente teniendo que costear todos los gastos ordinarios y extraordinarios producidos mensualmente de aquellos ingresos no remunerados.

Acompaña informes médicos, comprobantes de licencias médicas, resoluciones administrativas dictadas y recursos interpuestos.

Informa la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, a través del abogado Francisco Ortega Bello, quien alega en primer término la improcedencia de la acción deducida para en subsidio solicitar sea desestimada en todas sus partes, con costas.

Alega en primer término la improcedencia de la acción interpuesta, por versar sobre un derecho perteneciente a la seguridad social, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos; considerando que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud y el Decreto Supremo N° 3/84, sobre Autorización de Licencias Médicas; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y la Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas, esto es, el subsidio por incapacidad laboral (regulado en el DFL N°44/78, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social), son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En subsidio, en cuanto al fondo, luego de expresar el marco jurídico del derecho a licencia médica, advierte del acto administrativo objeto de la presente acción, que el Servicio no acogió la presentación del Sr. nombre reservado, debido a que, interpuso un recurso de reposición, fuera del plazo legal. Así, se presentó con fecha 03 de septiembre de 2025, solicitando la reconsideración de la Resolución Exenta N° NUM005 de fecha 26 de agosto de 2025, mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s NUM002, NUM003 y NUM004, extendidas por un total de 90 días, a contar del 03 de mayo de 2025, por reposo no justificado; lo que al amparo del artículo 59 de la Ley N°19.880 tenía un plazo de 5 días para su presentación.

La resolución fue notificada el 26 de agosto de 2025, por lo que plazo para recurrir de reposición venció el 02 de septiembre del año en curso; por lo que fue rechazado mediante la resolución que se impugna en esta acción constitucional. Hace presente que el recurrente autorizó expresamente la notificación vía correo electrónico en la casilla DIRECCION001, practicándose mediante dicha vía las comunicaciones respectivas.

En lo que atañe a la licencia médica NUM006, como consta en el expediente de autos, el Sr. nombre reservado reclamó en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN)

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, que la rechazó extendida por un total de 60 días, a contar del 23 de enero de 2025. Debido a lo anterior, la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica reclamada, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que alcanza 600 días por la misma patología y los antecedentes médicos evaluados, concuerdan en que la afección que el afiliado presenta es de curso crónico, las que por tiempo transcurrido y su persistencia a pesar del tratamiento, le produce algún grado de incapacidad no modificable con el reposo, razón por la cual no corresponde acoger nuevas licencias médicas, pues el reposo ya no contribuye a la recuperación ni se orienta el reintegro laboral del paciente.

Que, es importante destacar que la licencia médica es un beneficio transitorio, que tiene como objetivo la recuperación y reintegro del trabajador a sus actividades laborales, lo que en su caso no se cumple. Lo anterior según consta en la Resolución Exenta NUM001, de 10 de septiembre de 2025.

Afirma que, analizados los antecedentes disponibles, en ese momento, los profesionales médicos de la Superintendencia no lograron formarse convicción respecto de la procedencia de la justificación del reposo prescrito en la licencia médicas reclamada, más allá del periodo de reposo ya autorizado; conforme a lo cual la decisión se encuentra médico- administrativamente justificada.

Arguye que su actuar se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, en cumplimiento del mandato constitucional y legal que la rige.

Esgrime que la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, requisito que el actor, pues su derecho tales características, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de esta Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Niega la existencia de alguna vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad del recurrente, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la Carta Fundamental.

Acompaña copia del expediente administrativo de la parte recurrente.

Encontrándose la causa en estado de ser vista, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que el hecho que el recurrente califica como arbitrario e ilegal lo hace consistir en la dictación de la Resolución Exenta Nº NUM001, de 10 de septiembre de 2025, que rechaza la reconsideración presentada por extemporánea, confirmando con ello el rechazo de las licencias médicas N°s NUM002; NUM003; NUM004, extendidas por un total de 90 días a contar del 03 de mayo de 2025, por reposo no justificado.

CUARTO: Que, a su turno la recurrida, informa al tenor de lo consignado en lo expositivo del presente fallo, instando por el rechazo de la acción, alegando en primer término, la improcedencia, para luego negar la existencia de alguna vulneración respecto de las garantías constitucionales de la recurrente, por cuanto su actuar se encuadra dentro del ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias.

QUINTO: Que, para una adecuada decisión del asunto en necesario tener presente que el artículo 11 de la Ley Nº19.880, en su inciso segundo, dispone que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos".

En este orden el artículo 41 inciso cuarto de la misma Ley establece que: "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno".

Además, el artículo 16 del Decreto Supremo N°3, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones Médicas Preventivas e Invalidez Instituciones de Salud Previsional, dispone que la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre en su caso, podrán rechazarlas, aprobarlas y reducir o ampliar el período de reposo solicitado, o cambiarlo de total a parcial o viceversa, dejando en todo caso, constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia. Asimismo, se les otorga la facultad de disponer de acuerdo con sus medios, algunas de las medidas contempladas en el artículo 21 a saber: “a)

Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b)

Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d)

Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e)Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica. Sin perjuicio de lo anterior la COMPIN, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

SEXTO: Que, de los antecedentes que se acompañan al proceso, no consta la existencia de alguno que apoye la decisión que se reclama, la que además no se basta a sí misma, no incorpora antecedentes objetivos que permitan su adecuada comprensión y entender la justificación de la decisión de rechazar el reposo prescrito.

SEPTIMO: Que, sobre el asunto, conviene tener presente lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, en causa Rol Nº20355-2024 de 26 de junio de 2024; que al efecto refiere: “Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente.

En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad del ente recurrido, con la subsecuente falta de pago de la licencia médica correspondiente.

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias.

En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Octavo: Que de esta manera, se advierte que la negativa de la licencia médica esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.”

OCTAVO: Que, conforme a lo expresado, la reclamación del recurrente fue resuelta por la recurrida, teniendo a la vista únicamente la documental aportada, sin embargo, no fue sujeto de nueva evaluación, no se le requirió otros antecedentes actualizados de su situación; de modo que no se ha considerado algún elemento de juicio complementario de contraste para disipar, cualquier duda sobre la justificación del reposo frente a la patología que presenta.

NOVENO: Que, conforme a lo anterior, al carecer la autoridad administrativa de los antecedentes objetivos necesarios para resolver, la decisión deviene en arbitraria, pues carece de fundamento suficiente.

DECIMO: Que, el actuar arbitrario que ha resultado comprobado en la especie, ha conculcado la garantía contenida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, de lo que deviene que la acción deducida será acogida, adoptándose las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho en los términos que se dirá.

Por estas consideraciones y visto, además lo dispuesto en el artículo 19 Nº2 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones se resuelve que SE ACOGE el recurso de protección interpuesto nombre reservado en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), todos ya individualizados, y en consecuencia declara que esta última deberá disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Magallanes encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia del actor que da cuenta el recurso, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas materia de autos y su capacidad residual, y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de las licencias médicas denegadas, que han sido objeto del presente libelo.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N°558-2025. Protección.